Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez
Expediente 1064/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese el oficio signado por el Presidente de la Segunda Sala Civil y Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio 12858/2021, de doce de mayo del presente año, que este Juzgado le envió al que se adjuntó el toca civil 157/2020-II, así como el expediente 221/2003 y el cuadernillo de incidente de cancelación de pensión alimenticia. Notifíquese.
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MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, original del toca civil 157/2020-II, expediente 221/2003 relativo al juicio especial de reclamación de alimentos y cuadernillo de incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al expediente 221/2003, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
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mesa 8 En Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1064/2020-8, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en: 1. La instrumental de actuaciones; 2. Presuncional legal y humana; 3. Copia de la cédula de notificación de trece de octubre de dos mil veinte, respecto de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el toca civil 157/2020-II; 4. Copia de la cédula de notificación de diecisiete de marzo de dos mil veinte, referente al acuerdo de diez de ese mismo mes y año, en el toca civil 157/2020-II; 5. Original del toca civil 157/2020-II del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; 6. Expediente 221/2003 relativo al juicio especial de reclamación de alimentos 7. Cuadernillo de incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al expediente 221/2003, mismos que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por Clara Cortes Regino, en nombre y representación de la menor C.G. de apellidos R.C., Jorge Alberto Rodríguez Cortes y Miguel Ángel Rodríguez Cortes, mediante escrito recibido el ocho de abril del presente año (fojas 99 a 102). Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a Clara Cortes Regino, en nombre y representación de la menor C.G., de apellidos R.C., Jorge Alberto Rodríguez Cortes y Miguel Ángel Rodríguez Cortes, formulando sus alegatos en el presente juicio, sin que las demás partes hicieran uso de este derecho, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1064/2020-8, promovido por Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, contra actos de los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1º, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 2757, signado por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, presentado en el buzón judicial el tres de diciembre de dos mil veinte, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el cuatro siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, remitió la demanda y anexos promovida por Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO1 La resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, pronunciada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el toca civil 157/2020-II. AUTORIDAD RESPONSABLE1 Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. SEGUNDO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El siete de diciembre de dos mil veinte, en virtud de la legal incompetencia planteada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, este órgano judicial de amparo, se avocó al conocimiento de la demanda y se admitió a trámite, la cual fue registrada con el expediente 1064/2020-8; se ordenó la notificación a las partes del auto de radicación, sin requerir informe justificado, en virtud que ya obraba en autos; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÒN DE PLAZOS Y TÈRMINOS PROCESALES. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el trámite del expediente. QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante diligencias de seis de abril de dos mil veintiuno, practicadas por el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, se emplazó al presente juicio a los terceros interesados Miguel Ángel Rodríguez Cortés, Clara Cortés Regino, en representación de la menor C.G. de apellidos R.C. y Jorge Alberto Rodríguez Cortés, en el domicilio ubicado en la manzana 7, casa 9, de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, de esa Entidad (fojas 114 a 132 de los presentes autos). SEXTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO 0RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución pronunciada el treinta de septiembre de dos mil veinte, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 157/2020-II, que revocó la sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil diecinueve y su aclaración de siete de enero de dos mil veinte, dictada por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, en el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez en contra de Sara Cortes Regino en representación de sus entonces menores hijos Miguel Ángel y Jorge Alberto, ambos de apellidos Rodríguez Cortes y la menor de identidad reservada C. G. R. C., deducido del expediente 221/2012, relativo al juicio especial de alimentos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que remitió consistentes en: 1. Original del toca civil 157/2020-II; 2. Original del expediente 221/2003, relativo