Miguel Ángel Martínez Tadeo
Expediente 621/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Ángel Martínez Tadeo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo signado el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, y remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k) y fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Miguel Ángel Martínez Tadeo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, está obligado a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 2621/2019, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta por el aquí quejoso Miguel Ángel Martínez Tadeo, y en su lugar, emita otra en la, que con plenitud de jurisdicción, pero sin cancelar la pensión alimenticia fijada para los acreedores alimentarios, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario confirmar la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con fundamento en el artículo 26 fracciones II inciso a), y III de la Ley de Amparo, notifíquese, por lista de acuerdos a las partes, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 621/2020, promovido por Miguel Ángel Martínez Tadeo, yRESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, recibido en esa misma fecha por la citada Oficina de Correspondencia, y turnado a este Juzgado el diecinueve del mes y año en cita, Miguel Ángel Martínez Tadeo promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2 a 13). SEGUNDO. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar a las terceras interesadas; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional, la que finalmente tuvo verificativo en el horario y día señalados (fojas 15 a 19). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 32) la constancia de notificación respecto del emplazamiento de las terceras interesadas Verónica Martínez Téllez por propio derecho y en representación de hijo menor de edad A.A.M.M., de identidad reservada (foja 24) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos al derecho de recibir alimentos, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 2621/2019 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia fijada en el auto de inicio (foja 3). Resolución que fue notificada a las partes por lista de acuerdos el veintisiete de octubre de dos mil veinte (foja 193 vuelta del tomo de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, puesto que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le reclama (foja 32). Lo que se corrobora en razón que el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 2621/2019, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni se advierte de oficio la existencia de alguna, según lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, de los cuales se omite su transcripción pues no existe disposición legal que así lo exija. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación relativos a que la resolución reclamada viola en perjuicio de la parte quejosa los principios de fundamentación y motivación, así como el de proporcionalidad contemplado en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, al realizar una indebida valoración de las pruebas que obran en autos, son fundados y suficientes para otorgar la protección solicitada; lo anterior, en los términos en que se precisan en esta sentencia. MARCO NORMATIVO FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Es importante señalar que tratándose de resoluciones jurisdiccionales del orden civil, los tribunales se encuentran obligados a fundar y motivar debidamente sus determinaciones respecto a la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 constitucional, la cual refiere, en lo que aquí importa, que en los juicios del orden civil, las resoluciones que se dicten deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, esto es, en los principios rectores de nuestro sistema jurídico que se encuentran explícitos o implícitos en el mismo. Así como a fundar y motivar sus determinaciones respecto a la garantía contenida en el primer párrafo del numeral 16 constitucional, que establece la garantía de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, esto es, en el estudio de las acciones y excepciones en controversia, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Ello aunado a la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate; pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones, ya que en las resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Lo anterior también ve reflejo en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el que se dispone que la autoridad jurisdiccional debe emitir sus resoluciones apegadas a la claridad, precisión y congruencia a efecto de resolver exhaustivamente los puntos que integran la litis de reclamación; numeral que es del contenido siguiente: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos." Así pues, del numeral anteriormente citado se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades jurisdiccionales en materia civil, deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate; pero, sobre todo, con el contenido de la resolución misma. ALIMENTOS. Por otra parte, la figura jurídica de "los alimentos" se encuentra comprendida en los artículos 232 al 254 del Código