Miguel Ángel Ruiz Mireles

Expediente 74/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
74/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ruiz Mireles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de catorce y veintiocho de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente die: Medidas preventivas adoptadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, se encontraba pendiente de acordar lo relativo a la vista ordenada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, proveído en que se agregó el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran sobre el aludido cumplimiento, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Comuníquese esta decisión a las partes. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Envíense por correo certificado los oficios que deriven del presente acuerdo, a fin de que las autoridades responsables estén notificadas de esta determinación. Estado de constancias -desahoga vista-. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Ruiz Mireles, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente. Visto el estado que guardan los autos, de lo que se advierte que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. El veintidós de mayo de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por la parte tercero interesado, en contra de la citada sentencia, el cual fue resuelto el cinco de noviembre de dos mil veinte, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, confirmando la sentencia recurrida. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta de investigación CDI/ FGE/ I/ D01/ 41004/ 19. Conforme a lo anterior, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera. En determinación de diez de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por no cumplida la sentencia, requiriéndose a la responsable el cumplimiento íntegro. En cumplimiento a lo anterior, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, mediante el cual informó el cumplimiento. Ahora bien, se procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Como se indicó, en la ejecutoria, se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, para los efectos de que la responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, efectuara las siguientes consideraciones: 1) Deje insubsistente en la parte conducente la determinación de ocho de enero de dos mil veinte, pronunciada en la capeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, en la que ordenó la entrega provisional del vehículo involucrado; y 2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia de amparo, y en caso de que no existiera motivo que lo impidiera, emita otro debidamente fundado y motivado, el cual podrá ser en el mismo sentido que el anterior, o bien, en otro diverso, pero atendiendo al vicio destacado. Esto con motivo de que la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, fue iniciada con motivo del informe policial homologado, elaborado por elementos de la policía estatal, donde fue puesto a disposición Noé Acevedo Delgadillo, al ser detenido conduciendo un tracto camión, marca Kenworth, modelo 1980, color rojo, con serie 450454 por presentar reporte de robo vigente. Además, obra la comparecencia del inconforme Miguel Ángel Ruiz Mireles, dado que fue quien contrató a la persona que fue detenida con el tracto camión, y solicitó su devolución con la factura original donde aparece el endoso del denunciante del robo de esa unidad -José Odilón Ruiz García-. Por su parte, el mencionado Ruiz García desconoció el referido endoso dado que nunca cedió los derechos del vehículo. Actos dictados en cumplimiento. En resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, dejó sin efectos el acuerdo emitido el ocho de enero de dos mil veinte. Asimismo, en oficio FGE/D01/501532/12/2020 agregado en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable expone las razones del porqué ordenó la devolución del tracto camión, marca Kenworth, modelo 1980, color rojo, con serie 450454 motivo de esa indagatoria, en depósito provisional a José Odilón Ruiz García. Esto es, señala que encuentra de la constancias que componen la carpeta, particularmente de las exposiciones de José Odilón Ruiz García y el aquí quejoso Miguel Ángel Ruiz Mireles, la inexistencia de los impedimentos a que se refiere el precepto 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el vehículo recuperando ya no contaba con reporte de robo; el mismo no se encontraba relacionado con ningún otro hecho delictivo; se le dio oportunidad a la otra parte de solicitar lo que a su derecho conviniera, como acreditar objetivamente la propiedad. Como lo fue la entrevista de Miguel Ángel Ruiz Mireles, de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que agregó factura original 02011, expedida por Líneas Terrestres sociedad anónima de capital variable de fecha nueve de septiembre de dos mil cuatro, donde en la parte posterior se encuentra plasmado: "yo José Odilón Ruiz García cede los derechos de la presente factura a Miguel Ángel Ruiz Mireles". En cuanto a la oposición fundada de un tercero, no existe, dado que el denunciante José Odilón