Miguel Ángel Huatzi Ramos

Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
112/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Huatzi Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos originales y en los duplicados de los incidentes de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ÚNICO Se sobresee en el presente juicio de amparo 112/2022, promovido por Miguel Ángel Ahuatzi Ramos, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando Segundo, por las razones establecidas en el diverso Tercero, de esta sentencia.

  3. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de cuenta, suscrita por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, por la que manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso Miguel Ángel Ahuatzi Ramos, el auto de veintiocho de febrero del año en curso, por las razones ahí expuestas. Se ordena notificación por lista. Por lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, en consideración que el domicilio que señalo la parte quejosa para oír y recibir notificaciones resulto ser inexacto; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Sin que sea óbice a lo anterior, que la suspensión provisional de veintiocho de febrero del año en curso, quedo superada por la interlocutoria de catorce de marzo del año en curso; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Se ordena apertura de incidente. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 112/2022-II, promovido por Miguel Ángel Ahuatzi Ramos, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Se requieren informes previos Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se les apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a las autoridades responsables Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. Audiencia incidental Se fijan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. De las notificaciones a la autoridad responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Actos reclamados Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. Efecto para el que se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión en los siguientes términos; "con el fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan con el propósito de NO SER DETENIDO, APREHENDIDO Y/O PRESENTADO, ya que si lo hicieran sin dar cumplimiento formal a los procedimientos establecidos estarían privando ilegalmente de la libertad (...) Sic". Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. Consideración previa. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. En la especie Miguel Ángel Ahuatzi Ramos, solicita la suspensión respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución, se destaca que en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se establece que la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos que se enlistan: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, sí se cumplen con los requisitos señalados en el párrafo que antecede, pues esta: a) Es solicitada por la parte quejosa, en el caso Miguel Ángel Ahuatzi Ramos por propio derecho y b) Con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público (dadas las medidas de aseguramiento que se imponen en este propio auto). Por tanto, con fundamento en los artículos 162, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, se provee sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa en los términos siguientes: La suspensión que se concede producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, solo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento, con las especificaciones siguientes: 1.- Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión solo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que esta señale únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. 2.- Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida. Lo anterior bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado de Distrito aplique en este propio auto, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. 3.- En el caso de que la parte quejosa ya se encuentre materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión solo será el establecido en el punto 1, señalado con antelación. Limitantes de la medida cautelar concedida. En la inteligencia que la medida cautelar concedida no tiene como efecto que las responsables suspendan el procedimiento del que emana el acto reclamado, ya que no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Asimismo, la suspensión que se concede no surtirá efecto legal alguno si se sorprende a la quejosa en flagrante delito, o si se trata de alguno de los casos de urgencia que señala la ley, en cuyo caso podrá detenérsele porque así lo autoriza el artículo 16 constitucional, cuando bajo responsabilidad del Agente del Ministerio Público se haya ordenado la detención de la agraviada no podrá ser retenido por más de cuarenta y ocho horas, o noventa y seis, según corresponda, término dentro del cual deberá ordenar su libertad o su consignación ante la autoridad judicial. Fijación de garantía para suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 136 y 168 de la Ley de Amparo, se impone al quejoso la obligación de exhibir ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, la garantía por el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas autorizadas por la ley; cantidad que se fija discrecionalmente, en virtud de que no se cuenta con información que permita conocer las circunstancias a que alude el precepto 168 antes citado, cantidad que se considera asequible tomando en consideración las manifestaciones que vierte la parte promovente. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de que no cumpla con la medida de aseguramiento fijada en este proveído o, de ser el caso, con las obligaciones del procedimiento penal de donde emane el acto reclamado, la suspensión será revocada y se comunicará a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Requerimiento a las autoridades responsables Por otra parte, con fundamento en el artículo 168, en relación con el 143, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables que admitan la existencia del acto reclamado al rendir su informe previo, para que en el término de cuarenta y ocho horas manifiesten de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que hayan emitido las órdenes privativas o restrictivas de la libertad en contra de la parte quejosa, así como las características personales y situación económica de la impetrante del amparo, e informen sobre la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, debiendo remitir las constancias que justifiquen tales extremos, por ser necesarias para resolver sobre las medidas de aseguramiento. Suspensión surte efectos contra actos emitidos con anterioridad a la presentación de la demanda. La suspensión concedida solo surtirá efecto en caso de que la orden privativa de libertad, haya sido emitida con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que lo fue el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a las trece horas con veintiséis minutos, pues de haberse emitido con posterioridad no surtirá efectos la suspensión provisional concedida, estando expedita la jurisdicción de la autoridad responsable de ejecutar un acto de fecha ulterior. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados Por otra parte, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Joel Renato Roque Moreno, por así haberlo solicitado, en el escrito de cuenta. Copias certificadas. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º de esta última, expídase las copias certificadas que solicita, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos, teniéndose como autorizado para recibirlas a las personas que indica. Se precisa procedimiento para copias. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar el solicitante para la obtención de las copias que solicita. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias de mérito que solicita, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1303 (dentro de un horario de siete horas cuarenta y cinco minutos a trece con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes) con Christoper Rodríguez Escobar, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Habilitan días y horas inhábiles Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales y por lista que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún sigue transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: Titular del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala (2448); Oficial Encargado del Segundo Grupo del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala (2489); Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, por si y en representación del Juez Primero, Segundo y Cuarto del mismo distrito judicial (2564). Jueza Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer Actuando en funciones de Jueza de Guardia, en representación de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del mismo distrito judicial (2665); y, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (2629). Otorgado en proveído de siete de marzo del año en curso. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

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