Miguel Angel Gopar Suanziger
Expediente 300/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Angel Gopar Suanziger
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia donde por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 300/2020, promovido por Miguel Ángel Gopar Suanziger, contra la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el 306/2015, por la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, por la que ordena la expedición de oficios a diversas autoridades con el fin de allegarse de elementos para la fijación de una pensión alimenticia, aun cuando no se ha determinado si la menor de edad E. N. A. O., aquí tercera interesada, corresponde genéticamente a su ADN (Ácido Desoxirribonucleico), la inminente fijación de una pensión provisional que dictará en su contra, todas las consecuencias, así como, el cumplimiento de notificar y trasladar los oficios a las autoridades correspondientes, atribuido al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, si la determinación que ordena la expedición de las misivas que indica el quejoso transgrede los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES El quejoso Miguel Ángel Gopar Suanziger, fue demandado por Adriana Arcega Ordóñez, en representación de su hija menor de edad E. N. A. O., el escrito de demanda fue turnado al Juzgado Quinto Familiar del distrito judicial del Centro. Por auto de veinte de mayo de dos mil quince, el titular del Juzgado Quinto Familiar del distrito judicial del Centro (en esa fecha), admitió a trámite dicha demanda, radicándola con el número 306/2015 en la vía de controversias del orden familiar y ordenó el desahogo de diversos medios de convicción, entre las que se encuentran documentales públicas, privadas, testimonial, reconocimiento de contenido y firma de un contrato-convenio, pericial en materia genética molecular (mejor conocida como estudio comparativo del ácido desoxirribonucleico), confesional, fotografías, entre otras. El once de agosto de dos mil quince, la autoridad judicial responsable tuvo al aquí demandado contestando la demanda presentada en su contra. Del dicho del quejoso se interpreta que el veinte de febrero de dos mil veinte, se obtuvo una muestra de su ADN (Ácido Desoxirribonucleico), para el desahogo de la prueba de paternidad, misma de la que aun no se conocen los resultados; y respecto de la cual, la autoridad responsable judicial ordenó su desahogo en proveído de once de agosto de dos mil quince. Hecho que no objetó la aludida responsable; asimismo, se entiende que aún no se ha dictado sentencia en el expediente 306/2015, pues, de su informe justificado se advierte que la última actuación relacionada con la investigación de datos relativos a las posibilidades económicas del quejoso, fue el emitido el diecinueve de marzo de dos mil veinte, misma que según la propia autoridad, hasta ese momento no había sido notificada al impetrante. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, la aludida responsable judicial, consideró necesario allegarse de elementos probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, por lo que ordenó el desahogo de diversos medios de convicción, entre otras, estudio socioeconómico a las partes y recabar datos de diversas autoridades, como son Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Instituto de la Función Registral en el Estado de Oaxaca, Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes informarían si el demandado, labora en dicho Instituto, si tiene algún bien inmueble o cuenta bancaria a su nombre, respectivamente. Determinación que constituye el acto reclamado en este asunto. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Miguel Ángel Gopar Suanziger, por propio derecho, presentó un escrito el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el 306/2015, por la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, la inminente fijación de una pensión provisional que dictará en su contra, todas sus consecuencias, así como, el cumplimiento de notificar y trasladar los oficios a las autoridades correspondientes, atribuido al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda, la admitió a trámite y la registró bajo el expediente 300/2020; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados son atribuidos a autoridades que tiene su residencia en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El quejoso, según aparece en las constancias de autos, fue notificado de la resolución reclama el once de marzo de dos mil veinte. Luego, como no se advierte de las constancias del expediente que el quejoso haya conocido del acto reclamado en un momento diverso, deben aplicarse las reglas establecidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo y tener como fecha a partir de la cual se aprecia que fue notificado, por lo que se determina que dicha notificación surtió efectos al día siguiente (doce de marzo de dos mil veinte) y comenzó a correrle el plazo el trece de marzo pasado. De ahí que si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de marzo siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es evidente que su promoción es oportuna. