Miguel Ángel García Onofre

Expediente 193/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
193/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ángel García Onofre

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3º de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Actuario Judicial Adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto ********************. Dese de baja la comunicación oficial devuelta sin acusar recibo a la autoridad oficiante, por así haberlo solicitado. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que el quejoso ********************, fue notificado el veintidós de febrero de los actuales, del proveído de quince de febrero de año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se encuentra transcurriendo el termino previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo; en ese sentido, una vez transcurrido a cabalidad el plazo referido en líneas precedentes, acuérdese lo que en derecho proceda en el presente juicio biinstancial. Cúmplase.

  3. Principal

    Recepción de la demanda******************** Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por******************** contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 22 constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente******************** Registro e Integración del expediente electrónico******************** Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 193/2023-VII******************** Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado******************** En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal******************** Análisis de la demanda******************** Del escrito de demanda inicial, se obtiene que se presentó vía electrónica; sin embargo, carece de firma electrónica o evidencia criptográfica correspondiente (Firmado Electrónicamente)******************** Por otro lado, cabe indicar que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 15 de la Ley de Amparo******************** Es aplicable a lo anterior la tesis: VI********************1o********************A********************19 K, publicada en la página 1458, Tomo XX, Diciembre de 2004, registro digital: 179731, Novena Época, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO******************** DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO******************** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio********************" Asimismo, la jurisprudencia I******************** 3o******************** A******************** J/7, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951, registro digital: 229397 Octava Época, que establece: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA******************** Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar******************** En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo********************" Ahora, analizada la demanda de amparo y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que el directo quejoso reclama lo siguiente: Actos Reclamados bajo protesta de verdad******************** "1) Sanción administrativa de acceso a su visita familiar de su esposa******************** Actos de restricción a su visita familiar equiparada a los prohibidos en el artículo 22 constitucional******************** Actos de discriminación******************** Autoridades responsables******************** Director de la Penitenciaria de la ciudad de México Comité técnico de la Penitenciaria de la ciudad de México Subdirector de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México" Y solicita la suspensión de los actos reclamados, únicamente para efectos de los actos destacados como 1 y 2, de su demanda de amparo, es decir, en cuanto a la sanción administrativa de acceso a su visita familiar de su esposa y los actos de restricción a su visita familiar******************** Sin embargo, de la propia demanda de amparo, no se desprende que la parte quejosa se encuentre padeciendo en su integridad física, o esfera jurídica los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como lo es el peligro de privación de su vida, su destierro, su deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, puesto que los actos de autoridad que destaca en su libelo actio, no se encuentran catalogados dentro de los establecidos en el citado artículo 22 de la Constitución******************** Por tanto, es claro para este juzgador, que por lo que ve a los actos destacados en el presente controvertido, así como los actos de discriminación, no son de los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni de los diversos catalogados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que no se está en el supuesto de excepción que marca el artículo 3°, último párrafo de la ley de la materia, por lo que es necesaria su firma electrónica cuando se tramita por esa vía******************** Desechamiento de la demanda******************** Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano******************** Ahora, de la lectura del precepto citado se observa que es obligación de quien provee, examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada******************** De la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61******************** El juicio de amparo es improcedente: (************************************************************) XXIII******************** En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley"******************** Lo anterior, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena: "Artículo 107******************** Las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada************************************************************"******************** Así, como lo previsto en el diverso 6° de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 6o******************** El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o******************** de esta Ley******************** El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley******************** Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita"******************** De los preceptos legales antes transcritos, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad******************** Así, es menester destacar que la demanda de amparo de cuenta, fue presentada vía electrónica, sin firma autógrafa; ya que sólo se aprecia un escrito escaneado sin firma o rúbrica, lo cual de ningún modo puede crear convicción de que contenga la voluntad de la parte que aparentemente aduce promover******************** En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella de manera autógrafa debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional******************** Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6° de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado autógrafa o electrónicamente por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma original, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna******************** Pues, la firma autógrafa o electrónica imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso******************** Por tanto, si un escrito sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en la demanda de amparo o la sola copia simple de la firma, trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción******************** En relación con lo anterior, cabe traer a cuenta lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2011, con número de registro 2000130, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO******************** CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA" en la que se sustentó esencialmente en las siguientes consideraciones: "SEXTO******************** Estudio de fondo******************** Establecido lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que, en el caso, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se desarrolla: En términos de lo previsto en el artículo 3o******************** de la Ley de Amparo, todas las promociones que se presenten en esta clase de juicios deberán hacerse por escrito, salvo las que se realicen en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 