Miguel Angel Iniesta Diaz

Expediente 231/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
231/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Miguel Angel Iniesta Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Vista la demanda de amparo promovida por *** y otra autoridad. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 231/2022. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a quien resuelve a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda y anexos que adjuntó el justiciable, se advierte que los actos que reclama son: 1. LA SOLICITUD DE AUDIENCIA INICIAL SIN DETENIDO, EN LA CARPETA JUDICIAL ***. Atribuida al agente del Ministerio Público licenciado Hilario Chávez Márquez. 2. LA POSIBLE O PROBABLE VINCULACIÓN QUE SE LLEGARE A DICTAR EN LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA LAS DIEZ HORAS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA CARPETA JUDICIAL ***. A cargo del licenciado ***, Juez Encargado del Trámite, así como, cualquier otro juez, o autoridad que pueda vincular al impetrante a proceso, en el Reclusorio Oriente de esta Ciudad. En ese tenor, respecto al acto reclamado indicado anteriormente con el número 1, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: La improcedencia es una institución jurídica procesal que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, en términos del artículo 62, de la ley de la materia. Con el objeto de justificar esa aseveración, se estima pertinente destacar que la porción normativa invocada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] En relación con esa causal, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; En vinculación con ese numeral, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] De esos preceptos, se desprende que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico, el cual existe cuando una norma (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene protección frente a cualquier persona o autoridad. Lo anterior conduce a determinar que la parte impetrante debe ser titular del derecho público subjetivo que estime vulnerado, de lo contrario, su esfera jurídica no se vería afectada con el acto de autoridad contra el cual se inconforma, lo que originaría su falta de legitimación para entablar el juicio constitucional de amparo. De ahí que la parte quejosa deba acreditar, en primer término, que la ley o el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Las anteriores consideraciones llevan a determinar que el ejercicio de la acción constitucional, contra actos que emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio, la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a demandar el cese de esa violación. En esas condiciones, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho. b) Que ese derecho sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. El primer elemento, se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquella prerrogativa que derivada de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El segundo requisito se refiere a la afectación que sufre ese derecho subjetivo, es decir, el menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio (en sentido amplio) del particular con el acto de autoridad. En el caso concreto, como se señaló, se actualiza la causal de improcedencia en estudio respecto a la solicitud de audiencia inicial sin detenido, en la carpeta judicial ***, atribuida al agente del Ministerio Público licenciado ***. Lo anterior es así, dado que precisamente dicho acto se trata de una solicitud sujeta a una respuesta por parte de diversa autoridad que puede ser favorable o no; es decir, se encuentra sub júdice a lo que determine, en este caso, el juez de control correspondiente. Sin que en el caso sea posible analizar si el impetrante cuenta con interés legítimo para promover juicio de amparo, habida cuenta que el acto reclamado emana de un procedimiento penal (del cual forma parte la carpeta de investigación), por ende, es necesario que demuestre su interés jurídico, en términos del artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 fracción XII de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo respecto de dicho acto y autoridad, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. Por otra parte, respecto del diverso acto consistente en: LA POSIBLE O PROBABLE VINCULACIÓN QUE SE LLEGARE A DICTAR EN LA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA LAS DIEZ HORAS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA CARPETA JUDICIAL ***. Atribuida al licenciado ***, Juez Encargado del Trámite, así como, cualquier otro juez, o autoridad que pueda vincular al impetrante a proceso, en el Reclusorio Oriente de esta Ciudad. Debe decirse que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Así, del análisis del escrito de demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de la misma, respecto al aludido acto. Así, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I y 75, de la Ley de Amparo, la cual se estudia de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, del citado cuerpo normativo. En efecto, los numerales 1º, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". El artículo 1, fracción I, transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. En este sentido, tratándose de actos futuros, su existencia es indudable, por lo que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo respecto al acto destacado con el número 2, al actualizarse el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, y 75 todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se tienen como autorizados a Fernando del Prado Ponce y Jesús Martín Flores Salazar. Asimismo, en términos del arábigo 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento a la restante persona señalada por no contar con el registro de su cédula en el sistema descrito en la certificación secretarial. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en el artículo 261 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece: "Artículo 261. Es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en las materias penal, civil, mercantil, administrativa y laboral, en los términos de las disposiciones aplicables". EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, en caso de contar con ellos, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Y, en el supuesto de que las partes los indiquen, ténganse como tales, sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción practiquen notificaciones, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios adscritos, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al precepto 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese sistema, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico especializado capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAPTURA DE SENTENCIA EN SISE. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena a la Secretaría supervisar la captura de la resolución que se emita en este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que lo acredite a los autos.

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