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama a la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro: a) la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente 306/2015, y b) la inminente fijación de una pensión provisional que dictará. Del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, se reclama la ejecución del auto impugnado y por ende, notificar los oficios a las autoridades correspondientes. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado al Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, quedó acreditado a partir del informe justificado rendido por dicha autoridad, en el que aceptó la existencia de la determinación reclamada, justificando su actuar en las facultades que le otorga la normatividad aplicable. Además, la existencia del acuerdo de cinco de marzo pasado, se corrobora con las documentales anexadas por la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente 306/2015 de su índice. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, la autoridad responsable actuario o ejecutor adscrito al Juzgado Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, no rindió informe justificado a pesar de haber quedado notificado de la solicitud del mismo el trece de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a dicha responsable. Lo anterior, sin que esté acreditado en autos la existencia ni aun la inminencia de la fijación de la pensión alimenticia provisional, dado que de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, así como de lo manifestado por el quejoso, en el juicio de origen se conoce que no se ha determinado la filiación entre la menor y el demandado, por lo que la fijación de la pensión en el momento de la presentación de la demanda de amparo en todo caso, es un acto futuro e incierto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia, se rubro y texto: PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo. En ese tenor debe sobreseerse en el juicio por inexistencia del acto señalado como la inminente fijación de una pensión provisional que dictará el expediente 306/2015, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. PROCEDENCIA Con excepción de lo expuesto en párrafos precedentes, este juzgado no advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que el amparo resulta procedente. ESTUDIO DE FONDO Este órgano jurisdiccional estima que los motivos de disenso del quejoso son infundados; para justificar lo anterior, resulta pertinente destacar que en su escrito de demanda, la parte quejosa planteó los siguientes argumentos en contra de la determinación impugnada: En su concepto de violación único, el quejoso alega que el auto reclamado violenta su derecho fundamental al debido proceso, pues no existe precepto legal alguno que sustente el proceder del juez responsable, al ordenar la emisión de oficios a diversas autoridades para recabar información sobre su situación patrimonial y financiera, dado que aun no existe sentencia ejecutoriada que lo condene al reconocimiento de paternidad, sin que ello esté fundado y motivado debidamente. Pues, si bien está facultada, de manera oficiosa, para allegarse de documentos, pruebas y auxiliarse de personas para el conocimiento de la verdad, también lo es que su actuar debe ser conforme a la ley y, en el caso, esa facultad está limitada cuando se está apenas investigando si el demandado es el progenitor o no del menor. No existe una disposición jurídica que sustente la determinación reclamada, pues de la lectura del auto reclamado no se advierte un precepto legal que apoye su proceder, lo que le genera incertidumbre jurídica. La Ley Sustantiva Civil requiere que exista una sentencia ejecutoriada declarando la paternidad y, en el caso, eso todavía no acontece, de ahí que no se pueden afectar sus derechos patrimoniales solicitando informes con el inminente peligro de que se le fije una pensión provisional por alimentos, cuando todavía no existe una sentencia ejecutoriada de paternidad en su contra. Contrario a lo sustentado por el promovente, el acto de molestia que reclama, cumple con los requisitos constitucionales previstos en el artículo 16 de la Carta Magna, porque fue emitido por escrito, por autoridad competente, fundando y motivando la causa del procedimiento. Es así porque en la resolución de que se trata, la juez familiar cita expresamente los numerales 315 y 323 del Código Civil de Oaxaca; 963 y 967 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Los artículos 315 y 323 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, disponen: Artículo 315.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. Artículo 323.