Miguel Angel Tapia Andrade

Expediente 450/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
450/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Tapia Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el oficio de cuenta, signado por la autoridad antes mencionada; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento, que en data veinticinco de abril del año en curso, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, remitió a este Órgano Jurisdiccional, la demanda de amparo promovida por el quejoso -, virtud a la incompetencia para conocer de la misma, planteada por su parte, por lo que en auto de veintiséis siguiente, se atendió y se desechó dicha demanda de garantías, mismo que causó estado, el veintisiete de mayo último, ordenándose su archivo definitivo, como quedó asentado en la constancia secretarial de cuenta; lo anterior se le informa, para los efectos que estime pertinentes, Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vistas las razones de cuenta, de la que se advierte que la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional manifiesta que no le fue posible realizar las notificaciones personal de la sentencia definitiva de veinte de mayo del año en curso a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que refiere que respecto de la primera mediante diverso proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó que las notificaciones aún las personales se realizaran por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; mientras que respecto de la parte tercero interesada no señaló usuario ni domicilio para dicho efecto, por las razones que expone en la razón actuarial y que fueron sintetizadas en la constancia secretarial; y toda vez que según constancia secretarial en proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó efectuar las notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal, por medio de lista, que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto; asimismo, que respecto a la parte tercero interesada no existe en autos diverso domicilio para realizar dicha diligencia ni ha proporcionado usuario a efecto de que se le realizara de manera electrónica la misma; en consecuencia, notifíquese por lista la sentencia definitiva a la parte quejosa y respecto de la parte tercero interesada se ordena efectuar la notificación de la resolución en cita, así como las subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacan, a veintiseis de abril de dos mil veintidos. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, y anexo que acompaña, contra actos del Agente del Ministerio adscrito a la Unidad Especializada contra el Robo al Transporte, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-450/2022-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala ciertamente como acto reclamado, el siguiente: El citatorio emitido por el Agente del Ministerio adscrito a la Unidad Especializada contra el Robo al Transporte, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, licenciado -, dentro de la carpeta de investigación -, que contiene el apercibimiento, que de hacer caso omiso al mismo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido en el artículo 104 fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, el cual textualmente señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Atento al contenido de las disposiciones citadas, se advierten las hipótesis de procedencia del amparo indirecto promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando estos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. En el caso concreto, como ya se precisó, el acto reclamado por el quejoso, consiste en el citatorio que le fue emitido por el Agente del Ministerio adscrito a la Unidad Especializada contra el Robo al Transporte, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, licenciado -, dentro de la carpeta de investigación -, que contiene el apercibimiento, que de hacer caso omiso al mismo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido en el artículo 104 fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.] Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.] Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables. Los preceptos transcritos, indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además, que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia de quien lo estime necesario, y requerir su declaración si así lo considera, para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial de ningún modo causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación, mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia necesaria para dilucidar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Pues la mera citación ministerial a la parte quejosa, durante la sustanciación de la investigación en la Fiscalía responsable, de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación únicamente se concreta para investigar los hechos reportados. Sin que sea óbice, el hecho de que ante su falta, pueda decretarse algún apercibimiento, tal como la imposición de una multa, y continuarse el proceso a través de otras medidas, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a la inasistencia injustificada, y decretarse por parte de la responsable. Sirve de apoyo por las razones que informa la Jurisprudencia del siguiente rubro y texto: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia pronunciada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1844, LIBRO 53 tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en Abril 2018, registro 2016536, que al rubro y texto señala: MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada. Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, ambos del mismo ordenamiento legal. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a la parte quejosa, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena practicarle la notificación del presente auto y las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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