Civil del Estado de Veracruz, y es definida por estos, como una institución conforme a la cual una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, de la adopción, del divorcio y, ante la satisfacción de determinados requisitos, del concubinato. Así las cosas, la obligación alimentaria trata de cubrir, jurídicamente, una necesidad apremiante y perentoria de subsistencia de quienes tienen derecho a reclamarla; es decir, se pretende asegurar a los acreedores alimentistas los medios de vida suficientes cuando éstos no se encuentren en aptitud de procurárselos por sí mismos, por lo que el crédito por alimentos tiene un carácter especial, ya que está destinado a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, en especial los menores de edad y, a los hijos mayores de edad, cuando estos acrediten estar estudiando en un grado acorde a su edad. Se trata, entonces, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. Ahora bien, para fijar la pensión alimenticia, deben considerarse las condiciones del alimentado y las posibilidades del alimentante, pues en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, se establece que los alimentos habrán de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Asimismo, el artículo 239 de dicha legislación dispone cuáles son los conceptos que comprenden los alimentos, como lo son en general la comida, el vestido, la habitación la asistencia en casos de enfermedad, y gastos para educación (en el caso general de los menores y especial de los que sean mayores de edad) y proporcionarles algún oficio, arte o profesión honesto y adecuado a su sexo. Además, en el caso de los hijos estudiantes mayores de edad, se ha sostenido el criterio de que dicha obligación debe cumplirse cuando estos justifiquen estar estudiando y que el grado de escolaridad que cursan es adecuado a su edad. Por otra parte, cabe destacar que la legislación civil estatal, en aras de garantizar ese derecho (que es de orden público como se ha dicho) y la subsistencia de los acreedores alimentarios, establece que al admitir la demanda en los juicios de alimentos, el juez podrá fijar y asegurar los alimentos provisionales que los deudores deben dar a los acreedores mientras no se dicte sentencia en el juicio, pues será en esta última ocasión en la que se decide en definitiva si se acreditó el derecho a alimentos y, en su caso, se determina el monto definitivo de la pensión, pero ya con base en el material probatorio rendido por las partes. En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 210, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en la parte que al estudio interesa, se advierte que en contra de la pensión alimenticia que inicialmente se fije en un juicio de alimentos, el deudor alimentario puede inconformarse interponiendo el recurso de reclamación, a efecto que el juzgador reanalice la citada medida, atendiendo a las nuevas circunstancias que el reclamante exponga y pruebe, de lo que es evidente que el juez debe admitir pruebas en dicha reclamación, siempre y cuando sean documentales y se encuentren ofrecidas en el propio escrito de su interposición, del desahogo de vista y de la demanda formulada por la parte actora. En cuanto a la tramitación del citado recurso, se exige que el juez debe dar vista por un término de tres días, con el mismo, a la parte acreedora, a efecto que esté en aptitud de controvertir lo manifestado por el deudor y exhibir pruebas, y una vez cumplido con lo anterior, el juzgador deberá resolver lo procedente, para lo cual tendrá la obligación de llevar a cabo el análisis de todos los medios de prueba exhibidos por los contendientes y tomar en consideración las manifestaciones por ellos vertidas, tanto en el escrito de reclamación como en el escrito de desahogo de la misma, pues sólo de esa manera se salvaguarda el principio del justo equilibrio procesal entre las partes. Dicho en otras palabras, al resolverse la reclamación con base en las pruebas aportadas por las partes, el juzgado debe analizar lo relativo a la confirmación o modificación del monto de la pensión provisional, con la única limitante de que no puede cancelarla. En relación con dicha cancelación se cita la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación. Finalmente, cabe decir que el descuento de la pensión alimenticia debe realizarse después de disminuir las deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado; lo que tiene sustento en el criterio jurisprudencial del rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones de carácter permanente. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió el juez responsable: 1. Mediante escrito recibido ante el juez responsable el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, Verónica Martínez Téllez por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad A.A.M.M., de identidad reservada y Merari Martínez Martínez, entonces menor de edad, así como Joselyn Martínez Martínez, promovieron juicio ordinario civil en donde demandaron de Miguel Ángel Martínez Tadeo, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su oportunidad definitiva, entre otras prestaciones (fojas 3 a 10 del tomo de pruebas). Con dicho escrito se ofrecieron como prueba las actas de nacimiento de los citados menores de edad de identidad reservada, de las que se advierte el acta de nacimiento número 00197, de la ahora mayor de edad Merari Martínez Martínez, de la que se desprende como fecha de nacimiento once de diciembre de dos mil uno (foja 13 del tomo de prueba). 2. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable, entre otras cuestiones, tuvo por admitida la demanda, ordenó emplazar a la parte demandada, decretó pensión alimenticia provisional en favor de Verónica Martínez Téllez por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad A.A.M.M., de identidad reservada y Merari Martínez Martínez, entonces menor de edad, consistente en el cuarenta y cinco por ciento, quince por ciento para cada uno de los acreedores alimentarios, sobre el salario y demás prestaciones que percibe Miguel Ángel Martínez Tadeo, como empleado de la empresa donde labora. Asimismo, no se fijó pensión alimenticia a favor de la diversa actora Joselyn Martínez Martínez (fojas 27 a 31 del tomo de pruebas). 3. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el seis de enero de dos mil veinte, Verónica Martínez Téllez por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad A.A.M.M., de identidad reservada y Merari Martínez Martínez, entonces menor de edad, así como Joselyn Martínez Martínez, interpusieron reclamación respecto al monto de la pensión alimenticia fijada en forma provisional en el auto de inicio (fojas 47 a 49 del tomo de pruebas). 4. Mediante escrito fechado el veintiocho de enero de dos mil veinte, Miguel Ángel Martínez Tadeo, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, al mismo tiempo que interpuso reclamación respecto al monto de la pensión alimenticia fijada en forma provisional en auto de inicio, y ofreció diversas pruebas (fojas 63 a 87 del tomo de pruebas). 5. En auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, entre otras cuestiones, se dio trámite a la reclamación interpuesta por Verónica Martínez Téllez por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad A.A.M.M., de identidad reservada y de la entonces menor de edad Merari Martínez Martínez, Joselyn Martínez Martínez, y Miguel Ángel Martínez Tadeo, y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (fojas 163 a 165 del tomo de pruebas). 6. El veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable resolvió improcedente la reclamación interpuesta por Verónica Martínez Téllez por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad A.A.M.M., de identidad reservada y Merari Martínez Martínez, entonces menor de edad, Joselyn Martínez Martínez, y Miguel Ángel Martínez Tadeo, y confirmó el monto de la pensión alimenticia fijada en el auto de inicio, así como que no era procedente fijar pensión alimenticia a favor de Joselyn Martínez Martínez (fojas 184 a 193 del tomo de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. Hasta aquí la relación de antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, del análisis integral de las actuaciones reseñadas, permiten al suscrito arribar a la conclusión que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación que a los actos de esta naturaleza exige el artículo 16 constitucional, pues al declararse improcedente la reclamación de alimentos interpuesto por el aquí quejoso, el juez responsable no llevó a cabo el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis de reclamación, en contravención al principio de congruencia que establece el numeral 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, vulnerando las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales. En efecto, lo anterior es así ya que del análisis integral de la resolución reclamada se colige que la responsable realizó una relación sucinta de los agravios expuestos por la parte actora y demandado, así como de las pruebas que ofrecieron en relación a la reclamación de la pensión alimenticia, a las cuales les concedió valor probatorio conforme a los artículos 210, 235, 239, 261, 262, 265, 266, y 327del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Para luego entrar al análisis de la cuestión debatida, ya que de la lectura integral de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable sustentó toralmente la improcedencia de reducir la pensión provisional alimenticia inicialmente decretada, basado en las siguientes consideraciones: Los derechos alimentarios solicitados por las acreedoras Verónica Martínez Téllez, y los menores de edad A.A.M.M. y M.M.M. (Merari Martínez Martínez) de identidad reservada, se encuentran acreditados, pues se demostró la existencia del vínculo que une al deudor y las acreedoras alimentarias, en el carácter de cónyuge y descendientes del demandado; Por cuanto hace al estado de necesidad de los infantes es evidente que al contar con la minoría de edad existe la presunción de necesitar alimentos por parte de su progenitor, sin necesidad de demostrarlo en forma plena, pues basta la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, justificándose lo primero con el vínculo filial que une a los menores con el demandado, y el peligro en la demora que se surte por las circunstancias del caso, en el que basta que los infantes acreedores se ubiquen