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. La pensión alimenticia que se haya fijado por convenio o sentencia judicial tendrá un incremento inmediato y equivalente al que tenga el salario mínimo general de la zona económica. De la petición del acreedor alimentario se dará vista a su contrario. El Juez resolverá sin más trámite. La pensión alimenticia, deducida por sentencia de reconocimiento de paternidad debe computarse a partir del conocimiento del embarazo y/o del hijo. El juez, para calcular el monto de la pensión alimenticia cuando la obligación debe retrotraerse al momento del nacimiento, deberá considerar lo siguiente: Si existió o no conocimiento previo de su obligación; La buena o mala fe del deudor alimentario durante la tramitación del proceso; La posibilidad económica actual del deudor alimenticio; y IV. Las obligaciones alimenticias presentes, derivadas de su situación personal actual. Por su parte, los numerales 962, 963, 965 y 967 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecen: Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. En los procesos familiares donde participen niñas, niños y adolescentes la autoridad judicial deberá prohibir a las personas que presencien las audiencias que difundan los datos personales, audios, videos o imágenes referidas a los mismos. En caso de que las personas incumplan con lo antes señalado, se aplicarán las sanciones de conformidad con la normatividad aplicable. En la formalización del convenio a que se refiere el segundo párrafo de este precepto, el Juez Familiar exhortará al deudor alimentario a que cumpla a cabalidad y hará saber a éste que el incumplimiento de su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, puede constituir un delito que merece pena de prisión conforme a lo establecido por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que en caso de que esto suceda, a petición de la parte afectada se dará vista al Ministerio Público; sin que ello impida u obstaculice el derecho del acreedor alimentario de ocurrir ante la autoridad ministerial por sí mismo. [.] Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. Artículo 965 Bis.- Para el efecto del último párrafo del artículo anterior, el Juez, a petición de parte, solicitará el desahogo de la prueba pericial en genética molecular a las instituciones públicas del Estado, que cuenten con la capacidad científica para ello. Éstas a su vez, tendrán la obligación de practicar dicha prueba genética sin costo alguno. Para el caso de que el resultado de la prueba genética sea negativo, los gastos de la prueba los cubrirá la parte oferente. Si la persona que deba practicarse la prueba, no asistiere al desahogo de la misma, o se negare a proporcionar la muestra necesaria, hará presumir la filiación que se le atribuye. Artículo 967.- La audiencia se practicará con o sin la asistencia de las partes. El Juez, para resolver el problema que se le plantee, podrá cerciorarse personalmente o con el auxilio de trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y en general de toda clase de peritos oficiales, de la veracidad de los hechos, quienes presentarán el trabajo que desarrollan en la audiencia, pudiendo ser interrogados por el Juez y por las partes. Su intervención tendrá el valor de un testimonio de calidad, quedando sujeta su evaluación a lo dispuesto por el Capítulo relativo a la valoración de la prueba. En el fallo se expresarán en todo caso los medios y pruebas en los que se haya fundado el Juez para dictarlo. De los transcritos preceptos se desprende: que el Juez de lo Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos, por lo que cuenta con la autoridad para decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, así como cerciorarse personalmente o con el auxilio de trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y en general de toda clase de peritos oficiales, de la veracidad de los hechos. Asimismo, se observa que no existe obligación del juez a esperar por una sentencia ejecutoriada para desahogar otras pruebas relacionadas con los alimentos, ni para tomar las medidas que estime pertinentes, además que en los casos de investigación de paternidad, debe proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquier otra que resulte necesaria o idónea. Es así que en el caso, en el juicio de paternidad 306/2015, se encuentra pendiente el dictado de la sentencia, así como el resultado de la prueba pericial en materia genética molecular, mejor conocida como estudio comparativo del ácido desoxirribonucleico; y que la juez de origen, por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, ordenó la expedición de oficios al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al Instituto de la Función Registral en el Estado de Oaxaca y a la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que informaran si el demandado, labora en dicho Instituto, si tiene algún bien inmueble o cuenta bancaria a su nombre, respectivamente. En el referido proveído, la autoridad judicial indicó que de conformidad con los artículo 315 y 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, 278, 963 y 967, del Código de Procedimientos Civiles vigente, en atención al estado de autos del expediente 306/2015, al tratarse de un asunto en el que, entre otras prestaciones, se encuentra la de pensión alimenticia a favor de una menor de edad, y considerando que al tratarse de alimentos dicha responsable tiene la potestad legal de allegarse oficiosamente de los elementos de convicción que estime pertinentes para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos que se resolverán en la