Miguel Angel García Soto

Expediente 102/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
102/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Miguel Angel García Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, seis de junio de dos mil dieciocho. Reasume competencia. Téngase por recibido el oficio 97353/2018, enviado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el cual informa que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se avocó al conocimiento y admitió a trámite la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, mismo que quedó registrado bajo el juicio de amparo 1491/2017, acumulado al diverso 1334/2017, de su índice administrativo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en virtud de que no existe diligencia pendiente por desahogar remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo. III. Destrucción del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, en virtud de haberse declinado la competencia en el juicio de amparo 102/2017. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Se desahoga prevención. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda firmado por el quejoso Miguel Ángel García Soto, mediante el cual desahoga la prevención ordenada en acuerdo de veintisiete de enero del año en curso. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis del escrito de demanda promovido por Miguel Ángel García Soto, se advierte que el acto reclamado a los Integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades, se hace consistir en la aprobación de la Ley de Ingresos de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, específicamente el capítulo de impuestos especiales sobre producción y servicios y de combustibles automotrices y combustibles fósiles; además de los actos de intervención de las diversas autoridades responsables inherentes al proceso legislativo que dio origen a la liberación de los precios de los combustibles, y a su vez, los lineamientos económicos implementados en cada una de sus competencias para tal efecto. III. Incompetencia. En este sentido, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público; por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Al respecto, el numeral 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado [.]." Así, en relación con la competencia por materia, se destaca que es aquélla que determina que en cierto Juzgado o Tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la especialidad correspondiente, y en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de garantizar el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Ahora, si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. Asimismo, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para resolver los conflictos de competencia por razón de la materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o a la forma en que se emitió el acto. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Registro: 167761 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 24/2009 Página: 412 COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Competencia 3/2007. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, ambos del Quinto Circuito. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. Competencia 105/2007. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito. 7 de noviembre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. Competencia 124/2007. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito. 28 de noviembre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. Competencia 137/2007. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito. 16 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. Hernández Bautista. Competencia 131/2008. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito. 17 de septiembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. Tesis de jurisprudencia 24/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de marzo de dos mil nueve." Es decir, lo que determina la cuestión competencial es la naturaleza sustancial del acto impugnado y la calidad de la fuente de la que emana, y no factores diversos. Consecuentemente, en este caso se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, con el fin de sustentar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por razón de materia. Pues bien, como se adelantó, en la especie se ejercita la acción constitucional de amparo contra actos de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, a quienes se reclama medularmente la aprobación la aprobación de la Ley de Ingresos de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, específicamente el capitulo de impuestos especiales sobre producción y servicios y de combustibles automotrices y combustibles fósiles; además de los actos de intervención de las diversas autoridades responsables inherentes al proceso legislativo que dio origen a la liberación de los precios de los combustibles, y a su vez, los lineamientos económicos implementados en cada una de sus competencias para tal efecto. Ante ese panorama, para mejor compresión del asunto se estima necesario transcribir el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, con base en el cual fueron emitidos los lineamientos generales inherentes a la liberación de los precios de los combustibles con motivo de los criterios fijados en relación al abasto y los precios de esos productos, cuyo contenido es el siguiente: "TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018." De lo anterior se desprende que la norma resultado del proceso legislativo que dio origen a la liberación de los precios de los combustibles, y por ende, los lineamientos económicos implementados para regularlos, tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, atendiendo a los precios internacionales de los combustibles y el costo de suministro, entre otros factores. En el entendido de que su objetivo final es la flexibilización de los precios al público bajo condiciones de mercado, así como la fijación de los precios máximos al público dependiendo de la región que corresponda dentro de la República Mexicana. Luego, con base en la fracción I del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y con base en la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre siguiente; esa disposición tiene como objetivo desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, con el propósito que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura. En tanto que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y del diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; y de igual forma, se estableció la metodología para su determinación; particularmente, en la fracción IV de dicho acuerdo se estipuló que la Comisión Reguladora de Energía será la encargada de publicar en su página de internet, previo a su entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. De ello se advierte que el objeto de las normas invocadas radica esencialmente en fomentar la competencia económica en materia de hidrocarburos, mediante la flexibilización del precio de las gasolinas y del diesel, pues pretenden, en términos de lo dispuesto en el artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecer las bases a través de las cuales se señalen los precios máximos al público de esa clase de hidrocarburos bajo condiciones de mercado, tomando como referente el precio internacional de esos combustibles, y en su caso, las diferencias en su calidad, los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. En ese tenor, los actos reclamados por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, se relacionan con tal normatividad, lo que revela que la naturaleza de las actuaciones impugnadas corresponden a la rama del derecho administrativo normada específicamente por el artículo 28 constitucional, e incluso por la Ley Federal de Competencia Económica. Por tanto, se estima que el conocimiento de la presente demanda de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y no a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en Mazatlán, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen. Conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, aprobó el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de La Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región, en el que en los puntos sexto y octavo se señala: "[.] SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. [.] OCTAVO. A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo [.]