MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ y Otros.
Expediente 1226/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Admisión. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato. Juez Segundo Penal de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 1226/2019-V-2, y se admite en sus términos la demanda de que se trata, en la inteligencia de que, en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: Se reclama al Magistrado responsable la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 21/2019, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el veintitrés de octubre de dicho año, en el recurso de inconformidad 24/2019, relativo al juicio de amparo indirecto 36/2018. Se reclama al Juez responsable el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 502/2019, en cumplimiento a la resolución de cinco de dicho mes y año. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a dar apertura al cuaderno incidental, toda vez que no se solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. Intervención al representante social. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, por lo que en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle personalmente el presente proveído, adjuntándosele copia de la demanda que se provee; y notifíquensele los subsecuentes autos, por medio de lista de acuerdos. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan nueve horas con veinte minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte. Solicitud de informe justificado. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de los ordinales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia. Además, como lo prevé el precepto 5, fracción II, de la ley de la materia, se tiene como autoridades responsables a las que señalan los promoventes en su escrito de demanda, apercibidos que de no resultar correcta la denominación indicada de las mismas, se tendrá por inexistente previa devolución del oficio correspondiente que obre en autos. Apoya a lo anterior la tesis III.2o.P.36 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que dice lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados. Además, se requiere a la autoridad responsable para que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el arábigo 75 de la Ley de Amparo. De igual forma, también deberá informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto. Documentales que deberá remitir con las formalidades necesarias de un documento público, es decir, deben estar debidamente certificadas, contando con número de folio, rúbrica y entre-sello. Ello de conformidad con el normativo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, o en su caso, deberá manifestar el impedimento legal y/o material que tenga para ello. Ello a fin de que este tribunal federal, esté en aptitud de darles el valor probatorio correspondiente en el momento procesal oportuno. Por lo que informa, se cita la tesis aislada XX.53 K visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Noviembre de 1995, Materia Común, página 527; del tenor literal siguiente: DOCUMENTO PUBLICO, ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTE CON FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNCIONARIO PUBLICO EN EJERCICIO PARA QUE SEA AUTENTICO EL. En un documento público es imprescindible el uso de la firma autógrafa para que ésta sea atribuible con certeza a su signatario, en los términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es decir, el documento en comento, debe ser expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, cuya autenticidad se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores, que en su caso prevengan las leyes. Por tanto, carecen de autenticidad los documentos autorizados con una firma o rúbrica con facsímil del funcionario público en ejercicio. Apercibimientos. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del numeral 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el ordinal 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o acontezca una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos del dispositivo 251 de la ley de la materia. Reconocimiento de tercero interesado. Con fundamento en lo dispuesto por el precepto 5, fracción III, incisos d) y e), del ordenamiento en consulta, se reconoce el carácter de terceros interesados a ***, y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Segunda Sala Penal y Juzgado responsables. Ahora, tomando en consideración que el tercero interesado *** puede ser localizado en el domicilio ubicado en calle ***, de Celaya, Guanajuato; a fin de lograr su emplazamiento, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio proporcionado y con copia simple de la demanda de amparo, le corra traslado y lo emplace a juicio con el carácter indicado, lo entere de la fecha y hora fijadas para la audiencia constitucional, lo requiera para que señale domicilio en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para recibir notificaciones de carácter personal, y lo aperciba que mientras no lo haga, las subsecuentes notificaciones que tengan ese carácter, se le harán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el artículo 29, de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena el emplazamiento de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Segunda Sala Penal y Juzgado responsables, mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo que para tal efecto se anexa; haciéndoles de su conocimiento la sanción procesal que se actualizaría en caso de que se negare a recibir la comunicación oficial en términos del numeral 28, fracción I, del ordenamiento invocado. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir todas las notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en calle ***, de Celaya, Guanajuato; y, como autorizados de su parte, en términos amplios como lo dicta el dispositivo 12 de la nueva Ley de Amparo vigente, a los licenciados ***, toda vez que tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Se le autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Igualmente, dígase a los solicitantes que el uso que hagan a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Expedición de copias. Por lo que respecta a la expedición de copias certificadas de la sentencia que recaiga al presente asunto, dígasele que una vez que ésta se emita y nueva gestión que realice al respecto, se acordará lo que en derecho corresponda. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los ordinales 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias en el expediente electrónico; en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado federal. Oposición a publicación de datos personales. Asimismo, téngase a los promoventes manifestando su oposición a que sus datos personales se hagan públicos en la sentencia que se emita en este juicio de amparo.Admisión. