Miguel Ángel Nova Cisneros
Expediente 67/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Miguel Ángel Nova Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tabares, remitió copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 421/2018 y dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, remítase a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 67/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO.... Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGA a********************contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente
- Principal
... ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...
AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MIGUEL ÁNGEL NOVA CISNEROS, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 67/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el treinta de enero del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Miguel Ángel Nova Cisneros demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan (foja 1 - 4): AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1. Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORA 2. Actuaria adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. Con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS LA ILEGAL ORDEN DE DESCUENTO DE MI SALARIO POR EL 30% DEL EXCEDENTE DEL SALARIO MÍNIMO RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES PERCIBIDAS EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA MEDIANTE AUTO DE FECHA 25 DE ENERO DEL QUE TRANSCURRE, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NÚMERO 421-II/2018. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. I. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo con el número 67/2019, y se previno a la parte quejosa para que precisara la fecha, los antecedentes del acto reclamado, y exhibiera una copia de su escrito de demanda. II. Con motivo del desahogo de dicha prevención, en auto de seis de febrero del año en curso, se previno nuevamente a la parte quejosa para que aclarara el acto que en esta instancia reclama. II. Mediante proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, se recibió el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual desahogó la prevención anterior en los siguientes términos (foja 27-29): "(.) que es mi deseo señalar como otro acto reclamado la diligencia de fecha 30 de Noviembre del año 2018, efectuada por la actuaria judicial adscrita a la autoridad responsable, por lo tanto señalo a dicha fedataria como autoridad responsable para el nuevo acto reclamado." Y se admitió a trámite la demanda; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama una actuación derivada dentro de un juicio ejecutivo mercantil, que puede tener efectos de imposible reparación, por una autoridad judicial residente dentro del ámbito territorial en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y escritos de desahogos en relación con las constancias de autos, se precisa que la parte quejosa, en su carácter de demandado en el expediente número ********************-II, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Distribuidora de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su contra, reclama del actuario responsable la diligencia de requerimiento de pago y embargo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el que embargó a solicitud de su contraparte el treinta por ciento (30%) del excedente del salario mínimo que percibe en su fuente laboral, y como consecuencia, el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por el que, el Juez responsable ordenó girar oficio a la patronal para que materializara el descuento del porcentaje embargado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó los actos reclamados (foja 33); lo que además se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ********************-II, remitidas como apoyo a su informe justificado (tomo 1 de pruebas); documental pública que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Al no existir causal de improcedencia alguna invocada por las partes, ni que se actualice alguna, resulta necesario precisar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se derivan de las constancias del juicio de ejecutivo mercantil número 421-2/2018, valoradas en el considerando que antecede (tomo I de pruebas), de las cuales en lo que interesa se advierte lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil dieciocho, Distribuidora de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados legales demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa de********************diversas prestaciones, señalando como domicilio para ser emplazado a juicio su fuente de trabajo ubicado en Boulevard de las Naciones s/n esquina con Paseo de los Manglares, colonia Granjas del Marqués, en esta ciudad, (Agencia KIA) (fojas 1 a 12). 2. Por cuestión de turno se remitió dicha demanda al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. 3. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente ********************-II, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo contra el quejoso, para luego realizar su llamamiento a juicio en el domicilio indicado en el escrito de demanda -fuente de trabajo- (fojas 13 y 15). 4. Diligencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual la Secretaria Actuaria adscrita a la Central de Actuarios en materia Mercantil del Distrito Judicial de Tabares, asentó que se constituyó en compañía Urias Martínez González, apoderado de la persona moral actora Distribuidora de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio ubicado en "Boulevard de las Naciones sin número casi esquina con Paseo de los Manglares, colonia Granjas del Marqués,"-domicilio designado para ello por la parte actora- en busca del demandado aquí quejoso Miguel Ángel Nova Cisneros (fojas 23-27 del tomo de pruebas). Que se cercioró de estar en el domicilio correcto por así indicárselo la nomenclatura urbana y los signos exteriores del domicilio en que actuó, de lo cual asentó tanto la descripción física y ubicación de la agencia ahí localizada "KIA", además porque así se lo afirmó la persona del sexo masculino que dijo llamarse Martín López, y encontró en la entrada principal de la negociación indicada, quien dijo ser empleado de seguridad de la agencia automotriz "KIA" encargado de abrir y cerrar la puerta de entrada, mismo que se identificó con su gafete de empleado expedido por la empresa "Jovamex" a quien le preguntó por la persona buscada