Miguel Ángel Gaxiola Ibarra

Expediente 859/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
859/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Gaxiola Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Miguel Ángel Gaxiola Ibarra, para los efectos siguientes: SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Una vez que cause estado esta sentencia, la Jueza Tercero de lo Familiar de esta ciudad debe realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno dictado en el juicio de tramitación especial de divorcio expediente 2043/2015, en que aprobó la planilla de pensión alimenticia. 2. En su lugar, dicte otra en la que reitere las consideraciones intocadas en este fallo y, con libertad de jurisdicción, analice las cantidades y montos propuestos en la planilla de liquidación y tome en cuenta los saldos a favor del quejoso. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio 575/2022, por medio del cual informó dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; asimismo, envió copia certificada de la resolución interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, de la que se advierte analizó las cantidades y montos propuestos en la planilla de liquidación y tomó en cuenta los saldos a favor del quejoso de los años dos mil dieciséis al dos mil veinte, cuantificando así el monto adecuado por pensión alimenticia; tal como se advierte en fojas de 4 a 8 de la nueva interlocutoria emitida por la responsable. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; asimismo, glósese el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Asimismo, toda vez que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el multicitado Acuerdo General, se estima susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que trascurra el término de seis meses, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. Por último, como lo establecen los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modificación electrónica, y toda vez que se cuenta con constancias que anexó la autoridad responsable, mismas que ya no son de utilidad en este juicio; en tal virtud, se ordena su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, último párrafo, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de siete días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. [...] Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada Haydee Guadalupe Zazueta Sánchez. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 859/2021. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán, Sinaloa, ********************solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Jueza Tercero de lo Familiar de esta ciudad. SEGUNDO. Admisión. En acuerdo de ocho siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda, ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclama acto con ejecución en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Autoridades responsables y actos reclamados. De la Jueza Tercero de lo Familiar de esta ciudad: La resolución del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno dictado en el juicio de tramitación especial de divorcio expediente ********************, en que aprobó la planilla de liquidación pensión alimenticia vencidas y no pagadas. CUARTO. Antecedentes. Del cuaderno del juicio de tramitación especial de divorcio ******************** desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados: 1. ********************solicitó el divorcio in causado (fojas 2 a 41); la Juez Tercera de lo Familiar de esta ciudad admitió la solicitud mediante auto de diez de agosto de dos mil quince y ordenó el emplazamiento del ahora tercero interesada (foja 42). 2. Seguido el juicio por sus trámites, el veintiuno de enero dos mil dieciséis la Jueza del conocimiento dictó sentencia (fojas 165 y 166), en la que decretó el divorcio y fijó pensión alimenticia provisional a cargo del aquí amparista por diecisiete mil quinientos pesos mensuales en favor de sus menores hijos ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************; monto que sería incrementado conforme al aumento porcentual anual del índice nacional de precios al consumidor. 3. A estancia del aquí quejoso, en auto del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis la jueza de conocimiento admitió el incidente de resolución de litigio (foja 263). 4. En resolución del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la citada juzgadora resolvió el incidente en que determinó pensión alimenticia definitiva por doce mil pesos mensuales a cargo del hora quejoso en favor de su hija ******************** ******************** y de su exesposa ********************(fojas 500 a 520) 5. La ex esposa del peticionario constitucional promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas (fojas 532 a 828) 6. Por auto de once de febrero de dos mil veintiuno, la jueza de origen requerir a ******************** ******************** y a ********************aclararan los montos reclamados por concepto de pensiones alimenticias vencidas, en consideración que la primera tiene derecho a reclamar el pago de pensiones a partir de febrero de dos mil dieciséis, en tanto a la segunda sólo a partir del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho (foja 839). 