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato. Juez Segundo Penal de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 1226/2019-V-2, y se admite en sus términos la demanda de que se trata, en la inteligencia de que, en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: Se reclama al Magistrado responsable la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 21/2019, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el veintitrés de octubre de dicho año, en el recurso de inconformidad 24/2019, relativo al juicio de amparo indirecto 36/2018. Se reclama al Juez responsable el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 502/2019, en cumplimiento a la resolución de cinco de dicho mes y año. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a dar apertura al cuaderno incidental, toda vez que no se solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. Intervención al representante social. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, por lo que en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle personalmente el presente proveído, adjuntándosele copia de la demanda que se provee; y notifíquensele los subsecuentes autos, por medio de lista de acuerdos. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan nueve horas con veinte minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte. Solicitud de informe justificado. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de los ordinales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia. Además, como lo prevé el precepto 5, fracción II, de la ley de la materia, se tiene como autoridades responsables a las que señalan los promoventes en su escrito de demanda, apercibidos que de no resultar correcta la denominación indicada de las mismas, se tendrá por inexistente previa devolución del oficio correspondiente que obre en autos. Apoya a lo anterior la tesis III.2o.P.36 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que dice lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados. Además, se requiere a la autoridad responsable para que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el arábigo 75 de la Ley de Amparo. De igual forma, también deberá informar a este Juzgado de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto. Documentales que deberá remitir con las formalidades necesarias de un documento público, es decir, deben estar debidamente certificadas, contando con número de folio, rúbrica y entre-sello. Ello de conformidad con el normativo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, o en su caso, deberá manifestar el impedimento legal y/o material que tenga para ello. Ello a fin de que este tribunal federal, esté en aptitud de darles el valor probatorio correspondiente en el momento procesal oportuno. Por lo que informa, se cita la tesis aislada XX.53 K visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Noviembre de 1995, Materia Común, página 527; del tenor literal siguiente: DOCUMENTO PUBLICO, ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTE CON FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNCIONARIO PUBLICO EN EJERCICIO PARA QUE SEA AUTENTICO EL. En un documento público es imprescindible el uso de la firma autógrafa para que ésta sea atribuible con certeza a su signatario, en los términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es decir, el documento en comento, debe ser expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, cuya autenticidad se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores, que en su caso prevengan las leyes. Por tanto, carecen de autenticidad los documentos autorizados con una firma o rúbrica con facsímil del funcionario público en ejercicio. Apercibimientos. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del numeral 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el ordinal 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o acontezca una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos del dispositivo 251 de la ley de la materia. Reconocimiento de tercero interesado. Con fundamento en lo dispuesto por el precepto 5, fracción III, incisos d) y e), del ordenamiento en consulta, se reconoce el carácter de terceros interesados a ***, y Agentes del Ministerio Público adscritos a la Segunda Sala Penal y Juzgado responsables. Ahora, tomando en consideración que el tercero interesado *** puede ser localizado en el domicilio ubicado en calle ***, de Celaya, Guanajuato; a fin de lograr su emplazamiento, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio proporcionado y con copia simple de la demanda de amparo, le corra traslado y lo emplace a juicio con el carácter indicado, lo entere de la fecha y hora fijadas para la audiencia constitucional, lo requiera para que señale domicilio en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para recibir notificaciones de carácter personal, y lo aperciba que mientras no lo haga, las subsecuentes notificaciones que tengan ese carácter, se le harán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el artículo 29, de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena el emplazamiento de los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Segunda Sala Penal y Juzgado responsables, mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo que para tal efecto se anexa; haciéndoles de su conocimiento la sanción procesal que se actualizaría en caso de que se negare a recibir la comunicación oficial en términos del numeral 28, fracción I, del ordenamiento invocado. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir todas las notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en calle ***, de Celaya, Guanajuato; y, como autorizados de su parte, en términos amplios como lo dicta el dispositivo 12 de la nueva Ley de Amparo vigente, a los licenciados ***, toda vez que tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Se le autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Igualmente, dígase a los solicitantes que el uso que hagan a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Expedición de copias. Por lo que respecta a la expedición de copias certificadas de la sentencia que recaiga al presente asunto, dígasele que una vez que ésta se emita y nueva gestión que realice al respecto, se acordará lo que en derecho corresponda. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los ordinales 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias en el expediente electrónico; en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado federal. Oposición a publicación de datos personales. Asimismo, téngase a los promoventes manifestando su oposición a que sus datos personales se hagan públicos en la sentencia que se emita en este juicio de amparo.
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