al juicio especial de alimentos, promovido por Clara Cortes Regino, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Miguel Ángel, Jorge Alberto y Clara Guadalupe, todos de apellidos Rodríguez Cortes, en contra de Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez y 3. Original del incidente de disminución de pensión alimenticia, promovido por el citado demandado, los que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, es pertinente sintetizar las constancias más relevantes que constituyen el acto reclamado, de las que se advierte: Mediante auto de nueve de abril de dos mil tres, la entonces Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, dio entrada a la demanda interpuesta por Clara Cortes Regino, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Miguel Ángel, Jorge Alberto y Clara Guadalupe, todos de apellidos Rodríguez Cortes, en la vía especial, juicio de reclamación de alimentos en contra de Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, bajo el expediente 221/2003, por lo que decretó como pensión alimenticia provisional para la actora y sus menores hijos y ordenó emplazar al demandado (fojas 12 y 13 del expediente principal). Seguidas las etapas procesales, el veinticuatro de junio de dos mil catorce, la juez natural pronunció sentencia definitiva, en la que condenó al demandado a pagar en favor de sus menores hijos Miguel Ángel, Jorge Alberto y Clara Guadalupe, todos de apellidos Rodríguez Cortes, una pensión alimenticia definitiva del 50% (cincuenta por ciento), sobre su salario base y demás prestaciones que devengaba como empleado de Petróleos Mexicanos, la cual causó ejecutoria el diecisiete de abril de dos mil quince (fojas 137 a 142 y 192 del expediente principal). Posteriormente, por auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la juez responsable ordenó tramitar el incidente de cesación de pensión alimenticia, interpuesto por Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, en contra de Miguel Ángel, Jorge Alberto y Clara Guadalupe, todos de apellidos Rodríguez Cortes, por lo que ordenó correr traslado y emplazar a los citados incidentados, para que dentro del plazo de tres días hábiles produjeran su contestación y ofrecieran las pruebas oportunas (foja 40 del incidente). Seguido el trámite incidental, mediante sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, la responsable declaró parcialmente acreditados los hechos en que Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, fundó su pretensión de reducción de pensión alimenticia y ordenó cancelar la citada pensión decretada en favor de Jorge Alberto Rodríguez Cortes, en sentencia definitiva de veinticuatro de junio de dos mil catorce, consistente en un 16.66% (dieciséis punto sesenta y seis por ciento) del salario base y demás prestaciones que devenga el deudor alimentista como empleado de Petróleos Mexicanos, por lo que ordenó librar el oficio a la citada empresa productiva del Estado, quedando subsistente el 33.33% (treinta y tres punto treinta y tres por ciento) que corresponde a Jorge Alberto y Clara Guadalupe, de apellidos Rodríguez Cortes (fojas 196 a 200 del incidente). Por auto de siete de enero de dos mil veinte, se aclaró la sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, a partir del párrafo décimo del considerando II, en cuanto al nombre (Miguel Ángel) del acreedor alimentario (fojas 223 y 224 del incidente). Inconforme con dicha resolución Jorge Alberto Rodríguez Cortes, interpuso recurso de apelación, el que fue admitido por la juez responsable por proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte, en efecto devolutivo y ordenó remitir los autos al tribunal de alzada, para la calificación y substanciación del mismo (fojas 240 y 241 del incidente). Mediante resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, pronunció resolución en el toca civil 157/2020-II, formado con motivo del recurso de apelación que hizo valer el acreedor alimentario Jorge Alberto Rodríguez Cortés, en la que declaró fundados los agravios y determinó revocar la sentencia impugnada (fojas 24 a la 47 del toca de apelación). Dicha determinación constituye el acto reclamado. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Ahora, del estudio integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, refiere como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: Que la juez natural estuvo en lo correcto al aducir que Jorge Alberto Rodríguez Cortés alcanzó la mayoría de edad, al cual en ningún momento se le violentaron sus derechos, toda vez que fue llamado al incidente, pero al no contestar la demanda se dio la rebeldía y, por lo tanto, aceptó que el incidentista reclamó las prestaciones y en la apelación manifiesta que él no era demandado y que la juez mintió al decir que no estaba estudiando cuando él tenía que demostrar que estaba estudiando. Que la sala responsable de conformidad con el artículo 133 de la Carta Magna, dejó de observar el cumplimiento de las garantías constitucionales en el ejercicio de su función y controlar la constitucionalidad de acuerdo a sus facultades, a fin de llevar a cabo un procedimiento en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Que la resolución recurrida vulnera en su perjuicio los derechos de audiencia y legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, que establecen que los actos de autoridad deben ser representados con las formalidades esenciales del procedimiento, mediante leyes expedidas con anterioridad al hecho, fundando y motivando la causa legal del procedimiento. Que se vulnera en su perjuicio el derecho de acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional, ya que lo deja en estado de indefensión por la indebida aplicación de la ley. Del análisis de las constancias de autos, así como de las manifestaciones que aduce la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que los conceptos de violación que esgrime resultan inoperantes unos e infundados los restantes, sin que haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Conviene precisar el contenido del considerando III, de la resolución reclamada: "Al respecto esta alzada difiere de la decisión emitida por la Jueza de origen, y califica de fundados los agravios hechos valer por el apelante, por los siguientes motivos: Cabe destacar que el derecho de alimentos, se ha definido como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga con motivo del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; luego siendo la finalidad de los alimentos proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. De conformidad con el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, serán susceptibles de alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior cuando cambien las circunstancias que hayan afectado el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, lo cual no aconteció en el presente asunto. En la especie, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, promoví la Disminución de la Pensión Alimenticia que proporciona a SARA CORTÉS REGINO, en representación de sus entonces menores hijos MIGUEL ÁNGEL y JORGE ALBERTO ambos de apellidos RODRÍGUEZ CORTES, y la menor C. G. R. C., consistente en el 50% (cincuenta por ciento), sobre el salario y demás prestaciones que obtiene como empleado de la Empresa Petróleos Mexicanos. Por otra parte, del análisis legal a las pruebas aportadas a los autos y concatenadas entre sí, esta Sala Colegiada estima que es incorrecta la determinación de la Juzgadora de primer grado, porque el actor incidentista MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, no probó los elementos de la acción que ejercita, tal y como lo exige el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Lo anterior se toma en consideración dada la naturaleza de la acción sometida a estudio, pues con base en lo previsto en el numeral 340 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que establece que las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y dictadas en negocios de alimentos, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, sin embargo, las mismas pueden alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien dichas circunstancias. Acorde con dicho precepto jurídico, es relevante decir que ciertamente los montos decretados en los juicios de alimentos, son susceptibles de modificarse, bien sea en aumento, reducción o cancelación, empero, de acuerdo a los reiterados criterios jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para que prospere la acción de reducción o cancelación de pensión alimenticia, el actor, debe justificar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión alimenticia, y que éstas hayan generado un cambio en sus posibilidades económicas, a fin de que pueda fijarse un nuevo monto. Ilustran lo anterior, los criterios jurisprudenciales con los rubros siguientes: "ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSIÓN. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN."1 ____________________ 1 "Séptima Epoca Registro: 241437 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 78 Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 14 Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Tercera Sala, página 61, ALIMENTOS. REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN. Como la finalidad de los alimentos es proveer a la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores; por esta razón, para que prospere la acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe acreditar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a quienes debe dar alimentos, y que por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; siendo este el motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en forma reiterada, ha sostenido que en materia de alimentos no puede operar el principio de la cosa juzgada. Amparo directo 1125/74. Marina Christfield Short. 23 de junio de 1975. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta." "ALIMENTOS. LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."2 Asimismo, el numeral 317 del Código Civil en vigor en el Estado, establece lo siguiente: "Cesa la obligación de dar alimentos: Si el que la tiene carece de medios para cumplirla; Si el alimentista deja de necesitar los alimentos; En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos; IV. Si el alimentista, sin el consentimiento del que quien debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo o al estudio del alimentario mientras subsistan estas causas; y VI. Cuando al alimentista incurra en una conducta dolosa o alevosa, y con ello obtenga un beneficio en detrimento de la economía del deudor." Concordante con ese precepto Jurídico, tratándose de la acción de disminución o reducción de pensión alimenticia, es criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los elementos a probar son los siguientes: a) Que tal pensión exista; y, b) Que el incidentista, pruebe causas supervenientes posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia, que determinen un cambio en sus posibilidades económicas o en las necesidades del acreedor, que por ende hagan necesaria una nueva fijación de su monto. 