manifestándole lo siguiente "Miguel Ángel Nova Cisneros, labora en esta agencia, desempeñando el puesto de asesor de ventas y me indica el área a seguir" que al llegar a dicho departamento encontró a una persona del sexo masculino ante quien se identificó previamente y preguntó por********************y respondió ser la persona buscada, identificándose con su gafete de empleado de dicha agencia, en el cual obra su nombre completo y fotografía, y dijo ser el domicilio en el que actualmente presta sus servicios. Enseguida, la fedataria pública se identificó previamente y le hizo saber al demandado el objeto de su visita; por lo que en cumplimiento al auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 421-2/2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Distribuidora de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de sus apoderados Urias Martínez González y Felipe de Jesús Barrera Calderón, le requirió para que en ese acto hiciera el pago a la parte actora de la cantidad de $52,400.00 (cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal de intereses moratorios y demás accesorios que se le demandan, le puso a la vista el documento base de la acción y expresó que sí reconocía la deuda y la firma estampada en el documento base de la acción, pero que por el momento no tenía dinero para pagar, consecuentemente le requirió para que señalara bienes de su propiedad, con el apercibimiento que de no hacerlo pasaría ese derecho en favor de la parte actora; a lo que manifestó que no señalaba bienes de su propiedad porque no era su voluntad hacerlo; en vista de lo antes expresado, el actuario responsable pasó el derecho al apoderado legal de la parte actora, quien señaló como bienes en que trabar embargo "el 30% (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo que percibe el demandado********************en su fuente laboral, quien se desempeña como empleado de la Agencia KIA en el Boulevard de las Naciones de esta ciudad, solicitando se gire oficio correspondiente al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de dicha empresa de esta ciudad, a fin de que ordene a quien corresponda, haga efectivo el descuento provisional sobre el salario del C.********************quien se desempeña como Asesor de Ventas." Acto seguido, la actuaria trabó formal embargo sobre el excedente del treinta por ciento del salario mínimo que percibe el deudor, sólo por cuanto baste a garantizar las prestaciones reclamadas por la parte actora. Enseguida, hizo constar que con las copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas y cotejadas con su original, entregó a la parte demandada personalmente las mismas, quien las recibió, con las cuales le corrió traslado, emplazándola a juicio, le previno para que señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal les surtirían efectos por los estrados de dicho juzgado responsable, a excepción de la sentencia que se haría en los términos de ley; enseguida, asentó que entregó el original de la cédula de notificación y de la referida acta, pero que no las firmó por considerarlo innecesario, manifestando que se daba por enterado; con lo anterior, dio por terminada dicha diligencia, la cual sólo firmaron el fedatario público responsable, así como el apoderado de la parte actora, no así el demandado por no creerlo necesario, lo que hizo constar en la parte final de la diligencia respectiva. 5. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil dieciocho,********************dio contestación a la demanda instaurada en su contra, opuso las excepciones y defensas correspondientes y ofreció pruebas de su parte (fojas 28 a 32); y acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que proveyó lo correspondiente (fojas 36 y 37). 6. Previa solicitud de la parte actora, por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Secretario de Acuerdos dio cuenta al Juez responsable con la diligencia de embargo del treinta por ciento del excedente del salario mínimo percibido por el demandado realizado por la actuaria judicial adscrita el treinta de noviembre de dos mi dieciocho, y por ende se ordenó girar oficio a la patronal para que procediera a efectuar el descuento del porcentaje embargado poniéndolo a disposición del juzgado responsable (fojas 40 y 41). QUINTO. Estudio de fondo. Una vez establecidos los antecedentes de los actos reclamados, se procede a analizar el fondo de la cuestión planteada en términos de los conceptos de violación. En ese sentido, la parte quejosa esencialmente aduce que se violaron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que no se siguieron las formalidades del procedimiento. a) En específico las establecidas en los artículos 1394 y 1396 del Código de Comercio en razón de que la actuaria judicial responsable en dicha diligencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho únicamente se limitó a emplazarla a juicio, no así que requerirla de pago y embargo. b) Porque si bien existe criterio jurisprudencial que permite la afectación del salario para cubrir obligaciones de carácter civil o mercantil, debe entenderse que es aplicable una vez que exista sentencia definitiva condenatoria. Son infundados los referidos argumentos, para ello es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En estos artículos se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su parte, los artículos 1,392 a 1,396 del Código de Comercio, disponen lo siguiente: "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien." "Artículo 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." "Artículo 1,395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: I. Las mercancías; II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor; III. Los demás muebles del demandado; IV. Los inmuebles; V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez. Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial." "Artículo 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." Dichas disposiciones regulan el procedimiento ejecutivo mercantil, el cual tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que trae aparejada ejecución, es decir que contienen una prestación cierta que debe ser cumplida por el obligado al momento de su presentación, o de lo contrario, el poseedor de estos podrá demandar judicialmente su cumplimiento. En tal virtud, el juicio ejecutivo es el proceso jurisdiccional que se lleva a cabo en virtud de un título que trae aparejada ejecución, y que el acreedor presenta ante a autoridad judicial a efecto de que se requiera de pago al obligado deudor. En caso de que dicho pago no se haga podrán embargarse bienes propiedad del demandado con un valor estimado que se considere suficiente para garantizar el pago de la cantidad que se reclama y el pago de gastos y costas que el juicio genere. Este procedimiento se distingue del ordinario en virtud de que inicia con la ejecución del derecho consignado en el título ejecutivo, es decir, inicia con el requerimiento de pago al demandado, y en caso de que éste no lo haga, se procede a realizar el embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar de manera cautelar, el cumplimiento de la obligación que ampara el documento señalado. En el mismo acto, se hace el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en un término establecido en ley, y haga pago de las prestaciones que se le requieren u oponga defensas y excepciones a fin de desvirtuar la acción que se intenta en su contra. Como puede advertirse, las disposiciones transcritas señalan el orden cronológico que debe seguirse previo al emplazamiento, y establece que el requerimiento de pago y embargo es un acto anterior al mismo, no obstante que constituyen actos procesales distintos entre sí que se refieren a temas diferentes del procedimiento, sí debe existir una secuencia necesaria constituida primeramente por el requerimiento de pago, posteriormente el señalamiento de bienes, primero por el demandado y ante su negativa por el actor, y finalmente el embargo, hecho lo anterior el emplazamiento. En efecto este juicio especial pretende prontitud en el desarrollo del proceso, toda vez que su inicio se encuentra avalado por un título ejecutivo que se constituye como una prueba preconstituida, es decir, que con su sola presentación demuestra la existencia de una obligación civil, patrimonial, líquida y exigible por parte del demandado, al momento en que comienza el procedimiento. Bajo ese contexto, de los antecedentes destacados en el considerando cuarto particularmente el precisado en el punto 4, se obtiene que el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la actuaria judicial responsable, contrario a lo aducido por el quejoso, sí realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1394 y 1396 del Código de Comercio, en razón de que éste no proporcionó medio de convicción alguno para demostrar lo contario. Lo anterior se estima así, porque no está en duda el que se haya llevado a cabo la diligencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, habida cuenta que no fue objeto de controversia el hecho de que el actuario judicial responsable se constituyó en el domicilio señalado en autos y que entendió la diligencia relativa con el propio demandado aquí quejoso, cuando este reconoce que en esa data se verificó su emplazamiento, sino que era necesario que allegara evidencia para demostrar que dicha actuación previa (requerimiento de pago y embargo) no tuvo verificativo en los términos asentados en el acta relativa, lo anterior dado el carácter de documental pública que le reviste a aquella actuación, en relación con la fe pública de la que goza el actuario judicial, resulta indiscutible que los datos asentados a manera de circunstanciación en el acta levantada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, deben considerarse ciertos y con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser localizable en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Asimismo, es infundado el argumento precisado en el inciso b), cuando afirma que si bien existe criterio jurisprudencial que permite la afectación del salario para cubrir obligaciones de carácter civil o mercantil, ello solamente es posible una vez que se ha dictado sentencia definitiva. Lo anterior se estima así, en razón de que del análisis de la ejecutoria de la que derivó la integración de la jurisprudencia 42/2014 (10a.), el problema jurídico a dilucidar por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistió en determinar si era posible que una autoridad jurisdiccional ordenara el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, sin que se advierta limitante alguna al respecto, ya que si bien el referido Máximo Tribunal del país sostiene en dicha ejecutoria que tal parámetro es compatible con el funcionamiento armónico y coherente del ordenamiento jurídico mexicano por un lado, porque se protege el derecho al mínimo vital de los trabajadores, y por otro, porque se salvaguardan los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, consagrados por los artículos 14 y 17 constitucionales al permitir la ejecución de sentencias con motivo de un proceso judicial; tal argumento no constituye una limitante como lo sostiene la parte quejosa, sino que debe hacerse una interpretación en congruencia con la naturaleza de la acción ejecutiva intentada. Esto es si conforme al criterio jurisprudencial es posible que gravar el treinta por ciento sobre el excedente del salario mínimo para garantizar la ejecución de un fallo, también es procedente afectarlo para garantizar de manera cautelar el cumplimiento de la obligación que ampara el documento que trae aparejada ejecución, en virtud de que tal procedimiento constituye un privilegio reconocido en ley en favor del poseedor del título ejecutivo, el cual inicia con la ejecución del derecho consignado en dicho documento. De ahí que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, el actuar de las responsables en relación al embargo que realizaron respecto del treinta por ciento sobre el excedente de su salario mínimo como trabajador de la empresa moral precisada en la diligencia de requerimiento y embargo de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, para garantizar el cumplimiento de la obligación que ampara el título ejecutivo mercantil, no transgrede garantía alguna en su contra. En las relatadas condiciones, al no advertir motivo alguno por el que se tenga que suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección federal solicitada por la parte quejosa en contra de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil ********************, tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, lo que se ordenó materializar en diverso acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGA a********************contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LO SEFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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