Miguel Ángel Pérez Pablo
Expediente 1503/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1503/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Ángel Pérez Pablo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mesa 8. VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión de la cual se advierte: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa **********, contra los actos y las autoridades fijados en el resultando primero y en los términos del considerando octavo de este fallo." En virtud de lo anterior, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con transcripción del proveído de uno de septiembre actual, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Miguel Ángel Pérez Pablo el cual fue radicado bajo el número 246/2022 de su índice. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1503/2021-8, promovido por Miguel Ángel Pérez Pablo, contra actos del Juez Segundo de Control de la Región Judicial Ocho, con residencia en Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 19 y 20 apartado "A" fracción I y "B" fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionadas en esa misma fecha, en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Miguel Ángel Pérez Pablo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL OCHO, CON RESIDENCIA EN CÁRDENAS, TABASCO. ACTOS RECLAMADOS "El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 435/2021, de su índice, en contra del quejoso Miguel Ángel Pérez Pablo, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 7 a 13), se registró la demanda de amparo bajo los expedientes 1503/2021-8 y se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de tercero interesado a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., por lo que en acuerdo de esa misma fecha dictado en el cuadernillo de sigilo relativo al presente juicio de amparo, se ordenó emplazarlo mediante despacho enviado al Juez Mixto de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco. Asimismo, en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercero interesado al Fiscal del Ministerio Público Investigador licenciado Bernardino Arias Hernández, adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión, con sede en esta ciudad, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficio 33097/2021, de esa misma fecha, el cual fue recibido el seis de diciembre de dos mil veintiuno (foja 19). Asimismo, en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercero interesado al Fiscal del Ministerio Público Investigador licenciado Otilio Alamilla Macdonel, adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión, con sede en esta ciudad, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficio 36569/2021, de esa misma fecha, el cual fue recibido el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 30). Luego, en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se remitió al Juez Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, en turno, el despacho 36/2022-8, con número de orden 166/2022, a fin de emplazar al tercero interesado de identidad reservada con las iniciales L.G.V., el cual por razón de turno fue turnado al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, quien el veintidós de abril del presente año por conducto del actuario de su adscripción realizó el emplazamiento del aludido tercero interesado. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Posteriormente, previos diferimientos, el tres de mayo de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el acto que se reclama a la autoridad responsable pudiera tener ejecución dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 435/2021, de su índice, en contra del quejoso Miguel Ángel Pérez Pablo, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez Segundo de Control de la Región Ocho con residencia en Cárdenas, Tabasco, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en copia certificada de las actas mínimas de la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso, plazo de cierre de investigación y medida cautelar de ocho de noviembre de dos mil veintiuno emitida en la carpeta judicial 435/2021, en el que se vinculó a proceso al quejoso Miguel Ángel Pérez Pablo, la cual obra glosada en autos y un disco versátil digital "DVD", el cual contiene registro de audio y video de la referida audiencia, y a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A) AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y VINCULACIÓN A PROCESO. De la reproducción de la videograbación proporcionada por la responsable, se desprende que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con veintisiete minutos, el entonces Juez Segundo de Control de la Región Judicial Número Ocho con residencia en Cárdenas, Tabasco llevó a cabo la audiencia de referencia en la carpeta 435/2021. De ella se obtiene que: Fueron identificadas las partes comparecientes (fiscales, asesor jurídico, imputado y defensor público); El imputado fue informado sobre sus derechos; quien designó al defensor público, el cual aceptó y protestó el cargo conferido; El imputado solicitó se mantuvieran en reserva sus datos personales; Previa solicitud (nueve horas con veintisiete minutos y siguientes), el fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. Al respecto, de lo verbalizado por el Ministerio Público se advierte que hizo del conocimiento del inculpado de la existencia de la aludida carpeta de investigación en la que obran datos de prueba de los que se desprende que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. Aunado a ello, el fiscal le hizo saber que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que en cuanto a su participación, se le considera como coautores material, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra las victimas de identidad reservada con las iniciales B.A.G.V. y L.G.V. Hecho lo anterior, el juez preguntó al inculpado si deseaba declarar y le hizo saber los derechos que al respecto tiene (nueve horas con cuarenta minutos), siendo que el imputado se abstuvo en declarar. El Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al ahora quejoso (nueve horas con cuarenta y tres minutos), para lo cual, previa explicación que el juez realizó al respecto para conocimiento del imputado verbalizó los siguientes datos de prueba: Acuerdo de inicio de una carpeta de investigación número CI-FCS-11/2021, iniciada el veintidós de enero de dos mil veintiuno. Informe Policial Homologado número 27PM03008210120212200 de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, signado por Guadalupe Méndez Rio. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V., recepcionada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. recepcionada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Protocolo de contención de crisis. Informe de investigación UECS/68/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno. Acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno emitido en el expediente CEDC-1214/2021, solicitud de datos conservados, signado por el licenciado Luis Manuel Fiasco Díaz. Oficio signado por el apoderado legal de radio móvil dipsa consistente en entrega de datos conservados de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Dictamen de análisis contenido en el oficio 249/2021 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, signado por Rosa Cobarrubio. Informe 778/2021 de once de octubre de dos mil veintiuno. Informe 2298/2021, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno signado por el licenciado Rodolfo Damián Hernández Rodríguez. Dictamen contenido en el oficio 44/2021 de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno emitido por la licenciada Cristhel Ester García Juárez. Informe contenido en el oficio 328/2021 emitido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno por la licenciada Rosa Covarrubios. Extracción de audio y de imagen de identificación con número de oficio 333/2021 de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sheila Trinidad Castro Díaz. Hecho lo anterior, a pregunta del juez, el inculpado solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro de la misma audiencia (once horas con trece minutos); asimismo, solicitó un receso. Luego, se reanudó la audiencia y el defensor público solicitó que no se vinculara a proceso al investigado (once horas con veintidós minutos). A continuación, el Fiscal acusador ejerció su derecho de réplica y reiteró su solicitud de vinculación a proceso del imputado (once horas con cincuenta y cuatro minutos). Asimismo, el asesor jurídico de la víctima manifestó estar de acuerdo con las manifestaciones expuestas por el Fiscal acusador y solicitó se vinculara proceso al indiciado (doce horas con cuatro minutos). A continuación, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel Pérez Pablo, por los hechos que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. (doce horas con cinco minutos). Lo anterior por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber formulado imputación el fiscal; porque el inculpado tuvieron oportunidad de declarar, lo cual se reservó; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que los inculpados son quienes probablemente cometieron los hechos que se le atribuyen, esto es, que son coautores materiales directos de los mismos, consistente en que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. En relación a los argumentos de la defensa del indiciado consistente en que considera que no está demostrada la probabilidad de que el quejoso sea la persona que participó en estos hechos tomando en cuenta que si los hechos sucedieron el veintiuno de enero de dos mil veintiuno y de los informes recabados en esa fecha se acredita que su representado estaba recluido en el Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, Tabasco, por tanto, cuestiona como es que pudo participar en el secuestro dado que el uno de septiembre de dos mil veintiuno el Director del Centro Penitenciario informó que el investigado Miguel Ángel Pérez Pablo estaba recluido en ese centro de reclusión ya que ingresó a este el nueve de octubre de dos mil veinte, por lo que al estar detenido ahí nada podía hacer para privar de la libertad a la hoy pasivo. Sobre este argumento el juez responsable expuso que de acuerdo a la imputación formulada por la fiscalía del ministerio público al ahora quejoso no se le estaba atribuyendo el hecho que haya participado de forma material en la privación de la libertad de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., realizado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno a las trece horas en la glorieta que está sobre periférico de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la central de autobuses, sino la imputación que se le está haciendo es específicamente a su participación que consistió en realizar llamadas telefónicas al número de la denunciante B.A.G.V. al número telefónico 9171168232, exigiéndole diversas cantidades de dinero que iniciaron por cien mil pesos amenazándola con privarla de la vida a la víctima de identidad protegida con la iniciales L.G.V., si no se hacia ese pago exigido, de forma tal que ese argumento resultaba inatendible y tampoco beneficiaba su representado. De igual forma, respecto al diverso argumento de la defensa en las que expone que de las llamadas realizadas al número telefónico de la denunciante con terminación 32 quien dijo que recibió llamadas de tres números telefónicos con terminaciones 85, 37 y 97, cuestiona que en los centros de reclusión existe la revisión de personas para que no ingresen con teléfonos celulares y que a los reclusos no se les permite