sentencia, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión, se encuentra obligada a obtener los elementos probatorios que acrediten las posibilidades del actor y las necesidades del acreedor, para dictar una pensión alimenticia respetando el principio de equidad y proporcionalidad para cubrir los rubros de alimentos, educación, cuidados médicos, transporte y esparcimiento dentro del contexto familiar que los rodea, ordenó desahogar la prueba de estudio socioeconómico, así como la de informes, referida en el párrafo anterior. De ello, se sigue que contrario a lo alegado por el quejoso, el auto reclamado es legalmente correcto, dado que la juez familiar conoce de un asunto relacionado con la filiación y con el derecho de una menor a recibir alimentos, y los preceptos transcritos en párrafos precedentes la facultan a allegarse de los medios de convicción que considera pertinentes para conocer la verdad sobre los ingresos y bienes del demandado aquí quejoso, para estar en aptitud de proveer y en su momento, resolver conforme a derecho. Sin que esté condicionada a esperar el resultado de la prueba pericial en materia genética molecular (ADN), ni mucho menos a que se dicte sentencia ejecutoria en cuanto a este punto, para proceder a la investigación que en la especie está efectuando con la intención de conocer los bienes e ingresos del demandado, pues no existe precepto alguno que la obligue a ello, luego, en acato del principio general del derecho que dice: "donde la ley no distingue no hay porqué distinguir", se puede concluir que el juez familiar no está obligado a esperar el resultado de la aludida probanza para obtener la información necesaria que, eventualmente, le servirá para fijar la pensión provisional o definitiva. Lo que además, se apega al principio de expeditez que rige la impartición de justicia, y es acorde al interés superior del menor garantizado en el artículo 4º de la Constitución Federal, pues en los juicios donde estén implicados los menores, con independencia de las pruebas que hayan ofrecido las partes y que se estén desahogando, el juez está facultado para recabar aquellas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos, así como de su eventual ponderación. Así lo ha estimado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos. De manera que, si el juez familiar estimó que debía ordenar la emisión de los oficios referidos para gestionar la obtención de suficiente información para que en el momento procesal oportuno proveyera lo conducente respecto de los alimentos, ello es indicativo de su intención por preservar el interés superior de la menor, en tanto aguarda el resultado de la prueba genética que definirá el rumbo del asunto. Además, ningún perjuicio le causa el hecho de que la responsable realice la investigación respecto de su situación patrimonial e ingresos, porque no está fijando ninguna pensión provisional en este momento, pues ello dependerá del resultado de la prueba pericial en genética molecular (ADN), de manera que si la prueba resulta benéfica a sus intereses no se fijará pensión provisional o definitiva alguna; de ahí que, como se precisó con anterioridad, no sea una cuestión inminente como lo aduce el quejoso. Lo que en todo caso, deberá ponderar la Juez A Quo, pues el reconocimiento de paternidad, no sólo se relaciona con el derecho que tiene la menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que ese conocimiento involucra los derechos que le resultan fundamentales como los alimentos, pero para ello, deben existir elementos que, al menos, hagan presumir, en alto grado la existencia de la relación filial, o bien, tener la certidumbre de esa relación filial. Lo que por el momento no es posible establecer hasta que se cuente con el resultado de la aludida probanza. Finalmente, opuesto a lo alegado, el auto reclamado, está fundado y motivado debidamente, en el primer caso, porque la responsable citó los preceptos jurídicos que permitieron su expedición y establecieron la hipótesis que generó su emisión; en el segundo, porque expuso en forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. DECISIÓN Ante las circunstancias apuntadas, lo procedente es por un lado sobreseer en el juicio de amparo, dada la inexistencia de la pensión alimenticia y por otro negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que hace a la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio 306/2015 del índice del Juzgado Quinto Familiar del distrito judicial del Centro. Negativa que abarca el acto de ejecución atribuido al ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, toda vez que su alegada inconstitucionalidad se hizo derivar del acto emitido por la autoridad ordenadora y no por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Miguel Ángel Gopar Suanziger, respecto a la pensión alimenticia a cargo del quejoso, con base en lo analizado en el apartado VI de este fallo. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Gopar Suanziger, respecto del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, emitido en el juicio de origen, por las razones expuestas en el último apartado de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 300/2020, promovido por Miguel Ángel Gopar Suanziger, contra la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el 306/2015, por la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, por la que ordena la expedición de oficios a diversas autoridades con el fin de allegarse de elementos para la fijación de una pensión alimenticia, aun cuando no se ha determinado si la menor de edad E. N. A. O., aquí tercera interesada, corresponde genéticamente a su ADN (Ácido Desoxirribonucleico), la inminente fijación de una pensión provisional que dictará en su contra, todas las consecuencias, así como, el cumplimiento de notificar y trasladar los oficios a las autoridades correspondientes, atribuido al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, si la determinación que ordena la expedición de las misivas que indica el quejoso transgrede los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES El quejoso Miguel Ángel Gopar Suanziger, fue demandado por Adriana Arcega Ordóñez, en representación de su hija menor de edad E. N. A. O., el escrito de demanda fue turnado al Juzgado Quinto Familiar del distrito judicial del Centro. Por auto de veinte de mayo de dos mil quince, el titular del Juzgado Quinto Familiar del distrito judicial del Centro (en esa fecha), admitió a trámite dicha demanda, radicándola con el número 306/2015 en la vía de controversias del orden familiar y ordenó el desahogo de diversos medios de convicción, entre las que se encuentran documentales públicas, privadas, testimonial, reconocimiento de contenido y firma de un contrato-convenio, pericial en materia genética molecular (mejor conocida como estudio comparativo del ácido desoxirribonucleico), confesional, fotografías, entre otras. El once de agosto de dos mil quince, la autoridad judicial responsable tuvo al aquí demandado contestando la demanda presentada en su contra. Del dicho del quejoso se interpreta que el veinte de febrero de dos mil veinte, se obtuvo una muestra de su ADN (Ácido Desoxirribonucleico), para el desahogo de la prueba de paternidad, misma de la que aun no se conocen los resultados; y respecto de la cual, la autoridad responsable judicial ordenó su desahogo en proveído de once de agosto de dos mil quince. Hecho que no objetó la aludida responsable; asimismo, se entiende que aún no se ha dictado sentencia en el expediente 306/2015, pues, de su informe justificado se advierte que la última actuación relacionada con la investigación de datos relativos a las posibilidades económicas del quejoso, fue el emitido el diecinueve de marzo de dos mil veinte, misma que según la propia autoridad, hasta ese momento no había sido notificada al impetrante. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, la aludida responsable judicial, consideró necesario allegarse de elementos probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, por lo que ordenó el desahogo de diversos medios de convicción, entre otras, estudio socioeconómico a las partes y recabar datos de diversas autoridades, como son Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Instituto de la Función Registral en el Estado de Oaxaca, Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes informarían si el demandado, labora en dicho Instituto, si tiene algún bien inmueble o cuenta bancaria a su nombre, respectivamente. Determinación que constituye el acto reclamado en este asunto. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Miguel Ángel Gopar Suanziger, por propio derecho, presentó un escrito el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el 306/2015, por la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, la inminente fijación de una pensión provisional que dictará en su contra, todas sus consecuencias, así como, el cumplimiento de notificar y trasladar los oficios a las autoridades correspondientes, atribuido al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda, la admitió a trámite y la registró bajo el expediente 300/2020; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque los actos reclamados son atribuidos a autoridades que tiene su residencia en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El quejoso, según aparece en las constancias de autos, fue notificado de la resolución reclama el once de marzo de dos mil veinte. Luego, como no se advierte de las constancias del expediente que el quejoso haya conocido del acto reclamado en un momento diverso, deben aplicarse las reglas establecidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo y tener como fecha a partir de la cual se aprecia que fue notificado, por lo que se determina que dicha notificación surtió efectos al día siguiente (doce de marzo de dos mil veinte) y comenzó a correrle el plazo el trece de marzo pasado. De ahí que si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de marzo siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es evidente que su promoción es oportuna. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el órgano jurisdiccional de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama a la Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro: a) la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el expediente 306/2015, y b) la inminente fijación de una pensión provisional que dictará. Del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, se reclama la ejecución del auto impugnado y por ende, notificar los oficios a las autoridades correspondientes. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado al Juez Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, quedó acreditado a partir del informe justificado rendido por dicha autoridad, en el que aceptó la existencia de la determinación reclamada, justificando su actuar en las facultades que le otorga la normatividad aplicable. Además, la existencia del acuerdo de cinco de marzo pasado, se corrobora con las documentales anexadas por la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente 306/2015 de su índice. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, la autoridad responsable actuario o ejecutor adscrito al Juzgado Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, no rindió informe justificado a pesar de haber quedado notificado de la solicitud del mismo el trece de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a dicha responsable. Lo anterior, sin que esté acreditado en autos la existencia ni aun la inminencia de la fijación de la pensión alimenticia provisional, dado que de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, así como de lo manifestado por el quejoso, en el juicio de origen se conoce que no se ha determinado la filiación entre la menor y el demandado, por lo que la fijación de la pensión en el momento de la presentación de la demanda de amparo en todo caso, es un acto futuro e incierto. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia, se rubro y texto: PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo. En ese tenor debe sobreseerse en el juicio por inexistencia del acto señalado como la inminente fijación de una pensión provisional que dictará el expediente 306/2015, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. PROCEDENCIA Con excepción de lo expuesto en párrafos precedentes, este juzgado no advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que el amparo resulta procedente. ESTUDIO DE FONDO Este órgano jurisdiccional estima que los motivos de disenso del quejoso son infundados; para justificar lo anterior, resulta pertinente destacar que en su escrito de demanda, la parte quejosa planteó los siguientes argumentos en contra de la determinación impugnada: En su concepto de violación único, el quejoso alega que el auto reclamado violenta su derecho fundamental al debido proceso, pues no existe precepto legal alguno que sustente el proceder del juez responsable, al ordenar la emisión de oficios a diversas autoridades para recabar información sobre su situación patrimonial y financiera, dado que aun no existe sentencia ejecutoriada que lo condene al reconocimiento de paternidad, sin que ello esté fundado y motivado debidamente. Pues, si bien está facultada, de manera oficiosa, para allegarse de documentos, pruebas y auxiliarse de personas para el conocimiento de la verdad, también lo es que su actuar debe ser conforme a la ley y, en el caso, esa facultad está limitada cuando se está apenas investigando si el demandado es el progenitor o no del menor. No existe una disposición jurídica que sustente la determinación reclamada, pues de la lectura del auto reclamado no se advierte un precepto legal que apoye su proceder, lo que le genera incertidumbre jurídica. La Ley Sustantiva Civil requiere que exista una sentencia ejecutoriada declarando la paternidad y, en el caso, eso todavía no acontece, de ahí que no se pueden afectar sus derechos patrimoniales solicitando informes con el inminente peligro de que se le fije una pensión provisional por alimentos, cuando todavía no existe una sentencia ejecutoriada de paternidad en su contra. Contrario a lo sustentado por el promovente, el acto de molestia que reclama, cumple con los requisitos constitucionales previstos en el artículo 16 de la Carta Magna, porque fue emitido por escrito, por autoridad competente, fundando y motivando la causa del procedimiento. Es así porque en la resolución de que se trata, la juez familiar cita expresamente los numerales 315 y 323 del Código Civil de Oaxaca; 963 y 967 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Los artículos 315 y 323 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, disponen: Artículo 315.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. Artículo 323.