Miguel Angel Rodriguez Torres

Expediente 694/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
694/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Rodriguez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-694/2018-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "Sereclama a la autoridad señalada el acuerdo de fecha 27 veintisiete de junio de 2018 dos mil dieciocho, misma que obra dentro del expediente 2A-659/2014, por ser un acto de imposible reparación, ocasionando graves perjuicios al de la voz, violentando mis derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 1y 17 e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la materia, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;..." Dicha fracción contiene el denominado "principio de definitividad" que rige el juicio de garantías, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Ahora de los antecedentes de la demanda de garantías se desprende en lo que aquí interesa que: Ante la Junta responsable se registra el expediente laboral 2A-659/2014, en el cual se dictó el laudo correspondiente, motivo por el cual el hoy quejoso presentó escrito con fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, solicitando se señalara día y hora para la ejecución del laudo, motivo por el cual la responsable señaló las diez horas del viento de junio de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la reinstalación en el empleo del hoy quejoso; diligencia que fue desahogada y en la cual el trabajador hoy quejoso no compareció; que mediante escrito de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, exhibió ante la responsable certificado médico para justificar su inasistencia, debido a que le fue imposible presentarse por cuestiones de salud, con motivo de ello, el Presidente de la Junta, dictó acuerdo con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en el que esencialmente resolvió: "..II. la parte actora, bajo protesta de decir verdad, exhibe certificado médico de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, expedido por el -, mediante el cual pretende acreditar la causa de fuerza mayor por la cual no se presentó el actor a la diligencia de reinstalación a las 10:00 diez horas del día 20 veinte de junio dl año 2018, dígasele que no ha lugar a tenerle por justificando la casusa de fuerza mayor por la que no se presentó a la diligencia por dos razones: la primera el certificado médico es de fecha anterior a la en que se llevó a cabo la diligencia, sin que señale ni acredite el impedimento por el que no exhibió el certificado en el momento de la diligencia; la segunda el certificado médico no contiene el señalamiento de cuánto tiempo debía tener de reposos en casa el trabajador, tal dato es indispensable para establecer si el certificado es exhibido dentro del término recomendado para el reposo, ya que la exhibición la realiza cuatro días hábiles posteriores a la fecha en que se materializó la diligencia a la que no asistió, es decir el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, cuando dicho certificado es de fecha anterior a la mencionada en la diligencia, es decir del diecinueve de junio del año de dos mil dieciocho.". Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado. Ahora, una vez que se ha establecido lo anterior, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por su parte, en el Capítulo XIV, relativo a la revisión de los actos de ejecución, concretamente el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Del artículo transcrito, se estima que la parte quejosa, previo a promover juicio de amparo indirecto, en contra del acuerdo aquí reclamado y que nos ocupa, debió agotar el principio de definitividad, es decir, interponer el recurso de revisión, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, en la medida que si el citado precepto legal prevé dicha impugnación y como en el caso el quejoso no agotó ese medio, es inconcuso que contra el acto reclamado en esta vía previamente tuvo que hacerlo, pues a través de ello puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que se atribuye a la autoridad responsable, y con ello la improcedencia del juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Décima Época, Registro 2005397, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, página 3217, del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución". Así como la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, se estima que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente se tiene al peticionario de garantías señalado domicilio en esta ciudad para oír notificaciones personales y autorizando para recibirlas a las personas que indica únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, no así a los restantes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede, su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccional, por lo que únicamente se les autoriza para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Notifíquese personalmente.

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