Miguel Ángel García Orozco

Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel García Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Actuario Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de veinte de septiembre del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico **********. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual el autorizado en amplios términos del quejoso *** interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original del juicio, sin que se remita original y copia del escrito de queja, toda vez que el recurso se interpuso en línea. En la inteligencia que en el expediente únicamente obran las promociones presentadas físicamente y las constancias de notificación conducentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía, así como las notificaciones. Finalmente, se hace del conocimiento de la superioridad que desde este momento queda habilitado el expediente electrónico para su consulta. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 38 en Colima y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1054/2023-IV. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Análisis de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, y de las constancias de cuenta, se advierte que el quejoso reclama la audiencia de ocho de agosto de dos mil veintitrés, desahogada en el juicio agrario ***, en la que se desahogaron diversas pruebas ofrecidas por las partes, la cual aduce se llevó a cabo sin la presencia del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, de la cual exhibe copia simple. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez que se precisó el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen:(...) Ahora bien, de la demanda de amparo y de los anexos que exhibe el promovente, se advierte que reclama la audiencia celebrada el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente ***, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en Colima, en el que el quejoso es parte demandada y en dicha audiencia se desahogaron diversas pruebas testimoniales y confesionales, sin que haya estado presente el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 en Colima; lo que no produce una afectación material a derechos sustantivos de la parte quejosa, en tanto que constituye una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que su consecuencia es que el tribunal agrario prosiga en el conocimiento y, en su momento, dicte la resolución correspondiente. De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la actuación combatida únicamente afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantivo en el que sí sería procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sin embargo, al no estar en presencia de dicho caso, los efectos de la actuación reclamada son meramente procesales, por ende, no generan a la parte quejosa un acto de imposible reparación, es decir, violación a los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la constitución, como lo podría ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera, según se ha definido por diversos criterios jurisprudenciales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la actuación reclamada solo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, pues se insiste, no afecta sus derechos de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia como aduce, ya que en caso de obtener una sentencia que no sea favorable a sus intereses, la parte quejosa estará en aptitud de promover amparo directo donde podrá reclamar no solo las violaciones cometidas al dictar la sentencia, sino también las suscitadas en la secuela procesal, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, mas no puede impugnarlo de forma independiente y autónoma, como lo pretende. Aunado que de obtener sentencia favorable la violación procesal que ahora reclama habrá desaparecido de su esfera jurídica. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 24/92, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11. De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XLVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; página 1070. De ahí que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, debe decirse que éstos, de momento no le causan al promovente un perjuicio de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que tienen carácter de intraprocesales, que no afectan de manera directa ninguno de sus derechos fundamentales, pues su consecuencia es que se continúe con la prosecución del procedimiento natural hasta el dictado de la sentencia definitiva, lo que a la postre puede ser reparado sin dejar huella en su esfera jurídica, esto, en el evento de que obtenga resolución favorable en el mismo y en caso contrario, dicha resolución la podrá impugnar a través del recurso ordinario respectivo, reclamando las posibles violaciones cometidas durante el proceso de origen, y previa preparación legal que se hubiese hecho al respecto. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 6/94, con registro 205484, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 76 de abril de 1994, página 13. Asimismo, es aplicable al caso, por mayoría de razón, lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la página 39, del libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2006589. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de dicho ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene al quejoso designando como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que no tiene inscrita su cédula su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizada en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Consulta y notificación electrónicas. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.). Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario *** que indicó en su misiva. Notifíquese en términos de ley.

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