tener un aparato telefónico; además, conforme a lo establecido en el artículo 60 del reglamento del centro de reinserción social, establece los derechos de los internos para que puedan hacer llamadas y para ello existe un teléfono público para que ejerzan su derecho pero que no se les permite tener teléfonos celulares personales. En relación a lo anterior, el juez responsable consideró que debía atenderse a lo expuesto por la fiscalía quien hizo alusión a esta situación en el sentido de que existen acontecimientos de que al hacer las revisiones o las llamadas redadas al interior de los centros de reclusión penosamente se decomisan entre otros objetos, precisamente teléfonos celulares, de manera de que el hecho de que exista un reglamento que prohíba a los visitantes en general el ingreso de aparatos de comunicación como los teléfonos celulares o que también exista la prohibición de que los propios internos de los reclusorios no deben de tener estos aparatos telefónicos, no impide que no pueda materializarse esa acción dado que es sabido que existe pues de acuerdo a la máxima de la experiencia las personas de alguna u otra forma ingresan esos aparatos telefónicos celulares al interior del centro de reclusión social y el hecho de que exista una reglamentación que lo prohíba no significa que nunca se vayan a realizar estos actos prohibitivos de ahí que esos argumentos de la defensa tampoco eran trascendentes para beneficiar al imputado Miguel Ángel Pérez Pablo. De igual manera, respecto a lo manifestado por la defensa quien argumentó que de acuerdo al análisis que hizo el auxiliar del fiscal de nombre Rosa Mayra Cobos Rubios, respecto a los teléfonos celulares que se utilizaron para llamar a la denunciante y hacerle las peticiones de rescate donde se analizan también los datos conservados del teléfono con terminación 85 que este aparece registrado a nombre de Carmita Flores Ovando, el teléfono con terminación 37 aparece registrado a nombre de Víctor Ortiz y el último aparece a nombre de Dora Maria Cruz Vargas; es decir, ninguno de estas líneas telefónicas pertenece a su representado Miguel Ángel Pérez Pablo. Al respecto el juez responsable determinó que contrario a lo expuesto por la defensa atendía a lo manifestado por la fiscalía; además, de acuerdo a la valoración de la máxima de las experiencias, el hecho de que exista una disposición que establece que al adquirir un teléfono celular por seguridad del usuario éste debe registrar su número telefónico proporcionando el nombre y otros datos personales; sin embargo, nada impide por ser materialmente imposible controlarlo de que esos números registrados puedan pasar a manos de segundos y terceros y que estos los utilicen en un futuro sin que sean ellos los propietarios o quienes originariamente les hayan dado de alta a estas líneas o números telefónicos, de ahí que el referido argumento de que esas líneas telefónicas aparezcan a nombre de otras personas que no es el indiciado Miguel Ángel Pérez Pablo, tampoco lo beneficia de forma plena contundente y el hecho de que la fiscalía no haya investigado a las personas quienes realizaron el registro de los referido números telefónicos utilizados para realizar la conducta ilícita; existen otras etapas del procedimiento en la que si es necesario para efectos de sustentar su teoría del caso la fiscalía podrá agotar esas investigaciones en otro momento ya que en esa etapa preliminar no se requiere se tengan que agotar todas y cada una de las líneas de investigación. De la misma manera, respecto a lo manifestado por la defensa en cuanto a las coordenadas de los lugares de donde salieron la llamadas telefónicas mencionando que la del número con terminación 85 salió de la calle juventud de Huimanguillo y que sí está cerca del Cereso de Huimanguillo pero que no es del reclusorio, y que estas llamadas fueron del veintiuno, veintidós y veintitrés de enero; asimismo, la llamada del número telefónico con terminación 97 igual es de la calle juventud de Huimanguillo, Tabasco, y que sí está cerca del Cereso de Huimanguillo, pero que igual no pertenece al reclusorio y que de ahí salieron llamadas los días diecisiete, dieciocho y veintitrés de enero; finalmente, con relación al último teléfono con terminación 97 está en el lugar conocido como Francisco I, Madero Puerto Coronel Andrés Sánchez Magallanes y que su representado no estaba ahí sino que estaba en el reclusorio y que de ahí salieron llamadas los días veintidós y veintitrés de enero de dos mil veintiuno. En cuanto a los números con terminaciones 85 y 37 los cuales se ubican en las coordenadas que están sobre la calle juventud Huimanguillo, Tabasco, y que está cerca del Cereso de Huimanguillo, el juez responsable consideró que en parte, le asistía la razón a la defensa en el sentido de que no se da una coordenada de que sea precisamente en el interior del reclusorio de Huimanguillo Tabasco, sin embargo, también debía aplicarse la máxima de la experiencia lo cual es conocido por la mayoría de los que usan un teléfono celular cuando pretende enviar la localización actual o la ubicación actual existe un programa una aplicación que todo teléfono celular por lo general trae para ello, y que estas coordenadas no dan ubicaciones exactas sino que dan ubicaciones aproximadas; por lo que siempre hay una diferencia en metraje que es aproximado; es decir, no es un lugar exacto, de manera que no se requiere para esos efectos de que las ubicaciones sean exactas sino que son aproximadas de ahí que este lugar esta aproximado está cerca del reclusorio de Huimanguillo donde se encuentra recluido el investigado Miguel Ángel Pérez Pablo, con motivo de un diverso proceso. Así también la defensa expuso que en cuanto al comparativo de voz que se practicó de parte del perito correspondiente existen tres carpetas de investigación menciono la 066, la 11/2021 y la 129/2020, que es respecto a la cual el indiciado se encuentra detenido actualmente bajo la causa penal 95/2020 y que está detenido desde el nueve de noviembre de dos mil veinte; asimismo, refiere que de la búsqueda automática que se realizó de parte del perito el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, es violatoria de los derechos de su representado dado que se utilizaron estos datos sin la autorización de parte de un juez y que se tomaron de una carpeta que ya está judicializada de número 129/2020, de la cual deriva la causa penal 95/2020; también hace alusión de que el perito al momento de hacer su análisis refirió en el folio 251 de su dictamen que coincide en un 75% lo cual califica como un rasgo mediano de porcentaje por no contener las muestras adecuadas concluyendo de que no se sabe si realmente esa es la voz de su representado. A lo anterior, el juez responsable consideró que no le asistía la razón a la defensa en virtud de que también como lo ha manifestó la fiscalía del ministerio público quien verbalizó que no se recabó una muestra de voz directamente del investigado Miguel Ángel Pérez Pablo sino lo que se utilizaron los registros ya almacenados en diversos asuntos en diversas carpetas de investigación las cuales algunas de ellas fueron mencionadas por la defensa siendo la ultima la 129/2020, que está relacionada que dio origen a la carpeta administrativa o judicial 97/2020, y de ahí fue que se tomó esa muestra de voz para hacer el comparativo con las grabaciones tomadas al momento de solicitar los rescates para la liberación de la hoy pasivo, sobre ello la fiscalía ha mencionado de que esas muestras en su momento fueron recabadas con la autorización con el consentimiento de Miguel Ángel Pérez Pablo; quien estuvo acompañado de su defensor; además, que el perito encargado de hacer precisamente este comparativo de voz pues así también lo aceptaría dado que es parte de su dictamen y que al existir ya el consentimiento de quien otorgó en aquel momento la voz ya no era necesario recabar la autorización de parte de un juez. De ahí que el juez responsable expuso que compartía el argumento de la fiscalía que en la carpeta de investigación no se recabó alguna muestra directamente al indiciado Miguel Ángel Pérez Pablo, sin haber obtenido la autorización pues conforme a lo establecido en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, no fue de esa forma que se obtuvo la muestra de voz del investigado, sino de los registros que ya forman parte de los archivos que de estos pues se obtuvo en su momento el pleno consentimiento de quien la otorgó y que además estaba acompañado de su abogado defensor de ahí que el citado argumento sea improcedente. Por otra parte, respecto a lo mencionado por la defensa respecto a lo expuesto por el perito quien hizo el estudio comparativo de voz quien asentó que solo se tuvo una coincidencia del 75% y que es un rasgo de mediano porcentaje alude la defensa entonces que no se sabe si realmente esa es la voz del indiciado. A lo anterior, el juez responsable manifestó que para los efectos de esta resolución no se requiere acreditar la plena responsabilidad del inculpado el 75% que alude la defensa aparece en dicho dictamen comparativo de voz se considera suficiente para los efectos de esa resolución dado que si únicamente se requiere que se acredite la probabilidad de que participó el inculpado en tales hechos de carácter delictivo pues a partir del 50% mas 1 considera que existe una probabilidad mediana; entonces al tenerse un 75% de coincidencia, ello constituye una probabilidad alta lo cual es suficiente para los efectos de la resolución en la que se determina que probablemente Miguel Ángel Pérez Pablo fue la persona quien a través de los números telefónicos ya mencionados con terminación 85 y 37 los días en que se tuvo privada de su libertad la pasivo de identidad reservada de iniciales L.G.V., hiciera diversas llamadas telefónicas al número telefónico de la denunciante con terminación 32 para exigir diversas cantidades de dinero a cambio de la libertad de la pasivo amenazando con privarla de la vida sino accedía a sus exigencias. Finalmente, respecto al argumento de la defensa respecto a lo referido por la víctima en cuanto a que llamadas a otras personas como lo es a su esposo, a su madre y a su suegra sin que le contestaran la llamada sin que la fiscalía entrevistar a estos familiares para saber si era cierto tal versión. A lo anterior, el juez responsable manifestó que compartía lo argumentado por la fiscalía en razón de que de acuerdo a su teoría del caso para efectos de una resolución posterior si a su juicio considera conveniente realizar estas entrevistas pues tal vez lo hará; pero para efectos de la resolución reclamada no afectaba el hecho de que exista la probabilidad de que Miguel Ángel Pérez Pablo, por estar privado de su libertad, estar localizado a través de las geo localizaciones cerca de esas llamadas cerca del lugar de su reclusión lo cual de acuerdo a las máximas de la experiencia no se refiere a una exactitud; además, de la existencia del examen comparativo de voz donde se dio un porcentaje alto de que sea la voz del investigado lo cual fue comparada con las muestras tomadas de las llamadas telefónicas donde se exigía el rescate; lo cual era suficiente para el citado juzgador para determinar la probabilidad de que sea Miguel Ángel Pérez Pablo quien desplegó esta conducta de acción de llamar para exigir los rescates. En conclusión, el juez responsable expuso que la participación que se le atribuye en grado probable a Miguel Ángel Pérez Pablo, tiene su fundamento en la figura de la co autoría dado que de acuerdo a la jurisprudencia que ha emitido la corte esta se actualiza cuando varias en consenso y en co dominio conjunto del hecho se dividen las acciones delictivas mediante un plan común que puede ser acordado antes o durante la perpetración del suceso y que son concurrentes para la ejecución de este hecho punible de manera que unos fueron quienes privaron de la libertad a la pasivo, otros quienes hayan estado en el lugar de su cautiverio para asistirla y también para custodiarla y otros quienes hacen las llamadas a los familiares de la persona privada de su libertad bajo palabra intimidantes para que se le quebrante su estado emocional y puedan hacer el pago correspondiente de manera que esta aportación segmentada adecuada esencial al hecho y puede bastar para considerase que Miguel Ángel Pérez Pablo actuó en calidad de coautor lo cual la doctrina le ha llamado co dominio funcional del hecho. Cita que la jurisprudencia que menciona es de rubro: "COAUTORIA SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS EN CONSENCO Y CON CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO DIVIDIENDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMUN ACORDAD ANTES Y DURANTE LA PERPRETACION DEL SUCESO CONCURRENL A LA EJECUCION DEL HECHO PUBIBLE." En cuanto a su participación, el juez consideró al inculpado como coautor material, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, respectivamente. Al tratarse el delito de secuestro agravado el que se le imputa al indiciado el juez en forma oficiosa le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Finalmente, previa petición del fiscal, el juez estableció como plazo de cierre de la investigación tres meses (trece horas con cinco minutos). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese tenor, el impetrante de amparo aduce que el acto reclamado viola los artículos 19 y 20 apartado "A", fracción I, y "B" fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a) Al respecto sustancialmente refiere que el juez de oralidad viola en su perjuicio el principio de legalidad, seguridad jurídica, derecho de audiencia, ya que emitió argumentos carentes de fundamentación y motivación. b) Considera que los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador no demuestra que haya participado en la comisión del delito de secuestro que se le imputa en virtud de que en la data en que estos sucedieron el se encontraba recluido en el centro de inserción social de Huimanguillo, Tabasco, desde el nueve de octubre de dos mil veinte. c) Finalmente, se duele del valor probatorio otorgado a los datos de pruebas verbalizados por el fiscal acusador ya que en el lugar de su reclusión no tiene permitido usar teléfono celular, y respecto al comparativo de voz realizado a través del dato de prueba denominado búsqueda automática realizado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno no puede ser concluyente en virtud de que el 75 % de coincidencia obtenido no es determinante para concluir que haya participado en el secuestro de la víctima L.G.V. Dichos argumentos resultan infundados por las razones que más adelante se exponen. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Como se dijo, la suscrita considera que en el caso se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Así es; de la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que las audiencias de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate procesal se realizó en una audiencia, en atención a que el inculpado solicitó que su situación jurídica se resolviera en esa misma audiencia, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, la audiencia se realizó conforme al principio de inmediación, ya que el juez estuvo a cargo de inicio a fin de la misma. En igual tenor, de la referida audiencia se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma los Ministerios Públicos, el asesor jurídico, el imputado y su defensor público designado; Se informó al inculpado y ofendida sus derechos constitucionales y legales; Se hizo saber al imputado que no podían negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigieran con respecto a ésta y se le exhortó para que se condujeran con verdad; Se le preguntó al inculpado si era su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si preferían que éstos fueran anotados por separado y preservados en reserva, optando por esto último; Se formuló la imputación en la que el Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de sus acusadores; Se dio oportunidad de declarar al inculpado, derecho al cual se abstuvo de ejercer; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la aludida solicitud; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaban la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor público, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en esa misma audiencia, lo cual se hizo así; Después se dictó el auto de vinculación a proceso; Se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y, Se definió el plazo para el cierre de la investigación. De ahí que se colija por esta juzgadora que en el caso se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el juez de control se apoyó en los numerales 19 de nuestra Carta Magna, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito (el cual identificó como secuestro agravado, que refirió está previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado realizó los hechos que se les atribuyen o participó en su ejecución. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto- con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra de Miguel Ángel Pérez Pablo, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que en cuanto a su participación, se le considera como coautor material, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También, les hizo de su conocimiento que depusieron en su contra las víctimas de identidad reservada con las iniciales B.A.G.V. y L.G.V. El segundo requisito (que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar), también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito (se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión), se considera cumplido. En efecto, en la audiencia se advierte que el juez de control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por el Ministerio Público (que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privaron de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, es probablemente la persona quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que inicialmente exigía la suma de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias; mismo que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cometido en agravio de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Acuerdo de inicio de una carpeta de investigación número CI-FCS-11/2021, iniciada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, con motivo de la denuncia presentada por la víctima indirecta de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V. Informe Policial Homologado número 27PM03008210120212200 de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, signado por Guadalupe Méndez Rio, Comandante de la Policía de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo, mediante el cual hace del conocimiento la narrativa de los hechos narrados por la víctima indirecta B.A.G.V. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V., recepcionada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, quien manifestó, que eran como las veinte horas cuando indica que se percató que en su teléfono celular habían llamadas perdidas por lo que llamó a ese celular sin obtener respuesta pero que a los quince minutos recibió mensajes de texto donde le preguntaban si era amiga de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., luego le indicaban que hiciera lo que le indicaban y no tendría problemas; luego empezó a recibir llamadas telefónicas exigiéndole la cantidad de cien mil pesos a cambio de la libertad de la víctima antes referida quien es su sobrina ya que de no hacerlo la iban a matar; luego, como a la media hora de ese número que ha referido recibió llamadas de un masculino quien le decía si ya había contactado a la familia que a las veintitrés horas volvió a recibir llamadas; sigue aludiendo que el veintidós de enero de dos mil veintiuno como a las siete horas recibió nuevamente llamadas a su teléfono celular provenientes del número 9371295885, preguntando si ya había contactado a la familia, a lo que ella le respondió que no tenía dinero haciéndole una contra oferta de que solo tenía cincuenta mil pesos, que también recibió también mensajes donde la amenazaban y que por eso tuvo que comparecer ante el ministerio público a presentar su denuncia, también refiere que a las catorce horas de ese día veintidós de enero de dos mil veintiuno volvió a recibir llamadas y que ahora le pedían treinta mil pesos amenazándola con descuartizar a su familiar y recibió una prueba de vida consistente en un mensaje texto y video donde la víctima L.G.V. le decía tía por favor consígame el dinero hace alusión; de igual manera que se utilizó otro número telefónico el 9171015737 donde recibió fotos y los videos de su sobrina, también recibió mensajes o llamadas del 9372285197 donde le decían que depositara los cincuenta mil pesos temprano antes de que descuartizaran a la morra. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. recepcionada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno quien ante el fiscal del ministerio público mencionó que ella se dedica a la venta de ropa, calzado y artículos diversos por la línea Facebook, y que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno salió de su domicilio como las diez horas rumbo a la ciudad de H. Cárdenas, Tabasco, pero que antes de eso pasó a casa de su tía refiriéndose a la hoy denunciante también hace alusión que llegó a Cárdenas a las trece horas que estaba por la central y que le mandó mensaje a un tal Cruz quien lo había contactado para enseñarle es decir los actos de comercio a los cuales ella se dedica y esta persona le respondió que estaba por la glorieta antes de llegar al lugar que se constituyó a ese punto y vio un carro del cual refiere vio bajar a una mujer la describe como chaparra color blanca, cabello pintado de color rojo, que vestía un mallón verde con tenis de aproximadamente cuarenta años de edad y que llevaba las manos hacia atrás también refiere que dentro de ese vehículo había un sujeto masculino pero que tenía pasamontañas estaba en el lado del conductor que la mujer le dijo pasa no digas nada es decir que abordara la unidad motriz que en eso sacó un cuchillo y la obligó a subir que una vez ahí arriba le taparon los ojos y la boca la amarraron de la mano y la subieron en la parte de atrás del vehículo refiriendo también la ofendida de que antes de que pasara esto el sujeto que estaba como chofer tenía un arma larga por arriba de las piernas, refiere que luego llegaron a un lugar y le dijeron camina con cuidado ya una vez ahí adentro le quitaron la venda de los ojos y que se percata que estaba en el interior de un cuarto el cual describe también alude a la presencia de una cama de un baño que le dijeron que se sentara en la cama y que también le dieron la instrucción de aquí te vas a quedar hasta que paguen el rescate que pusieron música con alto volumen le dijeron que se quedara quieta y que sino la iban a matar y que luego se llamaba a otra mujer de nombre Estrella para que le trajera la maleta que ella llevaba de mercancía y sacara su teléfono celular de color azul describe a esta persona de nombre Estrella como una femenina de trece a quince años morena