Miguel Ángel Gómez Rodríguez

Expediente 1148/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1148/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Gómez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, trece de abril de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución documentos originales en razón de no obrar éstos en autos. Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. ? Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio con anexos, signado por el Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes el Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, y al efecto remite certificada de las constancias solicitadas. ? Pruebas. Asimismo, téngase remitiendo las documentales que anexa a su oficio de cuenta y un disco en formato DVD, que contiene audio y video de la audiencia pública de nueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo , se tienen ofrecidas como pruebas documentales, así como el disco versátil digital (DVD), sin perjuicio de recibirlas en la audiencia del juicio, aún sin que exista gestión expresa de parte interesada. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora y demás pruebas documentales existentes en autos, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" . Ahora bien, de las constancias que allegó el Juez responsable, se advierte que el nueve de octubre de dos mil veinte, el Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado de la causa judicial de origen 260/2019, en contra del aquí quejoso, la cual quedó firme mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte. A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso dictado la causa judicial 260/2019, del índice de la autoridad responsable; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado nueve de octubre de dos mil veinte, el Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado de la causa judicial de origen 260/2019, en contra del aquí quejoso. De esta manera, la existencia de tal sentencia, acaecida después de presentada la demanda de amparo (que fue el doce de diciembre de dos mil diecinueve), son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con número de registro 2017403, de rubro y texto siguientes: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio.". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: 1) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. 2) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. 3) Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. 4) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del mandamiento de captura reclamado, dejaron de tener efectos, al dictarse sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado de la causa judicial de origen 260/2019, en contra del aquí quejoso; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, pues la autoridad responsable dictó sentencia condenatoria en contra de Miguel Ángel Gómez Rodríguez, como probable responsable del delito de robo calificado. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con dieciséis minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte (foja 139). Anotaciones en el libro de gobierno y sise Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. ? Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio con anexos, signado por el Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes el Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo requerido en proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, y al efecto remite certificada de las constancias solicitadas. ? Pruebas. Asimismo, téngase remitiendo las documentales que anexa a su oficio de cuenta y un disco en formato DVD, que contiene audio y video de la audiencia pública de nueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo , se tienen ofrecidas como pruebas documentales, así como el disco versátil digital (DVD), sin perjuicio de recibirlas en la audiencia del juicio, aún sin que exista gestión expresa de parte interesada. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora y demás pruebas documentales existentes en autos, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" . Ahora bien, de las constancias que allegó el Juez responsable, se advierte que el nueve de octubre de dos mil veinte, el Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado de la causa judicial de origen 260/2019, en contra del aquí quejoso, la cual quedó firme mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte. A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso dictado la causa judicial 260/2019, del índice de la autoridad responsable; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado nueve de octubre de dos mil veinte, el Juez de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado de la causa judicial de origen 260/2019, en contra del aquí quejoso. De esta manera, la existencia de tal sentencia, acaecida después de presentada la demanda de amparo (que fue el doce de diciembre de dos mil diecinueve), son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con número de registro 2017403, de rubro y texto siguientes: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio.". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: 1) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. 2) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. 3) Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. 4) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del mandamiento de captura reclamado, dejaron de tener efectos, al dictarse sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado de la causa judicial de origen 260/2019, en contra del aquí quejoso; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, pues la autoridad responsable dictó sentencia condenatoria en contra de Miguel Ángel Gómez Rodríguez, como probable responsable del delito de robo calificado. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con dieciséis minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte (foja 139). Anotaciones en el libro de gobierno y sise Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de doce del mes y año en curso, se requirió a la Jueza Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, las constancias relativas a la audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte, así como del auto de veintiuno siguiente, dentro de la causa judicial 260/2019, de su índice, por lo que se encuentra trancurriendo dicho término para que las remita. Diferimiento de audiencia constitucional. En atención a lo anterior para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano