Miguel Ángel García Centeno
Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel García Centeno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de trece de agosto del año en curso, en el que este juzgado sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida dentro del término legal de diez días que dispone el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso e) de la misma legislación; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el cuaderno principal; asimismo, de conformidad con el referido artículo 21, inciso c), el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se negaron las medidas cautelares. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de trece de agosto del año en curso, en el que este juzgado sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida dentro del término legal de diez días que dispone el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso e) de la misma legislación; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el cuaderno principal; asimismo, de conformidad con el referido artículo 21, inciso c), el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se negaron las medidas cautelares. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 467/2021-2; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado el mismo día a este Juzgado, *******, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades que se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO: RECLAMO TODO LO ACTUADO en el expediente número ***** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido Judicial de Celaya Guanajuato, del Poder Judicial de Celaya, Guanajuato pues me considero tercero extraño al juicio pues nunca recibí notificación alguna que me diera conociendo del juicio sino hasta la diligencia de fecha 05 de julio del 2021 por la cual se me desalojo de mi domicilio, nunca fui emplazado a juicio pues además del INSTRUCTIVO que me fue proporcionado por la Ciudadana Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios de Celaya, Guanajuato del Poder Judicial de Estado de Guanajuato que me desalojó se lee claramente el nombre de ********, cuando el de la voz soy ******, por lo que aparentemente se llevó dicho juicio en contra de otra persona creyendo que era el de la voz pero no es así. Además de que puede leerse que se trata de un juicio sobre arrendamiento inmobiliario promovido por ****** en su calidad de albacea de *******, de quien este último bajo protesta de decir verdad fue la persona que me vendió la propiedad del inmueble consistente en predio y construcciones ubicado en calle *********, de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, más nunca he celebrado arrendamiento alguno ni con la C. ****** ni con su finado padre ********* de quién adquirí la posesión civil del inmueble y los derechos de propiedad desde el día del mes de del año (sic), por lo que resulta evidente lo fraudulento del juicio civil mencionado pues se enderezó por un contrato de arrendamiento inexistente así como contra una persona diversa a la que suscribe, tomando ilícito el acto reclamado y desprovisto de toda constitucionalidad, violatorio de mis derechos humanos. Ahora bien, reclamo todo lo actuado en el expediente número ****** y de manera particular combato el acto o actos particulares por medio de los cuales se consumó o dio por perfecto el EMPLAZAMIENTO de ley, o la omisión del mismo o su irregularidad, pues como ya lo dije nunca fui emplazado a juicio, ni fui llamado al mismo por lo que nunca tuve oportunidad de ser oído y vencido en juicio, negándome el mínimo derecho del debido proceso, pero además señaló como acto combatido en particular LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN DEFINITIVA que ordenara poner en posesión material el inmueble de mi propiedad por ser una sentencia fundamentada en el fraudulento actuar de la tercera interesada pues como ya dije nunca he celebrado contrato de arrendamiento ni con ella ni con el finado únicamente un contrato de compraventa con el finado, y también de manera particular señaló como acto de autoridad el AUTO DE FECHA 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021 en el cual a petición del mandatario judicial de la tercera interesada se ordenó poner en posesión material el inmueble multi mencionado, y combato de manera particular la DILIGENCIA DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2021 en ejecución de dicha sentencia definitiva y por mandato del auto de fecha 12 de abril del año 2021 en la cual en mi perjuicio se puso en posesión material de mi predio a la C. ******** por medio de la fuerza pública dejándome en estado de desalojo, desahucio y lanzamiento, todos dichos actos en particular solo de manera enunciativa no limitativa, pues reclamo todos los actos que dentro de dicho juicio civil coadyuvaron para llegar al punto mismo de la afectación sufrida en mi persona y patrimonio. De las autoridades señaladas como Responsables Ejecutoras, reclamo el cumplimiento, de la referida orden de desalojo, desposesión y/o lanzamiento ordenado por las autoridades ordenadoras". (Fojas 3 y 4 del cuaderno de amparo). "III. AUTORIADES RESPONSABLES. ORDENADORAS. Licenciada *********, Jueza suplente Primero Civil de Partido del Poder Judicial de Estado de Guanajuato, con jurisdicción en esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, con domicilio ubicado [.]