Miguel Ángel Pacheco Escogido

Expediente 432/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
432/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Pacheco Escogido

Actuaciones

  1. Principal

    El once de abril de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de marzo al cuatro de abril de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de catorce de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo 432/2016.- DOY FE. En la misma fecha el licenciado Faustino Rodríguez Flores, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de garantías promovida por Ma. del Refugio Pacheco Escogido; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de Amparo, en relación con los diversos 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214, de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. *Ángeles

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 6/2016, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, asistida de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez, acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas con sede en esta ciudad, y por legalmente emplazada a la parte tercero interesada Colegio de Bachilleres del estado de Zacatecas; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral número 785/I/2013. Al respecto, la Juez, acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las pruebas ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual se hace constar que no fueron formulados por ninguna de las partes, con lo que se cierra el mismo. No existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 6/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el cinco de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, David Vladimir Minero Borroel formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO La omisión de pronunciar laudo dentro del juicio laboral número 785/I/2013. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular en auto de seis de enero de dos mil dieciséis, ordenó su admisión y registro con el número 6/2016; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad laboral residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral número 785/I/2013. TERCERO. Existencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." No obstante que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su informe justificado, manifiesta que son ciertos los actos que se le atribuyen, de las constancias que la propia autoridad remitió como justificación de sus actos, consistentes en copia certificada del expediente laboral 785/I/2013, a las que se les otorga pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación; se desprende su inexistencia. Efectivamente, se afirma lo anterior, atendiendo a lo siguiente: Como quedó precisado en párrafos precedentes, del análisis integral de la demanda de garantías, la cual fue presentada el cinco de enero de dos mil dieciséis, se advierte que David Vladimir Minero Borroel, reclama la omisión en que ha incurrido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, debido a que no ha emitido, dentro del término legal, el laudo correspondiente en el juicio laboral 785/I/2013. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que ya se hizo referencia, se desprende la existencia, entre otras, del acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil quince, mediante el cual la junta responsable determinó, que en atención a que no quedaba prueba pendiente de desahogar, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, se concedía a las partes el término perentorio de TRES DÍAS hábiles a fin de que manifestaran por escrito su conformidad con la certificación realizada por la Secretaría de la Junta responsable, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo dentro del término señalado, y hubiera pruebas por desahogar, se les tendría por desistidos de las mismas, para todos los efectos legales y se procederá de oficio a declarar cerrada la instrucción. Así pues, de lo expuesto se desprende que, para la fecha en que el quejoso David Vladimir Minero Borroel, presentó su demanda, que como ya se dijo, lo fue el cinco de enero de dos mil dieciséis, no existía la omisión de dictar laudo que atribuye a la autoridad responsable, pues como se precisó en líneas precedentes, mediante proveído de cuatro de diciembre del año pasado, dicha autoridad concede término a las partes en el juicio laboral 785/I/2013, en el que el quejoso es el actor, para manifestar su conformidad con la certificación realizada por la Secretaría de la Junta responsable, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo dentro del término señalado, y hubiera pruebas por desahogar, se les tendría por desistidos de las mismas, para todos los efectos legales y se procederá de oficio a declarar cerrada la instrucción; por lo que será hasta que se declare cerrada la instrucción que la responsable tendrá la obligación de emitir el laudo correspondiente, dentro del término de diez días como lo dispone el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que significa que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la junta responsable, todavía no estaba en condiciones de emitir el laudo cuya omisión reclama, sin que constituya obstáculo para ello, lo manifestado por el promovente del amparo, en el único concepto de violación de su demanda, en el sentido de que una vez que se encuentra en etapa de instrucción, ya que no aportó prueba alguna para demostrar esa circunstancia; además, no obstante que por auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, se le dio vista con las constancias remitidas por la mencionada junta, cuyo acuerdo le fue notificado por lista publicada el nueve de febrero de dos mil dieciséis, como se aprecia a foja 18 vuelta de autos, no hizo manifestación alguna al respecto. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos, 73, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE, en el juicio de amparo número 6/2016, promovido por David Vladimir Minero Borroel, por los motivos indicados en el considerando último de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. DOY FE.

