Miguel Ángel Rojas Araos
Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Ángel Rojas Araos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Glósese la comparecencia de ocho de agosto del año en curso levantada a ********************, con su anexo, de la que se advierte que recibió el documento que se ordenó devolver en el proveído de uno de agosto de dos mil veintidós. Archivo. Como de constancias se advierte que no existen promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar; en tal virtud, vuelve este expediente al archivo definitivo de donde fue extraído.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación con que se da cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sentencia. En sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Federal determinó, por una parte sobreseer, y por otra conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa, para el siguiente efecto: "[.] a) A partir de la base de que la violación de derechos alegada por el solicitante de amparo recaen en un elemento esencial del tributo, esto es, la base, el sistema impositivo que lo prevé se ve afectado, razón por la cual la concesión del amparo tiene el efecto de que en el futuro no sean aplicadas al quejoso las normas viciadas de inconstitucionalidad, pues los efectos de una sentencia que otorga el amparo contra una ley, no sólo son contra los actos de aplicación que también se impugnaron y respecto de los objetos materiales que se relacionen con él, sino que tiene consecuencias jurídicas respecto a los actos de aplicación futuros. b) La autoridad receptora del pago de los derechos por conceptos de los derechos por inscripción de instrumentos jurídicos de propiedad de bienes inmuebles, además de inscripción o reinscripción de contratos de crédito con garantía hipotecaria, realizados con base en los artículos 40, fracción I, inciso a) y 49, de la Ley de Hacienda del Estado, deberá dejar insubsistente, respectivamente el entero relativo a los recibos PP-633350 y PP-633254, y procederá a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa más baja prevista en la fracción I, del precepto 41 de la cita legislación, acorde al servicio prestado y devuelva al solicitante de la protección constitucional la diferencia que resulte a su favor. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce del derecho violado sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En la inteligencia de que la concesión también implica el calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto del veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la referida ley, ya que su cálculo depende del monto del derecho a pagar, por lo que una vez que este último haya sido recalculado, sobre ese nuevo monto deberá calcularse ese veinticinco por ciento, y la diferencia resultante se deberá devolver al agraviado. Finalmente, debe decirse que no obsta a la concesión otorgada, que el quejoso Miguel Ángel Rojas Araos no designara a la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos del Estado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, como responsable con motivo de ser ante quien se enteró el pago y emitió los recibos PP-633350 y PP-633254, que constituyen el acto de aplicación de las normas. En tanto, en relación con el tópico del juicio de amparo contra ley promovido con motivo de su primer acto de aplicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversos criterios, que la existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro de la autoridad exactora; pues si bien, se ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente, para efecto de computar el término de impugnación constitucional; además, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De lo antes transcrito se colige que, en tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugna una norma con motivo de su primer acto de aplicación y dicho acto de aplicación no se impugna por vicios propios, con independencia de si se trata de un acto de autoridad o no, por tratarse del cobro de un impuesto o de un derecho, pues esto no depende de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad. Por consiguiente, en el presente asunto el acto de aplicación -comprobantes de pago recibos PP-633350 y PP-633254- no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados -artículos 40, fracción I, inciso a), 49 y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí-, normativos a los cuales el quejoso se sujeta al orden constitucional, mediante el presente amparo, al impugnarla con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo, de modo que ese acto de aplicación, únicamente es la base para determinar el momento a partir del cual empieza a correr el término para promover el juicio de garantías en contra de las normativas que prevé el pago realizado, así como respecto de su aplicación. Por tanto, la circunstancia de que el quejoso no hubiera señalado como autoridad responsable a la Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos del Estado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ante quien se efectuó el pago de la contribución establecida en las normas que tildó de inconstitucionales, no debe dar lugar a la improcedencia del juicio de amparo respecto de la ley reclamada, pues al no estar legitimada para defender la constitucionalidad de la ley por no haber intervenido en el proceso de formación legislativa, nada puede alegar en defensa ni de la ley ni de su acto, resultando innecesario que fuera llamada al juicio de amparo, pues dicho llamado sólo sería necesario si se reclamara el acto de aplicación por vicios propios, y como se dijo en el presente asunto la parte quejosa solo impugna la Ley -inconstitucionalidad de la norma-, sin que se advierta que sea su pretensión combatir el acto en el que se aplicaron las referidas normas, pues constituye un acto de aplicación de ésta. Por consiguiente, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, en su caso, a la autoridad Dirección de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos del Estado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sería vinculada a cumplir con la sentencia de amparo en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, por ser el cumplimiento de orden público, al tratarse de la autoridad exactora que realiza funciones específicas de recaudación. Finalmente, no es desapercibido por este órgano de control constitucional que podría considerarse que los alcances del amparo que se conceda en contra de los artículos 40, fracción I, inciso a) y 49, de la Ley de Hacienda del Estado, que resultaron contrarios a la Ley Fundamental por contener el vicio de inconstitucionalidad de vulnerar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, deben ser para que se desincorpore de la esfera jurídica de la contribuyente la obligación de cubrir los derechos que correspondan, por estar afectado de inconstitucionalidad todo el mecanismo impositivo. Empero, como ya se dijo, en el caso se trata de un hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público por parte del Estado, como lo es la inscripción que exige a la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual se pueden satisfacer las necesidades que se presenten sin aumento apreciable del costo del servicio. Así las cosas, si por derechos se entiende, según lo dispone el numeral 7°, fracción I, inciso b), del Código Fiscal del Estado, las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que éste presta en sus funciones de derecho público, para calcular el importe de aquéllos no debe tomarse en consideración el valor que resulte mayor entre el consignado, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, lo que es explicable, en virtud de que en este tipo de contribuciones, a diferencia de los impuestos, no se pretende gravar el ingreso, utilidad o rendimiento de una persona, sino tan sólo permitirle al Estado la recuperación del costo del servicio público particular divisible que presta a solicitud del ciudadano. De manera, que el quejoso debe pagar la cantidad fija mínima a que se refiere en el artículo 41, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, normativo inmerso en Titulo Tercero, capítulo Primero denominado Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno, respecto del cual también son partes los preceptos declarados inconstitucionales, por lo que no se trata de un normativo completamente distinto a aquel de que derivó el pago de derecho de inscripción registral. Máxime, que el costo en el servicio que como contraprestación debe otorgar la quejosa, representa el cobro del derecho, a través del cual pueden satisfacerse todas las necesidades que se presenten en la administración pública, sin aumento apreciable en el monto del servicio, por el valor consignado en el acto a registrar ni el acto jurídico por sí mismo. Bajo esa premisa, tampoco es trascendente los tipos de actos jurídicos que consigna el instrumento que se pretende inscribir, sino lo jurídicamente relevante es el servicio -inscripción- que presta el Estado y, por ende, es factible la aplicación del artículo 41, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, en virtud de que contempla la actividad del Estado (inscripción) y el monto mínimo. [.]" Ejecutoria y requerimiento. Dicha determinación causó ejecutoria el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por lo que en esa misma fecha se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, el Asesor de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de San Luis Potosí emitió el oficio CAJ/LXIII/391/2022, en el que informó que del análisis de la ejecutoria emitida en este asunto, no se desprende por su parte acto positivo alguno que llevar a cabo en cumplimiento de la misma; sin embargo, en apego a la referida sentencia, el Congreso del Estado no ordenará aplicar los dispositivos legales 40, fracción I, inciso a), 49 y 93 de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, que han sido desincorporados de la esfera jurídica del quejoso. Por su parte, el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado, en ausencia del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, presentó un oficio mediante el cual informó que esa autoridad se mantendrá respetuosa de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, además de que giró la comunicación SGG/DGAJ/799/2022 al Director Jurídico y de Capacitación Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, con el fin de que se realicen todas y cada una de las acciones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria en cita. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, comunicó que mediante memorándum SF/PF/520/2022 de veintisiete de mayo del año en curso, se solicitó a la Dirección Jurídica y Capacitación Fiscal de esa Secretaría de Finanzas, para que deje insubsistente la validez de los recibos PP-633254 y PP-633350, además, proceda a recalcular los importes por concepto de Derechos, quien a su vez deberá solicitar a la Dirección de Control Presupuestal de la misma dependencia, la devolución pecuniaria ordenada en la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. En el mismo acuerdo se vinculó al cumplimiento a las autoridades denominadas Dirección Jurídica y Capacitación Fiscal y Dirección de Control Presupuestal de esa Secretaría de Finanzas, por lo que se les requirió que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada. Posteriormente, el seis de junio del año en curso se glosó un oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con su anexo, en el que expuso que con el oficio SF/DGI/DJCF/AD/O/1038/2022 de treinta de mayo de la misma anualidad, se solicitó a la Dirección de Control Presupuestal del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a efecto de que recalcule el monto de los derechos a pagar y elabore el título de crédito que ampare el monto de la devolución ordenada en ejecutoria de sentencia. En cumplimiento a lo anterior, en el diverso auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí remitió copia certificada del cheque de caja 0009478, de ocho de junio de dos mil veintidós, por la cantidad de $17,315.00 (diecisiete mil trescientos quince pesos 00/100 moneda nacional), expedido a nombre del quejoso Miguel Ángel Rojas Araos, que corresponde a la devolución a favor de la parte quejosa; cheque que se dejó a disposición del quejoso en la Dirección de Caja General de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Finalmente, el veinte de julio de dos mil veintidós, la citada autoridad remitió copia certificada de la póliza de cheque folio 0009478, de ocho de junio del mismo año, que ampara la cantidad de $17,315.00 (diecisiete mil trescientos quince pesos 00/100 moneda nacional) con firma autógrafa de recibido por el quejoso Miguel Ángel Rojas Araos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Vista. En el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, misma que no desahogó. De los oficios y sus anexos que remitieron las autoridades responsables, se advierte que se mantendrán respetuosas de la sentencia dictada y no aplicarán ni ordenarán aplicar las disposiciones declaradas inconstitucionales en contra del quejoso, se dejó insubsistente el entero relativo a los recibos PP-633350 y PP-633254 y se procedió a recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa más baja prevista en el artículo 41, fracción I, así como el concepto de asistencia social respectivo; además de que se devolvió al impetrante la diferencia que resultó a su favor, mediante la expedición del cheque folio 0009478 que fue recogido por el quejoso Miguel Ángel Rojas Araos, todo lo cual constituye el acto reclamado en este asunto. Por cumplida. De los oficios y sus adjuntos que remitieron las autoridades responsables, se aprecia que cumplieron con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, ya que se mantendrán respetuosas de la sentencia dictada y no aplicarán ni ordenarán aplicar las disposiciones declaradas inconstitucionales, dejaron sin efecto el entero relativo a los recibos de pago folios PP-633350 y PP-633254, se recalculó el monto del derecho a pagar y el concepto de asistencia social, para posteriormente devolver a la parte quejosa la diferencia que resultó a su favor. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Devolución de documentos. Con fundamento en artículo 21 del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente en el local que ocupa este Juzgado a recoger el anexo que presentó en este asunto y que obra por separado. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de tres años que establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el documento que exhibió en este juicio, se destruirá junto con este expediente. Sin diversos documentos para devolver. De autos se advierte que las restantes partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.
- Principal
Glósese el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual remite copia certificada de la póliza de cheque folio ********************, de ocho de junio de dos mil veintidós, que ampara la cantidad de $17,315.00 (diecisiete mil trescientos quince pesos 00/100 moneda nacional) con firma autógrafa de recibido por el quejoso ********************, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Ordena dar vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con copia autorizada de las comunicaciones y sus anexos agregados en los acuerdos de treinta, treinta y uno de mayo, seis y veinticuatro de junio, todos de dos mil veintidós, de los referidos proveídos, del oficio y su adjunto que se agrega en este proveído, así como de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación con que se da cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no informó a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós; al respecto se provee: Se requiere a la responsable vinculada al cumplimiento. A fin de acordar lo que en derecho corresponda, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable vinculada Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que dentro del plazo de tres días informe a este Juzgado Federal si la parte quejosa, por conducto de quien legalmente la represente, ya compareció a recoger el cheque que le fue puesto a disposición con folio 0009478 de fecha ocho de junio de dos mil veintidós, expedido a favor de Miguel Ángel Rojas Araos, por la cantidad de $17,315.00 (diecisiete mil trescientos quince pesos 00/100 moneda nacional). Apercibimiento. Apercibida que de no remitir tal información en el plazo señalado, se le impondrá una multa en base a lo estipulado en el artículo 258 de la citada Ley, consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para el trámite de la inejecución de sentencia. Cabe hacer mención que el requerimiento se formula aun cuando no fue llamada en el presente juicio de amparo en atención a que, es ésta a quien la autoridad responsable le atribuye tener facultades para la debida ejecución de la sentencia amparatoria.
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