clara cabello largo hasta los hombros tenis negros que le quitaron los amarres de las manos para que sacara los datos del teléfono de su familia de su celular y después compraron un chip ya con este nuevo número llamó a su esposo proporcionando el número de su esposo, que este no contestó que también llamó a su mamá y que marcaba fuera del área de servicio y que también llamó a su tía refiriéndose a la hoy denunciante que sonó pero que colgaron la llamada y que ese número se los pasó a las personas que la había hablado antes y estos le marcaron a su tía quien ya respondió la llamada y que ella atendió una de ellas pidiéndole que localizara a su familia porque estaba secuestrada también hace referencia que le habló a su suegra que esta le contestó preguntándole dónde estaba a lo que le respondió que estaba secuestrada y le pidió que localizara a su familia, que se puso nerviosa y le tuvieron que dar una pastilla para que se calmara y se puso a descansar; asimismo, que ahí se encontraba un tercer sujeto al cual le decían chamo o chavo, también le grabaron un video dado que no le creían que estaba secuestrada y que le pusieron a grabar ese video para que pagaran el rescate, también alude la presencia de otro sujeto masculino de veintiséis años moreno complexión mediana, con tatuajes en el antebrazo derecho con playera negra con estampado blanco y que apestaba a cigarro o a hierba seca, alude que las llamadas que se hacían donde ella estaba pues se hacían en alta voz en presencia de ella donde se decía que si no pagaban la descuartizarían y la tirarían al mar, también alude que había otra mujer a la que le decían la flaca quien esta dijo que la dejaran libre porque todo se iba a salir de control y fue que la tal Mari que así refiere dijo que había que ayudarla que si no se iba a morir ya fue que la sacaron sobre un callejón que le dieron cien pesos para su pasaje y le indicaron que caminara, caminó un tramo y salió a la carretera y vió porque por ahí había un lugar que decía la leyenda aluminio que tomó el camión llegó a la central de autobuses que para entonces ya era sábado veintitrés de octubre de dos mil veintiuno pidió ayuda a unos agentes policiales que refiere que llegó a la casa de su tía a las diez de la mañana". Protocolo de contención de crisis en el que se hace constar la solicitud de intervención de negociación por parte de la víctima indirecta B.A.G.V. Informe de investigación UECS/68/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, signado por el policía de investigación Pablo Iván Pérez Olán mediante el cual anexa la entrevista la entrevista de la víctima indirecta B.A.G.V., y anexos consistentes en quince impresiones fotográficas que contiene las llamadas y mensajes y cd en los que viene grabados los videos y audios de voz proporcionados por la referida víctima a la asesora en crisis licenciada Clara de la Rosa García. Acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno emitido en el expediente CEDC-1214/2021, solicitud de datos conservados, signado por el licenciado Luis Manuel Fiasco Díaz, en el cual autoriza la entrega de datos conservados de diversos número telefónicos. Oficio signado por el apoderado legal de radio móvil dipsa (telcel) consistente en entrega de datos conservados de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Dictamen de análisis contenido en el oficio 249/2021 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, signado por Rosa Cobarrubio. Informe 778/2021 de once de octubre de dos mil veintiuno, signado por Pablo Iván Pérez Olán, en la que se realiza inspección de la torre o antena telefónica ubicada cerca del cereso de Huimanguillo, Tabasco. Informe 2298/2021, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno signado por el licenciado Rodolfo Damián Hernández Rodríguez, Director del Sistema Penitenciario Estatal quien informa que el inculpado Miguel Ángel Pérez Pablo se encuentra recluido bajo la causa penal 95/2020 que se le instruye por el delito de secuestro con fecha de ingreso el diecinueve de octubre de dos mil veinte. Dictamen contenido en el oficio 44/2021 de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno emitido por la licenciada Cristhel Esther García Juárez, perito en psicología, con cédula profesional 9691954, adscrita a la Dirección de los Servicios Periciales, quien realizó la valoración de la víctima L.G.V. el veintiocho de septiembre del citado año determinó que se encuentra alterada en su estado emocional y que presentó diversos indicadores como lo es el aislamiento y la disminución en sus relaciones interpersonales y que le recomendó terapia psicológica por un periodos de cuatro meses con una sesión semanal. Informe contenido en el oficio 328/2021 emitido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno por la licenciada Rosa Covarrubios auxiliar del Ministerio Público de la Fiscalía de Alto Impacto donde realiza la comparación del modos operandi del delito de secuestro en diversas carpetas de investigación, en lo que se advierte que las llamadas de rescate proviene de llamadas localizables en el reclusorio de Huimanguillo, Tabasco. Extracción de audio y de imagen de identificación con número de oficio 333/2021 de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sheila Trinidad Castro Díaz, Peri Técnico de Identificación de Voz comisionada a la Vice Fiscalía de Alto Impacto quien analizó los audio y video de archivo proporcionados por la victima indirecta. Datos de prueba de los que se obtiene que Miguel Ángel Pérez Pablo, fue identificado como la persona que probablemente participó en los hechos ocurridos el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, cuando una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. También se considera jurídicamente correcta la apreciación del juez responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por el Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen que existe la probabilidad de que el imputado realizó el hecho señalado por la ley como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el juez de control ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado ejecutó el hecho delictivo en contra de la victima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabían que es contrario a la ley privar de la libertad a un ser humano y solicitar una cantidad económica a cambio de la liberación de la víctima o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del juez de control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,-al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. Datos de prueba de los que se puede establecer que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias (según el dato de prueba verbalizado por la fiscal, consistente en la entrevista de la víctima indirecta de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V.). En ese orden de ideas, ésta juzgadora estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados. Se estima lo anterior, porque como ya quedó precisado con anterioridad, al quejoso le fue garantizado debidamente sus derechos de defensa en virtud de que en la audiencia inicial fue asistido por su defensor público asignado, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal; además, la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, siendo además, que a petición del investigado se resolvió su situación jurídica en esa misma audiencia en la que se dictó auto de vinculación a proceso, se decretó prisión preventiva oficiosa y se fijó plazo de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Asimismo, son infundados los agravios de los quejosos identificados en el inciso a), b) y c), en relación a que como ya quedó analizado el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por los impetrantes los datos de prueba sí acreditan para el dictado del auto de vinculación a proceso, la autoría del quejoso en la comisión del hecho que se le imputa; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, el juez responsable estimó que los datos verbalizados por el fiscal responsable eran suficientes para establecer que los aquí quejoso fue quien probablemente cometió el hecho denunciado por la victima indirecta de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V.; consistente en el secuestro de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., siendo la persona que realizó llamadas telefónicas exigiendo el pago del rescate de la citada victima bajo amenaza de privarla de la vida si no accedían a sus exigencias, y por tanto, resultan ser co autor del hecho ilícito anteriormente especificado. Lo anterior es así, en virtud de que el juez consideró que con los datos de prueba los cuales valoró en forma libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fuer una de las personas que probablemente cometió el hecho delictivo tipificado por la norma penal como secuestro agravado, cometido en contra de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. Por lo anterior, resultan infundados los agravios formulados por la parte quejosa en virtud de que contrariamente a lo alegado por el quejoso, el juez responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la personas que probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución, aunado a que la defensa no ofreció datos de prueba para desvirtuar los verbalizados por la fiscalía acusadora no obstante haberse garantizado su derecho para ello. De ahí que, sus argumentos con los cuales la parte quejosa pretende se le resten valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía, al respecto, se reiteran que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración de pruebas es una actividad propia de la etapa de juicio oral. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Por tanto, el acto que se analiza cumple los requisitos de fundamentación y motivación; además, se encuentra dictada conforme a legalidad. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se niega al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales." SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Pérez Pablo, en contra del acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos precisados en el considerando correspondiente de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO PO RLISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1503/2021-8, promovido por Miguel Ángel Pérez Pablo, contra actos del Juez Segundo de Control de la Región Judicial Ocho, con residencia en Cárdenas, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 19 y 20 apartado A fracción I y B fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionadas en esa misma fecha, en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, Miguel Ángel Pérez Pablo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL OCHO, CON RESIDENCIA EN CÁRDENAS, TABASCO. ACTOS RECLAMADOS El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 435/2021, de su índice, en contra del quejoso Miguel Ángel Pérez Pablo, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 7 a 13), se registró la demanda de amparo bajo los expedientes 1503/2021-8 y se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de tercero interesado a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., por lo que en acuerdo de esa misma fecha dictado en el cuadernillo de sigilo relativo al presente juicio de amparo, se ordenó emplazarlo mediante despacho enviado al Juez Mixto de Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco. Asimismo, en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercero interesado al Fiscal del Ministerio Público Investigador licenciado Bernardino Arias Hernández, adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión, con sede en esta ciudad, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficio 33097/2021, de esa misma fecha, el cual fue recibido el seis de diciembre de dos mil veintiuno (foja 19). Asimismo, en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercero interesado al Fiscal del Ministerio Público Investigador licenciado Otilio Alamilla Macdonel, adscrito a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión, con sede en esta ciudad, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficio 36569/2021, de esa misma fecha, el cual fue recibido el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 30). Luego, en proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se remitió al Juez Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, en turno, el despacho 36/2022-8, con número de orden 166/2022, a fin de emplazar al tercero interesado de identidad reservada con las iniciales L.G.V., el cual por razón de turno fue turnado al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco, quien el veintidós de abril del presente año por conducto del actuario de su adscripción realizó el emplazamiento del aludido tercero interesado. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Posteriormente, previos diferimientos, el tres de mayo de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que el acto que se reclama a la autoridad responsable pudiera tener ejecución dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial 435/2021, de su índice, en contra del quejoso Miguel Ángel Pérez Pablo, como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez Segundo de Control de la Región Ocho con residencia en Cárdenas, Tabasco, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en copia certificada de las actas mínimas de la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso, plazo de cierre de investigación y medida cautelar de ocho de noviembre de dos mil veintiuno emitida en la carpeta judicial 435/2021, en el que se vinculó a proceso al quejoso Miguel Ángel Pérez Pablo, la cual obra glosada en autos y un disco versátil digital DVD, el cual contiene registro de audio y video de la referida audiencia, y a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A) AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y VINCULACIÓN A PROCESO. De la reproducción de la videograbación proporcionada por la responsable, se desprende que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con veintisiete minutos, el entonces Juez Segundo de Control de la Región Judicial Número Ocho con residencia en Cárdenas, Tabasco llevó a cabo la audiencia de referencia en la carpeta 435/2021. De ella se obtiene que: Fueron identificadas las partes comparecientes (fiscales, asesor jurídico, imputado y defensor público); El imputado fue informado sobre sus derechos; quien designó al defensor público, el cual aceptó y protestó el cargo conferido; El imputado solicitó se mantuvieran en reserva sus datos personales; Previa solicitud (nueve horas con veintisiete minutos y siguientes), el fiscal formuló imputación en contra del ahora quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. Al respecto, de lo verbalizado por el Ministerio Público se advierte que hizo del conocimiento del inculpado de la existencia de la aludida carpeta de investigación en la que obran datos de prueba de los que se desprende que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. Aunado a ello, el fiscal le hizo saber que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que en cuanto a su participación, se le considera como coautores material, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También hizo de su conocimiento que depusieron en su contra las victimas de identidad reservada con las iniciales B.A.G.V. y L.G.V. Hecho lo anterior, el juez preguntó al inculpado si deseaba declarar y le hizo saber los derechos que al respecto tiene (nueve horas con cuarenta minutos), siendo que el imputado se abstuvo en declarar. El Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al ahora quejoso (nueve horas con cuarenta y tres minutos), para lo cual, previa explicación que el juez realizó al respecto para conocimiento del imputado verbalizó los siguientes datos de prueba: Acuerdo de inicio de una carpeta de investigación número CI-FCS-11/2021, iniciada el veintidós de enero de dos mil veintiuno. Informe Policial Homologado número 27PM03008210120212200 de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, signado por Guadalupe Méndez Rio. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V., recepcionada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. recepcionada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Protocolo de contención de crisis. Informe de investigación UECS/68/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno. Acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno emitido en el expediente CEDC-1214/2021, solicitud de datos conservados, signado por el licenciado Luis Manuel Fiasco Díaz. Oficio signado por el apoderado legal de radio móvil dipsa consistente en entrega de datos conservados de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Dictamen de análisis contenido en el oficio 249/2021 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, signado por Rosa Cobarrubio. Informe 778/2021 de once de octubre de dos mil veintiuno. Informe 2298/2021, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno signado por el licenciado Rodolfo Damián Hernández Rodríguez. Dictamen contenido en el oficio 44/2021 de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno emitido por la licenciada Cristhel Ester García Juárez. Informe contenido en el oficio 328/2021 emitido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno por la licenciada Rosa Covarrubios. Extracción de audio y de imagen de identificación con número de oficio 333/2021 de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sheila Trinidad Castro Díaz. Hecho lo anterior, a pregunta del juez, el inculpado solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro de la misma audiencia (once horas con trece minutos); asimismo, solicitó un receso. Luego, se reanudó la audiencia y el defensor público solicitó que no se vinculara a proceso al investigado (once horas con veintidós minutos). A continuación, el Fiscal acusador ejerció su derecho de réplica y reiteró su solicitud de vinculación a proceso del imputado (once horas con cincuenta y cuatro minutos). Asimismo, el asesor jurídico de la víctima manifestó estar de acuerdo con las manifestaciones expuestas por el Fiscal acusador y solicitó se vinculara proceso al indiciado (doce horas con cuatro minutos). A continuación, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel Pérez Pablo, por los hechos que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. (doce horas con cinco minutos). Lo anterior por considerar que se encontraban satisfechos los requisitos de los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber formulado imputación el fiscal; porque el inculpado tuvieron oportunidad de declarar, lo cual se reservó; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Para ello, se apoyó en los datos de prueba verbalizados por la representación social, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por el fiscal son suficientes para establecer que los inculpados son quienes probablemente cometieron los hechos que se le atribuyen, esto es, que son coautores materiales directos de los mismos, consistente en que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. En relación a los argumentos de la defensa del indiciado consistente en que considera que no está demostrada la probabilidad de que el quejoso sea la persona que participó en estos hechos tomando en cuenta que si los hechos sucedieron el veintiuno de enero de dos mil veintiuno y de los informes recabados en esa fecha se acredita que su representado estaba recluido en el Centro de Reinserción Social de Huimanguillo, Tabasco, por tanto, cuestiona como es que pudo participar en el secuestro dado que el uno de septiembre de dos mil veintiuno el Director del Centro Penitenciario informó que el investigado Miguel Ángel Pérez Pablo estaba recluido en ese centro de reclusión ya que ingresó a este el nueve de octubre de dos mil veinte, por lo que al estar detenido ahí nada podía hacer para privar de la libertad a la hoy pasivo. Sobre este argumento el juez responsable expuso que de acuerdo a la imputación formulada por la fiscalía del ministerio público al ahora quejoso no se le estaba atribuyendo el hecho que haya participado de forma material en la privación de la libertad de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., realizado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno a las trece horas en la glorieta que está sobre periférico de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la central de autobuses, sino la imputación que se le está haciendo es específicamente a su participación que consistió en realizar llamadas telefónicas al número de la denunciante B.A.G.V. al número telefónico 9171168232, exigiéndole diversas cantidades de dinero que iniciaron por cien mil pesos amenazándola con privarla de la vida a la víctima de identidad protegida con la iniciales L.G.V., si no se hacia ese pago exigido, de forma tal que ese argumento resultaba inatendible y tampoco beneficiaba su representado. De igual forma, respecto al diverso argumento de la defensa en las que expone que de las llamadas realizadas al número telefónico de la denunciante con terminación 32 quien dijo que recibió llamadas de tres números telefónicos con terminaciones 85, 37 y 97, cuestiona que en los centros de reclusión existe la revisión de personas para que no ingresen con teléfonos celulares y que a los reclusos no se les permite tener un aparato telefónico; además, conforme a lo establecido en el artículo 60 del reglamento del centro de reinserción social, establece los derechos de los internos para que puedan hacer llamadas y para ello existe un teléfono público para que ejerzan su derecho pero que no se les permite tener teléfonos celulares personales. En relación a lo anterior, el juez responsable consideró que debía atenderse a lo expuesto por la fiscalía quien hizo alusión a esta situación en el sentido de que existen acontecimientos de que al hacer las revisiones o las llamadas redadas al interior de los centros de reclusión penosamente se decomisan entre otros objetos, precisamente teléfonos celulares, de manera de que el hecho de que exista un reglamento que prohíba a los visitantes en general el ingreso de aparatos de comunicación como los teléfonos celulares o que también exista la prohibición de que los propios internos de los reclusorios no deben de tener estos aparatos telefónicos, no impide que no pueda materializarse esa acción dado que es sabido que existe pues de acuerdo a la máxima de la experiencia las personas de alguna u otra forma ingresan esos aparatos telefónicos celulares al interior del centro de reclusión social y el hecho de que exista una reglamentación que lo prohíba no significa que nunca se vayan a realizar estos actos prohibitivos de ahí que esos argumentos de la defensa tampoco eran trascendentes para beneficiar al imputado Miguel Ángel Pérez Pablo. De igual manera, respecto a lo manifestado por la defensa quien argumentó que de acuerdo al análisis que hizo el auxiliar del fiscal de nombre Rosa Mayra Cobos Rubios, respecto a los teléfonos celulares que se utilizaron para llamar a la denunciante y hacerle las peticiones de