Miguel Angel Perez Perez
Expediente 1177/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/01/2023
Partes del expediente
- Miguel Angel Perez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado por la Secretaria Particular de la Coordinadora General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del cual informa que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo en Toluca (********************) es quien actualmente conoce de la carpeta administrativa ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; de lo anterior, este juzgado toma conocimiento.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el quejoso **********, por el cual interpone revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Con copias del escrito de expresión de agravios que presenta, agréguese una a este expediente y las restantes, distribúyanse entre las partes del presente juicio constitucional, con excepción de la recurrente. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Con copia de la constancia de notificación, agréguese una a este expediente y las restantes, distribúyanse entre las partes del presente juicio constitucional, con excepción de la recurrente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, el cual deberá estar integrado únicamente con copias del escrito de expresión de agravios, así como del presente proveído, sin que sea necesario agregar más actuaciones en razón de que la totalidad de las mismas se encuentran en el expediente electrónico de este sumario. Se instruye al Secretario para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta; asimismo, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo), proceda a la remisión del recurso al Tribunal de Alzada. Finalmente, una vez integrado este expediente, remítase sin previo acuerdo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, en conjunto de las constancias necesarias para la tramitación del referido recurso, solicitando atentamente al Tribunal de Alzada del conocimiento acuse recibo de no tener inconveniente.
- Principal
Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que ante éste órgano jurisdiccional se presentó la demanda y los actos reclamados de naturaleza penal carecen de ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para los cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo anterior, este Juzgador considera que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Toluca, Estado de México: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta auxiliar 135/2022, que negó la petición de señalar audiencia para ordenar notificarle el aseguramiento de un inmueble de su propiedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ? En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la referida autoridad, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado (foja 41). Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez responsable a dicho informe, consistente un disco óptico en formato DVD certificado, relativo a la carpeta auxiliar 135/2022; de cuyo contenido se advierte la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós; documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del presente asunto resulta importante señalar los siguientes antecedentes: 1. El veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana adscritos a la Dirección General de Combate de Robo de Vehículos y Transportes, pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, a José Jovane Saucedo Tellez y Edgar Gabriel López Sánchez, por el cual delito de encubrimiento por receptación ilícito previsto y sancionado por el artículo 152 fracción II, párrafo segundo, tercero y cuarto, en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y IV y 11 fracción I inciso D) del código penal vigente en el Estado de México, cometido en agravio de la Administración de Justicia, dando inició a la carpeta de investigación TOL/FRV/VNA/107/332777/21/11. 2. En esa misma data, el representante social responsable, giró el oficio 400LG800/32955/2021, al Secretario de Seguridad del Estado de México, a efecto de que realizara la custodia del inmueble ubicado en Calzada del Pacifico, sin número, entre calles Cedro y Camino de Terracería, sin nombre, colonia Cacalomacan, Toluca, Estado de México, al existir la posibilidad de encontrar vehículos con reporte de robo dentro del mismo. 3. Así las cosas, el uno de diciembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso Miguel Ángel Pérez Pérez, se percató que el inmueble que refiere es de su propiedad, ubicado en Calzada del Pacifico, número 635, San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México, tenía colocado un sello en el acceso de la puerta, con la leyenda "inmueble asegurado", donde se advertía que fue en cumplimiento a la carpeta de investigación TOL/FRV/VNA/107/332777/21/11. 4. En mérito de lo anterior, por escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, solicitó se fijara hora y fecha para acreditar la titularidad del mencionado inmueble, sin que recayera acuerdo alguno por el Agente del Ministerio Público responsable. Ante tal omisión, y ante la negativa de brindarle información, mediante ocurso de tres de marzo de dos mil veintidós, el quejoso solicitó al representante social responsable, le notificara el aseguramiento del inmueble de su propiedad, sin que recayera acuerdo alguno a su petición. 5. Luego, de su escrito de demanda se advierte que el seis de marzo de dos mi veintidós, el representante social responsable se entrevistó con el quejoso a fin de que este exhibiera los documentos con los cuales acreditaba la propiedad del inmueble asegurado. 6. Posteriormente, mediante proveído emitido el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación TOL/FRV/VNA/107/332777/21/11, se determinó que no era el momento de levantar el aseguramiento del inmueble ubicado en Calzada del Pacifico, número 635, San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México, por lo que debía persistir el aseguramiento del inmueble. 