7. El tres de marzo siguiente las acreedoras alimentarias realizaron la aclaración correspondiente (fojas 843 a 846); así, el dieciocho de ese mes la juzgadora natural dio trámite al incidente y ordenó dar vista con la planilla al deudor alimentario (foja 847). 8. El ahora quejoso contestó al incidente mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno en que, entre otras cosas, opuso la excepción de pago, bajo el argumento que a partir de enero de dos mil dieciocho sus ingresos fueron insuficientes a fin de pagar la pensión alimentaria; también indicó que, a pesar de sus ingresos, mes con mes ha realizado los pagos correspondientes en el monto que sus ingresos se lo han permitido; de igual forma, que ante la insuficiencia de recursos para cumplir sus obligaciones alimentarias alimentarias, promovió reducción de la pensión del Juzgado Segundo Familiar de esta ciudad, dónde está el radicado del expediente ********************. A fin de acreditar sus aseveraciones, ofreció como prueba las declaraciones mensuales de impuestos presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria (fojas 850 a 927). 8. El treinta y uno de mayo de este año, la juzgadora de origen dictó resolución en el incidente en el cual aprobó la planilla presentada y ordenó requerir al aquí quejoso por el pago de trescientos ochenta mil pesos por concepto de pensión alimenticia provisional y definitiva de las acreedoras (fojas 929 931). Esta última resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. QUINTO. Conceptos de violación desestimados: Recuérdese que el acto reclamado tuvo como objeto cuantificar el monto de las pensiones vencidas no pagadas por el deudor, aspecto en torno al cual no existe controversia, por lo que se parte de su certeza como hecho incontrovertido. Bajo esas circunstancias, al resolver el incidente fuente de la resolución reclamada no era el momento para valorar la situación económica del ahora quejoso a fin de asignar pensión adecuada a sus posibilidades, pues esos aspectos fueron, o debieron ser, objeto de análisis al determinar la pensión en forma provisional y, posteriormente, en definitiva; por ello la inoperancia de las inconformidades donde aquél sostiene que la autoridad responsable omitió cumplir con lo estipulado en los artículos 222 y 223 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, valorar la situación económica de la familia a la fecha en que dio lugar la deuda alimentaria, así como asignarla en atención adecuada a sus posibilidades. Es verdad que al contestar la demanda incidental, el aquí peticionario de amparo alegó que sus condiciones económicas en la actualidad son diferentes a las consideradas para determinar la pensión alimenticia provisional y definitiva a su cargo, para demostrar sus aseveraciones allegó las declaraciones impuestos de enero de dos mil dieciocho diciembre de dos mil veinte ante el Servicio de Administración Tributaria, con cual -asegura- demostró que sus ingresos son insuficientes para satisfacer las cantidades a que fue condenado por concepto de pensión alimenticia. Al respecto, la jueza de instancia precisó que si bien el demandado argumentó no tener capacidad económica para cumplir con la pensión decretada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, empero, consideró que tal circunstancia no es factible ventilarlo en la presente vía, por lo que dejó a salvo sus derechos sobre el particular. Este Órgano de Control Constitucional comparte dicho criterio, en la medida que el incidente tenía como fin cuantificar el monto de las pensiones adeudadas, no dilucidar si en la actualidad tiene o no capacidad económica para satisfacer el monto de la pensión alimentaria, pues sobre el particular existe cosa juzgada, por lo que dichas circunstancias no es factible ponderarlas en el incidente de liquidación de pensiones vencidas; máxime que al contestar el incidente el propio deudor aseguró que ha promovido juicio ante diverso juzgado a fin de lograr la reducción la cuantía de la pensión alimentaria, por lo que es correcto que al resolver el incidente esa cuestión no debe ser materia de estudio, por más que lo haya propuesto al contestar la incidencia. Bajo estas circunstancias, resultan inoperantes los conceptos de violación tendentes a evidenciar que la juzgadora no consideró que han cambiado las circunstancias que, en su oportunidad, valoró para determinar el monto de la pensión a su cargo, por lo que es imposible pagar tales montos, dejándole sin lo necesario para subsistir y sin los medios suficientes para poder sufragar los gastos como cualquier ser humano, consistente en alimentos, vestido, agua, luz, medicinas, doctores, entre otros rubros. Por iguales motivos, también resultan inoperantes las inconformidades en que el quejoso sostiene que no fue otorgado algún valor probatorio a las documentales que allegó, consistentes en las declaraciones de impuestos expedidos a través de medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria, con las que -a su juicio- acredita