  3. Principal

    En diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos Doy fe. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos, de los que en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El veinte de mayo de dos mil quince, se dictó sentencia en el presente juicio de garantías, en la que por una parte se negó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ROBERTO PEÑA DIAZ, en los términos siguientes: En esas condiciones, es posible advertir la infracción a los derechos fundamentales del quejoso reconocidos en el artículo 123, apartado A), fracción XXIII, así como en los artículos 14 y 16 constitucionales, en específico su derecho de legalidad y seguridad jurídica con relación a la preferencia del crédito; por lo que procede conceder a Roberto Peña Díaz el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, deje insubsistente el proveído de nueve de julio de dos mil catorce, y emita otro en el que: a) Reconozca la prelación del crédito del quejoso obtenido en el laudo dictado en los autos del juicio laboral 539/2007 del índice de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. b) Ordene al Síndico o a quien funja como administrador en la etapa de quiebra del Concurso Mercantil 432/2010, pague al quejoso Roberto Peña Díaz, lo que le adeuda la fallida Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable, con motivo de la ejecución del laudo emitido en fecha once de junio de dos mil diez, la cantidad que resulte equivalente a los dos años anteriores a la declaración del concurso, por concepto de indemnizaciones laborales. Lo anterior, pues sólo así podrá restituirse el orden constitucional quebrantado, acorde a lo que marca el artículo 77 de la Ley de Amparo. Finalmente, no se soslaya que conforme a la Jurisprudencia de rubro: "CRÉDITOS PREFERENTES. LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, COMPRENDE, EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, LOS SALARIOS VENCIDOS Y TODA CLASE DE INDEMNIZACIONES", existe la posibilidad de que se pueda pagar al trabajador -hoy quejoso- indemnizaciones adeudadas por un lapso mayor; sin embargo, esa situación no debe ser vinculante en los efectos protectores de esta sentencia, pues la litis constitucional versó sobre la negativa de ubicar al quejoso en el caso de excepción establecido en el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles. Por auto de cinco de junio de dos mil quince, se tuvo al quejoso por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de veinte de mayo del dos mil quince, por auto de dieciocho de agosto siguiente, la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, quedando registrado como amparo en revisión laboral 290/2015-2. Posteriormente, el catorce de diciembre de dos mil quince se recibió en la oficialía de partes de este juzgado la ejecutoria de diez inmediato anterior, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión laboral 290/2015, en la que modificó la sentencia dictada por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en la cual se negó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ROBERTO PEÑA DIAZ, en los términos siguientes: "PRIMERO.- Se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Peña Díaz, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas y su Presidente, por los motivos expuestos en la parte inicial del considerando séptimo de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Peña Díaz, contra el acto que reclamó de la Jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, por los motivos y para los efectos precisados en la parte final del considerando séptimo de esta ejecutoria". Posteriormente, en auto de catorce de diciembre de dos mil quince se requirió vía fax y por correo electrónico oficial a la autoridad responsable Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil, con sede en la ahora Ciudad de México, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento al fallo protector de garantías en los términos establecidos en la sentencia modificada, a saber: "a) La Jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, deberá dejar insubsistente el proveído de nueve de julio de dos mil catorce, y emita otro en el que: b) Reconozca la prelación del crédito del quejoso obtenido en el laudo dictado en los autos del juicio laboral 539/2007 del índice de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas. c) Ordene al Sindico o a quien funja como administrador en la etapa de quiebra del Concurso Mercantil 432/2010, pague al quejoso Roberto Peña Díaz, lo que le adeuda la fallida Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, con motivo de la ejecución del laudo emitido en fecha once de junio de dos miel diez, la cantidad que resulte por el equivalente a los dos años anteriores a la declaración del concurso, por concepto de salarios devengados, incluyendo los caídos, así como el total de las indemnizaciones laborales decretadas en el laudo definitivo pronunciado en el juicio laboral número 539/2007, del índice las Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje." Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince se tuvo al Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, por enterado de la ejecutoria de diez de diciembre de dos mil quince, así como dando cumplimento a la ejecutoria, en el aspecto relativo a dejar insubsistente el proveído de nueve de julio de dos mil catorce; asimismo, manifestó su imposibilidad para dar cumplimiento a dicha ejecutoria, toda vez que no contaba con la totalidad de las constancias que remitió en alcance a su informe justificado. El veintiuno de diciembre de dos mil quince, se tuvo al Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, informando que en tanto recibía los elementos que describió en auto de quince de diciembre del año dos mil quince, ordenó al Síndico Alfonso Ascencio Triujeque, administrador de la quebrada, pagara a al quejoso Roberto Peña Díaz, lo que le adeuda Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable, con motivo de la ejecución del laudo de once de junio de dos mil diez, la cantidad que resulte por el equivalente a dos años anteriores a la declaración del concurso, por concepto de salarios devengados, incluyendo los caídos, así como el total de las indemnizaciones laborales decretadas en el laudo definitivo pronunciado en el juicio laboral número 539/2007, del índice de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje; finalmente, también se apercibió a dicho experto, que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondría una multa, consistente en ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 269, fracción I, de la Ley de Concursos Mercantiles. El veintiocho de diciembre de dos mil quince se tuvo por recibido el oficio 25444 transmitido vía fax mediante el cual Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, informó lo siguiente: Se dejó insubsistente el proveído de nueve de julio de dos mil catorce -auto de quince de diciembre de dos mil quince-; Se reconoció la prelación del crédito de Roberto Peña Díaz, que obtuvo en el laudo de once de junio de dos mil diez, dictado en el juicio laboral 539/2007, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas -auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince-; Se ordenó al Síndico mencionado quien además ejerce las funciones de Administrador de la quebrada, pague a Roberto Peña Díaz, lo que le adeuda Compañía Mexicana de Aviación Sociedad Anónima de Capital Variable, con motivo de la ejecución del laudo definitivo antes relacionado, cuya preferencia está acotada acorde a los precisos efectos de la ejecutoria de diez de diciembre último, apercibiéndose al nombrado Síndico, que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondría una multa, consistente en ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 269, fracción I, de la Ley de Concursos Mercantiles, -auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince-. Por otra parte, la autoridad de mérito informó que requirió a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de que le remitiera copia certificada del laudo definitivo de once de junio de dos mil diez, emitido en el juicio laboral, expediente número 539/2007, promovido por Roberto Peña Díaz, a efecto de proporcionársela al Síndico Alfonso Ascencio Triujeque, para que estuviera en posibilidad de realizar el cálculo de la cantidad que debía entregarse al quejoso Roberto Peña Díaz. En el auto de esta misma fecha se requirió a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días acordará lo conducente respecto del levantamiento del embargo decretado en el juicio laboral número 539/2007, promovido por Roberto Peña Díaz; y, una vez hecho lo anterior, hiciera del conocimiento a este Juzgado. El seis de enero de dos mil dieciséis se requirió al Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de diez de diciembre de dos mil quince emitida por la Superioridad, sin que para ello fuera necesario el levantamiento del embargo el síndico, quien ejerce las funciones de administrador de la quebrada, solicito por auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince ante dicho juzgado, pues de esto nada se dijo en la ejecutoria de mérito, por lo que se dejó sin efecto el oficio 38648/2015, únicamente por lo que respecta al levantamiento del embargo, remitido a la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. El veintidós de enero del presente año se tuvo al Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, infprmando que mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis, ordenó requerir al Síndico Alfonso Ascensión Trueque, en su calidad de administrador de la Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de que dentro de un término de tres días pagara al quejoso Roberto Peña Díaz, con motivo de la ejecución del laudo emitido el once de junio de dos mil diez, la cantidad que resultara por el equivalente a los dos años anteriores a la declaración del concurso, por concepto de salarios devengados, incluyendo los caídos, así como el total de las indemnizaciones laborales decretadas en el citado laudo, pronunciado en el juicio laboral expediente número 539/2007, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que para ello fuera necesario el levantamiento del embargo en la cuenta 