Miguel Ángel Olvera Romero
Expediente 189/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Miguel Ángel Olvera Romero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************** para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos que reclama del Presidente Municipal Constitucional de Nopala de Villagrán, Hidalgo y otras. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 189/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Tal precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Ahora bien, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, que podrá comparecer por sí mismo o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, por conducto de su representante, defensor, algún pariente o incluso, una persona extraña. Significa entonces, que el escrito de demanda a través del que se pretenda instaurar el citado mecanismo de control constitucional, debe estar suscrito y firmado por alguna de las personas suprarreferidas, pues de lo contrario, se desconocería la identidad del promovente y consecuentemente, se estaría incumpliendo con el principio de "instancia de parte agraviada"; lo cual causaría la improcedencia de la acción de amparo. Es ilustrativa por su idea jurídica, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. DA LUGAR A SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si la demanda no fue suscrita, ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acreditara su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cuando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo". Ahora bien, para el particular resulta relevante el contenido de los numerales 2, fracciones XV y XVI y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales señalan: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: - XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. - XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente.- Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional.- Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda". De las anteriores disposiciones normativas, se deduce que la "firma electrónica vigente" o FIREL, es la forma de autenticar los escritos y promociones que se presenten a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que tratándose de firma autógrafa. Por tanto, si en el caso la demanda carece de la firma del quejoso, es inconcuso que no puede apreciarse su voluntad de instar la acción constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Cabe señalar, que en el caso no se está en algún supuesto de excepción contenido en el artículo 15 de la ley de la materia, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (...)". Significa entonces que salvo la excepción descrita, la ausencia de firma electrónica en la presentación de la demanda de amparo a través del portal de servicios en línea, provoca su desechamiento al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En el caso, de la lectura de la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte que carece de firma electrónica del quejoso. Asimismo, se observa que los actos señalados como reclamados son: "Consiste en el artículo 117 y 121 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, donde existe controversia constitucional al artículo 6 fracción II, inciso a) de la citada Ley así como el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 115, 116 y 144 fracción VIII de la Constitución Política Hidalgo (sic)" De igual forma se advierte que al precisar los antecedentes del acto reclamado, señaló: ".que al Presidente Municipal, la Secretaría de Gobernación del Estado de Hidalgo, le han girado oficios de invitación para que los servidores públicos municipales sean inscritos en el Sistema Hidalguense de Profesionalización Municipal y puedan certificarse como lo menciona el artículo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Pero a mi no me dan acceso al registro cuento con la Licenciatura en Ingeniería Industrial y no es compatible con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Salvo que desde el año (incompleto) desempeñado en cargos de obra pública teniendo experiencia." Como se observa, el acto impugnado no se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. Por tanto, al no cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta juzgadora considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6 del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de cuenta. Finalmente, no se soslaya la jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 4877, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, Materia Común, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. - Hechos: El Juez de Distrito recurrido desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, al estimar que en el escrito respectivo no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso, lo que constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la demanda -principio de instancia de parte agraviada-, sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad susceptible de subsanarse. - Criterio jurídico: Atento a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país, generadas por el virus SARSCoV2 (COVID-19), la falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso en la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que dé lugar a su desechamiento de plano. - Justificación: Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Así, estimar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la falta de firma electrónica (FIREL), como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, es manifiesta e indudable, impediría a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. Por tanto, en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. No se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: 'DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO'; sin embargo, este criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso". Sin embargo, se estima que este criterio es inaplicable al caso en particular, pues no se actualiza el supuesto del que parte, ya que si bien en la actualidad subsiste la contingencia sanitaria a causa de la propagación generalizada del virus Sars-CoV2 (Covid- 19), lo que conllevó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 22/2020, implementara condiciones de trabajo y atención al público que limitan y restringen el acceso de los usuarios a los recintos judiciales; también es cierto que a virtud de ese mismo ordenamiento, se prevé e instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales a que incentiven la utilización del juicio en línea, mediante el uso precisamente de la firma electrónica. Asimismo, hoy en día, a diferencia de la época en que iniciaron las medidas sanitarias a consecuencia de la pandemia en comento, se encuentran abiertas las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, por lo que en caso de que el justiciable no estuviere en posibilidad de tramitar y obtener su FIREL, tiene las condiciones para presentar su demanda a través de aquéllas. Significa entonces, que a la fecha de la presentación del escrito respecto del que ahora se provee, no se suscitan las situaciones fácticas que se consideraron por el tribunal colegiado, al emitir el criterio jurisprudencial en mención, y por ende, se insiste en que éste resulta inaplicable al presente asunto. DOMICILIO Por otra parte, ya que la parte quejosa fue omisa de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones hágase del conocimiento que se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por la fracción por la fracción I, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo Vigente, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese en las listas que se fije en los estrados de este órgano.
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