Miguel Ángel Loya Hernández

Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Loya Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se tiene remitiendo el testimonio de la resolución dictada en la queja 141/2022 de su índice, obtenido del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del cual se advierte que desechó el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en contra del proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Fausto Oswaldo Rodríguez Hermida, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto, por medio del cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de diecisiete de febrero del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de diecisiete de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, una vez notificado el presente acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común, el original y copia del escrito del recurso de queja; copia certificada del proveído recurrido; el informe sobre la materia de la queja; y copias certificadas de las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación de dicho recurso. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es en contra del proveído que se tuvo por desechada la demanda de amparo y, por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte promovente el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Loya Hernández, contra actos del 1. Jefe de la Unidad de Electricidad, de la Comisión Reguladora de Energía, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente bajo el número 138/2022, y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama los siguientes actos: ". A).- El oficio de fecha 18 de enero de 2022, notificado al suscrito el día 24 de enero de 2022, vía correo certificado, suscrito por el C. Francisco Javier Varela Solís, en su carácter de JEFE DE LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD, DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, relativo al oficio UE-240/1301/2022, mediante el cual se declara incompetente para conocer del asunto y ordena remitir de manera indebida, a la Procuraduría Federal del Consumidor, la queja presentada por el suscrito ante la Comisión Reguladora de Energía el Día 09 de Diciembre del 2021. B.- Así mismo, se reclama como acto subsecuente a dicho acuerdo, por tener una vinculación estrecha con el procedimiento administrativo del que deriva dicho acto, el acuerdo que se contiene en el oficio SE-300/1302/2022 relativo al oficio donde remite mi queja a la Procuraduría Federal del Consumidor, suscrito por el C. Guillermo Vivanco Monroy, en su carácter de SECRETARIO EJECUTIVO, DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. (.)" En ese contexto, quien aquí resuelve advierte que respecto de dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones V y VIII, interpretado en sentido contrario, y 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte. (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. (.)" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" De los preceptos transcritos se desprende, en un sentido literal de la segunda fracción transcrita del artículo 107 de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo solamente procede contra los actos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la referida fracción no puede estudiarse como una cuestión autónoma a la Ley de Amparo, sino por el contrario, tiene que ser analizada de conformidad con el ordenamiento jurídico al que pertenece. Esto es, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior. Al respecto, de una interpretación sistemática de las referidas fracciones, se puede llegar a la conclusión de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de resoluciones que determinen inhibir o declinar competencia de un asunto, cuando afecten materialmente derechos sustantivos. La anterior interpretación cobra relevancia porque al analizar las fracciones del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe de tomarse en cuenta cada una en relación con las demás, es decir, no podríamos llegar al supuesto de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que afecten materialmente derechos sustantivos, y al mismo tiempo una diversa fracción lo haga procedente en contra de resoluciones que afectan a las partes en grado predominante o superior. Pues dicha situación, a juicio del suscrito resolutor, es precisamente lo que genera inseguridad jurídica en el justiciable, en virtud de que se comienzan a realizar interpretaciones literales de los artículos, sin tomar en consideración el ordenamiento al que pertenecen. Expuesto lo anterior, tenemos que en el caso particular, el acto reclamado no encuadra dentro de la hipótesis de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la resolución que se combate no afecta materialmente derechos sustantivos. Pero además, sobre el caso específico el Pleno del Más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento del asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). El anterior criterio dio origen a la siguiente jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2009721 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2015 (10a.) Página: 5 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De la lectura del engrose del fallo que motivo el criterio antes transcrito, se desprende esencialmente que: a) Las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto establecidas en el numeral 107 de la Ley de Amparo, necesariamente tienen que estar relacionadas con actos que causen perjuicio al quejoso, que sean de imposible reparación o bien se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o aquella que le ponga fin. b) Que al no ser posible acudir a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia y, ante la imprecisión del legislador sobre su contenido específico, el método para definir el alcance que debe dársele no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. c) Al considerar que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales previsto en la Ley de Amparo. Entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no solo en el artículo 107 de la citada Ley, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. d) De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado. Lo que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). e) Que aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio biinstancial, el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado y no antes. Traducido lo anterior al contexto del caso que ocupa esta determinación, se tiene efectivamente que la parte quejosa acude a la vía constitucional biinstancial reclamando el oficio de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, por el que la autoridad responsable Comisión Reguladora de Energía se declara incompetente para conocer de la queja de la parte quejosa y ordena remitirla a la Procuraduría Federal del Consumidor para su conocimiento. Empero, conforme a las directrices de la jurisprudencia que han sido explicitadas, es claro que la resolución que constituye el acto que se reclama en esta sede constitucional, no constituye aún una determinación susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales la autoridad declina competencia a favor de aquella que estima competente, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia por esta última, porque bien podría darse el caso de que se rechace y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Sirven de apoyo además al caso a estudio, las tesis de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2010898 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: VII.2o.T.6 K (10a.) Página: 3174 "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO." Época: Décima Época Registro: 2011666 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 20 de mayo de 2016 10:20 h Materia(s): (Común) Tesis: XIX.1o.A.C.11 C (10a.) "COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN RELATIVA Y ENVÍA LA DEMANDA A UN JUEZ CIVIL, RESPECTO DEL CUAL NO EJERCE JURISDICCIÓN, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. La tramitación de la excepción de incompetencia por declinatoria en el juicio oral mercantil, atiende al artículo 1390 Bis 34 del Código de Comercio. Ahora bien, si la autoridad responsable declaró como competente a un Juez civil residente en un lugar donde no ejerce jurisdicción, existe la posibilidad de suscitarse un conflicto competencial, lo que le quita el carácter de definitiva a la decisión reclamada constitucionalmente, incluso, sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, en términos de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, los actos definitivos susceptibles de impugnarse en sede constitucional, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria). Por tanto, la resolución que emita la autoridad responsable en un juicio oral mercantil, donde declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y envía la demanda a un Juez civil, respecto del cual no ejerce jurisdicción, no puede considerarse como definitiva para efectos de ser impugnada en el juicio de amparo indirecto. En efecto, del examen de los artículos 1100, 1114, fracción II, 1117 y el citado 1390 Bis 34 del Código de Comercio, que regulan la tramitación de esta figura procesal y siguiendo los lineamientos que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se concluye que cuando se declare fundada la excepción de incompetencia por declinatoria y se ordena el envío a un Juez civil, respecto del cual la autoridad que la resuelve no ejerce jurisdicción, no puede ser una resolución definitiva para efectos del amparo indirecto, pues conforme al referido artículo 1100 del Código de Comercio, el Juez a quien se declina la competencia sí puede generar conflicto con el tribunal declinante, lo que le quita definitividad a la decisión que resuelve la declinatoria pues, en estos casos, la resolución definitiva será aquella que acepta la competencia declinada y no en la que se emite, por tanto, resulta improcedente el amparo indirecto promovido contra esta última al no producir una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, conforme al artículo 107, fracción VIII, aplicado a contrario sensu, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones V y VIII, interpretado en sentido contrario, y 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". AUTORIZADOS Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como su autorizado al licenciado Fausto Oswaldo Rodríguez Hermida, puesto que acredita la calidad de licenciado en derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En atención a su contenido, y como lo solicita la parte quejosa, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de su autorizado Fausto Oswaldo Rodríguez Hermida, quien dice cuenta con el nombre de usuario Fausto1970, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que también podrá presentar escritos en línea. Asimismo, dado que el promovente solicita ser notificado por vías remotas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que todas las notificaciones le sean realizadas vía electrónica a través de la cuenta de usuario antes citada. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales.

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