en el rango de personas que atendiendo a su minoría de edad se encuentren imposibilitados para satisfacer por sí mismos sus necesidades alimentarias Con las pruebas que aportó el deudor alimentario no se encuentra demostrado que se encuentre cumpliendo cabalmente de manera constante e ininterrumpida con todos los rubros que contempla el concepto de alimentos para su cónyuge y de sus menores hijos, por el contrario, con tales probanzas se desprende que ha incumplido a tal obligación, por lo que lejos de beneficiarlo, perjudican a sus intereses. Además, los alimentos se deben de otorgar de manera continua y acorde con las necesidades de quien debe de recibirlos, máxime que está en juego la subsistencia de menores a través de los alimentos, pues es precisamente la discontinuidad en el otorgamiento de la pensión lo que debe de prevenirse, lo que se logra mediante el decreto judicial de la pensión obligatoria, ya que no es factible dejar al arbitrio del deudor la potestad discrecional de su pago en la fecha que estime oportuna y bajo su voluntad la cantidad que debe suministrar, pues ello incide de manera directa sobre el bienestar o perjuicio de los propios menores de edad al estar supeditada la cantidad de la pensión a la voluntad del deudor alimentario. El derecho de la actora a reclamarle alimentos en su carácter de esposa, se encuentra acreditado en autos, toda vez que del escrito de demanda se advierte el argumento de que se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar cuando vivió con él y actualmente al cuidado y educación de los menores de edad, de donde surge la presunción de necesitar alimentos, lo que no fue destruido por el deudor alimentario con las documentales que aportó como pruebas, razón por la cual se desestiman todos los argumentos defensivos que hace valer en ese punto. Es cierto que la obligación de proporcionar alimentos a los hijos recae en ambos padres, sin embargo, en el caso no existen pruebas de las que se desprenda plenamente que la actora obtenga ingresos por el desempeño de alguna actividad como lo afirma el deudor, por lo que se desconoce la veracidad de ese hecho, y en caso de que fuera real, no es posible precisar a cuánto ascienden los ingresos de la accionante, porque el demandado no aportó prueba que lo demuestre, requisito indispensable para lograr la regraduación del monto de la pensión alimenticia, pues solo medios probatorios idóneos y suficientes son los que posibilitan el nuevo cálculo de pensión, de tal suerte que debió aportar alguna prueba de la cual conocer plenamente la actividad laboral de la actora, y más aún el monto de los ingresos económicos, para concluir que ella debe contribuir económicamente con la carga alimentaria de sus menores hijos, sin que haya aportado alguna prueba para demostrar esa situación, lo que implica que no surte a su favor esa hipótesis. Además, la actora al tener a sus hijos bajo su guarda y custodia contribuye de esa manera con su obligación alimentaria dado el rol que desempeña sobre su cuidado y atención al llevarlos a la escuela, ayudarlos con sus tareas, prepararles sus alimentos, lo cual requiere de tiempo y dedicación, mismo que la imposibilita en encontrar un trabajo de tiempo completo con una mejor remuneración que el deudor alimentario. El demandado no demostró el argumento en el sentido de que adquirió un inmueble con un crédito de INFONAVIT, y menos que en tal inmueble habiten su esposa e hijos menores de edad, por lo que no probó que de esa forma se encuentre cubierto el rubro de habitación a favor de los acreedores, y que a su salario se efectúe algún descuento por el pago de ese crédito. Asimismo, con los documentos privados que exhibió no demostró la existencia de los gastos por luz eléctrica, agua potable, transporte y comida a que aludió; tampoco demostró que pague los servicios del hogar en el que habitan sus acreedores alimentarios, así como la comida, vestimenta, zapatos, transporte y recreación, como lo argumenta, lo que de ninguna forma se desprende de los documentos privados que exhibió. Por tanto, es inconcuso que el reo puede satisfacer todos los gastos personales que amparan esos documentos, con el cincuenta y cinco por ciento restante de su salario, porcentaje con el que puede cubrir el pago de la renta contenido en el recibo que aporta para ese efecto, por lo que se estima que los documentos privados que exhibió, son ineficaces para reducir la pensión alimenticia provisional decretada. En consecuencia, se arriba a la conclusión que la pensión alimenticia fijada cumple con el principio de proporcionalidad, en la medida en que los alimentos comprenden otros rubros como lo es habitación, escuela y aportaciones de dinero de manera ininterrumpida; con el porcentaje de alimentos decretado se deben de cubrir los gastos de vestido, comida, habitación y todos los demás gastos necesarios para la educación básica de los infantes y de la actora; además, considerando la edad de los infantes, es obvio que requieren de una alimentación especial para lograr un sano y adecuado desarrollo, en tanto que el accionado, si bien es evidente que los tiene, al tratarse de una necesidad básica e indispensable para su subsistencia, tampoco