Miguel Ángel Guerrero Manjarrez
Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Miguel Ángel Guerrero Manjarrez
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio y anexo de la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa; lo anterior, virtud que en veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, determinación que causó estado el dieciséis de diciembre siguiente, donde además se ordenó el archivo del expediente. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron determinación que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida determinación HA CAUSADO ESTADO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental, por no encuadrar en ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de la Presidente de la Junta Especial Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual rinde informe justificado; asimismo, remite copia certificada del proveído de tres de los actuales donde admitió diversas pruebas ofrecidas por las parte y desechó otras. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que se remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. En la demanda de amparo se reclama la omisión de la Junta responsable de pronunciase en torno a las pruebas ofertada por las partes en el juicio de origen (calificar, admitir o desechar), respecto de lo reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer fuera de audiencia. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando el efecto del acto reclamado haya cesado antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal se actualiza cuando el efecto del acto reclamado desaparezca o se destruya inmediata, total, incondicional y materialmente, supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida, pues en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la omisión de pronunciarse en torno a las pruebas ofertada por las partes. Sin embargo, la omisión de la autoridad responsable cesó puesto que el tres de los actuales admitió diversos medios de convicción ofertado en el juicio laboral de origen y desechó otros, según constancias que se acompañan al informe de cuenta. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte impetrante, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y procede decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, al ser clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas del tres de diciembre del año en curso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintisiete de octubre de dos mil veinte. I. Quejoso. Miguel Ángel Guerrero Manjarrez, por conducto de su apoderado legal. II. Admisión y formación de expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibida que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibida que de no rendir el informe solicitado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remita incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. VI. Formalidades de constancias requeridas. Se indica a la autoridad responsable que las constancias que remitan en apoyo a su informe justificado deberán contener en original folio, rubrica y entre sello así como la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia. VII. Envío electrónicos de constancias adjuntas a informes de autoridades o escritos. Se sugiere a las partes la utilización de la vía electrónica; para lo cual, podrán solicitar la autorización para acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, asimismo, agregar constancias al expediente, debiendo en todos los casos contar con la clave de acceso y firma FIREL, la que deberán generar a través de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Al respecto, se hace del conocimiento de las partes de este juicio, incluyendo a las autoridades responsables, que el Acuerdo general Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, señala en el capítulo cuarto, relativo al expediente electrónico artículo 12 inciso f) dispone: Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por la vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterable del documento impreso. Por tanto, se les requiere para que al momento de hacer uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y enviar a través de éste, constancias adjuntas a los informes que rindan o escritos que presenten, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que éstos, son copia íntegra e inalterada del documento impreso. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se aplicará multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo.
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