2."Novena Epoca Registro: 184998 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIl, Febrero de 2003 Materia(s) Civil Tesis: VI.30.C. J/51 Página: 767 ALIMENTOS. LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE SOLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto por los articulos 517 del Código Civil y 1153 del Código de Procedimientos Cviles, la sentencia que fija el monto de la pension que por concepto de alimentos debe otorgar el deudor a favor del acreedor de los mismos, sólo puede modificarse por causas supervenientes, es decir, posteriores a la fecha en que se dictó dicha sentencia, Si cambiaron las posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUTO. Amparo directo 64/89. Luis René Cervantes Herrera. 15 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo directo 81/2000. Delia Laura Landero Martínez, por si y por su representación. 24 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo directo 114/2000. Araceli Guevara Robles. 6 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo directo 218/2000. Juana Montiel Tlacuilo. 10. de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo directo 460/2002. Aminda Blázquez Pérez y otro. 2 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria. San Juana Mora Sánchez." Referente al primer elemento de la acción en estudio, tenemos que el incidentista, comprobó fehacientemente la existencia de la pensión alimenticia, que proporciona a sus acreedores SARA CORTËS REGINO, en representación de sus entonces menores hijos MIGUEL ÁNGEL y JORGE ALBERTO ambos de apellidos RODRÍGUEZ CORTES, y la menor C. G. R. C., con las copias certificadas de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, visible a fojas dieciséis a la veintitrés de autos, su original en el expediente principal del cual deriva el presente incidente, expediente 221/2003, relativo al juicio Especial de Alimentos, promovido por SARA CORTÉS REGINO, en representación de sus entonces menores hijos MIGUEL ÁNGEL y JORGE ALBERTO ambos de apellidos RODRÍGUEZ CORTES, y la menor C. G. R. C., en contra de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco. De los autos citados se aprecia que el incidentista MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIËRREZ, fue condenado a pagar por concepto de pensión alimenticia a favor de SARA CORTÉS REGINO, en representación de sus entonces menores hijos MIGUEL ÁNGEL y JORGE ALBERTO ambos de apellidos RODRÍGUEZ CORTES, y la menor C. G. R. C., el porcentaje consistente en el 50% (cincuenta por ciento) porcentaje de pensión alimenticia, que fue fijado, sobre la totalidad de su salario base y demás prestaciones que obtiene como empleado de la Empresa Petróleos Mexicanos. En cuanto al segundo de los elementos, es decir la existencia de causas supervenientes posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades del acreedor, no fueron justificadas por el Incidentista a través de algún medio de prueba idóneo, pues contrario a ello, de la revisión a los autos a fojas 81 y 82 del incidente, obran glosados tres recibos de pagos de colegiaturas expedidos por la Institución PATRONATO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE PARAÍSO, TABASCO, A. C., así como un TARJETON DE PAGO de colegiaturas y otros conceptos expedido por la Escuela Preparatoria PROFR. AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVE, a favor del alumno JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTÉS, exhibidos por la incidentada SARA CORTÉS REGINO, en representación de sus menores hijos J. A. y C. G. ambos de apellidos R. C., al momento de dar contestación al incidente planteado en su contra, con los cuales se demuestra que el incidentado JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTES, a la fecha estaba cursando el Tercer Grado de Educación media superior, documentales que la Juzgadora de origen, omitió tomar en consideración en la resolución materia de inconformidad. La parte fundada del concepto de agravio, se estima porque el incidentado JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTES, en primera instancia al comparecer a juicio a través de su progenitora acredita estar cursando el tercer grado de educación media superior, además comprueba que a la fecha en que interpuso su inconformidad, cursa el 1° Cuatrimestre de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, en la Universidad Vasconcelos de Tabasco. Se afirma lo anterior, toda vez que en esta instancia quedó autentificado con el original de |la Constancia de estudios expedida por la licenciada MISDEILA VÁZQUEZ DOMINGUEZ, a favor de JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTES, -foja siete del