Miguel Ángel Sierra Quintana

Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
415/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
07/05/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Sierra Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de cinco días que prevé el arábigo 98 del citado ordenamiento legal, no se interpuso medio de impugnación en contra del auto de dieciséis de abril del año en curso, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; luego, con fundamento en los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su precepto 2, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existen diligencias que desahogar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción I, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de garantías en cuestión, no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de marzo del año en curso (foja 225), se requirió a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación de esa determinación, ratificara ante la presencia judicial el escrito recibido en este Juzgado de Distrito el veintiséis del mes próximo pasado; auto que se notificó a la parte agraviada, el cinco del presente mes y año (fojas 226 a 228) y surtió sus efectos el posterior día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del nueve al once de abril de este año, sin contar los días inhábiles que mediaron en ese lapso por corresponder a sábados y domingos, con sustento en el precepto 19 de la Ley de la Materia; sin que hubiere realizado lo conducente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto y no se tiene por presentado el escrito antes mencionado. En ese sentido y vista la certificación que antecede, se advierte que la notificación del proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 219 y 220), fue realizada a la parte promovente el veinte de ese mismo mes y año (fojas 221 a 223), por lo que el término que prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo, transcurrió como se indicó en la certificación que antecede, sin que el peticionario de garantías *, hubiere dado cumplimiento a lo requerido en dicho acuerdo; luego, como se encuentra apercibido, con fundamento en lo que dispone el numeral 114 de la actual Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida de su parte. Sin que obste a lo anterior, que el autorizado en términos restringidos de la parte promovente del amparo pretendió interponer recurso de queja contra el proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (foja 225); sin embargo, al no encontrarse facultado por el quejoso para gestionar en el presente juicio, no se acordó favorablemente su petición.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que acontece en el presente juicio de amparo, se advierte que mediante auto de quince de febrero de la presente anualidad, se ordenó enviar el oficio 5896/2018-VI (foja 236), dirigido en su oportunidad al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F), con sede en Tijuana, Baja California, por el que fue reexpedido el diverso 481/2017 (foja 224), en el que le fue solicitado designara a un perito en materia de trabajo social (trabajador social), a fin de que realizara un estudio socioeconómico a la quejosa Rocío Berenice Alemán Castro, para valorar su situación económica, entorno social, familiar y laboral; sin embargo, a la fecha no obra constancia al respecto, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello, como se acredita con el acuse de recibo del comunicado de referencia, mismo que fue recibido por "Raúl Pérez", el ocho de marzo actual (foja 253). Por tanto, de conformidad en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase a la autoridad denominada Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F), con sede en Tijuana, Baja California, a fin de que dentro del término de tres días, siguientes a la recepción del oficio de notificación correspondiente, informe el tratamiento aplicado al mencionado comunicado o en su caso, manifieste el impedimento legal que ha tenido para diligenciarlo y en caso de ser éste último supuesto lo devuelva en el estado que se encuentre; se le apercibe que de ser omiso a lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa equivalente a cincuenta salarios minímos vigente en la ciudad de México, de conformidad con la fracción I, del dispositivo 237, en relación con el numeral 259 de la Legislación de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otro lado, vista la constancia secretarial que antecede (foja 254), se aprecia que la parte quejosa Rocío Berenice Castro Alemán, compareció en las instalaciones que ocupa este Órgano Jurisdiccional a ratificar su escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el once de abril de la presente anualidad (foja 247), por el que manifestó encontrándose radicando en esta ciudad de Tepic, Nayarit, en el domicilio ubicado en calle Pino Suárez, número 276, colonia Benito Juárez de esta localidad, código postal 63160; asimismo, solicitó que enviara oficio al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F), residente en esta ciudad, con el propósito de que designe a un perito en materia de trabajo social (trabajador social) y realice el estudio socioecónomico ordenado en el presente sumario constitucional; por tanto, téngasele por hechas las manifestaciones que efectúa en relación a su domicilio. Ahora, en relación al segundo petitorio, dígasele a la promovente que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado, ello hasta en tanto se tenga conocimiento del resultado de lo requerido para ese mismo fin al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F), con sede en Tijuana, Baja California, ello con el propósito de no contar con dos opiniones experticiales que pudieran ser discrepantes entre sí.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio signado por ********************, en su carácter de delegado de la autoridad responsable denominada Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de superior jerárquico del Jefe de Departamento de Catastro del citado Ayuntamiento, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de catorce de marzo del año en curso (foja 646, Tomo II), manifiesta que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento al mismo, en virtud de que la quejosa no cuenta con recibo de pago alguno acreditado en relación a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince; asimismo, que en relación a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y Predios Urbanos y Rústicos, para el Municipio de Bahía de Banderas, que la población relativa a las cuentas catastrales de la quejosa, corresponden a la Zona Homogénea o Población de Nuevo Vallarta, misma que en las Tablas del año dos mil nueve, vigentes en los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil catorce, contiene ocho valores, de donde se puede obtener el de menor cuantía mediante simple observación. Consecuentemente, agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta y hágase del conocimiento lo anterior al perito oficial en materia de contabilidad ******************** para los efectos legales correspondientes.

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