rescate donde se analizan también los datos conservados del teléfono con terminación 85 que este aparece registrado a nombre de Carmita Flores Ovando, el teléfono con terminación 37 aparece registrado a nombre de Víctor Ortiz y el último aparece a nombre de Dora Maria Cruz Vargas; es decir, ninguno de estas líneas telefónicas pertenece a su representado Miguel Ángel Pérez Pablo. Al respecto el juez responsable determinó que contrario a lo expuesto por la defensa atendía a lo manifestado por la fiscalía; además, de acuerdo a la valoración de la máxima de las experiencias, el hecho de que exista una disposición que establece que al adquirir un teléfono celular por seguridad del usuario éste debe registrar su número telefónico proporcionando el nombre y otros datos personales; sin embargo, nada impide por ser materialmente imposible controlarlo de que esos números registrados puedan pasar a manos de segundos y terceros y que estos los utilicen en un futuro sin que sean ellos los propietarios o quienes originariamente les hayan dado de alta a estas líneas o números telefónicos, de ahí que el referido argumento de que esas líneas telefónicas aparezcan a nombre de otras personas que no es el indiciado Miguel Ángel Pérez Pablo, tampoco lo beneficia de forma plena contundente y el hecho de que la fiscalía no haya investigado a las personas quienes realizaron el registro de los referido números telefónicos utilizados para realizar la conducta ilícita; existen otras etapas del procedimiento en la que si es necesario para efectos de sustentar su teoría del caso la fiscalía podrá agotar esas investigaciones en otro momento ya que en esa etapa preliminar no se requiere se tengan que agotar todas y cada una de las líneas de investigación. De la misma manera, respecto a lo manifestado por la defensa en cuanto a las coordenadas de los lugares de donde salieron la llamadas telefónicas mencionando que la del número con terminación 85 salió de la calle juventud de Huimanguillo y que sí está cerca del Cereso de Huimanguillo pero que no es del reclusorio, y que estas llamadas fueron del veintiuno, veintidós y veintitrés de enero; asimismo, la llamada del número telefónico con terminación 97 igual es de la calle juventud de Huimanguillo, Tabasco, y que sí está cerca del Cereso de Huimanguillo, pero que igual no pertenece al reclusorio y que de ahí salieron llamadas los días diecisiete, dieciocho y veintitrés de enero; finalmente, con relación al último teléfono con terminación 97 está en el lugar conocido como Francisco I, Madero Puerto Coronel Andrés Sánchez Magallanes y que su representado no estaba ahí sino que estaba en el reclusorio y que de ahí salieron llamadas los días veintidós y veintitrés de enero de dos mil veintiuno. En cuanto a los números con terminaciones 85 y 37 los cuales se ubican en las coordenadas que están sobre la calle juventud Huimanguillo, Tabasco, y que está cerca del Cereso de Huimanguillo, el juez responsable consideró que en parte, le asistía la razón a la defensa en el sentido de que no se da una coordenada de que sea precisamente en el interior del reclusorio de Huimanguillo Tabasco, sin embargo, también debía aplicarse la máxima de la experiencia lo cual es conocido por la mayoría de los que usan un teléfono celular cuando pretende enviar la localización actual o la ubicación actual existe un programa una aplicación que todo teléfono celular por lo general trae para ello, y que estas coordenadas no dan ubicaciones exactas sino que dan ubicaciones aproximadas; por lo que siempre hay una diferencia en metraje que es aproximado; es decir, no es un lugar exacto, de manera que no se requiere para esos efectos de que las ubicaciones sean exactas sino que son aproximadas de ahí que este lugar esta aproximado está cerca del reclusorio de Huimanguillo donde se encuentra recluido el investigado Miguel Ángel Pérez Pablo, con motivo de un diverso proceso. Así también la defensa expuso que en cuanto al comparativo de voz que se practicó de parte del perito correspondiente existen tres carpetas de investigación menciono la 066, la 11/2021 y la 129/2020, que es respecto a la cual el indiciado se encuentra detenido actualmente bajo la causa penal 95/2020 y que está detenido desde el nueve de noviembre de dos mil veinte; asimismo, refiere que de la búsqueda automática que se realizó de parte del perito el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, es violatoria de los derechos de su representado dado que se utilizaron estos datos sin la autorización de parte de un juez y que se tomaron de una carpeta que ya está judicializada de número 129/2020, de la cual deriva la causa penal 95/2020; también hace alusión de que el perito al momento de hacer su análisis refirió en el folio 251 de su dictamen que coincide en un 75% lo cual califica como un rasgo mediano de porcentaje por no contener las muestras adecuadas concluyendo de que no se sabe si realmente esa es la voz de su representado. A lo anterior, el juez responsable consideró que no le asistía la razón a la defensa en virtud de que también como lo ha manifestó la fiscalía del ministerio público quien verbalizó que no se recabó una muestra de voz directamente del investigado Miguel Ángel Pérez Pablo sino lo que se utilizaron los registros ya almacenados en diversos asuntos en diversas carpetas de investigación las cuales algunas de ellas fueron mencionadas por la defensa siendo la ultima la 129/2020, que está relacionada que dio origen a la carpeta administrativa o judicial 97/2020, y de ahí fue que se tomó esa muestra de voz para hacer el comparativo con las grabaciones tomadas al momento de solicitar los rescates para la liberación de la hoy pasivo, sobre ello la fiscalía ha mencionado de que esas muestras en su momento fueron recabadas con la autorización con el consentimiento de Miguel Ángel Pérez Pablo; quien estuvo acompañado de su defensor; además, que el perito encargado de hacer precisamente este comparativo de voz pues así también lo aceptaría dado que es parte de su dictamen y que al existir ya el consentimiento de quien otorgó en aquel momento la voz ya no era necesario recabar la autorización de parte de un juez. De ahí que el juez responsable expuso que compartía el argumento de la fiscalía que en la carpeta de investigación no se recabó alguna muestra directamente al indiciado Miguel Ángel Pérez Pablo, sin haber obtenido la autorización pues conforme a lo establecido en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, no fue de esa forma que se obtuvo la muestra de voz del investigado, sino de los registros que ya forman parte de los archivos que de estos pues se obtuvo en su momento el pleno consentimiento de quien la otorgó y que además estaba acompañado de su abogado defensor de ahí que el citado argumento sea improcedente. Por otra parte, respecto a lo mencionado por la defensa respecto a lo expuesto por el perito quien hizo el estudio comparativo de voz quien asentó que solo se tuvo una coincidencia del 75% y que es un rasgo de mediano porcentaje alude la defensa entonces que no se sabe si realmente esa es la voz del indiciado. A lo anterior, el juez responsable manifestó que para los efectos de esta resolución no se requiere acreditar la plena responsabilidad del inculpado el 75% que alude la defensa aparece en dicho dictamen comparativo de voz se considera suficiente para los efectos de esa resolución dado que si únicamente se requiere que se acredite la probabilidad de que participó el inculpado en tales hechos de carácter delictivo pues a partir del 50% mas 1 considera que existe una probabilidad mediana; entonces al tenerse un 75% de coincidencia, ello constituye una probabilidad alta lo cual es suficiente para los efectos de la resolución en la que se determina que probablemente Miguel Ángel Pérez Pablo fue la persona quien a través de los números telefónicos ya mencionados con terminación 85 y 37 los días en que se tuvo privada de su libertad la pasivo de identidad reservada de iniciales L.G.V., hiciera diversas llamadas telefónicas al número telefónico de la denunciante con terminación 32 para exigir diversas cantidades de dinero a cambio de la libertad de la pasivo amenazando con privarla de la vida sino accedía a sus exigencias. Finalmente, respecto al argumento de la defensa respecto a lo referido por la víctima en cuanto a que llamadas a otras personas como lo es a su esposo, a su madre y a su suegra sin que le contestaran la llamada sin que la fiscalía entrevistar a estos familiares para saber si era cierto tal versión. A lo anterior, el juez responsable manifestó que compartía lo argumentado por la fiscalía en razón de que de acuerdo a su teoría del caso para efectos de una resolución posterior si a su juicio considera conveniente realizar estas entrevistas pues tal vez lo hará; pero para efectos de la resolución reclamada no afectaba el hecho de que exista la probabilidad de que Miguel Ángel Pérez Pablo, por estar privado de su libertad, estar localizado a través de las geo localizaciones cerca de esas llamadas cerca del lugar de su reclusión lo cual de acuerdo a las máximas de la experiencia no se refiere a una exactitud; además, de la existencia del examen comparativo de voz donde se dio un porcentaje alto de que sea la voz del investigado lo cual fue comparada con las muestras tomadas de las llamadas telefónicas donde se exigía el rescate; lo cual era suficiente para el citado juzgador para determinar la probabilidad de que sea Miguel Ángel Pérez Pablo quien desplegó esta conducta de acción de llamar para exigir los rescates. En conclusión, el juez responsable expuso que la participación que se le atribuye en grado probable a Miguel Ángel Pérez Pablo, tiene su fundamento en la figura de la co autoría dado que de acuerdo a la jurisprudencia que ha emitido la corte esta se actualiza cuando varias en consenso y en co dominio conjunto del hecho se dividen las acciones delictivas mediante un plan común que puede ser acordado antes o durante la perpetración del suceso y que son concurrentes para la ejecución de este hecho punible de manera que unos fueron quienes privaron de la libertad a la pasivo, otros quienes hayan estado en el lugar de su cautiverio para asistirla y también para custodiarla y otros quienes hacen las llamadas a los familiares de la persona privada de su libertad bajo palabra intimidantes para que se le quebrante su estado emocional y puedan hacer el pago correspondiente de manera que esta aportación segmentada adecuada esencial al hecho y puede bastar para considerase que Miguel Ángel Pérez Pablo actuó en calidad de coautor lo cual la doctrina le ha llamado co dominio funcional del hecho. Cita que la jurisprudencia que menciona es de rubro: COAUTORIA SE ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS EN CONSENCO Y CON CODOMINIO CONJUNTO DEL HECHO DIVIDIENDOSE LAS ACCIONES DELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN COMUN ACORDAD ANTES Y DURANTE LA PERPRETACION DEL SUCESO CONCURRENL A LA EJECUCION DEL HECHO PUBIBLE. En cuanto a su participación, el juez consideró al inculpado como coautor material, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal del Estado de Tabasco, respectivamente. Al tratarse el delito de secuestro agravado el que se le imputa al indiciado el juez en forma oficiosa le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Finalmente, previa petición del fiscal, el juez estableció como plazo de cierre de la investigación tres meses (trece horas con cinco minutos). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. En ese tenor, el impetrante de amparo aduce que el acto reclamado viola los artículos 19 y 20 apartado A, fracción I, y B fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a) Al respecto sustancialmente refiere que el juez de oralidad viola en su perjuicio el principio de legalidad, seguridad jurídica, derecho de audiencia, ya que emitió argumentos carentes de fundamentación y motivación. b) Considera que los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador no demuestra que haya participado en la comisión del delito de secuestro que se le imputa en virtud de que en la data en que estos sucedieron el se encontraba recluido en el centro de inserción social de Huimanguillo, Tabasco, desde el nueve de octubre de dos mil veinte. c) Finalmente, se duele del valor probatorio otorgado a los datos de pruebas verbalizados por el fiscal acusador ya que en el lugar de su reclusión no tiene permitido usar teléfono celular, y respecto al comparativo de voz realizado a través del dato de prueba denominado búsqueda automática realizado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno no puede ser concluyente en virtud de que el 75 % de coincidencia obtenido no es determinante para concluir que haya participado en el secuestro de la víctima L.G.V. Dichos argumentos resultan infundados por las razones que más adelante se exponen. A fin justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política Federal, estable lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como se dijo, la suscrita considera que en el caso se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del que deriva el acto reclamado. Así es; de la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que las audiencias de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se desarrollaron de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate procesal se realizó en una audiencia, en atención a que el inculpado solicitó que su situación jurídica se resolviera en esa misma audiencia, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, aun cuando en la audiencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó un receso, pues éste está permitido por el segundo párrafo del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la misma manera, la audiencia se realizó conforme al principio de inmediación, ya que el juez estuvo a cargo de inicio a fin de la misma. En igual tenor, de la referida audiencia se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma los Ministerios Públicos, el asesor jurídico, el imputado y su defensor público designado; Se informó al inculpado y ofendida sus derechos constitucionales y legales; Se hizo saber al imputado que no podían negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirigieran con respecto a ésta y se le exhortó para que se condujeran con verdad; Se le preguntó al inculpado si era su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si preferían que éstos fueran anotados por separado y preservados en reserva, optando por esto último; Se formuló la imputación en la que el Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de sus acusadores; Se dio oportunidad de declarar al inculpado, derecho al cual se abstuvo de ejercer; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que contestara la aludida solicitud; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaban la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor público, solicitó se resolviera sobre su situación jurídica en esa misma audiencia, lo cual se hizo así; Después se dictó el auto de vinculación a proceso; Se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y, Se definió el plazo para el cierre de la investigación. De ahí que se colija por esta juzgadora que en el caso se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]. El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, el Máximo Tribunal del país sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, el suscrito considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el juez de control se apoyó en los numerales 19 de nuestra Carta Magna, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por el Ministerio Público, le permitían establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito (el cual identificó como secuestro agravado, que refirió está previsto y sancionado en el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado realizó los hechos que se les atribuyen o participó en su ejecución. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]. Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto- con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra de Miguel Ángel Pérez Pablo, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos, esto es, que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que el fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que en cuanto a su participación, se le considera como coautor material, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización, y respecto del grado de ejecución consideró que era de consumación instantánea, en términos de los numerales 8, fracción I, 9, 10 y 13 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco, respectivamente. También, les hizo de su conocimiento que depusieron en su contra las víctimas de identidad reservada con las iniciales B.A.G.V. y L.G.V. El segundo requisito (que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar), también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el juez responsable le hizo de su conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito (se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión), se considera cumplido. En efecto, en la audiencia se advierte que el juez de control expuso que con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por el Ministerio Público (que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privaron de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, es probablemente la persona quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que inicialmente exigía la suma de 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias; mismo que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cometido en agravio de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Acuerdo de inicio de una carpeta de investigación número CI-FCS-11/2021, iniciada el veintidós de enero de dos mil veintiuno, con motivo de la denuncia presentada por la víctima indirecta de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V. Informe Policial Homologado número 27PM03008210120212200 de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, signado por Guadalupe Méndez Rio, Comandante de la Policía de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo, mediante el cual hace del conocimiento la narrativa de los hechos narrados por la víctima indirecta B.A.G.V. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V., recepcionada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, quien manifestó, que eran como las veinte horas cuando indica que se percató que en su teléfono celular habían llamadas perdidas por lo que llamó a ese celular sin obtener respuesta pero que a los quince minutos recibió mensajes de texto donde le preguntaban si era amiga de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., luego le indicaban que hiciera lo que le indicaban y no tendría problemas; luego empezó a recibir llamadas telefónicas exigiéndole la cantidad de cien mil pesos a cambio de la libertad de la víctima antes referida quien es su sobrina ya que de no hacerlo la iban a matar; luego, como a la media hora de ese número que ha referido recibió llamadas de un masculino quien le decía si ya había contactado a la familia que a las veintitrés horas volvió a recibir llamadas; sigue aludiendo que el veintidós de enero de dos mil veintiuno como a las siete horas recibió nuevamente llamadas a su teléfono celular provenientes del número 9371295885, preguntando si ya había contactado a la familia, a lo que ella le respondió que no tenía dinero haciéndole una contra oferta de que solo tenía cincuenta mil pesos, que también recibió también mensajes donde la amenazaban y que por eso tuvo que comparecer ante el ministerio público a presentar su denuncia, también refiere que a las catorce horas de ese día veintidós de enero de dos mil veintiuno volvió a recibir llamadas y que ahora le pedían treinta mil pesos amenazándola con descuartizar a su familiar y recibió una prueba de vida consistente en un mensaje texto y video donde la víctima L.G.V. le decía tía por favor consígame el dinero hace alusión; de igual manera que se utilizó otro número telefónico el 9171015737 donde recibió fotos y los videos de su sobrina, también recibió mensajes o llamadas del 9372285197 donde le decían que depositara los cincuenta mil pesos temprano antes de que descuartizaran a la morra. Entrevista de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. recepcionada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno quien ante el fiscal del ministerio público mencionó que ella se dedica a la venta de ropa, calzado y artículos diversos por la línea Facebook, y que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno salió de su domicilio como las diez horas rumbo a la ciudad de H. Cárdenas, Tabasco, pero que antes de eso pasó a casa de su tía refiriéndose a la hoy denunciante también hace alusión que llegó a Cárdenas a las trece horas que estaba por la central y que le mandó mensaje a un tal Cruz quien lo había contactado para enseñarle es decir los actos de comercio a los cuales ella se dedica y esta persona le respondió que estaba por la glorieta antes de llegar al lugar que se constituyó a ese punto y vio un carro del cual refiere vio bajar a una mujer la describe como chaparra color blanca, cabello pintado de color rojo, que vestía un mallón verde con tenis de aproximadamente cuarenta años de edad y que llevaba las manos hacia atrás también refiere que dentro de ese vehículo había un sujeto masculino pero que tenía pasamontañas estaba en el lado del conductor que la mujer le dijo pasa no digas nada es decir que abordara la unidad motriz que en eso sacó un cuchillo y la obligó a subir que una vez ahí arriba le taparon los ojos y la boca la amarraron de la mano y la subieron en la parte de atrás del vehículo refiriendo también la ofendida de que antes de que pasara esto el sujeto que estaba como chofer tenía un arma larga por arriba de las piernas, refiere que luego llegaron a un lugar y le dijeron camina con cuidado ya una vez ahí adentro le quitaron la venda de los ojos y que se percata que estaba en el interior de un cuarto el cual describe también alude a la presencia de una cama de un baño que le dijeron que se sentara en la cama y que también le dieron la instrucción de aquí te vas a quedar hasta que paguen el rescate que pusieron música con alto volumen le dijeron que se quedara quieta y que sino la iban a matar y que luego se llamaba a otra mujer de nombre Estrella para que le trajera la maleta que ella llevaba de mercancía y sacara su teléfono celular de color azul describe a esta persona de nombre Estrella como una femenina de trece a quince años morena clara cabello largo hasta los hombros tenis negros que le quitaron los amarres de las manos para que sacara los datos del teléfono de su familia de su celular y después compraron un chip ya con este nuevo número llamó a su esposo proporcionando el número de su esposo, que este no contestó que también llamó a su mamá y que marcaba fuera del área de servicio y que también llamó a su tía refiriéndose a la hoy denunciante que sonó pero que colgaron la llamada y que ese número