toca que se analiza-, en el sentido que el incidentado JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTES, cursa el 1° Cuatrimestre de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, en la Universidad Vasconcelos de Tabasco, que inició el 09 de septiembre de 2019 y concluye el 08 de de 2020. Razón por la cual esta Sala Colegiada considera, que el incidentista no probó el cambio de circunstancias en sus posibilidades economicas o en las necesidades del acreedor, que por ende hagan necesaria una nueva fijación de su monto, por lo que, le corresponde al incidentista MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, seguir solventando las necesidades alimentarias de su acreedor JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CORTES, en virtud de estar cursando sus estudios profesionales. En sintesis, el incidentista MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ, no probó fehacientemente a través de los medios de pruebas idóneos, el cambio de circunstancias que alego en su escrito de incidente. Por tanto, el incidentista omitió ofrecer y desahogar los medios de pruebas con los cuales acreditara que el incidentado JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTES, haya dejado de necesitar los alimentos, pues tal obligación recae en el incidentista quien tiene la carga de probar los hechos en que funda su acción incidental, tal y como lo dispone el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, respecto a que las partes tienen la obligación de probar las proposiciones de hechos en que funden sus acciones y excepciones, así como los hechos sobre los que su adversario tenga una presunción legal. Así, no obstante el resultado obtenido del auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve -foja 195 del incidente que se analiza-, en el cual se le tuvo por perdido el derecho al incidentado JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTÉS para que manifestara en relación al incidente planteado en su contra, bajo el apercibido de reportar el perjuicio que con ello Irrogara su actitud, y tenerle por cierto los hechos señalados por el incidentista. Resulta insuficiente, para cancelarle los alimentos al incidentado JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTÉS, toda vez que el actor es sabedor que tiene la obligación de seguir proveyendo de alimentos a su acreedor JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTÉS, en virtud de encontrase cursando sus estudios profesionales. Lo anterior, hace resultar insuficiente para modificar la sentencia definitiva de fecha VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. Máxime que el incidentista MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, al igual que sus acreedores alimentarios, dispone del 50%(cincuenta por ciento), con el cual puede cubrir sus demás necesidades y obligaciones que haya contraído posterior a la fijación de los alimentos, para sufragar sus necesidades más apremiantes, pues de autos no demostró que la incidentista SARA CORTÉS REGINO, actualmente se encuentre laborando, o haya adquirido bienes que le reditúen ingresos económicos y que le permitan solventar sus gastos personales, pues contrario a ello tiene a su favor la presunción que se dedica a las labores del hogar. En esa tesitura, se advierte claramente que no existe causa alguna para cancelar la parte proporcional de los alimentos que el ciudadano JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTÉS, percibe por parte del incidentista MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. A más de lo expuesto, no se advierte que el hoy apelante haya alegado o acreditado que la modificación del porcentaje de la pensión alimenticia, decretada mediante sentencia definitiva de fecha veinticuatro de junio de dos mil Catorce, fijado a favor de SARA CORTÉS REGINO, en representación de sus entonces menores hijos MIGUEL ÁNGEL Y JORGE ALBERTO ambos de apellidos RODRÍGUEZ CORTES, y la menor C. G. R. C., obedezca al supuesto contenido en el artículo 285 de la ley sustantiva civil en vigor en la entidad, para su procedencia, es decir, porque la acreedora haya contraído nuevas nupcias o se uniera en concubinato; o bien, alguno de los casos que establece el dispositivo 317 del referido ordenamiento, esto es, ya porque carezca de medios para cumplirla, por virtud de que el alimentista haya dejado de necesitarlos, o bien, en cas0 de injuria, falta, o daños graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. De lo expuesto, se obtiene que subsiste la pensión alimenticia del 16.66% (dieciséis punto sesenta y seis por ciento), a favor del ciudadano JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ CORTÉS. Por todo lo anterior, al existir agravios que resarcir al apelante, se impone REVOCAR la sentencia interlocutoria de fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y su aclaratoria de fecha siete de enero de dos mil veinte, dictada por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco, en el Incidente de Reducción de Pensión Alimenticia, promovido por MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, en contra de SARA CORTÉS REGINO, en representación de sus entonces menores hijos MIGUEL ÁNGEL y JORGE ALBERTO ambos de apellidos RODRÍGUEZ CORTES, y la menor C. G. R. C., en