que no percibe suficientes ingresos para pagar los montos a su cargo por concepto de pensión. SEXTO. Concepto de violación fundado: En el acto reclamado, la autoridad responsable precisó que la actora incidentista solicitó requerir al deudor alimentario el pago de las pensiones vencidas a partir de febrero de dos mil dieciséis a noviembre de dos mil veinte; para lo cual, hizo alusión a la pensión provisional decretada en la resolución de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en el que fue condenado a apagar diecisiete mil pesos mensuales; así como la pensión definitiva del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, donde fue condenado a pagar doce mil pesos mensuales. La juzgadora de instancia señaló que el deudor alimentario a la contestación no acompañó documento alguno tendente acreditar que no adeuda cantidad por concepto de pensiones alimenticias, o que está al corriente en su pago, al no demostrar la realización de pago total o parcial. Con base en lo anterior, la juzgadora consideró fundado las pretensiones de la actora incidentista y condenó al aquí quejoso al monto propuesto por concepto de pensión alimentaria comprendidos de febrero de dos mil dieciséis a noviembre de dos mil veinte. El quejoso alega que al contestar el incidente también manifestó que pese a no estar en posibilidad de cubrir totalmente el monto de la pensión, sin embargo, mes tras mes efectuó pagos por la cantidad que sus ingresos le permiten, lo que se desprende de la planilla de adeudo presentado por ********************, quien en la tercera de las columnas de la planilla bajo el concepto de importe cubierto especificó las cantidades otorgadas, dato que la jueza pasó por alto. Estos conceptos de violación resultan fundados, en la medida que en escrito presentado el tres de marzo de este año los actores incidentistas realizaron la aclaración solicitada auto de once de febrero próximo pasado, en el cual indicaron la planilla de pensiones alimentarias vencidas, donde en marzo de dos mil dieciséis manifestaron que el importe cubierto fue de dieciocho mil pesos con diferencia a favor de deudor de quinientos pesos, en tanto en abril de dos mil dieciséis mencionaron que el importe cubierto fue por veintiséis mil pesos con diferencia a favor de ocho mil quinientos pesos. Al realizar la suma que por concepto de pensiones quedaron pendientes de satisfacer en ese año, señalaron que fue por sesenta y siete mil novecientos pesos; sin embargo, la suma no corresponde a las cantidades indicadas como diferencia a pagar por el deudor alimentario, dado que el monto total por ese año, en todo caso, sería por cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos; aunado a los saldos a favor del deudor los indicados meses de marzo y abril de dos mail dieciséis. Los anteriores aspectos fueron soslayados por la autoridad de instancia, en razón que no tomó en consideración esos saldos a favor del quejoso en los meses referidos; de igual forma, soslayó que la suma correspondiente es incorrecta con base en los montos propuestos en la planilla; de ahí lo fundado de los relativos conceptos de violación. En las condiciones anotadas, el acto reclamado transgrede, en perjuicio del quejoso, los derechos supremos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone concederle la protección solicitada. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Una vez que cause estado esta sentencia, la Jueza Tercero de lo Familiar de esta ciudad debe realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno dictado en el juicio de tramitación especial de divorcio expediente ********************, en que aprobó la planilla de pensión alimenticia. 2. En su lugar, dicte otra en la que reitere las consideraciones intocadas en este fallo y, con libertad de jurisdicción, analice las cantidades y montos propuestos en la planilla de liquidación y tome en cuenta los saldos a favor del quejoso. En la inteligencia que, al dictar la nueva resolución, la jueza distancia debe analizar cada uno de los rubros cuantificados para que constate si son o no correctos los montos propuestos. Sólo de esa manera quejoso podrá ser restituido en el pleno goce de los derechos supremos transgredidos, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. Expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** Gaxiola Ibarra. NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por Haydee Guadalupe Zazueta Sánchez, tercero interesado en autos del expediente, vengo a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en calle Juan José Ríos número 135-Altos, entre Andrade y Paliza, en la colonia Miguel Alemán, de esta ciudad, y autorizando para que las reciban a los Licenciados Gonzalo Armenta Leal, Faustino Chiquito Aguirre, Félix Valenzuela Mada y Eric Rolando Osuna Ángulo. Se tiene por apersonada a juicio a la tercera interesado, y se reconoce la personalidad que ostenta en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su domicilio procesal el que señala en su escrito de cuenta y autorizados a las personas que precisa. Notifíquese.

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