Ruiz García, es quien aparece como propietario del automotor involucrado, pues así se advierte de la citada factura, misma que fue presentada por el quejoso Miguel Ángel Ruiz Mireles, siendo la única controversia el endoso que aparece al reverso, el cual es negado por la parte acusadora, dado que señaló que nunca lo realizó; aunado a ello, la firma que aparece no fue plasmada por él, e incluso se querelló con Ma. Elena Mireles Torres, quien fue su concubina, para que le devolviera los documentos originales del vehículo, tales la factura ya citada y las placas de circulación; de lo que advirtió que nunca existió voluntad de ceder el vehículo. Análisis comparativo. En ese sentido, del análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y la determinación de la responsable, se advierte que se satisficieron los principios constitucionales destacados, toda vez que se dejó insubsistente la resolución dictada el ocho de enero de dos mil veinte y dictó una nueva determinación fundada y motivada, en la que la responsable determinó entregar el vehículo en cuestión a el tercero interesado en carácter de depósito provisional, tomando en consideración la valoración de las pruebas ofertadas por las partes. En efecto, en resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, dejó sin efectos el acuerdo emitido el ocho de enero de dos mil veinte. Asimismo, en oficio agregado en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable expuso el precepto legal y las razones particulares por los cuales determinó entregar el vehículo en carácter de depósito provisional al aquí tercero interesado, pues verificó las exigencias al respecto establecidas en el ordinal 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, que el documento que exhibió el quejoso no se traduce en una oposición fundada a la solicitud formulada por el aludido tercero José Odilón Ruiz García; asimismo porqué el derecho alegado por éste último, prevalece ante el invocado por Ruiz Mireles. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Manifestaciones de la parte quejosa. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues considera que la autoridad responsable si bien es cierto que dictó una nueva determinación, el mismo considera que no fundamento ni motivó su decisión correctamente, pues el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es impugnable mediante un nuevo juicio de amparo, en virtud de que ésta fue emitida con plenitud de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no vincula a resolver en determinado sentido. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de lo que se advierte que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. El veintidós de mayo de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por la parte tercero interesado, en contra de la citada sentencia, el cual fue resuelto el cinco de noviembre de dos mil veinte, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, confirmando la sentencia recurrida. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta de investigación CDI/ FGE/ I/ D01/ 41004/ 19. Conforme a lo anterior, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera. En determinación de diez de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por no cumplida la sentencia, requiriéndose a la responsable el cumplimiento íntegro. En cumplimiento a lo anterior, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, mediante el cual informó el cumplimiento. Ahora bien, se procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Como se indicó, en la ejecutoria, se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, para los efectos de que la responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, efectuara las siguientes consideraciones: 1) Deje insubsistente en la parte conducente la determinación de ocho de enero de dos mil veinte, pronunciada en la capeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, en la que ordenó la entrega provisional del vehículo involucrado; y 2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia de amparo, y en caso de que no existiera motivo que lo impidiera, emita otro debidamente fundado y motivado, el cual podrá ser en el mismo sentido que el anterior, o bien, en otro diverso, pero atendiendo al vicio destacado. Esto con motivo de que la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, fue iniciada con motivo del informe policial homologado, elaborado por elementos de la policía estatal, donde fue puesto a disposición Noé Acevedo Delgadillo, al ser detenido conduciendo un tracto camión, marca Kenworth, modelo 1980, color rojo, con serie 450454 por presentar reporte de robo vigente. Además, obra la comparecencia del inconforme Miguel Ángel Ruiz Mireles, dado que fue quien contrató a la persona que fue detenida con el tracto camión, y solicitó su devolución con la factura original donde aparece el endoso del denunciante del robo de esa unidad -José Odilón Ruiz García-. Por su parte, el mencionado Ruiz García desconoció el referido endoso dado que nunca cedió los derechos del vehículo. Actos dictados en cumplimiento. En resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, dejó