relación al expediente 221/2003, relativo al Juicio Especial de Alimentos, promovido por SARA CORTÉS REGINO, en representación de sus entonces menores hijos MIGUEL ANGEL y JORGE ALBERTO ambos de apellidos RODRÍGUEZ CORTES, y la menor C. G. R. C., en contra de MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ GUTIERREZ. No pasa desapercibido para este Cuerpo Colegiado determinar que conforme al artículo 95 en sus fracciones de la I a la III de la ley adjetiva civil en vigor, que prevé las reglas para la condenación en Costas en el recurso de apelación, al versar el presente asunto sobre cuestiones del orden familiar, no se actualiza la condena en costas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el numeral 99 fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor". Ahora, resultan inoperantes los conceptos de violación identificados con los números uno y tres, los que hizo consistir el quejoso en que la juez natural estuvo en lo correcto al aducir que Jorge Alberto Rodríguez Cortés alcanzó la mayoría de edad, al cual en ningún momento se le violentaron sus derechos, toda vez que fue llamado al incidente, pero al no contestar la demanda se dio la rebeldía y, por lo tanto, aceptó que el incidentista reclamó las prestaciones y en la apelación manifiesta que él no era demandado y que la juez mintió al decir que no estaba estudiando cuando él tenía que demostrar que estaba estudiando y que se vulnera en su perjuicio los derechos de audiencia y legalidad, consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior es así, porque la Sala responsable para llegar a la conclusión de revocar la resolución interlocutoria que ordenó la cancelación de la pensión alimenticia decretada en favor de Jorge Alberto Rodríguez Cortés, sostuvo que el incidentista no acreditó el segundo de los elementos de la acción de reducción de pensión alimenticia, consistente en la existencia de causas supervenientes posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades del acreedor, pues ningún medio de prueba aportó para justificarlas. Concurrió también el hecho de que en el momento en que el deudor alimentario solicitó la reducción de la pensión, el acreedor cursaba el tercer grado de educación media superior, lo cual quedó acreditado en autos con las probanzas que aportó Sara Cortés Regino, en representación de sus hijos J. A. y C. G., ambos de apellidos R. C., al dar contestación al incidente planteado, consistentes en tres recibos de pago de colegiaturas expedidas por la institución Patronato de Estudios Superiores de Paraíso, Tabasco, asociación civil, así como un tarjetón de pago de colegiaturas y otros conceptos expedido por la escuela preparatoria profesor Augusto Hernández Olivé, en favor de Jorge Alberto Rodríguez Cortés y que la juzgadora de origen omitió tomar en consideración. Esto es, que el incidentado Jorge Alberto Rodríguez Cortés, comparece en primera instancia por conducto de su progenitora demostró estar cursando el tercer grado de educación media superior y que a la fecha en que interpuso su inconformidad acreditó cursar el primer cuatrimestre de la licenciatura en ingeniería industrial, en la universidad Vasconcelos de Tabasco, lo que demostró con la constancia de estudios expedida por Misdeila Vázquez Domínguez, por lo que corresponde al deudor alimentista continuar solventando las necesidades alimentarias de su acreedor, en virtud de estar cursando estudios profesionales. Asimismo, determinó que el incidentista omitió ofrecer y desahogar los medios de prueba con los cuales acreditara que el acreedor dejó de necesitar los alimentos, pues esa obligación recae en el incidentista al tener la carga de probar los hechos conforme lo dispone el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. Por otro lado, consideró que el resultado obtenido en el auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por perdido el derecho a Jorge Alberto Rodríguez Cortés, para que manifestara en relación al incidente planteado, bajo el apercibimiento de reportar perjuicio y tenerle por cierto los hechos señalados por el incidentista, es insuficiente para cancelar los alimentos a dicho acreedor, toda vez que el actor es sabedor de que tiene la obligación de seguir proveyendo la pensión alimenticia, en virtud de encontrarse cursando estudios profesionales. Como se ve, el motivo de disenso vertido por la parte quejosa, en modo alguno van encaminados a controvertir los argumentos torales de la resolución impugnada, pues solo concretó a alegar que la juez estuvo en lo correcto al determinar que Jorge Alberto Rodríguez Cortés, alcanzó la mayoría de edad, al cual en ningún momento se le violentaron sus derechos, toda vez que fue llamado al incidente, pero al no contestar la demanda se dio la rebeldía y, por lo tanto, aceptó que el incidentista reclamó las prestaciones y en la apelación manifiesta que él no era demandado y que la juez mintió al decir que no estaba estudiando cuando él tenía que demostrar que estaba estudiando y que las autoridades deben de respetar los principios de fundamentación y motivación. Por lo tanto, era necesario para que este órgano de control constitucional estuviera en la posibilidad de analizar el acto reclamado con base en los razonamientos esgrimidos en su