Miguel Angel Islas Pozos
Expediente 338/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Angel Islas Pozos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve (fojas 54 a 60), misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 399, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 3. Lorenzo de la Luz Saavedra, Agente del Ministerio Público Investigador de Libres, Puebla, consistentes en diversas constancias que obran en la carpeta de investigación CDI 872/2018/LIBRES, de su índice, con las que se formó el anexo I, devuélvansele las mismas; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Islas Pozos, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil diecinueve Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 2. Encargado del Despacho de la Fiscalía de Zona Regional Oriente del Estado de Puebla, Ismael Zaca Morán, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo Por otra parte, no se inadvierte que la autoridad responsable citada, refirió rendir su informe dentro del incidente de suspensión; sin embargo, atendiendo al número de oficio que contesta, es dable concluir que se trata del informe justificado, máxime que en el presente asunto no se ordenó la apertura de dicha incidencia; lo anterior, para los efectos legales conducentes Orienta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden Finalmente, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se aprecia que se encuentran señaladas las once horas con diez minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 44), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente, y en su lugar se señala como nueva fecha las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha fenecido el término de quince días concedido al quejoso Miguel Ángel Islas Pozos, por auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el acuerdo dictado el quince de marzo de dos mil diecinueve, por 3. Lorenzo de la Luz Saavedra, Agente del Ministerio Público Investigador de Libres, Puebla, así como su correspondiente notificación, sin que haya presentado promoción alguna tendente a desahogar dicho requerimiento dentro del término indicado. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de siete de mayo pasado y téngase únicamente como acto reclamado y como autoridades responsables los señalados en el escrito inicial de demanda y, sobre éstas continúese con el trámite y solución del presente sumario. En diverso aspecto, del estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo para que adquiera firmeza el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 41 y 42), mediante el cual se tuvo por no ampliada la demanda de amparo respecto a la nueva autoridad que pretendió señalar como responsable, Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado de Puebla. Asimismo, de las actuaciones que integran el presente sumario constitucional, se aprecia que en el referido proveído de veintitrés de mayo de esta anualidad, se requirió al 2. Encargado del Despacho de la Fiscalía de Zona Regional Oriente del Estado de Puebla, Lic. Ismael Zaca Moran, para que rindiera su correspondiente informe justificado, en términos del auto admisorio de quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 9 a 13); sin embargo, de un análisis integral de las mismas, se colige que dicha autoridad no ha rendido su informe justificado, ni existe constancia de notificación que acredite que haya recibido el oficio mediante el cual se le requirió el mismo. En consecuencia, requiérase vía ordinaria y telegráfica a la referida autoridad responsable, a fin de que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente auto, informe a este Juzgado Federal si ya recibió el oficio B-184-2, de quince de abril del actual; y, en caso de ser así, rinda el informe justificado solicitado e informe la fecha en que se impuso del contenido del mismo. Así mismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir el referido informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ante tal circunstancia, al no estar debidamente integrado este juicio de garantías para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE y se señala como nueva fecha las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración.
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