Miguel Ángel Echeverria Lopez

Expediente 174/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
174/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Echeverria Lopez
  • Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, residente en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca,

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 174/2022, promovido por *** El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto es el siguiente: debe determinarse si se vulneraron en perjuicio del quejoso los derechos humanos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el dictado de los actos que en esta vía reclama. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables (Juez de Control del Distrito Judicial de la Costa, residente en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca y Fiscal General del Estado de Oaxaca), pretenden ejecutar una orden de aprehensión en su contra. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** presentó un escrito el quince de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución material. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y por auto de dieciséis siguiente, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de que se trata; asimismo la registró bajo el expediente 174/2022; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado la intervención legal que le compete. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama: i) La orden de aprehensión dictada en su contra. ii) La ejecución material de la orden de captura. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, como a continuación se evidencia: AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA COSTA, RESIDENTE EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que obste a esta determinación, la circunstancia de que la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, no haya rendido su informe justificado, ni obre acuse de recibo que acredite que haya quedado notificado de la petición del mismo; pues, no es el caso de presumir cierto el acto que se le atribuye, puesto que dicha autoridad está señalada como ejecutora de la orden de aprehensión que no existe, por lo que, materialmente no puede tener ejecución y en ese sentido, procede sobreseer también por lo que hace al acto reclamado a dicha autoridad. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por***, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la que hace constar la imposibilidad que le asistió para notificar a la parte quejosa el proveído inicial, pues después de recorrer la Avenida Oaxaca en busca del número trescientos dieciocho, de la colina Netzahualcóyotl, los vecinos de la misma le manifestaron que ignoran donde se localice dicho número. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el citado acuerdo y los subsecuentes -aún lo de carácter personal- por lista, hasta en tanto, proporcione el domicilio correcto para tales efectos o aclare el designado. Notifíquese. - - - - - - - I N S E R C I Ó N. - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias fotostáticas simples de la demanda de amparo tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 174/2022 promovido por ***, contra los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, y otras autoridades. Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo pídase a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Se les hace saber a las autoridades responsables que la no rendición del informe previo se sanciona con multa en términos de lo dispuesto por el arábigo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y esa misma omisión permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto por el numeral 142 de la citada legislación. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las doce horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión provisional, primero debe considerarse lo siguiente: De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el agraviado existe una orden judicial privativa de libertad dictada en su contra, cuya ejecución pretende cumplir las responsables que designan como ejecutoras; de ahí que solicite la suspensión provisional. La Ley de Amparo establece en su artículo 166 que cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, el Juez constitucional debe estarse a lo siguiente: "[.] I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128". Como puede verificarse, el legislador establece qué efectos debe darse a la suspensión en tratándose de orden de aprehensión que implique privación de la libertad, como es el caso. El problema es que hasta este momento no existen mayores elementos que permitan identificar cuáles de las hipótesis descritas en el numeral 166 de la ley de la materia se actualizan; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo, la medida puede concederse de forma genérica para los siguientes efectos: a) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el ordinal 19 constitucional, el efecto será únicamente para que quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en el que sea recluido, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. b) En cambio, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que se especificarán más adelante, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en el caso de que no obtengan la protección de la Justicia Federal. Las medidas que se consideran necesarias para ese propósito son las siguientes: Que ***, exhiba a favor de este Juzgado dentro del plazo de cinco días una garantía económica por la suma de dos mil pesos ($2,000.00 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas permitidas por la ley. En el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: 1). Que el disidente señala como responsables ordenadoras a una autoridad judicial del fuero común, por lo que se fija la cantidad de dos mil pesos ($2,000.00 00/100 moneda nacional), por la misma. 2) Que por el momento no se tiene conocimiento del delito o delitos por el que se libró la orden de captura. 3) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica del referido agraviado, por lo cual ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte del quejoso en relación con el proceso que aparentemente se le sigue; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. c) Aunado a lo anterior, dentro del plazo de tres días, luego de que surta efectos la notificación del proveído donde se dé vista con el informe previo de la autoridad judicial al momento de aceptar el acto reclamado deberá presentarse ante la responsable para la continuación del procedimiento; con apercibimiento que de no hacerlo se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del Erario Federal y la suspensión aquí decretada será revocada. Una vez transcurrido el plazo concedido al quejoso para que exhiba la garantía, sin que esto suceda, la medida cautelar dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de captura combatida, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 136, segundo párrafo, y 150 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 140 de la Ley de Amparo se requiere a las autoridades para que en su informe previo precisen: 1. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al disidente (aquí deberá expresarse el monto de la reparación del daño). 2. La situación económica del promovente; y, 3. La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del acto). Lo anterior para que este Tribunal al momento de resolver sobre la suspensión definitiva determine el monto de la garantía que corresponda. Esta medida cautelar en cuanto a su duración producirá efectos a partir del dictado de este acuerdo y hasta que se notifique a las responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se decrete en la audiencia incidental. Expedición de copias. Expídase al quejoso copia certificada de esta determinación autorizándose a cualquiera de las personas que indica en el libelo inicial para recibirla, previa identificación y toma de razón de entrega que se deje en autos. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que indica en su ocurso. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que designa, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo previsto por el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional notifiquen a las partes los acuerdos y las resoluciones que se dicten en este incidente en sus domicilios respectivos o en las oficinas que ocupa este Tribunal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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