contra; que controvirtiera las determinaciones de la responsable, ya que no basta exponer argumentos de manera general y subjetivo, sino que es menester combatir el acto que se reclama a través de argumentos razonados que permitan poner de relieve las violaciones cometidas por la autoridad que lo emitió. En esa virtud -se insiste-, los conceptos de violación deben contener los argumentos suficientes que tiendan a destruir las consideraciones en que se apoyó la responsable para resolver en la forma en que lo hizo, para así conocer las pretensiones de la parte quejosa, y de esa suerte verificar su constitucionalidad, lo que en modo alguno se suple con el solo hecho de alegar violaciones de manera genérica o imprecisas, por lo que, dichos conceptos de violación se estiman inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que reza: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. De igual modo, es de aplicarse la jurisprudencia siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste." De ahí que resulten inoperantes los citados conceptos de violación. Por otro lado, respecto al concepto de violación precisado con el número cuatro, en el que manifiesta el impetrante que la autoridad responsable vulnera los derechos de legalidad y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional, ya que lo deja en estado de indefensión por la indebida aplicación de la ley, resulta infundado, por lo siguiente: Al respecto el artículo 17 de Nuestra Carta Magna cita lo siguiente. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos prcedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del anterior precepto legal, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el que comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. En ese tenor, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. Así, la prevención del artículo 17 constitucional ha de interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa. Esto es perfectamente comprensible, según se ha expuesto: como regla general, por razones de seguridad jurídica no puede permitirse que los gobernados tengan la posibilidad de deducir acciones indefinidamente ni que de manera prolongada e injustificada puedan oponerse defensas. Esto no sería benéfico para la vida social. Lo anterior guarda sustento en la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2015591, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página: 151, del siguiente rubro: DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE ORRESPONDEN. Asimismo, guarda sustento en la jurisprudencia de la Novena Época, registro 172759, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, del siguiente rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." Precisado lo anterior, de autos se advierte que contrario a lo que aduce el quejoso, no se advierte violación alguna a las formalidades del procedimiento, pues se observa que ha contado con el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder ante los tribunales a plantear una pretensión y sobre la cual hubo pronunciamiento por parte de la autoridad responsable. Lo anterior es así, pues ya quedó asentado en los antecedentes del acto reclamado el impetrante compareció al juicio natural, el que se encuentra resuelto en definitiva, y en consecuencia de ello también promovió incidente de disminución de pensión alimenticia, el cual se desahogó con el procedimiento previsto en los artículos 340 y 372 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, el cual fue resuelto por la juez de origen y derivado de dicha determinación el acreedor alimentario al haber alcanzado la mayoría de edad y al no haberle favorecido la decisión de la a quo, impugnó dicha resolución mediante recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala responsable, el treinta de septiembre de dos mil veinte, determinando revocar la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Paraíso, Tabasco. Por lo que declaró que el actor aquí quejoso no probó los elementos constitutivos de su acción de disminución de pensión alimenticia que hizo valer en contra de Sara Cortés Regino, en representación de sus entonces hijos Miguel Ángel y Jorge Alberto, ambos de apellidos Rodríguez Cortes, y de la menor de identidad reservada C. G. R. C. y se absolvió al segundo de los mencionados de las prestaciones reclamadas. De lo anterior no se advierte que se hayan violado las leyes del procedimiento, toda vez que la parte quejosa ha tenido acceso a los tribunales en donde ha hecho valer sus pretensiones, además no por el hecho de que la responsable haya determinado revocar la resolución de primera instancia, indica que dicho supuesto se haya actualizado, pues como ya quedó apuntado, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como es el caso del agotar los recursos ordinarios idóneos previstos para someter a una segunda revisión los actos con los que no se encuentre conforme. En esa virtud, en el caso no se vulneró el debido proceso ni su derecho a la administración de justicia, pues es la autoridad quien efectivamente se encuentra obligada a respetar las formalidades del procedimiento, quien en el particular en acatamiento a las prerrogativas consagradas en el artículo 17 Constitucional, emitió el acto aquí reclamado tutelado por los