Miguel Angel Luna Guevara

Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
399/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel Luna Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a doce de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, téngase al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve del mes en curso, pues acusa recibo del oficio por el que se le remitió el original de la causa penal 86/2012-V.

  2. Principal

    Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del original de la causa penal 86/2012-V, remitida por el juzgado responsable, devuélvanse a su lugar de origen los anexos formados, solicitando tenga a bien remitir acuse de recibo.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 399/2018, promovido por Miguel Angel Luna Guevara, contra actos del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad y otra autoridad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintitrés de mayo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veinticuatro siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 399/2018; se requirió a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la resolución reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se precisa que los actos que se reclaman son los siguientes: - El acuerdo de cuatro de mayo pasado, emitido por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en la causa penal 86/2012 y su ejecución que se atribuye al Director del Centro Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó el juez responsable, entre las que se encuentra el acuerdo controvertido; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es fundado pero insuficiente para conceder el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación expuestos por el quejoso y otro infundado, sin que se advierta materia para suplirlo en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. A fin de evidenciar lo anterior, para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: 1. El dieciocho de enero de dos mil trece, se emitió sentencia condenatoria contra el quejoso en la causa 86/2012, por su plena responsabilidad penal en la comisión del delito de uso de moneda falsa, imponiéndole la pena de cinco años de prisión. 2. Contra dicha determinación se interpuso recurso de apelación, del que conoció el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de este circuito, el que el veintidós de febrero siguiente, al resolver el toca 26/2013 modificó dicho fallo, pero en relación con diversos aspectos relativos a la pena de prisión. 3. Inconforme con esa determinación, el justiciable promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que al resolver el expediente 303/2013, determinó negar el amparo solicitado. 4. Por escrito presentado el dieciocho de abril pasado, el amparista promovió incidente no especificado de "compurgación" de la pena, que fue resuelto mediante acuerdo de cuatro de mayo del año en curso. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que contrario a lo que afirma el quejoso en uno de sus conceptos de violación, está adecuadamente fundado y motivado, porque el juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que en el caso no se encuentra purgada la pena de prisión impuesta al sentenciado, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ello es así, ya que las consideraciones que tomó en consideración el juez responsable para resolver en el sentido en que lo hizo, fueron las siguientes: - Que la pena impuesta en la causa aludida, comenzó a computarse a partir del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, esto es, al día siguiente en que el sentenciado cumplió con diversa sanción impuesta por una autoridad del orden común en la causa 98/2011. - Que en la sentencia de primer grado se determinó descontar de la pena de prisión impuesta los días que el quejoso estuvo privado de su libertad por concepto de prisión preventiva, es decir, del treinta de octubre de dos mil doce, hasta el veintidós de febrero de dos mil trece, data en que causó ejecutoria dicho fallo, periodo que asciende a ciento dieciséis días, al que se agregaron dos más que fueron los que estuvo a disposición del Ministerio Público del orden común, dando un total de ciento dieciocho días. - Que para el supuesto de que se impongan penas privativas de libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las que los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, las sanciones privativas de libertad, deben purgarse de manera sucesiva, en tanto que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las causas. - Que tal circunstancia fue analizada por la alzada, pues una vez que tuvo conocimiento de la causa 98/2011, señaló que únicamente se abonarían como prisión preventiva dos días, ya que fue detenido el ocho de mayo de dos mil once y puesto a disposición de la autoridad ministerial el nueve siguiente, fecha esta última en que el fiscal lo puso a disposición del juez del fuero común por la comisión de diverso delito. - Que lo relativo a la prisión preventiva que debe descontarse de la pena de prisión impuesta, se definió en la sentencia de dieciocho de enero de dos mil trece, por lo que adquirió el carácter de cosa juzgada. Determinación que a criterio de este juzgado es acertada, toda vez que como bien lo indicó el juez responsable en la sentencia de dieciocho de enero de dos mil trece, se precisó que a la pena de prisión impuesta al sentenciado, debían descontarse los días que estuvo privado de su libertad con motivo de los hechos que dieron origen a la causa 86/2012, esto es, del treinta de octubre de dos mil doce en que se cumplimentó la orden de aprehensión dictada en su contra hasta que causara ejecutoria dicha determinación -veintitrés de febrero de dos mil trece-, así como los dos días que estuvo detenido con motivo de los mismos, lo que se reiteró en la sentencia de segundo grado, en que además se indicó que la prisión preventiva era compurgable en forma simultánea y la prisión punitiva, en forma sucesiva, por lo que dicha cuestión adquirió el carácter de cosa juzgada como lo refirió el juzgador, la cual constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 1482 del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales Primera Parte -SCJN Décima Séptima Sección- Acceso a la justicia, con el rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Por tanto, si la pena de cinco años impuesta al sentenciado comenzó a computarse a partir del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, es decir, al día siguiente en que dio cumplimiento a diversa sanción impuesta por una autoridad del orden común en el proceso 98/2011, respecto de la cual debe abonarse la prisión preventiva que comprende del treinta de octubre de dos mil doce al veintidós de febrero de dos mil trece, más dos días por el tiempo que estuvo a disposición del Ministerio Público del orden común, inconcuso es que como lo indicó el juez de origen en el caso no se encuentra purgada la pena de prisión impuesta. Ahora, como se señaló al inicio de este considerado, es fundado pero insuficiente para conceder el amparo solicitado el concepto de violación en que afirma el quejoso que la autoridad responsable omitió valorar la documental por él ofrecida consistente en la sentencia que resolvió el recurso de apelación hecho valer contra la sentencia emitida en la causa 98/2011; lo anterior es así, dado que de la revisión de la resolución reclamada, no se advierte que la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto, sin embargo, ningún fin práctico tendría conceder el amparo solicitado para que se subsanara esa omisión, porque lo único que se obtiene de dicha documental es que se impuso diversa pena de prisión al amparista en la causa aludida, lo que robustece lo expuesto en el sentido de que la pena impuesta en la causa 86/2012, debe comenzar a computarse al día siguiente en que dio cumplimiento a la sanción impuesta en el primero de los procesos invocados. En consecuencia, al resultar fundado pero insuficiente para conceder el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación expuestos por el quejoso y otro infundado, sin que exista materia para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Angel Luna Guevara, contra el acuerdo de cuatro de mayo pasado, emitido por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en la causa penal 86/2012 y su ejecución que se atribuye al Director del Centro Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios y anexo de cuenta. En atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona la autoridad que así lo solicita y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad judicial responsable la documental que acompaña a su informe de ley, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias mencionadas en el párrafo que antecede, fórmense por separado dos anexos, respetando sus rúbricas, sello y folio. Ahora, toda vez que el juez responsable remite el original de la causa penal 86/2012-V, devuélvase a su lugar de origen en el momento procesal oportuno. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de julio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, asimismo, se observa que ya constan en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; en consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de garantizar una justicia pronta y expedita, se deja sin efectos la audiencia antes mencionada, y se señala como nueva fecha para celebrarse el veinte de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos.

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