Miguel Ángel Guardado Ramírez
Expediente 430/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Miguel Ángel Guardado Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a cuatro de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de veintidós de junio del año en curso en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovido por Miguel Ángel Guardado Ramírez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en auto de diecisiete de junio del año en curso. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Guardado Ramírez, contra actos del Gobernador Constitucional, con sede en Culiacán, Sinaloa, y otras autoridades, se procede al análisis de su procedencia o improcedencia, con base en los razonamientos que enseguida se exponen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este juzgador, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo y aclaratorio del mismo, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: La orden de inicio del procedimiento administrativo de separación o destitución en contra del quejoso, con base en el resultado no aprobatorio del proceso de evaluación que se le practicó, y sus consecuencias, como: La suspensión de su salario como policía operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Elota, Sinaloa. La baja como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y La inscripción en un padrón único no apto al cargo de policía operativo. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que previo a instar el juicio constitucional, el promovente debió impugnar los actos reclamados a través del juicio de nulidad. El artículo y fracción a que se ha hecho referencia textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (...)" El texto del precepto transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 3°, 13, fracciones I y XII, 22 y 68, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en su orden disponen: "Artículo 3°. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá y resolverá las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Estado, de los Municipios, sus organismos descentralizados o cualquier persona o institución que funja como autoridad y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares". "Artículo 13. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, será competente para conocer y resolver de los juicios: I. Que se ventilen por las controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal que emitan las autoridades señaladas por el artículo 3o de esta Ley, y cuya actuación afecte la esfera jurídica de los particulares; [.] XII. Las demás que le señalen otras leyes y reglamentos". "Artículo 22. Las Salas serán competentes para conocer y resolver los juicios que establece el artículo 13 de esta Ley y los previstos en otros ordenamientos legales aplicables. La competencia territorial de las Salas se determina en razón del domicilio del actor y si radica fuera del Estado podrá elegir la Sala Regional más cercana a su domicilio." "Artículo 68. Los actos impugnados y su ejecución podrán ser objeto de suspensión en los casos, bajo las condiciones y modalidades que prevé esta Ley. La suspensión se concederá por el Magistrado de la Sala que conozca del asunto, de oficio o a petición de parte, desde el mismo acuerdo que admita la demanda y hasta que se dicte sentencia y ésta quede ejecutoriada. La cual surtirá efectos desde luego, en el auto en que se conceda. Tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria, salvo en aquellos casos en que a juicio del Magistrado deba otorgársele efectos restitutorios. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de la libertad por faltas administrativas o actos que de llegar a consumarse, harían materialmente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. En todos los demás casos, solo se otorgará la suspensión cuando lo solicite la parte interesada. En todo caso, el auto que decrete la suspensión deberá notificarse el mismo día en que fue pronunciado a las autoridades demandadas, surtiendo efectos dicha notificación desde la hora en que fue realizada, para su cumplimiento, apercibiéndolas que en caso de desacato, se les aplicarán las sanciones previstas en el título tercero de esta Ley. Las actuaciones realizadas con posterioridad al auto que conceda la suspensión, que tenga por objeto la ejecución del acto impugnado, deberán declararse inexistentes con independencia de que las autoridades demandadas no hayan sido notificadas de dicho proveído sin que en este caso incurran en responsabilidad. El Magistrado de Sala podrá revocar o modificar en cualquier momento del juicio, el auto a través del cual concedió la suspensión de la ejecución del acto impugnado, si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de tres días". (énfasis añadido) Así, de la interpretación armónica de los dispositivos transcritos, se aprecia que los actos que por esta vía se reclaman precisados con antelación, si bien el quejoso los atribuye a diversas autoridades, lo cierto es que éstos son impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en esta ciudad, tal como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, pues de conformidad con lo dispuesto por el numeral 13 del citado ordenamiento legal, tiene por objeto conocer y resolver de los juicios y controversias que se susciten en relación con la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa que emitan las autoridades Estatales y Municipales; en la inteligencia que en todos los casos, antes de acudir al juicio de amparo, necesariamente deberán impugnar el acto administrativo