Miguel Angel Leal Cerda
Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Angel Leal Cerda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 177/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Finalmente, destrúyase el legajo de copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, por resultar innecesarias. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de junio de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 177/2021. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el ocurso de cuenta signado por el quejoso Miguel Ángel Leal Cerda con tres copias que se acompañan, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda promovida por Miguel Ángel Leal Cerda, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y otra autoridad, con cuatro copias y un anexo que se acompaña; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 379/2021-VI. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que es notoria su improcedencia, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe desecharse. En concepto de esta juzgadora, respecto de la sentencia de treinta de marzo del año en curso, dictada en el Toca de apelación 87/2021, por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario. De la intelección de los citados preceptos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos dictados en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Asimismo, el transcrito artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso, de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Entonces, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos cuyos efectos no afectan materialmente en forma directa e inmediata prerrogativas fundamentales, como son la libertad, la propiedad, la posesión, o que la resolución reclamada se hubiere emitido sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, o por autoridad incompetente, de manera verbal, sin fundamentación o motivación, entre otras. En esa tesitura, si en el caso se promueve juicio de amparo contra la resolución de la Cuarta Sala que confirmó la interlocutoria dictada por el Juzgado Civil que niega decretar la caducidad en el juicio ordinario mercantil 1142/2014 de su índice, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de dicha determinación, pues la pretensión principal que subyace es la de dar por concluido el conflicto de que se trate, por no proseguirse en tiempo. Luego, dicho acuerdo carece de ejecución irreparable, porque de momento, es decir, de manera directa e inmediata no trastoca materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino únicamente aspectos meramente procesales. No pasa inadvertido, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo diversos criterios en los que definió los actos procesales de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio constitucional biinstancial, porque el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, nada disponía al respecto; entre tales actos destacan aquellos que sus consecuencias perjudiquen a las partes en grado predominante o superior, es decir, que la afectación producida es tan grave que trasciende al derecho fundamental del quejoso. Sin embargo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, ya define a los actos intraprocesales de imposible reparación, como los que afectan materialmente los derechos sustantivos del accionante constitucional; por tanto, el legislador ordinario no dejó a la interpretación de los tribunales federales ese concepto y descartó el concepto de "afectación predominante o superior" al no incluirlo en la actual redacción. Luego entonces, bajo el marco jurídico que rige en este momento, es válido concluir que la resolución de treinta de marzo del año en curso, de la Cuarta Sala que confirma la interlocutoria dictada por el Juzgado Civil que niega decretar la caducidad en el juicio ordinario mercantil 1142/2014 de su índice, no constituye un acto de ejecución irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte demandante, según el actual concepto que define la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. De ahí que se considere que el acuerdo reclamado no es de imposible reparación y, por ende, en su contra es improcedente el juicio de amparo biinstancial. Luego entonces, la improcedencia del juicio constitucional que deriva de la citada resolución de treinta de marzo del año en curso, trasciende al numeral impugnado, ya que el análisis de éste no puede desvincularse del acto de aplicación. En esa virtud, al actualizarse la causa de improcedencia examinada sobre los actos reclamados, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte promovente. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.
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