se los pasó a las personas que la había hablado antes y estos le marcaron a su tía quien ya respondió la llamada y que ella atendió una de ellas pidiéndole que localizara a su familia porque estaba secuestrada también hace referencia que le habló a su suegra que esta le contestó preguntándole dónde estaba a lo que le respondió que estaba secuestrada y le pidió que localizara a su familia, que se puso nerviosa y le tuvieron que dar una pastilla para que se calmara y se puso a descansar; asimismo, que ahí se encontraba un tercer sujeto al cual le decían chamo o chavo, también le grabaron un video dado que no le creían que estaba secuestrada y que le pusieron a grabar ese video para que pagaran el rescate, también alude la presencia de otro sujeto masculino de veintiséis años moreno complexión mediana, con tatuajes en el antebrazo derecho con playera negra con estampado blanco y que apestaba a cigarro o a hierba seca, alude que las llamadas que se hacían donde ella estaba pues se hacían en alta voz en presencia de ella donde se decía que si no pagaban la descuartizarían y la tirarían al mar, también alude que había otra mujer a la que le decían la flaca quien esta dijo que la dejaran libre porque todo se iba a salir de control y fue que la tal Mari que así refiere dijo que había que ayudarla que si no se iba a morir ya fue que la sacaron sobre un callejón que le dieron cien pesos para su pasaje y le indicaron que caminara, caminó un tramo y salió a la carretera y vió porque por ahí había un lugar que decía la leyenda aluminio que tomó el camión llegó a la central de autobuses que para entonces ya era sábado veintitrés de octubre de dos mil veintiuno pidió ayuda a unos agentes policiales que refiere que llegó a la casa de su tía a las diez de la mañana. Protocolo de contención de crisis en el que se hace constar la solicitud de intervención de negociación por parte de la víctima indirecta B.A.G.V. Informe de investigación UECS/68/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, signado por el policía de investigación Pablo Iván Pérez Olán mediante el cual anexa la entrevista la entrevista de la víctima indirecta B.A.G.V., y anexos consistentes en quince impresiones fotográficas que contiene las llamadas y mensajes y cd en los que viene grabados los videos y audios de voz proporcionados por la referida víctima a la asesora en crisis licenciada Clara de la Rosa García. Acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno emitido en el expediente CEDC-1214/2021, solicitud de datos conservados, signado por el licenciado Luis Manuel Fiasco Díaz, en el cual autoriza la entrega de datos conservados de diversos número telefónicos. Oficio signado por el apoderado legal de radio móvil dipsa (telcel) consistente en entrega de datos conservados de veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Dictamen de análisis contenido en el oficio 249/2021 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, signado por Rosa Cobarrubio. Informe 778/2021 de once de octubre de dos mil veintiuno, signado por Pablo Iván Pérez Olán, en la que se realiza inspección de la torre o antena telefónica ubicada cerca del cereso de Huimanguillo, Tabasco. Informe 2298/2021, de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno signado por el licenciado Rodolfo Damián Hernández Rodríguez, Director del Sistema Penitenciario Estatal quien informa que el inculpado Miguel Ángel Pérez Pablo se encuentra recluido bajo la causa penal 95/2020 que se le instruye por el delito de secuestro con fecha de ingreso el diecinueve de octubre de dos mil veinte. Dictamen contenido en el oficio 44/2021 de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno emitido por la licenciada Cristhel Esther García Juárez, perito en psicología, con cédula profesional 9691954, adscrita a la Dirección de los Servicios Periciales, quien realizó la valoración de la víctima L.G.V. el veintiocho de septiembre del citado año determinó que se encuentra alterada en su estado emocional y que presentó diversos indicadores como lo es el aislamiento y la disminución en sus relaciones interpersonales y que le recomendó terapia psicológica por un periodos de cuatro meses con una sesión semanal. Informe contenido en el oficio 328/2021 emitido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno por la licenciada Rosa Covarrubios auxiliar del Ministerio Público de la Fiscalía de Alto Impacto donde realiza la comparación del modos operandi del delito de secuestro en diversas carpetas de investigación, en lo que se advierte que las llamadas de rescate proviene de llamadas localizables en el reclusorio de Huimanguillo, Tabasco. Extracción de audio y de imagen de identificación con número de oficio 333/2021 de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sheila Trinidad Castro Díaz, Peri Técnico de Identificación de Voz comisionada a la Vice Fiscalía de Alto Impacto quien analizó los audio y video de archivo proporcionados por la victima indirecta. Datos de prueba de los que se obtiene que Miguel Ángel Pérez Pablo, fue identificado como la persona que probablemente participó en los hechos ocurridos el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, cuando una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. También se considera jurídicamente correcta la apreciación del juez responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por el Ministerio Público, arrojan datos de prueba que establecen que existe la probabilidad de que el imputado realizó el hecho señalado por la ley como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el juez de control ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado ejecutó el hecho delictivo en contra de la victima de identidad protegida con las iniciales L.G.V. Sobre el particular, conviene reiterar que tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabían que es contrario a la ley privar de la libertad a un ser humano y solicitar una cantidad económica a cambio de la liberación de la víctima o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del juez de control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes,-al menos hasta ese estadio procesal-, para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso a), en relación al 10 fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la victima de identidad reservada con las iniciales L.G.V. Datos de prueba de los que se puede establecer que el día veintiuno de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece horas, una mujer en compañía de otro sujeto privó de su libertad a la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., quienes a la altura del circuito periférico de Cárdenas, Tabasco, antes de llegar a la esquina de la central de ese municipio, donde bajo amenazas con privarla de la vida con un cuchillo y un arma de fuego la obligaron a abordar un vehículo de color gris, siendo trasladada a una casa de seguridad donde la mantuvieron privada de su libertad del veintiuno al veintitrés de enero de dos mil veintiuno, siendo que durante ese tiempo desde los números 9371295885, 9171015737, 9372285797, realizaron llamadas telefónicas a algunos familiares al número telefónico 9171168232, exigiendo la cantidad de 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), a cambio de su libertad, siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias (según el dato de prueba verbalizado por la fiscal, consistente en la entrevista de la víctima indirecta de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V.). En ese orden de ideas, ésta juzgadora estima que los argumentos planteados por el quejoso resultan infundados. Se estima lo anterior, porque como ya quedó precisado con anterioridad, al quejoso le fue garantizado debidamente sus derechos de defensa en virtud de que en la audiencia inicial fue asistido por su defensor público asignado, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por el Fiscal; además, la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, se le otorgó copia certificada de la audiencia inicial, siendo además, que a petición del investigado se resolvió su situación jurídica en esa misma audiencia en la que se dictó auto de vinculación a proceso, se decretó prisión preventiva oficiosa y se fijó plazo de cierre de investigación, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Asimismo, son infundados los agravios de los quejosos identificados en el inciso a), b) y c), en relación a que como ya quedó analizado el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por los impetrantes los datos de prueba sí acreditan para el dictado del auto de vinculación a proceso, la autoría del quejoso en la comisión del hecho que se le imputa; en razón de que como ya se expuso con anterioridad, el juez responsable estimó que los datos verbalizados por el fiscal responsable eran suficientes para establecer que los aquí quejoso fue quien probablemente cometió el hecho denunciado por la victima indirecta de identidad protegida con las iniciales B.A.G.V.; consistente en el secuestro de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., siendo la persona que realizó llamadas telefónicas exigiendo el pago del rescate de la citada victima bajo amenaza de privarla de la vida si no accedían a sus exigencias, y por tanto, resultan ser co autor del hecho ilícito anteriormente especificado. Lo anterior es así, en virtud de que el juez consideró que con los datos de prueba los cuales valoró en forma libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fuer una de las personas que probablemente cometió el hecho delictivo tipificado por la norma penal como secuestro agravado, cometido en contra de la víctima de identidad protegida con las iniciales L.G.V., siendo que Miguel Ángel Pérez Pablo, se le atribuye ser una de las personas quien entre el veintiuno y veintidós de enero de ese mismo año, a través de los números telefónicos 9371295885 y 917105737, realizó las llamadas telefónicas a la persona identificada con las iniciales B.A.G.V., en las que exigía la suma antes descrita para la liberación de su familiar la víctima L.G.V., bajo amenazas de privarla de la vida si no accedía a sus exigencias. Por lo anterior, resultan infundados los agravios formulados por la parte quejosa en virtud de que contrariamente a lo alegado por el quejoso, el juez responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la personas que probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución, aunado a que la defensa no ofreció datos de prueba para desvirtuar los verbalizados por la fiscalía acusadora no obstante haberse garantizado su derecho para ello. De ahí que, sus argumentos con los cuales la parte quejosa pretende se le resten valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía, al respecto, se reiteran que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración de pruebas es una actividad propia de la etapa de juicio oral. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Por tanto, el acto que se analiza cumple los requisitos de fundamentación y motivación; además, se encuentra dictada conforme a legalidad. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, se niega al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 231142, localizable en la página 186, tomo I, segunda parte-1, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Miguel Ángel Pérez Pablo, en contra del acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y fundamentos precisados en el considerando correspondiente de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
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