Miguel Angel Leon Meza
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Angel Leon Meza
Actuaciones
- Principal
MESA V.- Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno contra el acuerdo de veintiuno de abril pasado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido...
- Principal
MESA V Agréguese el oficio de cuenta, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que aceptó la competencia declinada en relación con el acto reclamado consistente en "La sentencia de doce de mayo de dos mil nueve, dictada en el toca 50/2007, en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo directo 72/2009, promovido por el quejoso Miguel Ángel León Meza, en contra de la resolución dictada por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales (antes Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México), relativa al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de once de diciembre de dos mil seis", y se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado con el número de expediente D.P. 43/2022; circunstancia de la que se toma conocimiento.
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por MIGUEL ÁNGEL LEÓN MEZA, contra actos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 335/2022. DESECHAMIENTO PARCIAL Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, entre otros, los siguientes: Del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, reclama: ".EL ACUERDO DE FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO 2022 DICTADA EN EL EXPEDIENTE D.P. ***, POR EL CUAL LA RESPONSABLE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (.) FUNDÁNDOSE EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 61, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LOS INCONSTITUCIONALES ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN SEGUNDA Y 18, ASÍ COMO SUS TRANSITORIOS PRIMERO, SEGUNDO TERCERO Y QUINTO DE LA LEY DE AMPARO." (sic) Al respecto, la suscrita advierte que en relación con el acto reclamado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 61, fracción VI, y 62 de la Ley de Amparo, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Como se advierte, el precepto 61, fracción VI, de la ley de la materia, literalmente precisa que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. En ese sentido, si el acto reclamado lo constituye el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictada en el D.P. 25/2022, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, es incuestionable que el juicio de derechos fundamentales es notoriamente improcedente contra éste, lo cual obliga a DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO POR LO QUE RESPECTA AL PRECITADO ACTO, POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, ello con fundamento en los artículos 61, fracción VI, 62 y 113, de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que las resoluciones emitidas por los Tribunales de Circuito, en su calidad de tribunales de legalidad, son inatacables en la vía de amparo, dado que no existe alguna instancia superior para revisarlas. COMPETENCIA Un vez acotado lo anterior, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales es de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Ahora bien, conviene destacar que los restantes actos reclamados en este juicio, son los siguientes: La sentencia de doce de mayo de dos mil nueve, dictada en el toca 50/2007, en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo directo 72/2009, promovido por el quejoso ***, en contra de la resolución dictada por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales (antes Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México), relativa al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de once de diciembre de dos mil seis. Acto que le fue reclamado a la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales (antes Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México); asimismo, se reclama la ejecución de aquel acto al Juez Decimoséptimo Penal de la Ciudad de México. Por lo anterior, este órgano de control constitucional estima que carece de competencia para conocer y resolver el presente asunto por lo que respecta a los actos anteriormente indicados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170, fracción I, y 47, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto 170, fracción I, de la ley en cita, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control. (.)" Por su parte, el numeral 47, de la ley reglamentaria, dispone: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En el caso en particular, se advierte que el impetrante señala como acto reclamado la resolución de doce de mayo de dos mil nueve, dictada por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales (antes Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México), en el toca ***, en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo directo 72/2009, promovido por el quejoso, en contra de la resolución dictada por la precitada Sala, relativa al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de once de diciembre de dos mil seis. De lo anterior se colige, que el acto que por esta vía se reclama es una determinación que decide el juicio en lo principal; en consecuencia, en términos de los preceptos referidos es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, el conocimiento del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 170, fracción I, y 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de derechos humanos. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse copia certificada de la demanda de amparo, las copias de traslado exhibidas, así como de la presente determinación a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, para que a su vez los envíe al órgano jurisdiccional que corresponda, al que se solicita informe si acepta o no la competencia declinada. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de estas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tales efectos. En términos del arábigo 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento, se tiene por autorizados a Mario Armando García Ramírez, Carmen Altamirano López y Tania Itzamara García Altamirano, en virtud de que no cuentan con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, ya que tal obligación se desprende de lo dispuesto en el numeral 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". De igual manera, se tienen los números de teléfono y los correos electrónicos que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción practiquen notificaciones, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAPTURA DE SENTENCIA EN SISE Se ordena a la Secretaría supervisar la captura de la resolución que se emita en este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que lo acredite a los autos. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.
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