a través del juicio de nulidad ante el referido Tribunal; además, es posible obtener la suspensión de los efectos de tales actos, procedimientos o resoluciones, conforme al artículo 68 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión. Tiene aplicación al respecto, la tesis XII.3o.1 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época, que dice: "ACTOS DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos o resoluciones administrativas o fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, municipales y sus organismos descentralizados, procede, cuando menos, el medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 13, fracción I, 22 y 34 todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto o resolución impugnado, y con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos o resoluciones, conforme a los artículos del 68 al 75 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva; consecuentemente, es improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos o resoluciones, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo esa tesitura, si el quejoso reclama la orden de inicio del procedimiento administrativo de separación o destitución en contra del quejoso, con base en el resultado no aprobatorio del proceso de evaluación que se le practicó, y sus consecuencias, como la suspensión de su salario como policía operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Elota, Sinaloa, la baja como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la inscripción en un padrón único no apto al cargo de policía operativo; es evidente que tales actos debe combatirlos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a través del medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 13, fracción I y XII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que por esta vía reclama; así también, puede lograr la obtención de la suspensión de los actos referidos, conforme al artículo 68 de la mencionada Ley, sin exigir mayores requisitos que aquellos que impone la Ley de Amparo. Además, porque los actos que en esta vía constitucional reclama el peticionario de amparo, derivan de la relación jurídica que tiene como elemento operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Elota, Sinaloa, la cual es de naturaleza administrativa, pues así lo ha definido nuestro más Alto Tribunal, en la jurisprudencia 24/95, visible en la página 43, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Septiembre de 1995, Novena Época, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito." En tal virtud, como en la especie, se trata de dilucidar cuestiones derivadas de la prestación de los servicios del quejoso en su condición de servidor público, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna el principio de acceso a la justicia. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 77/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 428, tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Julio de 2004, Novena Época, bajo la voz: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia." En tales términos, el quejoso se encuentra obligado a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio de nulidad establecido en los numerales 3°, 13, fracciones I y XII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. Es de esta manera, dado que en ese medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, además de que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas municipales y del Estado. En tal virtud, la falta de promoción del juicio contencioso, de manera previa al de amparo, consuma la improcedencia de este último, habida cuenta que a través de ese medio ordinario de defensa, la parte quejosa está en aptitud de lograr que se modifiquen, anulen o revoquen los actos reclamados y obtener la paralización de los mismos, sin someterse a requisitos mayores a los previstos en la Ley de la Materia. Lo anterior, máxime que el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, establece la procedencia del juicio contencioso administrativo contra "actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa", esto es, la ley no limita la procedencia del juicio de nulidad a actos considerados definitivos. De ahí que, se estima actualizada la causa de improcedencia materia de estudio. En cuanto a la afirmación que antecede, sirve de apoyo la tesis I.1º. A 69 A (10ª) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 2100, perteneciente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. Como la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no está acotada a actos o resoluciones, distintos de la materia fiscal, que sean considerados definitivos, pues el artículo 31, fracción I, de su ley orgánica prevé que las Salas de ese órgano jurisdiccional son competentes para conocer de los juicios contra actos que las autoridades de la administración pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales, debe concluirse que ese medio de defensa procede contra el acuerdo relativo al inicio del procedimiento de separación o destitución de los miembros de carrera policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que se emite con fundamento, entre otros, en el Reglamento que Establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la citada dependencia, pues aun siendo ese acto de carácter intraprocesal, queda comprendido en el supuesto de procedencia indicado." Además, en el artículo 68, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se establece que la decisión sobre la suspensión tendrá por efectos mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria, salvo en aquellos casos en que a juicio del Magistrado deba otorgársele efectos restitutorios. Aunado a que los efectos restitutorios que prevé la citada medida cautelar, por regla general no son procedentes en la suspensión otorgada en el juicio de amparo, de ahí que en ese aspecto la legislación local es más amplia. Cabe añadir, que en el caso, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, pues los actos reclamados no carecen de fundamentación; no se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación; el quejoso no hace valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino cuestiones de legalidad; y el medio de defensa en mención no se encuentra previsto en un reglamento, sino que la ley correspondiente contempla su existencia (Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa). Por las razones expuestas, resulta operante, en la especie, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a), de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRA EL INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"; sin embargo, de la ejecutoria se advierte que la determinación ahí tomada no prejuzga la posible existencia de diversos motivos de improcedencia del mismo; ello, porque ahí se analizó un acto emitido por autoridades de carácter federal, con base en ordenamientos de esa índole, cuya impugnación a través de los medios ordinarios de defensa difiere, en cuanto a su procedencia, de aquellos emitidos por autoridades pertenecientes al Estado de Sinaloa, así como lo relativo a si el acuerdo que inicia el procedimiento administrativo de separación de un servidor de carrera ministerial o policial de la Procuraduría General de la República, se trata o no de un acto cuya ejecución puede ser de imposible reparación; y, en la especie, el motivo por el que se decreta el sobreseimiento de este juicio es por no haberse agotado el principio de definitividad. Fortalece a la anterior determinación la jurisprudencia 1ª./J.44/2012 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, perteneciente a la Décima Época, de epígrafe y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la misma legislación, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese; personalmente al promovente.
- Principal
En Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el licenciado SERGIO LÓPEZ VALDEZ, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, HACE CONSTAR: Que en la hora y fecha que se alude, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se notifica por lista que se fije en lugar visible y de fácil acceso en este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el proveído de veintidós de junio de dos mil dieciséis, para conocimiento del quejoso Miguel Ángel Guardado Ramírez, dictado en el juicio de amparo 430/2016, promovido por USTED, contra actos del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN CULIACÁN, SINALOA Y OTRAS AUTORIDADES MÁS, que en lo conducente dice: por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA POR CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
En Mazatlán, Sinaloa siendo las nueve horas del veinte de junio de dos mil dieciséis, el licenciado SERGIO LÓPEZ VALDEZ, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, HACE CONSTAR: Que en la hora y fecha que se alude, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se notifica por lista que se fije en lugar visible y de fácil acceso en este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso Miguel Ángel Guardado Ramírez, el proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 430/2016, promovido por USTED, contra actos del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN CULIACÁN, SINALOA Y OTRAS AUTORIDADES MÁS, el cual en lo conducente dice: Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificada de este proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda respecto de lo siguiente: a).- Deberá precisar el acto reclamado, toda vez que en el capítulo respectivo, señala: ".la orden dictada para que se inicie, trámite y concluya el procedimiento administrativo de separación o destitución del suscrito de POLICÍA OPERATIVO adscrito a la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL."; asimismo, en el capítulo de antecedentes del escrito de demanda expone ".Que con fecha 07 (siete) de Junio del año 2016, la H. Comisión de Honor y Justica la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Elota, Sinaloa, me notificó la suspensión provisional de mi cargo que actualmente desempeño, decretado mediante acuerdo de fecha 22 de abril de 2016, en el expediente CHJPPYTME/DSPYM/00002/2014, por medio del cual supuestamente se inicia el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de justicia, en mi cargo de POLICÍA OPERATIVO." y más adelante en el mismo apartado expresa: ".no me ha notificado ni me ha dado a conocer el inicio del procedimiento, en mi cargo de POLICÍA OPERATIVO, por lo que solicito se requiera a la demandada por la exhibición de los referidos actos administrativos para estar en posibilidades de expresar los conceptos de nulidad respectivos" .Manifieste si promovió juicio contencioso administrativo a efecto de declarar la nulidad del procedimiento administrativo de separación o destitución del cargo de policía operativo, dado que así lo expresa en el punto nueve del capítulo de antecedentes; así como el estado procesal de dicho juicio.. Lo anterior, con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la nueva Ley de Amparo. Doy Fe.
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