Miguel Ángel Ramírez Soto

Expediente 259/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
259/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Ramírez Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE trece de marzo de dos mil diecisiete, QUE DICE: "... Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ramírez Soto, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 259/2017, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del estudio integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a) El cobro excesivo por consumo de energía eléctrica, con cargo al número de servicio 282 021 200 072. Precisado lo anterior, el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II de la ley en cita, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del primero de los dispositivos transcritos, se advierte que la Ley de Amparo prevé una hipótesis de improcedencia que no se limita a las veintidós fracciones que establece en forma específica dicho numeral, sino que es aplicable cuando la improcedencia del juicio resulte con motivo de la aplicación de diversa disposición de la propia ley o de la Constitución. Por su parte el segundo de los numerales prevé que, con independencia de su naturaleza formal es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse producirías estas situaciones; asimismo, la fracción II, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen "actos equivalentes a los de autoridad", que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo. Sin embargo, si destacó como nota distintiva que dicho juicio procede contra actos de autoridades, de tal suerte que, de no ubicarse el acto reclamado en alguna de las hipótesis ahí previstas daría lugar, a que resulte improcedente el juicio por no colmarse el requisito básico de existencia de acto de autoridad. Dicha causa de improcedencia encuentra plena justificación, en razón de que el juicio de amparo, como medio de control constitucional, fue creado para que los tribunales federales verifiquen, a instancia de parte, la conformidad de los actos de autoridad (ahora llevados a cabo por particulares o autoridades en sentido material), con los parámetros y lineamientos establecidos en la Constitución Federal, siendo materia de los juicios ordinarios, las controversias que se susciten entre particulares, o bien, entre éstos y organismos públicos que actúan en un plano de igualdad. Por eso, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal dispone que el juicio de amparo procede solo contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se puede decir que tendrá el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho, que con apoyo en una norma jurídica emita actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que inciden la esfera jurídica del gobernado, dentro de una relación de supra a subordinación. Precisado lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa señala como acto reclamado, el cobro excesivo realizado por la Comisión Federal de Electricidad por consumo de energía eléctrica, con cargo al número de servicio 282 021 200 072; sin embargo tal acto no puede considerarse emitido por una autoridad, en razón de que dicha entidad no interviene en una relación de supra a subordinación sino en una de coordinación, en virtud de que se está prestando un servicio que al no ajustarse según una de las partes, a las condiciones con que fue contratado, genera que se efectúen ajustes en la facturación y se cobre lo adeudado por el consumo de energía eléctrica, además de que se interrumpa su prestación hasta en tanto se restituyan los derechos que les corresponden a las partes contratantes. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 4729/2014, interpretó la naturaleza que tiene la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad, considerando dicho servicio, como uno de naturaleza comercial, respecto del que las partes actúan en un plano de igualdad. La ejecutoria citada en el párrafo precedente expone en lo que interesa, lo siguiente: "[.] En consecuencia, debe señalarse que el derecho de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, ya que el hecho de que el juicio contencioso administrativo no sea procedente en el caso concreto no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el quejoso pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es la vía ordinaria mercantil, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, circunstancia que corrobora el por qué el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no resulta violatorio de lo previsto en el artículo 17 constitucional. Virtud de esta nueva reflexión respecto del tema, anteriormente desarrollado, la actual integración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpe el criterio que se contiene en la tesis de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS." Atento a las razones ya expuestas, se desestiman también, los planteamientos de la recurrente, que refieren que el numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contraviene los derechos establecidos por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que resultan concordantes con el contenido del 17 constitucional. Aplican al caso, las tesis siguientes: "DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES. El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías", está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse "dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial", está en consonancia con el mencionado artículo 17, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes". (Novena Época. Registro: 171,789. Instancia: Segunda. Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, agosto de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CV/2007. Página: 635). "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". (Décima Época. Registro: 2002,139. Instancia: Segunda. Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.). Página: 1587). Por último, debe decirse que resultan inoperantes por referir a cuestiones de legalidad los planteamientos de la recurrente, tendientes a demostrar que la Comisión Federal de Electricidad si es autoridad para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo y, del juicio de amparo, porque sus actos encuadran en los artículos 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los relativos a la no aplicación de las jurisprudencias 2a./J. 167/2011 y 2a./ J.168/2011." Lo anterior dio lugar a la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1183, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." De lo expuesto, se advierte que la referida Segunda Sala, consideró que la naturaleza de los actos relativos a la prestación de servicio de suministro de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares es de naturaleza comercial y la vía idónea para impugnar ese tipo de actos es la mercantil. Consecuentemente, si en el presente asunto el acto reclamado deriva de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica entre una particular y la Comisión Federal de Electricidad, se tiene que éste no corresponde a actos de autoridad respecto de los que es procedente el juicio de amparo, ya que: 1) El origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. 2) La relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre tal empresa y el particular usuario del servicio; y, 3) El ajuste en el monto del consumo derivado de órdenes de verificación, cobro o corte de dicho suministro y su ejecución ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, solo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que eso conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos en virtud de que para eso, se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Sobre tales premisas, es que los actos reclamados en el juicio no cumplan con el requisito de ser de autoridad para efectos de la procedencia del amparo y, respecto de esos, se actualice la causa de improcedencia que resulta del 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el numeral 5, fracción II, del mismo cuerpo normativo interpretado en sentido contrario. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a estos puntos y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Salvador González Olea y Oscar Luis Carmona Gallardo, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oir y recibir notificaciones a Obal Capio Gallardo, Jazmín Candia Zurita y Azucena Agustín Gervacio, por no contar con el requisito anterior. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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