demuestra a cuánto ascienden. Sin pasar por alto que el porcentaje decretado se fijó para tres acreedores alimentarios, pese a lo cual al reo le resta el porcentaje superior al que se le decretó para cada uno de los citados acreedores, lo que corrobora que el porcentaje guarda los principios de equidad y proporcionalidad. Además, con las pruebas que ofreció el deudor en modo alguno acreditó que les proporcione vivienda a sus acreedores alimentarios; en relación al rubro de educación a favor de los menores acreedores, si bien no fueron aportadas las erogaciones realizadas por ese concepto, es un hecho notorio que no requiere demostración, que por encontrarse en edad escolar, se infiere que se deben cubrir con el porcentaje decretado en autos, los cuales se originan continuamente, como son útiles, uniformes, inscripciones, herramientas y material de trabajo que les pueden ser requeridos a los infantes. La capacidad económica del deudor alimentista se demuestra con su reconocimiento en el escrito de reclamación, al admitir que es empleado de la empresa denominada Perforadora Central, lo que implica que cuenta con ingresos que le permiten cumplir con su obligación alimentaria; además, sobre los derechos de los adultos se tiene los de la infancia, entonces aun cuando opera a favor del demandado de tener gastos propios para su subsistencia, por sobre los mismos se colocan las necesidades alimentarias de sus hijos menores de edad respecto al rubro de comida y vestido, y el accionado no aportó gastos por estos conceptos, por lo que debe atenderse que al ubicarse en el rango de personas ya desarrolladas físicamente, implica que sus gastos de vestido no sean mayores y por cuanto hace al concepto de comida, no se desprende que el demandado cuente con una alimentación especial para deducir que eroga cantidades mayores a los de cualquier persona adulta considerada como sana, sin que pase inadvertido que hasta ese momento no existe prueba que revelen un alto nivel de vida; por lo que, concluyó la responsable, es ajustado a derecho declarar improcedente la reclamación planteada y confirmar en monto fijado en el auto de inicio. Hasta aquí las consideraciones del juez responsable. Cuestiones que estimó suficientes el juez natural, para confirmar el monto de la pensión alimenticia decretada a favor de Verónica Martínez Téllez, y los menores de edad A.A.M.M. y M.M.M. de identidad reservada, ésta última con el nombre de Merari Martínez Martínez mayor de edad en el momento en que se resolvió la resolución reclamada. Ahora, de la lectura integral de la demandada de amparo, se advierte que el quejoso sostiene la ilegalidad de la resolución combatida, sustancialmente ante la deficiente valoración probatoria de la copia certificada del acta de nacimiento número 00107, de Merari Martínez Martínez, expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil de Boca del Río, Veracruz, pues de la misma se advierte que su hija Merari Martínez Martínez, nació el once de diciembre de dos mil uno, por lo que al presentar la demanda en el juicio de origen, era menor de edad, sin embargo, al resolver la reclamación planteada ya había alcanzado la mayoría de edad. Por tal motivo, aduce el quejoso, el juez responsable dejó de considerar que si los hijos son mayores de edad y gozan de capacidad física y mental, deben acreditar que se encuentran estudiando y que el grado de escolaridad que cursan es adecuado a su edad, violentando con ello el principio de proporcionalidad, pues no es equitativo fijar una pensión alimenticia sin tomar en consideración que su hija ahora mayor de edad no justifica su necesidad alimentaria, así como sus estudios actuales, si es que los está cursando, pues en el caso, al ser mayor de edad se encuentra obligada a acreditar dicha necesidad alimentaria. Lo anterior, como se dijo, es fundado. Ello es así, pues se considera que como lo aduce el quejoso, el juez responsable al emitir la resolución de reclamación promovida por el aquí quejoso, no valoró correctamente la documental relativa a la copia certificada del acta de nacimiento número 00107, de Merari Martínez Martínez, pues con ella acreditó el vínculo que la une con el deudor alimentario con el carácter de descendiente, que dicha acreedora alimentaria es menor de edad y con ello se acreditaba el estado de necesidad de la infante. Sin embargo, inadvirtió que de dicha documental se desprende que Merari Martínez Martínez, nació el once de diciembre de dos mil uno, motivo por el cual si bien es verdad que al presentar la demanda en el juicio de origen era menor de edad, no menos verdad lo es, que al resolver la reclamación de alimentos ya había alcanzado la mayoría de edad; se dice lo anterior, pues al veintisiete de octubre de dos mil veinte en que se emitió dicha resolución, Merari Martínez Martínez, tenía aproximadamente dieciocho años con diez meses de edad, toda vez que nació el once de diciembre de dos mil uno, como se advierte del acta de nacimiento número 00107. De ahí que la valoración probatoria que de dicha documental hizo la autoridad responsable resulta incongruente, pues en los términos antes precisados no se puede concluir que al veintisiete de octubre de dos mil veinte en que