." Lo anterior permite colegir que tratándose de actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo reproducido, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, que son los órganos creados exprofeso para conocer de temas relacionados con la competencia de factores económicos en sectores estratégicos del mercado, como sucede en el caso. Apoya lo expuesto la jurisprudencia: "Época: Décima Registro: 2008591 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) Página: 1746 COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. 26 de enero de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Óscar Germán Cendejas Gleason, F. Javier Mijangos Navarro y Arturo Iturbe Rivas. Disidentes: Adriana Leticia Campuzano Gallegos, Jean Claude Tron Petit y José Patricio González-Loyola Pérez. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, al resolver el conflicto competencial 1/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, al resolver los conflictos competenciales 6/2014 y 8/2014. Nota: De la sentencia que recayó al conflicto competencial 1/2013, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, derivaron las tesis I.1o.A.E.2 A (10a.), I.1o.A.E.3 A (10a.), I.1o.A.E.1 A (10a.) y I.1o.A.E.4 A (10a.), de rubros: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA.", "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. NO SE SURTE SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA POSIBLE CLAUSURA, DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y/O DEMOLICIÓN DE UNA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES, ATRIBUIDO A AUTORIDADES DELEGACIONALES DEL DISTRITO FEDERAL, COMO PARTE DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.", "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. PARA DETERMINAR SU COMPETENCIA POR MATERIA NO PUEDE ATENDERSE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA QUEJOSA." y "JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. PUEDEN CONOCER DE ASUNTOS DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA (DIVERSA A LA DE SU ESPECIALIZACIÓN), SÓLO CUANDO ASÍ LO DETERMINE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, páginas 1813, 1814, 1815 y 1816, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 6 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 9 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Por otra parte, debe señalarse que la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, abarca toda la república, por lo que válidamente pueden conocer de la demanda respecto de la que se provee. Por ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer de la presente demanda de amparo indirecto, y en consecuencia, se ordena remitir la demanda de amparo y sus copias al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente, de acuerdo con los motivos y los fundamentos expuestos. IV. Se reserva remisión de constancias. Ahora, no obstante lo anterior, este órgano se reserva a remitir las constancias que conforman el presente asunto, así como la demanda de amparo y sus copias, ello, de conformidad con el aviso de siete de febrero de dos mil diecisiete, emitido por el titular de la Dirección General de Estadística Judicial, con sede en la Ciudad de México, hasta una vez se publique el Acuerdo General correspondiente a la remisión de las demandas a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Notifíquese.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. I Radicación. Téngase por recibido la demanda de amparo y anexos, presentados por Miguel Ángel García Soto. II Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 102/2017. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1 Precise cuál es la intervención de cada una de las autoridades que señala como responsables. 2 Aclare si los artículos que tilda de inconstitucionales los reclama con motivo de su primer acto de aplicación o por su sola entrada en vigor. 3 En su caso, refiera qué autoridad realizó el primer acto de aplicación en su perjuicio, en qué fecha y cuándo lo conoció. Lo requerido, es con el fin de conocer íntegramente los antecedentes de los actos reclamados, de conformidad a lo dispuesto por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo; ello, para estar en aptitud de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo en estudio. Orienta a lo anterior, por lo que en su contenido informa, la tesis que dice: Novena Época Registro: 175345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.100 K Página: 990 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra hecho, entre ellas, las siguientes: hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]. Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo antecedente de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: [...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.. De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra acción, entre otros, los que se transcriben enseguida: [...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer. En la página catorce se define el vocablo abstención de la manera siguiente: [...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 54, con registro 227883, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo. 4 Manifieste el nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, o bien si no los conoce, así lo manifieste, en términos de la fracción II, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Precisión que se requiere, en virtud de que en su escrito, sólo señala: considero que no existe. 5 Presente ocho copias de su escrito aclaratorio, para, en su caso, correr traslado a las partes. Tienen aplicación al respecto, las siguientes Jurisprudencias: Novena Época Registro: 189979 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 35/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Novena Época Registro: 189977 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. IV Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente, que de no cumplir con los requerimientos formulados, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. V Intervención a las partes del juicio de amparo. 1 Quejosa: a Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, y como sus autorizados en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Guadalupe Morales Carrillo, Víctor Zamudio Vizcarra, Ángélica Guadalupe Gutiérrez González, Suky Yamel Sandoval Estrada y Daniel Martín Morales Acosta, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas, toda vez que no están registradas sus cédulas profesionales, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. VI Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VII Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos, con el fin de respetar el derecho a la intimidad; hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese personalmente al promovente

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