del propio ordenamiento********************(7) En esta lógica, es claro que, con excepción de los supuestos expresamente señalados en el precepto aludido, cualquier promoción que se presente dentro de los juicios de amparo, debe hacerse en la forma mencionada******************** Ejemplo de lo anterior, son las previsiones contenidas en los artículos 88 y 116 de la normatividad en cita, que prevén, expresa y respectivamente, que los recursos de revisión y las demandas de amparo deben presentarse de esta manera******************** Ahora bien, atento a lo señalado, es menester destacar que al tratarse de promociones escritas, es necesario que éstas cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley******************** En efecto, la importancia de que los promoventes asienten su firma autógrafa dentro de los escritos correspondientes, se desprende de la necesidad de que exista una manifestación auténtica de su propósito de poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales e iniciar, o continuar, con la tramitación de los juicios respectivos******************** Así las cosas, es claro que las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma, o bien, en las que ésta no haya sido asentada de manera autógrafa, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas********************" En términos de lo previsto en el artículo 3o******************** de la Ley de Amparo, todas las promociones que se presenten en esta clase de juicios deberán hacerse por escrito, salvo las que se realicen en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 del propio ordenamiento******************** En esta lógica, es claro que, con excepción de los supuestos expresamente señalados en el precepto aludido, cualquier promoción que se presente dentro de los juicios de amparo, debe hacerse en la forma mencionada******************** Ejemplo de lo anterior, son las previsiones contenidas en los artículos 88 y 116 de la normatividad en cita, que prevén, expresa y respectivamente, que los recursos de revisión y las demandas de amparo deben presentarse de esta manera******************** Ahora bien, atento a lo señalado, es menester destacar que al tratarse de promociones escritas, es necesario que éstas cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley******************** En efecto, la importancia de que los promoventes asienten su firma autógrafa dentro de los escritos correspondientes, se desprende de la necesidad de que exista una manifestación auténtica de su propósito de poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales e iniciar, o continuar, con la tramitación de los juicios respectivos******************** Así las cosas, es claro que las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma, o bien, en las que ésta no haya sido asentada de manera autógrafa, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas********************" Atento a ello, es necesario que dichos escritos cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley, ya que de no ser así, es decir, de presentar escritos que carezcan de firma, o bien, en las que ésta no haya sido asentada de manera autógrafa, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, resultan ser insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate******************** Sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas y que éstas cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente******************** Además, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello (www********************serviciosenlinea********************pjf********************gob********************mx); ahora, dicha circunstancia no exime al promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma electrónica, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte)******************** De acuerdo a lo establecido en la ley, la firma electrónica hará las veces de la firma autógrafa; es decir, ésta será la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que la demanda sea presentada vía electrónica******************** Asimismo, de conformidad con los artículos 14 al 20 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos******************** Para acceder a dicho sistema, se deberá estar registrado en el mismo y contar con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad para el Control de Certificación de Firmas del Consejo de la Judicatura Federal******************** De igual forma, en los artículos 10, último párrafo, y 17 del aludido Acuerdo General 12/2020, se prevé que en todos los servicios en línea que presta el Consejo se utilizará la (Firmado Electrónicamente) electrónica, salvo para la presentación de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo******************** Es decir, el registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales******************** No obstante, en los demás casos, como el que se analiza, es exigible dicho registro y que el archivo que contenga la demanda de amparo, sea firmado electrónicamente, pues ésta, recuérdese hace las veces de la firma autógrafa******************** Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación volumen 181-186 Quinta Parte, página 71, registro 242775, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO******************** Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio********************" De igual modo, es aplicable la jurisprudencia P********************/J******************** 8/2019 (10a********************) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, registro electrónico 2019715, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN******************** PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO******************** El artículo 3o******************** de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o******************** de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL******************** En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria******************** Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida********************" En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por******************** pues fue presentada sin la firma electrónica del accionante; signo que resulta ser un requisito esencial de validez para dar certeza de la voluntad de quien aparentemente promueve******************** Por igualdad de razón, tiene aplicación la tesis 2a******************** XXII/2018 (10a********************), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de abril de dos mil dieciocho, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO******************** LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO******************** Conforme al artículo 3o******************** de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa******************** De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado********************" En consecuencia, al no advertirse la firma original autógrafa ni electrónica de******************** en la demanda que se provee, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6° de la de la legislación mencionada en primer término; por lo que se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia******************** Por su parte, en razón de que los quejosos dicen encontrarse recluidos en la penitenciaría de la Ciudad de México; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 74 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, gírese atento exhorto vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en la penitenciaría de dicha ciudad y le notifique el presente proveído a la parte quejosa **************************************** Habilitación de días y horas inhábiles******************** En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias******************** Exhorto a las partes******************** Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal******************** Información pública******************** En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos******************** Notifíquese por lista

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