sin efectos el acuerdo emitido el ocho de enero de dos mil veinte. Asimismo, en oficio FGE/D01/501532/12/2020 agregado en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable expone las razones del porqué ordenó la devolución del tracto camión, marca Kenworth, modelo 1980, color rojo, con serie 450454 motivo de esa indagatoria, en depósito provisional a José Odilón Ruiz García. Esto es, señala que encuentra de la constancias que componen la carpeta, particularmente de las exposiciones de José Odilón Ruiz García y el aquí quejoso Miguel Ángel Ruiz Mireles, la inexistencia de los impedimentos a que se refiere el precepto 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el vehículo recuperando ya no contaba con reporte de robo; el mismo no se encontraba relacionado con ningún otro hecho delictivo; se le dio oportunidad a la otra parte de solicitar lo que a su derecho conviniera, como acreditar objetivamente la propiedad. Como lo fue la entrevista de Miguel Ángel Ruiz Mireles, de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la que agregó factura original 02011, expedida por Líneas Terrestres sociedad anónima de capital variable de fecha nueve de septiembre de dos mil cuatro, donde en la parte posterior se encuentra plasmado: "yo José Odilón Ruiz García cede los derechos de la presente factura a Miguel Ángel Ruiz Mireles". En cuanto a la oposición fundada de un tercero, no existe, dado que el denunciante José Odilón Ruiz García, es quien aparece como propietario del automotor involucrado, pues así se advierte de la citada factura, misma que fue presentada por el quejoso Miguel Ángel Ruiz Mireles, siendo la única controversia el endoso que aparece al reverso, el cual es negado por la parte acusadora, dado que señaló que nunca lo realizó; aunado a ello, la firma que aparece no fue plasmada por él, e incluso se querelló con Ma. Elena Mireles Torres, quien fue su concubina, para que le devolviera los documentos originales del vehículo, tales la factura ya citada y las placas de circulación; de lo que advirtió que nunca existió voluntad de ceder el vehículo. Análisis comparativo. En ese sentido, del análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y la determinación de la responsable, se advierte que se satisficieron los principios constitucionales destacados, toda vez que se dejó insubsistente la resolución dictada el ocho de enero de dos mil veinte y dictó una nueva determinación fundada y motivada, en la que la responsable determinó entregar el vehículo en cuestión a el tercero interesado en carácter de depósito provisional, tomando en consideración la valoración de las pruebas ofertadas por las partes. En efecto, en resolución de trece de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/41004/19, dejó sin efectos el acuerdo emitido el ocho de enero de dos mil veinte. Asimismo, en oficio agregado en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable expuso el precepto legal y las razones particulares por los cuales determinó entregar el vehículo en carácter de depósito provisional al aquí tercero interesado, pues verificó las exigencias al respecto establecidas en el ordinal 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, que el documento que exhibió el quejoso no se traduce en una oposición fundada a la solicitud formulada por el aludido tercero José Odilón Ruiz García; asimismo porqué el derecho alegado por éste último, prevalece ante el invocado por Ruiz Mireles. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Manifestaciones de la parte quejosa. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues considera que la autoridad responsable si bien es cierto que dictó una nueva determinación, el mismo considera que no fundamento ni motivó su decisión correctamente, pues el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es impugnable mediante un nuevo juicio de amparo, en virtud de que ésta fue emitida con plenitud de jurisdicción, ya que la concesión del amparo no vincula a resolver en determinado sentido. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Medidas preventivas adoptadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, se encontraba pendiente de acordar lo relativo a la vista ordenada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, proveído en que se agregó el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran sobre el aludido cumplimiento, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Comuníquese esta decisión a las partes. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Envíense por correo certificado los oficios que deriven del presente acuerdo, a fin de que las autoridades responsables estén notificadas de esta determinación. Estado de constancias -desahoga vista-. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Ruiz Mireles, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con copia certificada de la comunicación remitida por la autoridad responsable, y de este auto, para que en un término de tres días manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.

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