Miguel Angel Lutzow Steiner

Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
592/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Lutzow Steiner

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal 100/2022. Destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíques

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 100/2022 de la estadística de dicha superioridad. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obran por separado unas documentales que por sus características deben ser devueltas a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlo, previa razón de recibo que se deje en autos y, hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dicho disco, podrá ser destruido junto con el expediente. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, la compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Miguel Ángel Lutzow Steiner, con copias que acompaña; contra actos que atribuye al Director del Centro de Reinserción Social de la Pila, San Luis Potosí; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 592/2022- III. Así, atento a su contenido, esta juzgadora procede a su estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso, la infrascrita juzgadora encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. El dispositivo transcrito establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior, se corrobora con el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal. Como se advierte, el precepto constitucional es claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; y que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Respecto de los traslados, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla los siguientes tipos: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. El primero se actualiza, entre otros aspectos, cuando existe el interés de la persona recluida de ser trasladado a un centro de reclusión diverso. Esa petición la resuelve la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos para su autorización. Por lo que hace a los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un Juez de Ejecución o de Control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre su legalidad.2 Mientras que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, la parte quejosa pretende reclamar una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a distintas autoridades administrativas y, bajo protesta de decir verdad, aseveró que se lo comunicó de manera verbal una persona quien desconoce si es servidor público o un interno también. Por lo que de esa información se infiere que se reclama un traslado de tipo urgente o excepcional, regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Conforme a este numeral, el traslado urgente o excepcional implica una resolución administrativa que se emite cuando se trata de casos de delincuencia organizada; esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad; o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional dentro de las 24 horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de 48 horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; a saber, el recurso de apelación y la controversia judicial, cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez notificada la autoridad de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con 48 horas para emitir la resolución en que calificará su legalidad, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se suscitan casos como el que se analiza, en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado no materializada y tampoco se tiene certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó de manera verbal, lo procedente es que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que el Juez de Control o de Ejecución resuelva respecto de sus derechos implicados. En otro aspecto, el traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal que precisa las hipótesis específicas en que, de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución y 48 para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice su control de legalidad con posterioridad a la materialización del traslado. Finalmente, tampoco se configura la excepción relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, pues como se señaló, la controversia judicial se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que tiene a su alcance. En efecto, en ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015. Por otra parte, los actos reclamados no importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República, pues como los actos son meramente de carácter administrativo, como se precisó en párrafos anteriores. De igual forma, en la especie no se impugna una ley que se estime inconstitucional con motivo de su primer acto de aplicación, lo que se evidencia con la descripción de los actos reclamados en el apartado correspondiente. A su vez, los actos reclamados no se trata de aquellos que importen peligro de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo que se advierte de la precisión de actos indicada en los párrafos que anteceden. En esas condiciones, si la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa, es dable concluir que el amparo es improcedente, por lo que la parte quejosa estuvo en aptitud de hacer valer ese medio de defensa contra el acto que se analiza. En tales condiciones, al encontrarse reunidos los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, por medio del usuario "MaVibe" así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. En otro aspecto, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, vía electrónica por medio del usuario que proporciona para tal efecto, teniendo como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Manríquez Laguna y Martín Villegas Beltrán; quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala en virtud de no contar con su cédula profesional registrada ante el aludido sistema y, por así solicitarlo.

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