Miguel Angel Ramirez Salgado y Otros.

Expediente 1115/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1115/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ramirez Salgado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por ****, por propio derecho, en contra de actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1115/2022-I-B. INCOMPETENCIA Del análisis de la demanda se obtiene que los quejosos reclaman: La sentencia de trece de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la tercería T***11 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Ahora, este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado; en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno. En efecto, el artículo 170 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. (.)". De dicho precepto se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos, y resoluciones que pongan fin al juicio. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 976, 977b y 978, establece lo siguiente: "Artículo 976.- Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno o por la Junta Especial que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes: La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes; La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución; En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los Capítulos XII, XVII y XVIII del Título Catorce de esta Ley; Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del crédito; y Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente. Artículo 978.- El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designación, todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería." De lo anterior, se advierte que la tercería excluyente de dominio tiene la naturaleza de juicio, pues ésta determina un aspecto relativo a la propiedad del bien embargado ajeno a la cuestión ventilada en el juicio de origen, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, que de la resolución reclamada y exhibida se advierte que los quejosos intervinieron en ésta, ello es así dado que ofrecieron pruebas, misma que resolvió procedente la tercería excluyente de dominio promovida y una vez declarada firme se ordenó el levantamiento del embargo sobre diversos bienes materia del juicio de origen. En ese sentido, como el citado acto reclamado consiste en la sentencia de trece de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la tercería T.E.D.J.1/2/2016 derivada del juicio laboral J.1/285/2011 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca; entonces, con base en el artículo 170 de la Ley de Amparo, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee, pues se reclama una sentencia por la cual se declaró procedente la tercería promovida dentro del juicio laboral en cita y que tiene el carácter de resolución que pone fin a la pretensión que tiene el carácter de juicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, de la novena época, (octubre de 2015), tomo XXII, página 952, cuyo rubro y texto son: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." Por tanto, al derivar el acto de una resolución que pone fin a dicha tercería, procede en su contra juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 17, (abril de 2015), tomo I, página 95, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de mparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Por tales motivos, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; en consecuencia, envíese al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESALES Luego, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa a fin de que proporcione un correo electrónico y número telefónico como medios de comunicación alternos" (no procesales). JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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