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. La pensión alimenticia que se haya fijado por convenio o sentencia judicial tendrá un incremento inmediato y equivalente al que tenga el salario mínimo general de la zona económica. De la petición del acreedor alimentario se dará vista a su contrario. El Juez resolverá sin más trámite. La pensión alimenticia, deducida por sentencia de reconocimiento de paternidad debe computarse a partir del conocimiento del embarazo y/o del hijo. El juez, para calcular el monto de la pensión alimenticia cuando la obligación debe retrotraerse al momento del nacimiento, deberá considerar lo siguiente: Si existió o no conocimiento previo de su obligación; La buena o mala fe del deudor alimentario durante la tramitación del proceso; La posibilidad económica actual del deudor alimenticio; y IV. Las obligaciones alimenticias presentes, derivadas de su situación personal actual. Por su parte, los numerales 962, 963, 965 y 967 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecen: Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. En los procesos familiares donde participen niñas, niños y adolescentes la autoridad judicial deberá prohibir a las personas que presencien las audiencias que difundan los datos personales, audios, videos o imágenes referidas a los mismos. En caso de que las personas incumplan con lo antes señalado, se aplicarán las sanciones de conformidad con la normatividad aplicable. En la formalización del convenio a que se refiere el segundo párrafo de este precepto, el Juez Familiar exhortará al deudor alimentario a que cumpla a cabalidad y hará saber a éste que el incumplimiento de su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, puede constituir un delito que merece pena de prisión conforme a lo establecido por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que en caso de que esto suceda, a petición de la parte afectada se dará vista al Ministerio Público; sin que ello impida u obstaculice el derecho del acreedor alimentario de ocurrir ante la autoridad ministerial por sí mismo. [.] Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. Artículo 965 Bis.- Para el efecto del último párrafo del artículo anterior, el Juez, a petición de parte, solicitará el desahogo de la prueba pericial en genética molecular a las instituciones públicas del Estado, que cuenten con la capacidad científica para ello. Éstas a su vez, tendrán la obligación de practicar dicha prueba genética sin costo alguno. Para el caso de que el resultado de la prueba genética sea negativo, los gastos de la prueba los cubrirá la parte oferente. Si la persona que deba practicarse la prueba, no asistiere al desahogo de la misma, o se negare a proporcionar la muestra necesaria, hará presumir la filiación que se le atribuye. Artículo 967.- La audiencia se practicará con o sin la asistencia de las partes. El Juez, para resolver el problema que se le plantee, podrá cerciorarse personalmente o con el auxilio de trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y en general de toda clase de peritos oficiales, de la veracidad de los hechos, quienes presentarán el trabajo que desarrollan en la audiencia, pudiendo ser interrogados por el Juez y por las partes. Su intervención tendrá el valor de un testimonio de calidad, quedando sujeta su evaluación a lo dispuesto por el Capítulo relativo a la valoración de la prueba. En el fallo se expresarán en todo caso los medios y pruebas en los que se haya fundado el Juez para dictarlo. De los transcritos preceptos se desprende: que el Juez de lo Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos, por lo que cuenta con la autoridad para decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, así como cerciorarse personalmente o con el auxilio de trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y en general de toda clase de peritos oficiales, de la veracidad de los hechos. Asimismo, se observa que no existe obligación del juez a esperar por una sentencia ejecutoriada para desahogar otras pruebas relacionadas con los alimentos, ni para tomar las medidas que estime pertinentes, además que en los casos de investigación de paternidad, debe proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquier otra que resulte necesaria o idónea. Es así que en el caso, en el juicio de paternidad 306/2015, se encuentra pendiente el dictado de la sentencia, así como el resultado de la prueba pericial en materia genética molecular, mejor conocida como estudio comparativo del ácido desoxirribonucleico; y que la juez de origen, por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, ordenó la expedición de oficios al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al Instituto de la Función Registral en el Estado de Oaxaca y a la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que informaran si el demandado, labora en dicho Instituto, si tiene algún bien inmueble o cuenta bancaria a su nombre, respectivamente. En el referido proveído, la autoridad judicial indicó que de conformidad con los artículo 315 y 323 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, 278, 963 y 967, del Código de Procedimientos Civiles vigente, en atención al estado de autos del expediente 306/2015, al tratarse de un asunto en el que, entre otras prestaciones, se encuentra la de pensión alimenticia a favor de una menor de edad, y considerando que al tratarse de alimentos dicha responsable tiene la potestad legal de allegarse oficiosamente de los elementos de convicción que estime pertinentes para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos que se resolverán en la sentencia, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión, se encuentra obligada a obtener los elementos probatorios que acrediten