7. Ante la omisión del notificarle el aseguramiento del inmueble refiere es de su propiedad, el ahora quejoso interpuso el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el cual lo registró como carpeta auxiliar 135/2022, quien por auto de catorce de junio de dos mil veintidós determinó, que no obstante, que el representante social no le notificó de manera formal del aseguramiento del inmueble, lo cierto es que, el quejoso convalidó dicha inobservancia al haberse hecho sabedor del mismo, de conformidad con el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que era innecesario señalar la audiencia solicitada. 8. Inconforme con dicha determinación el veintiuno de junio de dos mil veintidós, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el veintidós de junio de dos mil veintidós, donde se estimó confirmar el auto impugnado al resultar infundados los agravios. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." De oficio, este juzgador federal advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de amparo, que prevé literalmente lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado. Los cuales, lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. El legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Ello, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos fundamentales. Así lo explica la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En el presente caso, es de destacarse que de las constancias del juicio natural se advierte que en esencia, la parte quejosa se duele de la omisión de notificarle el aseguramiento del inmueble que aduce de su propiedad, ubicado en Calzada del Pacifico, sin |número, entre calles Cedro y Camino de Terracería, sin nombre, colonia Cacalomacan, Toluca, Estado de México, en la carpeta de investigación TOL/FRV/VNA/107/332777/21/11, tramitada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca. Omisión que incluso fue impugnada ante el Juez de Control a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y mediante determinación de catorce de junio de dos mil veintidós, se estimó que no obstante, que el representante social no le notificó de manera formal del aseguramiento del inmueble, lo cierto es que, el quejoso convalidó dicha inobservancia al haberse hecho sabedor del mismo de conformidad con el artículo 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que era innecesario señalar la audiencia solicitada; cuya revocación infundada originó la emisión del acto reclamado. Revocación que se hizo valer en contra la negativa de ordenar la notificación del aseguramiento al ahora quejoso, en la cual se determinó confirmar el auto impugnado ante lo infundado de los agravios y se reiteró que no era menester generar un audiencia para generar debate en torno a la omisión de notificar el aseguramiento del inmueble, pues si bien no había sido notificado, el peticionario se había hecho sabedor tal medida cautelar, al apersonarse ante el Ministerio Público. Por otro lado, en el escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad la parte quejosa manifestó que el seis de marzo de dos mi veintidós, compareció ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca, quien recabó su entrevista en la que aduce acreditó la propiedad del inmueble aludido; además de que el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se le notificó el acuerdo de doce anterior, en el que se declaró improcedente su solicitud de levantamiento del inmueble afecto. Como se puede ver, aun cuando subsista la omisión de notificarle al quejoso el aseguramiento del inmueble que aduce de su propiedad, derivado de la determinación de revocación que confirmó la negativa de ordenar la notificación, lo cierto es que ha sobrevenido una nueva condición que hace improcedente analizar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que el quejoso ha tenido conocimiento formal del aseguramiento que aduce de su propiedad, al momento de que compareció ante el Fiscal que tiene a su disposición el inmueble, lo que incluso le ha permitido ejercer los actos que estimó necesarios para la defensa de sus intereses, como lo es la solicitud del levantamiento de la medida cautelar, que resultó improcedente. En ese sentido, se estima que a la fecha en la cual se falla el presente contradictorio, una posible declaración de inconstitucionalidad que respecto de la resolución de revocación reclamada se hiciere, no tendría ningún efecto legal o material en la esfera jurídica de la parte quejosa, quien ya conoció los motivos del aseguramiento, respecto del cual incluso ya solicito su levantamiento, pues ningún resultado jurídico distinto tendría conceder el amparo solicitado a efecto de que se le notifique el aseguramiento mencionado, si ya se ha hecho sabedor del mismo a través de su comparecencia ministerial. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con base en lo que dispone la fracción V del numeral 63 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a continuación se cita: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Conclusión ante la cual, resulta innecesario ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior, se encuentra contemplado en la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página 115, registro 220705, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *****************, por los motivos expuesto en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese la razón actuarial mediante el cual el fedatario judicial adscrito hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 26118/2022, por las razones que expone; a fin de evitar mayores dilaciones procesales, reenvíese dicha misiva bajo la denominación correcta de la autoridad a la cual se encuentra dirigida, esto es, Coordinador General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; a fin de que este en aptitud de imponerse de su contenido. Por otra parte, dado que en párrafo que antecede se ordenó reenviar la misiva 26118/2022, dirigida al Coordinador General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a fin de que realice la primer notificación respecto de la instauración del sumario en que se actúa al Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta auxiliar 135/2022, y se encuentre en posibilidad de formular por escrito los alegatos que considere pertinentes; por tanto, para dar oportunidad a que se cumplimente, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. **
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