principios relativos al cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios. De ahí que lo alegado por la quejosa sea infundado. En cuanto al concepto de violación precisado con el número dos, que hace consistir en que la sala responsable de conformidad con el artículo 133 de la Carta Magna, dejó de observar el cumplimiento de las garantías constitucionales en el ejercicio de su función y controlar la constitucionalidad de acuerdo a sus facultades, a fin de llevar a cabo un procedimiento en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Cabe precisar, que en el caso no es posible ejercer un control de convencionalidad ex officio, habida cuenta que, si bien las reformas constitucionales implicaron un cambio en el sistema jurídico determinando aplicar la ley en la forma más favorable y benéfica para las personas, ello no significa que los órganos jurisdiccionales deban dejar de observar los diversos principios constitucionales y legales, como lo son el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y, cosa juzgada, o en su caso, las restricciones que prevé la norma fundamental. En otras palabras, el principio pro persona no persigue cobijar a toda costa a las personas, sino procurarle la mayor protección pero, sin desconocer otros principios también de gran entidad como los del orden procesal. En el caso, la autoridad responsable, para revocar la sentencia interlocutoria pronunciada por la juez natural, analizó las pruebas aportadas en la incidencia, con las que se demostró que el quejoso justificó el primer elemento de la acción de disminución o reducción de pensión alimenticia, pero no acreditó el segundo de los elementos, es decir, la existencia de causas supervenientes posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia, que determinen un cambio en las posibilidades del acreedor. La Sala responsable, para llegar a esa determinación, tomó en consideración que a fojas 81 y 82 del incidente obran tres recibos de pago de colegiaturas expedidos por la institución Patronato de Estudios Superiores de Paraíso, Tabasco, asociación civil; así como un tarjetón de pago de colegiaturas y otros conceptos expedido por la escuela preparatoria profesor Augusto Hernández Olivé, en favor del alumno Jorge Alberto Rodríguez Cortés, exhibidos por la incidentada Sara Cortés Regino, en representación de sus menores hijos J.A y C.G., ambos de apellidos R. C., al dar contestación a la demanda indidental; medios de prueba con los que se demostró que Jorge Alberto Rodríguez Cortés, cursaba el tercer grado de educación media superior, probanzas que la juez de origen no tomó en consideración y que a la fecha de su inconfomidad cursaba el primer cuatrimestre de la licenciatura de ingeniería industrial, en la universidad Vasconcelos, el cual inició del nueve de septiembre de dos mil diecinueve y concluiría el ocho de enero de dos mil veinte, como lo acreditó el acreedor alimentista con el original de la constancia expedida por Misdeila Vázquez Domínguez, Jefa de Servicios Escolares de dicho centro de estudios. Asimismo, la autoridad responsable concluyó que el incidentista no probó el cambio de circunstancias en sus posibilidades económicas o en las necesidades del acreedor, que hagan necesaria una nueva fijación de su monto, por lo que le corresponde seguir solventando las necesidades alimentarias de Jorge Alberto Rodríguez Cortés, en virtud de estar cursando estudios profesionales, pues no ofreció y desahogó medios probatorios para demostrar tal extremo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 772, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Registro digital: 2006485, Décima Época, Materia: Constitucional, bajo el siguiente rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Motivo por el cual resulta infundado el citado motivo de disenso. Con motivo de lo anterior, cabe decir a la promovente del amparo, que no resultan aplicables al presente caso, los criterios que invoca, bajo los siguientes rubros: "REBELDÍA POR FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE, PARA QUE PUEDA SER DECLARADA; "AUTORIDADES"; "MOTIVACIÓN, FALTA ABSOLUTA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA ESTÁ EN POSIBILIDADES DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN". En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por los terceros interesados Clara Cortes Regino, en nombre y representación de la menor C.G. de apellidos R.C., Jorge Alberto Rodríguez Cortes y Miguel Ángel Rodríguez Cortes, mediante escrito recibido el ocho de abril del presente año, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RSUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el resultando primero, en los términos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, que remite la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Paraíso Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 129/2020-8, deducido del juicio de amparo en que se actúa, que se envió para emplazar a los terceros interesados Clara Cortés Regino, en representación de la menor C.G. de apellidos R.C; y signado por Miguel Ángel Rodríguez Cortés y Jorge Alberto Rodríguez Cortés. Consecuentemente, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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