. Ciudadano(a) Juez o Jueza del Juzgado Primero Civil de partido Judicial de Celaya Guanajuato, del Poder Judicial de Estado de Guanajuato, esto lo manifiesto así considerando que quien emitió la orden de poder en posesión material lo fue la Licenciada ******* pero que actúa solo por suplencia por ello de manera genérica señalo como autoridad quien ejerza la titularidad de dicho órgano jurisdiccional aunado a que se combate todo lo actuado en el juicio que concluyó con el desalojo de mi propiedad como más delante explicaré, con domicilio ubicado en [.]. EJECUTORAS. Licenciada Xóchitl Silva Molina Jefa de la Oficialía Común de Partes y Oficina Central de Actuarios de Celaya, Guanajuato del Poder Judicial de Estado de Guanajuato, con domicilio [.]. Ciudadana Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios de Celaya, Guanajuato del Poder Judicial de Estado de Guanajuato, cuyo nombre ignoro pues en ningún momento del desalojo se identificó con credencial de actuario ni dio su nombre, por lo cual pido se requiera a su Jefa inmediata que es la Licenciada ****** Jefa de la Oficialía Común de Partes y Oficina Central de Actuarios de Celaya, Guanajuato del Poder Judicial de Estado de Guanajuato, para que proceda a informar quién fue la C. Actuaria que cumplimentó la orden de poner en posesión material mi predio a la tercera interesada dentro de los autos del expediente número ***** del índice del Juzgado Primero Civil de partido Judicial de Celaya Guanajuato, del Poder Judicial de Estado de Guanajuato o bien se ordene notificar una vez que obre el informe de la autoridad del cual se podrá obtener dicho nombre del funcionario público que ejecutó el acto reclamado, aclarando que el de la voz acudí a dicho Juzgado Primero Civil de partido Judicial de Celaya Guanajuato a imponerme de dicho expediente el día 06 de julio del 2021 pero me fue negado [.] Ciudadano Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Celaya, Guanajuato [.]". En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato; quien por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 467/2021-2; la admitió a trámite; solicitó los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien sí formuló pedimento; asimismo, tuvo como tercera interesada a *********, quien fue emplazada a juicio el quince de julio de la presente anualidad (foja 107); finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado se ejecutó en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita y tiene ejecución en Celaya, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: Todo lo actuado dentro del procedimiento ordinario civil sobre arrendamiento inmobiliario ***** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, entre los que destaca su falta de emplazamiento, el acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó poner en posesión física de ******* el predio y construcciones ubicado en calle *******, de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato; así como su ejecución realizada el cinco de julio de dos mil veintiuno. Actos reclamados a las autoridades responsables: 1. Juez suplente y/o juez Primero Civil de Partido. 2. Directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común. 3. Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común; y 4. Secretario de Seguridad Ciudadana. Todos con residencia en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la juez Primero Civil de Partido (fojas 19 y 20); directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común y actuaria de su adscripción (foja 114); así como el secretario de Seguridad Ciudadana (foja 111), todos con residencia en Celaya, Guanajuato, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil número ******; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil diecinueve, ****** en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de *********, demandó en la vía sumaria civil, en materia de arrendamiento inmobiliario, a *******, de quien reclamó, entre otras prestaciones, la terminación por recisión por falta de pago de rentas del contrato verbal de arrendamiento que éste celebró con el de cujus, el pago de rentas y como consecuencia la desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle********* municipio de Celaya, Guanajuato (fojas 23 a 31 de autos). 2. De dicha demanda, por turno, correspondió conocer al Juzgado Primero Civil de Partido, de esta ciudad, quien por auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la registró bajo el número ******, previno a la promovente para que aclarara la vía en que promueve, ya que no cuenta con un contrato por escrito (foja 32 ídem). 3. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se dio cumplimiento a la anterior prevención, con la aclaración de que la vía, es la ordinaria civil (fojas 35 a 42 ídem). 4. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en cuestión, en la vía propuesta y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 43 y 44 ídem). 3. Previo citatorio, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se emplazó al demandado ***** (fojas 55 y 56 ídem). 4. Seguida la secuela procesal, el cuatro de marzo de dos mil veinte, la juez responsable dictó sentencia en la cual determinó que la parte actora probó su acción y el demandado no acreditó sus excepciones; por lo que, declaró la rescisión del contrato de arrendamiento, ordenó la desocupación y entrega del inmueble materia del controvertido, así como al pago de rentas vencidas y de las que se generan hasta su entrega (fojas 65 a 71 ídem). 5. La anterior determinación causó ejecutoria en auto de quince de julio de dos mil veinte (foja 96 ídem). 6. Mediante proveído de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, a petición de la parte actora, la juez responsable ordenó poner en posesión física del inmueble ubicado en calle *********municipio de Celaya, Guanajuato, para lo cual autorizó el uso de la fuerza pública así como el rompimiento de chapas y cerraduras (foja 98 ídem). Resolución que es uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 7. En cumplimento a lo anterior, el cinco de julio de dos mil veintiuno, el actuario hizo constar que acudió al aludido domicilio donde procedió a poner en posesión material a ****** del inmueble que el quejoso defiende (foja 159 ídem). Acto que constituye otro de los actos reclamados. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando cuarto, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." De la lectura íntegra de las constancias que informan el juicio de amparo en que se actúa, este juzgado federal, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acredita la afectación a algún derecho que faculte al quejoso a acudir ante este órgano de control constitucional. Ahora bien, el citado precepto legal establece: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el diverso numeral 5, fracción I de la Ley de amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Cabe hacer mención que la fracción I del artículo 107 constitucional, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y además de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De tal suerte que, al estar frente a actos provenientes de un órgano jurisdiccional, se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser violentado por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debe destacarse que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Robustece lo anterior la jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso, el promovente ***********, se ostenta como tercero extraño al juicio ordinario civil número ******* y esgrime que la orden de poner en posesión física el inmueble que refiere es de su propiedad, así como su ejecución, violan sus derechos humanos, por la razón de que no fue llamado a esa contienda, por lo que es persona extraña al procedimiento de origen. Por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, de las constancias que informan el presente juicio constitucional, ciertamente se desprende que el quejoso ******, no es parte material, pues fue iniciado por ******* en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********, en contra de ********; sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos del aludido promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que la parte quejosa tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. En tales condiciones, resulta necesario examinar el escrito de demanda y las constancias que allegó el quejoso ********, para determinar si acreditan la afectación y el derecho tutelado. En ese sentido, el quejoso ********, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no es el directo demandado en el juicio de origen porque éste se instauró en contra de *******, y el quejoso se llama ******, que no son la misma persona, que además nunca celebró contrato de arrendamiento ni con *******, ni con ********, ya que el inmueble que defiende ubicado en calle ******* municipio de Celaya, Guanajuato, lo adquirió de este último por "compra venta que realizara con el finado *********, en fecha 2017" (sic). También manifiesta bajo protesta de decir verdad: "[.] Me fueron vendidos los derechos de propiedad del inmueble mencionado por el señor ******* en el año 2013, precisamente a inicios de ese año, así como la posesión civil del inmueble por la cantidad de $300,000.00 Trescientos mil pesos que entregue en efectivo y de manera personal al señor ******, sobre dicho terreno no existen escrituras públicas pues originariamente formó parte del régimen agrario, ignoro si hay o no dominio pleno sobre la totalidad de las tierras donde se circunscribe mi predio. Desde esa fecha he estado en posesión". (Foja 6 de autos). Sin embargo, no acreditó ser el propietario del inmueble ubicado en calle ******** municipio de Celaya, Guanajuato, materia de controversia en el juicio de origen, y por ende que su esfera jurídica hubiera sido afectada. En efecto, el quejoso allegó como