Miguel Ángel Jurado Cortés

Expediente 810/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
810/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Jurado Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el ocho de agosto de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, en virtud que no es necesaria la retención del anexo que envió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  2. Principal

    Ciudad de México, a tres de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo a Miguel Ángel Jurado Cortés, contra el acuerdo de cuatro de julio del año en cita, dictado en la averiguación previa FSP/B/T3/386/16/02, para el efecto de que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación B-2 Especializada en Delito de Tortura de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acuerdo reclamado únicamente en lo relativo a la prueba ofrecida por el quejoso, consistente en que se designe perito médico a efecto de que determine la mecánica de lesiones de Abel Luna Hernández; y 2. Emitiera otro en que admita la prueba ofrecida y provea lo conducente para su preparación y desahogo. Determinación que causó ejecutoria el trece de diciembre del año próximo pasado, por lo que se requirió a la citada responsable, para que cumpliera la sentencia protectora. Ahora, por oficio y anexo recibidos en este órgano de control constitucional el diecinueve siguiente, la autoridad ministerial responsable refirió dar cumplimiento al fallo protector. Con base en lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hiciera manifestación alguna. De las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público responsable, se advierte que el dieciocho anterior, dictó un acuerdo en que dejó insubsistente el diverso de cuatro de julio de dos mil diecisiete, bajo los lineamientos establecidos en la sentencia protectora, y admitió la prueba ofrecida por el quejoso, consistente en que se designe perito médico a efecto de que determine la mecánica de lesiones de Abel Luna Hernández, realizando las gestiones necesarias para su preparación y desahogo. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional tiene por cumplida la ejecutoria que se analiza. Consecuentemente, es indudable que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el primero de los oficios signado por el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad y anexo de cuenta, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado en autos, pues refiere que conminó a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, glósense el restante comunicado suscrito por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación B-2 Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la citada procuraduría de justicia y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Por tanto, con los comunicados y anexos mencionados, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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