Miguel Ángel Treviño Morales
Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Treviño Morales
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dos de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 24566/2019, signado por el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 172/2019-III, librado a efecto de notificar al quejoso Miguel Ángel Treviño Morales, el proveído emitido el veintidós de abril del año en curso; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este juzgado federal la citada comunicación oficial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por Miguel Ángel Treviño Morales, a través del cual comparece ante este órgano de control constitucional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 331/2019-III, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, residente en esta ciudad, a quien le reclama lo siguiente: "La Resolución de fecha 26 de marzo del 2019, dictada por la C. Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, dentro del Recurso de Revocación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de marzo del presente año, en autos de la causa penal 50/2018 de su índice." Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, aseveró: "1.- El suscrito me encuentro sujeto al proceso penal 50/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, por considerárseme como probable responsable en la comisión del Ilícito de VIOLACION a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 2.- Es el caso que en fecha 13 de marzo del 2019, el C. Juez de Distrito Responsable, emitió auto en el que en lo que interesa, acordó declarar agotado el periodo de instrucción de la causa penal en comento. 3.- En contra de dicho proveído, mi defensa y el suscrito interpusimos el recurso de revocación. 4.- El recurso fue resuelto de plano en auto de fecha 26 de marzo del 2019, sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento y sin aperturar audiencia en el que se diera la que se respetara al suscrito mi derecho a alegar. 5.- En vista de que la resolución hoy reclamada, se considera violatoria de mis derechos humanos, es por lo que me veo precisado a promover el presente Juicio de Amparo Indirecto." (sic) De las anteriores transcripciones y del estudio integral de la demanda, se desprende que el motivo de disentimiento del peticionario del amparo es la resolución emitida el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la que se resolvió declarar infundado el recurso de revocación intentado en contra del proveído de trece del mismo mes y año, que declaró agotado el periodo de instrucción dentro del proceso penal 50/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, residente en esta ciudad; lo anterior, pues, asevera el impetrante, se le causa perjuicio ya que es su deseo seguir ofertando pruebas. Consecuentemente, se considera que, en el caso, procede desechar la demanda, ello por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En primer término, cabe precisar que el precepto 107, fracción III, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y; ." Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, determina: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ." Del examen relacionado de las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, procederá el juicio de amparo indirecto. A su vez, el artículo transcrito dispone que se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado dicho artículo, señalando que ahora el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio cuando se afecten materialmente derechos sustantivos, lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando solo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Así se advierte de la jurisprudencia P./J 37/2014 (10A), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, cuyo título establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador, de acuerdo con un criterio racional orientado en la jurisprudencia obligatoria emitida sobre el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República. En tales circunstancias, este tribunal considera que contra el acto aquí reclamado no procede el amparo indirecto, en virtud de que se trata de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos que prevé la Constitución Federal o en tratados internacionales en los que México es parte. Efectivamente, se estima que el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales en los que México es parte, ya que, sin prejuzgar, de resultar fundada su inconformidad, en su caso, tal acto constituiría una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: . X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; ." Consecuentemente, tal violación sólo puede reclamarse en vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, que ponga fin al juicio, tal y como lo establece el primer párrafo del ordinal 171 de la Ley de Amparo, el cual, en lo conducente, dispone: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así pues, se considera que el acto aquí reclamado no es considerado como de imposible reparación, ya que la violación aducida puede ser reparada si la parte peticionaria de garantías obtiene una determinación favorable al emitirse la sentencia respectiva y sólo en el caso de que le fuera adversa y tal violación trascendiera al resultado del fallo, podría reclamarla en el amparo directo, que en su caso promueva en contra de dicha sentencia, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 171 y 173 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, por excepción, procede el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como el reclamado en la demanda que se estudia, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una resolución favorable. En consecuencia, la resolución combatida no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través de él sólo pudieron infringirse derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados al dictarse la sentencia respectiva; máxime que la misma no implica, necesariamente, que la sentencia debe ser contraria a los intereses de la parte afectada. En efecto, la resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se declara infundado el recurso de revocación intentado en contra del diverso de trece del mismo mes y año en el que se declaró agotada la instrucción, emitido por la autoridad responsable no puede considerarse como acto de imposible reparación, pues sólo se trata de una actuación que favorece la prosecución del proceso instruido en contra de los involucrados, sin coartar su derecho a ofrecer medios de prueba que durante el lapso que establece el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales; ya que al tratarse de un simple agotamiento de la instrucción, no significa que las partes ya no puedan hacer uso de su derecho a ofrecer pruebas, sino que por el contrario, es un llamamiento de la autoridad hacia las partes para que ofrezcan las pruebas que estimen conducentes, de ahí que se considere que el acto aquí reclamado