Miguel Ángel Martínez
Expediente 564/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Martínez
Actuaciones
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: VISTO el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo citada, el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Finalmente, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que ***, adjuntó a su escrito de demanda documentos en copia certificada, así como al escrito con firma y sello original; por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acudan ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho plazo, y de ser el caso, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Al no atender el citatorio la parte quejosa por este conducto se procede a notificar el proveído de veintinueve de mayo de esta anualidad, que en lo conducente dice: Vista la demanda de cuenta promovida por ***, el cual de conformidad con el numeral 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce para los efectos del presente juicio de amparo, toda vez que lo acredita con las copias certificadas de una resolución de fecha siete de septiembre de dos mil diez, emitida dentro del expediente **; mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Menor Mixto, residente en Cortazar, Guanajuato, por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 564/2017-IV.1, anótese su ingreso en el libro de Control de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda de amparo este Juzgado Federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, a virtud de que frente a los actos reclamados se configura una causal de improcedencia. Al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el promovente del amparo señala como acto reclamado lo siguiente: IV. ATO RECLAMADO: LA EJECUCIÓN DE LA DILIGENCIA DE POSESIÓN Y/O EMBARGO DE FECHA 2 DE MAYO DEL 2017, DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN UN *** Y QUE FORMA PARTE DEL PATRIMONIO FAMILIAR FORMADO POR RESOLUCIÓN DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, RESUELTA POR EL JUZGADO CIVIL DE PARTIDO EN EL EXPEDIENTE **/10 Y CON EL MISMO SE ME AFECTA EN MIS PROPIEDADES, YA QUE SE PRETENDE SU VENTA. Como cuestión previa, cabe señalar que las tesis aisladas y de jurisprudencia que se citarán en el presente acuerdo, se aplican en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a dicha legislación. En este orden de ideas, el suscrito Encargado del Despacho advierte que con relación a los actos reclamados, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado. Lo anterior, es así toda vez que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, textualmente dice: ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ahora bien, se tiene a ***, quien se ostenta como Apoderado legal de *** y exhibe promoción presentada en el expediente de origen del acto reclamado. Del Portal Judicial del Estado de Guanajuato, como hecho notorio se advierte que el hoy quejoso ***, es parte en el juicio de origen **/2015 de donde deriva el acto reclamado, el que se tramita en la vía ejecutiva mercantil, en la que ya se pronunció sentencia, la cual causó ejecutoria y se encuentra en etapa de ejecución. De lo hasta aquí expuesto, es claro que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, toda vez que siendo parte demandada en el juicio de origen, contra el acto que hoy reclama, consistente en desposesión de un torno modelo ***, derivado de la ejecución de sentencia ordenada por el Juez Menor Mixto responsable, estaba obligado a agotar el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 1334 del Código de Comercio, el cual señala: Art. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Ello es así, toda vez que el solicitantes de la protección constitucional son parte demandada en el juicio de origen, de ahí que debieron interponer el citado medio de impugnación, previo a la instauración del juicio de amparo, pues éste tiene como efecto, modificar o revocar los actos reclamados y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige los actos, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común; de ahí que no se cumpla con el requisito de definitividad rector de todo juicio de amparo, además que en el caso concreto, no se está en el caso excepcional a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna, actualizándose así la causal de improcedencia invocada. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Es aplicable la jurisprudencia número 986, impresa a fojas 678, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, es procedente desechar la demanda de amparo promovida. Se tienen los estrados de este Juzgado Federal para recibir notificaciones de parte de los solicitantes de la protección constitucional. Asimismo, téngase como autorizado de su parte para recibir notificaciones al licenciado ***, en los términos más amplios del primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional debidamente registrada en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo 24/2005 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVIII y 113, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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