Miguel Angel Ortega Arroyo

Expediente 586/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
586/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Ortega Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de siete de junio del año en curso, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Ortega Arroyo, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por el quejoso ******, por virtud del cual cumple la prevención realizada mediante proveído de veintinueve de mayo de la presente anualidad. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, lo aleguen o no las partes; por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. (.) Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo y del escrito aclaratorio que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es:  La ilegal integración de la carpeta de investigación 18/2018/1048 de la que conoce el Agente del Ministerio Público Determinador de la Mesa IV de CAVIT en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, ante la falta de valoración del perdón otorgado por la ofendida a favor del aquí quejoso. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo vigente, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, ya que el quejoso tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal de impugnar dicho acto ante el Juez de Control competente. (.) Luego, en el caso a estudio, el quejoso reclama que el Agente del Ministerio Público Determinador de la Mesa IV de CAVIT en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, no haya valorado el perdón otorgado a su favor por la ofendida, lo que, a su consideración, ocasiona que la carpeta de investigación **** se encuentre mal integrada; lo que permite advertir que se reclama la pasiva actuación del Agente del Ministerio Público en relación al desarrollo de la investigación relativa a la carpeta en cita, y por ende, este Juzgado de Distrito se pronuncia en relación con la acreditación o no de su interés jurídico en los siguientes términos: El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Aunado a lo anterior, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda, no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario de garantías acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, como ya se dijo, el quejoso reclama la falta de valoración del perdón otorgado a su favor por la ofendida, que trae como consecuencia, la ilegal integración de la carpeta de investigación 18/2018/1048. Lo anterior no irroga perjuicio al promovente, dado que la autoridad señalada como responsable, al emitir el acto tildado de inconstitucional, actúa en virtud de las facultades que tiene conferidas en el artículo 21 Constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: (..) En efecto, del texto constitucional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el Ministerio Público conduce la investigación de los delitos y coordina a la Policía, de ahí que, las actuaciones tendientes a la integración de la carpeta de investigación no causan daño al gobernado, pues son de orden público, esto es, estamos ante un derecho social, donde, como quedó apuntado, al Ministerio Público le asisten el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, investigación penal orientada para el esclarecimiento de tal hecho y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión y, así, poder sustentar, ya sea, el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. De ahí que, sólo se materializa el perjuicio personal y directo en caso de que el ministerio público, atento al nuevo sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formule imputación contra el imputado ante el juez de control y dicho juez se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. En efecto, la integración en la investigación o consignación reclamada, sólo es un requisito previo a la formulación de la imputación, pues no puede haber formulación de imputación y menos vinculación a proceso contra personas indeterminadas, máxime que, para exista una imputación contra una persona determinada es necesario que el fiscal recabe los datos de prueba suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señale como delito, y tener acreditada la participación probable del imputado. Todo lo anterior, siempre y cuando, no se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que la autoridad ministerial o la policía realicen conductas fuera de todo cauce Constitucional o legal, lo que en el caso no acontece, pues, como se ha visto, actúan de conformidad con la Constitución y ley aplicable. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    c.a VISTA LA CERTIFICACION SECRETARIAL QUE ANTECEDE, DE LA CUAL SE ADVIERTE QUE EL ORIGIANL DEL JUICIO DE AMPARO 78/2006-4, SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO, MOTIVO POR EL CUAL SE ORDENA FORMAR EL CUADERNO DE ANTECDENTES EN QUE SE ACTUA Y SE RESERVA A ACORDAR LO QUE EN DERECHO PROCEDA, HASTA EN TANTO SE CUENTE CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE QUE S ETRATA. NOTIFIQUESE

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