Miguel Ángel Nieves Robles
Expediente 801/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Ángel Nieves Robles
Actuaciones
- Principal
El tres de octubre de dos mil diecisiete, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: Mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el pleno, en sesión celebrada por el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Conste. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con un oficio registrado con el número 13194. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que transcribe integró el acuerdo de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, dictado en el amparo directo penal 1019/2017-4; del que se advierte acusa recibo del oficio 22165/2017 girado por este juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, e informa que dicho Tribunal asumió la competencia planteada por este Juzgado. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Por otra parte, toda vez que del contenido del expediente en que se actúa se advierte que el mismo es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto, denominado "De la Depuración y Destrucción de Expedientes Judiciales", del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.
- Principal
CUENTA. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con el escrito registrado con el folio 12778, con anexo y seis copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. CUPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de trece de septiembre del año en curso, manifiesta que la resolución reclamada es aquella emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el siete de julio del dos mil diecisiete, que le fue notificada el diecisiete de agosto siguiente por medio de cédula en su domicilio en el municipio de Jalpa, Zacatecas. Por otra parte, señala que el recurso de apelación que resolvió la sala al dictar la determinación reclamada lo interpuso la parte ofendida contra la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas en el proceso penal 25/2014, instruido en contra del promovente por el delito de daño en las cosas, cometido en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que el promovente señala como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: Autoridad responsable ordenadora: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, de quien reclama: Autoridad responsable ejecutora: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas: Acto reclamado: Resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 262/2016, por la que la sala responsable modificó la sentencia condenatoria dictada el veinticuatro de febrero del presente año, en el proceso penal 25/2014, instruido al ahora quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el delito de daño en las cosas, cometido en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles; y su ejecución. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47 antes invocado establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen autos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. En ese orden de ideas, contra las resoluciones que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal, procede el juicio de amparo directo. Ahora, el promovente del amparo Miguel Ángel Nieves Robles reclama de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 262/2016, por la que modificó la sentencia condenatoria dictada el veinticuatro de febrero del presente año, en el proceso penal 25/2014, instruido al ahora quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el delito de daño en las cosas, cometido en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles; y su ejecución. De lo anterior se colige que el acto reclamado lo constituye una resolución que modifica la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 25/2014, instruido en contra del ahora quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el delito de daño en las cosas en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles; es decir, una sentencia definitiva dictada por un tribunal judicial. Por ello, se estima que la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda y se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como Tesis P./J. 40/97, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AURO DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) D ELA LEY DE AMPARO. "CUENTA. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con el escrito registrado con el folio 12778, con anexo y seis copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. CUPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de trece de septiembre del año en curso, manifiesta que la resolución reclamada es aquella emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el siete de julio del dos mil diecisiete, que le fue notificada el diecisiete de agosto siguiente por medio de cédula en su domicilio en el municipio de Jalpa, Zacatecas. Por otra parte, señala que el recurso de apelación que resolvió la sala al dictar la determinación reclamada lo interpuso la parte ofendida contra la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas en el proceso penal 25/2014, instruido en contra del promovente por el delito de daño en las cosas, cometido en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que el promovente señala como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: Autoridad responsable ordenadora: Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, de quien reclama: Autoridad responsable ejecutora: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas: Acto reclamado: Resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 262/2016, por la que la sala responsable modificó la sentencia condenatoria dictada el veinticuatro de febrero del presente año, en el proceso penal 25/2014, instruido al ahora quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el delito de daño en las cosas, cometido en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles; y su ejecución. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El artículo 47 antes invocado establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen autos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.". Del contenido del precepto legal transcrito, se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. En ese orden de ideas, contra las resoluciones que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal, procede el juicio de amparo directo. Ahora, el promovente del amparo Miguel Ángel Nieves Robles reclama de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 262/2016, por la que modificó la sentencia condenatoria dictada el veinticuatro de febrero del presente año, en el proceso penal 25/2014, instruido al ahora quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el delito de daño en las cosas, cometido en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles; y su ejecución. De lo anterior se colige que el acto reclamado lo constituye una resolución que modifica la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 25/2014, instruido en contra del ahora quejoso Miguel Ángel Nieves Robles, por el delito de daño en las cosas en perjuicio de Miguel Luis Ruíz Robles; es decir, una sentencia definitiva dictada por un tribunal judicial. Por ello, se estima que la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, salvo que dicha Superioridad determine lo contrario; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda y se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del líbelo se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como Tesis P./J. 40/97, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El trece de septiembre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Nieves Robles, registrada con el folio 12309, anexos y tres copias de ésta que se adjuntan La circunstancia de que el licenciado José Ricardo Flores Dávila (498813) tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Nieves Robles, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 801/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y". Por su parte, el numeral 108, fracciones III, IV y V de la ley de la materia en consulta, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De los preceptos legales que se transcriben se desprende que es facultad del juez de amparo requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda cuando de este se adviertan irregularidades u omisiones, no se encuentren satisfechos los requisitos que la ley prevé para la demanda de amparo indirecto, o cuando no se hubiera expresado con precisión el acto reclamado. Por su parte, el artículo 108 establece que entre los requisitos que debe satisfacer la demanda de amparo indirecto se encuentra la narración, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y las abstenciones que sean antecedente de los actos reclamados, las autoridades responsables y los actos que de cada una reclame. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el promovente reclama de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad la resolución emitida dentro del toca penal 262/2016, en el que se le condena a la reparación del daño de una forma total, sin precisar la fecha exacta de esa determinación, ni cuándo tuvo conocimiento de la misma. Cabe destacar que la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 161/2013 (10a.), con registro 2005636, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, materia común, que establece "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Por lo que es necesario que el demandante del amparo precise bajo protesta de decir verdad la fecha de emisión del acto reclamado y la notificación del mismo. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa la fecha de la determinación emitida dentro del toca penal 262/2016, en el que se le condena a la reparación del daño de una forma total y cuándo tuvo conocimiento de la misma. Contra qué resolución de primera instancia se interpuso recurso de apelación. Asimismo, en virtud de que es parte procesal en el juicio de origen, si pudiera exhibir copia del acto reclamado a efecto de fijar la litis constitucional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir seis copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, a saber: una para la autoridad responsable, otras dos para formar los cuadernos relativos al incidente de suspensión, dos más para la parte tercero interesada y la última para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que, quien bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda promovida, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia al licenciado José Ricardo Flore Dávila (498813), toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y se tiene como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Lomas del Lago número trescientos cinco (305), colonia Lomas del Lago, en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.
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