65501021668, de Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, a nombre de la citada compañía de aviación. Asimismo, el quince de febrero del presente año, el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, informó que el Síndico Alfonso Ascencio Triujeque, desahogó el requerimiento de veintisiete de enero último, en el que solicitó se requiriera a Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, para que de la cuenta a nombre de Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable, pusiera a disposición de Roberto Peña Díaz, la cantidad de $3´082,499.20 (tres millones ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 20/100 moneda nacional), a efecto de hacerle el pago respectivo, y la aludida institución de crédito, por conducto de su apoderada Claudia Vega López, desahogó tal requerimiento exhibiendo el cheque de caja 0007306, a favor de Roberto Peña Díaz, por la referida cantidad; de igual manera, se previno al Síndico para que acudiera a ese Juzgado a recoger el referido título de crédito dentro del término de veinticuatro horas, siguientes a las que surtiera efectos la notificación personal del auto relativo y, posteriormente, en consideración de la distancia, dentro de los cinco días siguientes, acreditara que entregó al quejoso dicho pago, quedando subsistente el apercibimiento que se le hizo por auto de dos de diciembre de dos mil quince, en caso de ser contumaz con lo requerido. En relación a lo anterior, el diecisiete de febrero del actual se tuvo al Presidente de la Junta Especial Cincuenta y Tres, de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, informando que el quejoso Roberto Peña Díaz, recibió depósito por parte de Compañía Mexicana de Aviación, Sociedad Anónima de Capital Variable, el once de febrero actual, por la cantidad de 3'700,000.00 (tres millones setecientos mil pesos 00/100 m.n), desistiéndose de la acción de ejecución por lo que respecta al resto de la condena; y, de igual forma, solicitó a esa Junta levantar los embargos de veintitrés de agosto de dos mil diez y nueve de octubre de dos mil doce; finalmente, se advierte que las partes, solicitaron el archivo del expediente como asunto concluido, de lo que la referida autoridad responsable acompañó copia certificada de las constancias conducentes. A su vez, mediante oficio número 3331 dieciocho de febrero del presente año, se recibió de la responsable Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil con sede en la Ciudad de México, copia del acuerdo de dieciséis de febrero del actual, donde proveyó en atención al cumplimiento al fallo protector que le fue requerido, en los términos siguientes: Se dejó insubsistente el proveído de nueve de julio de dos mil catorce -auto de quince de dos mil quince- Se reconoció la prelación del crédito de Roberto Peña Díaz, que obtuvo en el laudo de once de junio de dos mil diez, dictado en el juicio laboral 539/2007 del índice de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas -auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince-; Se ordenó al síndico Alfonso Ascencio Triujeque, quien además ejerce las funciones de administrador de la quebrada, pagara a Roberto Peña Díaz, lo que le adeuda Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, con motivo de la ejecución del laudo definitivo antes relacionado, cuya preferencia está acotada acorde a los precisos efectos de la ejecutoria de fecha diez de diciembre último , apercibiéndose al nombrado sindico, que de no dar cumplimiento con lo anterior , se le impondría una multa, consistente en ciento veinte días de salario mínimo general vigente el en Distrito Federal, con fundamento en el artículo 269 fracción I, de la Ley de Concursos Mercantiles -auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince-; Se realizó el pago respectivo al quejos Roberto Peña Díaz, mediante depósito bancario de once de febrero de dos mil quince, por la cantidad de 3´082.499.20 (tres millones ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 20/100 moneda nacional) en su cuenta 50019785660 de Banco Inbursa, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, lo que se acredito con la copia del depósito respectivo, así como copia certificada de la comparecencia de doce de febrero del último, en la que el actor Roberto Peña Díaz recibió por parte del síndico , entre otras, la cantidad antes mencionada y en atención a ello, se desistió del resto de la condena a la quebrada- escrito con registro 2857 y anexos-. Con dichas constancias se ordenó dar vista al promovente del amparo por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho corresponda, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria por la autoridad responsable, el cual manifestó que no existía inconveniente alguno para que en el momento procesal oportuno se declarara cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto ahí precisado y, además, existe constancia en autos de que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector de garantías en los términos que se le requirió; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

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