Miguel Ángel Treviño Morales
Expediente 1419/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1419/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Treviño Morales
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 77960/2019 y anexos signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 161/2018-VII, de su índice, promovido por Miguel Ángel Treviño Morales, en razón de que dicho órgano jurisdiccional, considera carecer de competencia para seguir conociendo del mismo por razón de territorio; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1419/2019-II. Ahora, de las constancias anexadas al oficio de cuenta, se advierte que el juzgador federal declinante mediante resolución de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en términos del artículo 33, 37 y 48 de la legislación de la materia, atribuye la competencia para conocer del citado juicio a este Juzgado de Distrito, al estimar que si bien es cierto que una orden de aprehensión requiere de ejecución, no menos verdad lo es que atendiendo a su naturaleza, ante la inexistencia de autoridades que ejecuten esa orden en el Estado de Jalisco, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión; es decir, ante la potestad del juez de la causa al que será sometido el procesado. Sin embargo, el suscrito Secretario encargado del despacho no comparte el criterio sostenido por el juzgador declinante y por tanto no acepta la competencia propuesta, por las siguientes razones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil uno, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Cabe destacar que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión librada en la causa penal 42/2016 del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas. Ahora bien, del estudio integral del escrito de cuenta y de los anexos que se adjuntaron al mismo, así como de las constancias existentes se advierte que el agraviado se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con asentamiento en Puente Grande, Jalisco; por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la ejecución del acto reclamado, que se hace consistir en la orden de aprehensión, tendrá lugar fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas. Lo anterior es así, dado que la orden de aprehensión por su naturaleza requiere una ejecución material, y de las constancias que obran en autos se advierte que dicha orden se ejecutará fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que actualmente se encuentra privado de su libertad el quejoso Miguel Ángel Treviño Morales (Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con asentamiento en Puente Grande, Jalisco). Sin soslayar que el juez declinante establece que al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras en su jurisdicción negaron los actos reclamados y el quejoso no desvirtuó esa negativa; aunado a ello, tampoco de autos quedó demostrada su existencia; sin embargo, para este órgano de control constitucional, esta demostrado en las constancias que obran en el presente juicio que el aludido quejoso se encuentra privado en el (Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con asentamiento en Puente Grande, Jalisco), y que incluso hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional en el juicio biinstancial 161/2018-VII, de su índice, no existe constancia que el impetrante de garantías no este en dicha localidad, por lo que es indudable que de lo antes expuesto se tiene el dato correspondiente a donde, objetiva y lógicamente se cumplimentará la orden de aprehensión reclamada; en el caso, en Puente Grande, Jalisco. En consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión del agraviado. Lo antes expuesto engarza con la tesis II.1o.P. 152 P de la Novena Época, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, correspondiente al mes de julio de dos mil diez, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Asimismo, no se comparte la interpretación a que alude el juez declinante respecto a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUETRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN", lo anterior toda vez que el juez aludido señala que si bien en un primer momento da la impresión de que es el juez en cuya jurisdicción se encuentra privado de la libertad el quejoso, el competente para conocer del juicio de amparo que se promueve contra una orden de aprehensión, se desprendía que la Sala también partió de la premisa de que hay alguna autoridad con jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Conclusión que se afirmó, pues en dicha ejecutoria se apuntó: "De todo lo anterior se infiere que el juez competente para conocer de un juicio de amparo cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el sujeto se encuentre ya detenido, es el juez del lugar en que residan las autoridades en que tenga lugar la ejecución del acto reclamado, es decir, el juez del lugar donde se encuentre recluido el quejoso." Empero, para este juzgado federal resulta evidente que se establece que cuando el impetrante se encuentre detenido será competente el juez del lugar donde se encuentre recluido el quejoso, toda vez que se tiene un dato objetivo del lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado y por ende, será competente el juez donde se encuentra recluido el impetrante dado que serán las autoridades que residan en dicho lugar de reclusión las que ejecutaran la orden de aprehensión. En consecuencia, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada y ordena la devolución del juicio de amparo 161/2018-VII, al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme y de lo cual se solicita al juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por ministerio de ley en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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