las posibilidades del actor y las necesidades del acreedor, para dictar una pensión alimenticia respetando el principio de equidad y proporcionalidad para cubrir los rubros de alimentos, educación, cuidados médicos, transporte y esparcimiento dentro del contexto familiar que los rodea, ordenó desahogar la prueba de estudio socioeconómico, así como la de informes, referida en el párrafo anterior. De ello, se sigue que contrario a lo alegado por el quejoso, el auto reclamado es legalmente correcto, dado que la juez familiar conoce de un asunto relacionado con la filiación y con el derecho de una menor a recibir alimentos, y los preceptos transcritos en párrafos precedentes la facultan a allegarse de los medios de convicción que considera pertinentes para conocer la verdad sobre los ingresos y bienes del demandado aquí quejoso, para estar en aptitud de proveer y en su momento, resolver conforme a derecho. Sin que esté condicionada a esperar el resultado de la prueba pericial en materia genética molecular (ADN), ni mucho menos a que se dicte sentencia ejecutoria en cuanto a este punto, para proceder a la investigación que en la especie está efectuando con la intención de conocer los bienes e ingresos del demandado, pues no existe precepto alguno que la obligue a ello, luego, en acato del principio general del derecho que dice: "donde la ley no distingue no hay porqué distinguir", se puede concluir que el juez familiar no está obligado a esperar el resultado de la aludida probanza para obtener la información necesaria que, eventualmente, le servirá para fijar la pensión provisional o definitiva. Lo que además, se apega al principio de expeditez que rige la impartición de justicia, y es acorde al interés superior del menor garantizado en el artículo 4º de la Constitución Federal, pues en los juicios donde estén implicados los menores, con independencia de las pruebas que hayan ofrecido las partes y que se estén desahogando, el juez está facultado para recabar aquellas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos, así como de su eventual ponderación. Así lo ha estimado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos. De manera que, si el juez familiar estimó que debía ordenar la emisión de los oficios referidos para gestionar la obtención de suficiente información para que en el momento procesal oportuno proveyera lo conducente respecto de los alimentos, ello es indicativo de su intención por preservar el interés superior de la menor, en tanto aguarda el resultado de la prueba genética que definirá el rumbo del asunto. Además, ningún perjuicio le causa el hecho de que la responsable realice la investigación respecto de su situación patrimonial e ingresos, porque no está fijando ninguna pensión provisional en este momento, pues ello dependerá del resultado de la prueba pericial en genética molecular (ADN), de manera que si la prueba resulta benéfica a sus intereses no se fijará pensión provisional o definitiva alguna; de ahí que, como se precisó con anterioridad, no sea una cuestión inminente como lo aduce el quejoso. Lo que en todo caso, deberá ponderar la Juez A Quo, pues el reconocimiento de paternidad, no sólo se relaciona con el derecho que tiene la menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que ese conocimiento involucra los derechos que le resultan fundamentales como los alimentos, pero para ello, deben existir elementos que, al menos, hagan presumir, en alto grado la existencia de la relación filial, o bien, tener la certidumbre de esa relación filial. Lo que por el momento no es posible establecer hasta que se cuente con el resultado de la aludida probanza. Finalmente, opuesto a lo alegado, el auto reclamado, está fundado y motivado debidamente, en el primer caso, porque la responsable citó los preceptos jurídicos que permitieron su expedición y establecieron la hipótesis que generó su emisión; en el segundo, porque expuso en forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. DECISIÓN Ante las circunstancias apuntadas, lo procedente es por un lado sobreseer en el juicio de amparo, dada la inexistencia de la pensión alimenticia y por otro negar el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que hace a la determinación de cinco de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio 306/2015 del índice del Juzgado Quinto Familiar del distrito judicial del Centro. Negativa que abarca el acto de ejecución atribuido al ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional, toda vez que su alegada inconstitucionalidad se hizo derivar del acto emitido por la autoridad ordenadora y no por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Miguel Ángel Gopar Suanziger, respecto a la pensión alimenticia a cargo del quejoso, con base en lo analizado en el apartado VI de este fallo. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Gopar Suanziger, respecto del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte, emitido en el juicio de origen, por las razones expuestas en el último apartado de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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