se emitió la resolución de reclamación que constituye aquí el acto reclamado, Merari Martínez Martínez fuera menor de edad, como lo consideró el juez responsable. Máxime que no se puede soslayar que en el caso de los hijos mayores de edad, se ha sostenido el criterio de que no tienen a su favor la presunción de necesitar los alimentos, y que se encuentran obligados a demostrar la necesidad de la medida; y para que prospere la acción de alimentos intentada por el hijo mayor de edad que afirma estar estudiando, al hecho de que justifique además de su calidad de hijo y de que el deudor tiene posibilidad económica para sufragarlos, el de demostrar que efectivamente se encuentra estudiando y que el grado de escolaridad que cursa es adecuado a su edad, pues atendiendo a que los alimentos deben ser proporcionados en razón a la necesidad del que debe percibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar al padre o deudor a proporcionar alimentos al hijo que cuenta con edad avanzada y estuviera realizando estudios que no corresponden a su edad y situación. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: "ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE EDAD, DEBEN PROBAR SU NECESIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Aun cuando los hijos, tienen a su favor la presunción de necesitar los alimentos; en tratándose de mayores de edad, y sin que por ello se trate de probar hechos negativos, al haber adquirido el estatuto jurídico perfecto en términos de los artículos 577 y 578 del Código Civil del Estado, y no existir disposición expresa en dicho código que obligue a los padres a proporcionárselos sin causa justificada, puede derivarse de la ratio legis del artículo 239 de dicho ordenamiento legal, que tales hijos mayores de edad se encuentran obligados a demostrar la necesidad de la medida". "ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN. Esta Tercer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 141, en la página 236, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, sostuvo el criterio de que la obligación de proporcionar alimentos a los hijos mayores de edad no desaparece por el solo hecho de que lleguen a esa edad, en virtud de que su necesidad no se satisface automáticamente por la realización de esa circunstancia, toda vez que al igual que los hijos menores de edad, tienen la presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario, correspondiendo tal carga en esos casos al deudor, quien debe justificar que el actor no los necesita, ya sea porque tiene bienes propios o porque desempeña algún trabajo o alguna profesión, oficio o comercio; sin embargo, tal criterio debe quedar limitado, para que prospere la acción de alimentos intentada por el hijo mayor de edad que afirma estar estudiando, al hecho de que justifique además de su calidad de hijo y de que el deudor tiene posibilidad económica para sufragarlos, el de demostrar que efectivamente se encuentra estudiando y que el grado de escolaridad que cursa es adecuado a su edad, pues atendiendo a que los alimentos deben ser proporcionados en razón a la necesidad del que debe percibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar al padre o deudor a proporcionar alimentos al hijo que cuenta con edad avanzada y estuviera realizando estudios que no corresponden a su edad y situación". Además, con lo anterior, trajo como consecuencia que el Juez responsable no señalara los motivos, razones y argumentos de derecho en los que sustente que la cantidad finalmente decretada cumple con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, esto es, por qué atiende a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades del que debe recibirlos. En efecto, la responsable no detalló por qué estima que el monto de la pensión alimenticia fijada a cargo del deudor alimentista, cumple con los principios de equidad y justicia, y atiende a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar del que surge este derecho de alimentos. En otras palabras, por qué el monto asignado a los acreedores alimentarios satisface su estado de necesidad y le proporciona la posibilidad de suministrarse comida, vestido, habitación y la asistencia en caso de enfermedad, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario menor de edad y adecuados a sus circunstancias personales, como lo establece el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz, así como las posibilidades del deudor alimentario, explicando por qué la cantidad fijada como pensión alimenticia no pone a éste en peligro de insubsistencia; por qué no es excesivo para el deudor y sí, por el contrario, es proporcional a las necesidades de ambas partes, todo ello con apoyo en el material probatorio aportado por las partes. Lo anterior, debido a que los alimentos no sólo se rigen en razón de las necesidades de quien debe recibirlos, sino también en proporción con la posibilidad económica del que debe darlos; por ende, no sólo es útil acreditar las necesidades de los acreedores alimentarios, también resulta relevante atender a las circunstancias, debidamente acreditadas, que evidencien la capacidad económica del deudor, comparada con la apreciación que al efecto se realice al resolver