Miguel Ángel Sierra Quintana
Expediente 427/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/05/2018
Partes del expediente
- Miguel Ángel Sierra Quintana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que la notificación del proveído de diecisiete de abril del presente año (foja 229), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por Miguel Ángel Sierra Quintana, fue practicada el veintitrés del referido mes y año (foja 232), surtió sus efectos al siguiente día hábil, por lo que el término que prevé el dispositivo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veinticinco de abril al dos de mayo del año en que se actúa; sin que se haya interpuesto recurso alguno en dicho periodo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia vigente, en su numeral 2°, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el arábigo 214 de la Ley en comento, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; ahora bien, se establece que el presente expediente se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que, se tuvo por no presentada la demanda de garantías que originó el presente expediente y no existen documentos originales exhibidos por las partes; máxime que carece de relevancia documental; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, en específico el escrito y anexos presentados por la parte quejosa el tres de febrero de dos mil doce (fojas 234 a 239 del tomo I), se advierte que obra resolución emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador, el licenciado Rubén Salazar Reynaldo, con residencia en esta ciudad, dentro de la averiguación previa AP/PGR/NAY/BUC-I/022//2011, de treinta de septiembre de dos mil once, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de dos de los quejosos dentro del presente sumario constitucional Ana Cecilia Rico y BUFETE ÁLVAREZ Y ASOCIADOS S.C., por la comisión de los delitos de fraude en grado de tentativa y falsificación de documentos y uso de documento falso, relacionados con el juicio civil 283/2007, del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, del que deriva el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de doce de enero de dos mil doce, emitida dentro de los autos del recurso de revisión 249/2011 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, se giró oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa III en auxilio de la Mesa II ambas de la Fiscalía de Delitos Cometidos Contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con residencia en la ciudad México, Distrito Federal, a efecto de que llevara a cabo las indagatorias correspondientes, en las que determinara si el asunto del que emana el acto reclamado dentro del juicio de garantías que nos ocupa -es decir el procedimiento del juicio civil 283/2007, del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit- se ubica en los supuestos que se investigan en otras entidades federativas por la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. En ese orden de ideas, este Juzgado Federal estima que las constancias indicadas en primer orden, pudieran tener relación directa con lo solicitado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del recurso de revisión 249/2011, en el que ordenó llevar a cabo las indagatorias correspondientes, a fin de que se determinara si el asunto del que emana el acto reclamado dentro del juicio de garantías que nos ocupa -es decir el procedimiento del juicio civil 283/2007, del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit- se ubica en los supuestos que se investigan en otras entidades federativas por la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase a la Subdelegada de Procedimientos Penales Titular de la Unidad del Sistema Tradicional, de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones que integran la averiguación previa AP/PGR/NAY/BUC-I/022//2011, para lo cual se le remite copia simple de la misma a fin de facilitar su localización. Se le apercibe que de ser omisa, o de no manifestar la imposibilidad legal que tuviera para ello; se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización; en el entendido de que la cuantía de dicha unidad, será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, conforme lo establece el arábigo 259 de la ley de la materia. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la Jurisprudencia 515, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra señala: ***Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el proveído de veintisiete de marzo del presente año (foja 225), se advierte que se requirió a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, compareciera a este Juzgado Federal a ratificar el escrito presentado el veintiséis de marzo del año actual en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional (foja 224), con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentado; el acuerdo se notificó a la parte agraviada el cinco del presente mes y año (foja 228) y surtió sus efectos el seis siguiente, por lo que dicho plazo transcurrió del nueve al once de abril de dos mil dieciocho, sin que hiciera manifestación alguna o compareciera a ratificar el ocurso de referencia. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 55, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto y se tiene como no presentado el escrito depositado el veintiséis de marzo del año en curso, en la Oficialía de Partes de este juzagdo (foja 224). Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se aprecia que a la fecha transcurrió el término de cinco días concedido a la parte promovente en auto de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 219 y 220), con el propósito de que subsanara las irregularidades destacadas relativas a su demanda de amparo. Consecuentemente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento mencionado, de conformidad con lo que dispone el dispositivo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de trece de marzo del año actual y se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida por ********************.
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TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el libelo de cuenta, mediante el cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio autorizado de la resolución emitida el ocho del presente mes y año, en el recurso de queja 308/2017 interpuesto por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, de la que se aprecia que el pleno de ese Tribunal declaró fundado el medio de impugnación de referencia, por lo que revocó el auto dictado por este juzgado el veinticuatro de agosto del año próximo pasado y desechó la demanda promovida por Guadalupe Ramírez Valle; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo de estilo. En atención a que se resolvió la queja planteada, cuya admisión generó la suspensión del procedimiento en el presente juicio, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena reanudarlo. Bajo ese contexto, toda vez que no existen diligencias que desahogar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y que en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo. Ahora bien, se establece que el expediente en que se actúa se ubica en la fracción I, señalada en el citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, toda vez que la presente demanda de garantías se desechó y carece de relevancia documental; por lo tanto, una vez que transcurran más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. En ese tenor, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se negó por una parte y se concedió por otra, respecto de los actos reclamados (fojas 112 a 116 y de la 127 a 132, del cuaderno original incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la última interlocutoria del incidente de suspensión, procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, ya que la promovente del amparo adjuntó a su demanda documentos privados en original, consistente en recibos de nómina y el dictamen de pensión por jubilación (foja 27), este último glosado a los presente autos y los restantes obran por separado, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger la citada documentación; apercibida que de no hacerlo, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente.
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