Miguel Angel Guzman Romero

Expediente 1124/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1124/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
30/10/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Guzman Romero
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Guzmán Romero, mediante el cual, atento a su contenido, se provee: COPIAS CERTIFICADAS. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del ocursante fotocopia certificada de las constancias que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, autorizando para recibirla a las personas que refiere, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente (y fotocopia simple de ésta). En el entendido de que dicho trámite deberá efectuarse dentro del horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores de este juzgado. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Atendiendo su solicitud en el sentido de autorizar hacer uso de los medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." AUTORIZADOS. Se tienen como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en la demanda de cuenta, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlos en los términos amplios previstos en dicho numeral, no proporcionó los datos necesarios a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tiene inscrita su cédula de licenciado en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los presentes el escrito signado por el quejoso Miguel Ángel Guzmán Romero y, en atención a su contenido, téngasele solicitando la devolución del billete de depósito N 776141, por la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos cero centavos, moneda nacional) expedido a su favor por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito. En consecuencia, póngase el billete de depósito en mención, a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el cual se ordena devolver previa toma de razón de recibo que se deje en autos, endosado a nombre del quejoso en su presencia, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control, sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiendo acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual devuelve el expediente de amparo 1124/2016-III-B en que se actúa, con dos anexos y remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en el toca 386/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Guzmán Romero, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero de esta sentencia." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de revisión, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional por una parte concedió y por otra negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido y tomando en consideración que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 776141, por la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos cero centavos, moneda nacional) expedido a su favor por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, para que continuara surtiendo efectos la suspensión concedida en el presente asunto, prevéngase al promovente del amparo, para que previa solicitud por escrito, acuda a este órgano jurisdiccional, a recoger el billete de depósito exhibido en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, apercibido que de no hacer lo anterior, tal billete de depósito prescribirá a favor de la Tesorería de la Federación, en el término que establece el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación abrogada. Finalmente, devuélvase al 6. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Orientación y Análisis de Resolución Inmediata, Susana Mariela Sánchez Aburto las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado (anexos I y II), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngase a la Superioridad comunicando la admisión del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Miguel Ángel Guzmán Romero en contra de la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, radicándose el amparo en revisión 386/2016.

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