sobre la pensión provisional (en atención al principio de proporcionalidad que rige la materia). Además, se advierte que el juez responsable no tomó en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias de las acreedoras, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido. Por ello, atendiendo a que los alimentos deben ser proporcionados de manera proporcional a las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, el juez debió realizar la ponderación entre uno y otro, y después de razonar, resolver lo conducente, esto es, debió: - Establecer, con base en las manifestaciones y pruebas aportadas por las partes, cuáles son las necesidades de los acreedores alimentarios, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, que se desprendan de las constancias que obran en autos. - Definir cuáles son las posibilidades económicas del deudor, evidentemente considerando los ingresos que percibe con la actividad que desempeña, además de los gastos propios o manutención, entre otras circunstancias; en este apartado, señalar las pruebas que soporten su conclusión. - Posteriormente a ello, confrontar (necesidades-posibilidades) y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje decretado inicialmente resulta proporcional con las necesidades de los acreedores y la posibilidad del deudor, o bien, si aun así se justifica la improcedencia de la reclamación planteada por el aquí quejoso, debiendo explicarlo fundada y motivadamente. En apoyo de lo anterior cabe citar la siguiente jurisprudencia: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social. CONCLUSIÓN. De ese modo se advierte que dicha resolución vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, puesto que el juez del proceso no justificó la determinación de declarar improcedente la reclamación interpuesta y confirmar el monto de la pensión alimenticia fijada en el auto de inicio, pues incurrió en una deficiente valoración probatoria así como en el análisis de la proporcionalidad de la medida provisional alimentaria, en los términos antes señalados, con lo que se transgreden los postulados establecidos en los preceptos constitucionales y legales anteriormente aludidos, y con lo cual se evidencia que el acto reclamado presenta una insuficiente motivación y transgrede el derecho humano de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, razón por la cual es de concederse el amparo y protección solicitados para los efectos que se precisan a continuación. Así, al resultar fundados los conceptos de violación que anteceden, resulta innecesario el estudio de los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia que es del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS." Además, sin que en esta instancia se puedan subsanar las irregularidades señaladas, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo) en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es inconstitucional o no y, en modo alguno, subsanarlo, corregirlo o mejorarlo, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional." Por tanto, no es posible abordar el estudio de fondo del asunto al no satisfacer el acto reclamado cabalmente los requisitos de fundamentación y motivación que para la emisión de una determinación de tal naturaleza exigen los aplicables artículos 14 y 16 constitucionales; cuestión que por razón de orden deben estudiarse preferentemente, ya que considerar lo contrario implicaría sustituir a la autoridad judicial del conocimiento, lo que se opone a la técnica del juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA). EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En conformidad con lo considerado en líneas precedentes, y con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Miguel Ángel Martínez Tadeo, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 2621/2019, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta por el aquí quejoso Miguel Ángel Martínez Tadeo, y en su lugar, emita otra en la, que con plenitud de jurisdicción, pero sin cancelar la pensión alimenticia fijada para los acreedores alimentarios, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario confirmar la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO". SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 75 de la aplicable Ley de Amparo y demás relativos a la ley de la materia; se, RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la unión AMPARA y PROTEGE a Miguel Ángel Martínez Tadeo, contra el acto que reclamó al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior, se notifica por lista a la tercero interesada por estar ordenada en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene informando que mediante su oficio 32 rindió su informe justificado acompañado con las constancias que integran el juicio origen 2621/2019 de su estadística, mismas que le fueron solicitadas por este juzgado mediante misiva 227 girada el ocho de enero actual. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se le tuvo por rendido su informe justificado. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado auto de ocho del mes y año en cita para el caso de incumplimiento. Notifíquese en términos de ley.
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