es de carácter procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos que prevé la Constitución Federal o en tratados internacionales en los que México es parte. Sirve de fundamento a lo anterior por analogía la tesis V.2o.P. A.3 P (10a), emitida por el Segundo Tribunal Colegido en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2102, cuyo rubro y texto es: "PROCESO PENAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA SUMARIA CUANDO NO SE ACTUALIZA ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR AFECTAR EN PERJUICIO DEL INCULPADO SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO LEGAL, EL PRINCIPIO DE ESTRICTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. De los artículos 4o., 147, 150, 152, 291, 296, 297 y 305 a 307 del Código Federal de Procedimientos Penales, se advierte que existen considerables diferencias entre las vías ordinaria y sumaria del proceso penal, por lo que conforme al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal establecido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una u otra vía debe regir hasta la conclusión del juicio para los casos señalados por la propia legislación, salvo que la defensa solicite su modificación, caso en el cual deberá seguirse el proceso en la vía oportunamente elegida en la forma que la ley establece. En ese sentido, si en una causa el Juez ordenó la apertura del proceso sumario, siendo la vía ordinaria la conducente por no actualizarse ninguna de las hipótesis del mencionado artículo 152, esta determinación transgrede en perjuicio del inculpado su derecho al debido proceso legal y el aludido principio, ya que dicho proceder reduce considerablemente su oportunidad de defensa, trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque en el procedimiento sumario no se exige agotar la instrucción en términos del citado artículo 150, lo que implica que el encausado no cuenta con el periodo supletorio de prueba, precedido de la notificación personal y el mandato de poner el proceso a la vista de las partes por diez días, como una llamada de atención para que, si tienen pruebas que ofrecer, promuevan lo conducente, prevención y oportunidad que sólo se contempla en el procedimiento ordinario. Además, en la vía sumaria no se otorga al inculpado y a su defensor la oportunidad de contestar, en un término mínimo de diez días, las conclusiones acusatorias del Ministerio Público y, formular a su vez, las que les correspondan, como lo dispone para el procedimiento ordinario el aludido artículo 291, sino que ello deben realizarlo en la audiencia de vista, inmediatamente después de conocer las conclusiones acusatorias, sin plazo alguno para su estudio y estructuración, pues de conformidad con el propio artículo 307, deben producirse en el acto mismo de la audiencia, enseguida de que las presente el Ministerio Público, con independencia del volumen del expediente. Consecuentemente, al verse modificada sustancialmente la fijación de los plazos, la carga procesal y la defensa del imputado, por haberse tramitado el juicio penal en una vía procesal incorrecta, se constituye una violación procesal que trasciende al resultado del fallo y motiva la concesión del amparo, para el efecto de que el procedimiento sea repuesto desde el auto de cierre de instrucción, a fin de que el Juez instructor provea lo conducente, agote ésta y continúe el juicio en la vía ordinaria, sin que ello impida la subsistencia de las pruebas legalmente desahogadas en la causa penal." Asimismo, resulta aplicable la tesis VI.2o.163 P, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 754, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y texto siguiente: "INSTRUCCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA AGOTADA DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que declara agotada la instrucción en la causa penal, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación para los efectos del amparo, pues únicamente produce efectos intraprocesales cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber generado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de desaparecer fácticamente con el hecho de obtener el inconforme una sentencia favorable a sus intereses y en caso contrario, tiene expeditos sus derechos para recurrir dicha resolución y de resultarle adversa, puede promover el amparo directo, en el cual puede alegar como conceptos de violación, tales anomalías." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Treviño Morales, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Postura que no transgrede el principio "pro persona" previsto en el artículo 1° constitucional, el cual constituye un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la regla o a la desentrañación más restringida cuando se pretende establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. En ese tenor, es menester puntualizar que la reforma al ordinal 1° de la Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, implica un cambio en el sistema mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio "pro persona" o "pro "homine"-, empero, no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que se venía realizando, ya que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, pero ello no entraña que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional -incluido el trámite del juicio de amparo-, pues de ser así, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinarios de tal función; por eso es que no existe obligación de este tribunal para atender la ley abrogada, en tanto la que rige el acto de manera expresa dispone la forma en que deben impugnarse los actos dictados dentro de procedimiento, con independencia si afectan o no la libertad personal del justiciable, amén de que ni la constitución ni algún tratado internacional prevén alguna otra interpretación tocante a lo que es materia de litis. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Local 2-C, situado en el estacionamiento de los Juzgados Federales en Puente Grande, Jalisco y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Rubén García Monsiváis, Juan Pablo Penilla Rodríguez, Ninivett Viridiana Hernández Muñoz, José de Jesús Pérez Cortés y Juan Manuel Delgado González, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, dado que el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este tribunal comisione a quien corresponda con el propósito de que se constituya en el citado lugar y notifique personalmente el presente acuerdo al peticionario del amparo Miguel Ángel Treviño Morales, por conducto de cualquiera de sus autorizados, antes precisados. De igual manera, lo requiera para que en el término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes actuaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos que se fije en este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte agraviada mediante exhorto. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
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