prueba de su parte, las siguientes documentales: a. Instructivo de cinco de julio de dos mil veintiuno, que contiene la transcripción del auto de fecha doce de abril de igual año (fojas 9 y 10 de autos). b. Copia simple de la credencial para votar a nombre de ********** (foja 11 ídem). c. Copia simple de la constancia de la clave única de registro de población (CURP), a nombre del quejoso (foja 12 ídem). Sin embargo, dichas documentales son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso *******, quien aduce ser propietario y poseedor del inmueble ubicado en calle ********municipio de Celaya, Guanajuato. En efecto, como se señaló, para que proceda el juicio de amparo, es necesario que se pruebe sin lugar a dudas la existencia de un interés jurídico, esto es, un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. El interés jurídico debe correlacionarse con un derecho reconocido por la ley, es un derecho subjetivo, entendido como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Se contrapone la noción a la de "interés simple" y a la de "mera facultad": el derecho subjetivo, según se dice, está presente siempre que confluyan dos elementos: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto puede ser un particular (en ese caso se habla de derecho subjetivo privado) o un órgano del Estado (caso en el cual se habla de derecho subjetivo público); no hay interés jurídico cuando el particular cuenta con un interés simple, lo cual sucede, ha dicho la Corte, cuando la norma jurídica objetiva no consigna una facultad de exigir sino una situación que puede aprovechar el sujeto, si es benéfica para él, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido porque el ordenamiento no concede la facultad de obtener coactivamente su respeto. En el caso que nos ocupa, se reitera, el interés jurídico no se encuentra acreditado, lo anterior es así, pues al respecto es de señalarse que el solicitante de la tutela federal ********, no allegó ningún medio de prueba para acreditar su pretensión, pues con sus propias manifestaciones no se puede acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado a su favor, que la faculte para exigir el llamamiento o, en su caso, el respeto a la posesión de los predios referidos. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, y si bien, el peticionario del amparo sustenta el derecho que aduce tener sobre el inmueble que en esta vía defiende por el hecho de que es propietario, bajo el régimen de condominio, y poseedor del aludido bien, con lo cual, podría resentir de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación; sin embargo, esas circunstancias, no quedaron debidamente acreditadas en autos, por lo que no es suficiente para que le sea otorgada la protección constitucional, la sola manifestación del quejoso de que es propietario o poseedor del bien materia del juicio. De tal modo, aun y cuando el quejoso, se apersone como tercero extraño al juicio de origen y alega que se vulnera sus derechos de propiedad y posesión, respecto del inmueble que se pretende desposeer, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, tal y como se analizó en el cuerpo de esta resolución. En ese orden de ideas, si el quejoso *********, acude al juicio de amparo, y sustenta su interés jurídico, bajo el argumento de que es propietario y poseedor del bien inmueble del cual se le desposeyó en el juicio ordinario civil de origen; empero, no acreditó tales extremos; por tanto, se evidencia que el acto reclamado no afecta su interés jurídico. No escapa a este órgano constitucional que el nombre del demandado *******, pudiera ser el que el quejoso utiliza para sus actos públicos o privados, y en su caso constituirse en tercero extraño por equiparación al juicio de origen; sin embargo, se reitera que manifestó bajo protesta de decir verdad, que no es el directo demandado en el juicio de origen porque éste se instauró en contra de ******, y el quejoso se llama *******, que no son la misma persona, que además nunca celebró contrato de arrendamiento ni con ******** ni con *******, ya que el inmueble que defiende lo adquirió de este último por compra venta en el año dos mil trece, quien le entregó la posesión civil; que sobre dicho terreno no existen escrituras públicas pues originariamente formó parte del régimen agrario, e ignora si hay o no dominio pleno sobre la totalidad de las tierras donde se circunscribe su predio. Motivos por los cuales, es que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se demuestra la afectación producida en la esfera jurídica del quejoso *******; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la citada legislación, por lo que a él corresponde. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, de conformidad con la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, actuaria de su adscripción y secretario de Seguridad Ciudadana, todos con sede en esta ciudad; en virtud de que no se impugnaron por vicios propios, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
Recepción de escrito. A sus autos el escrito signado por la tercera interesada *******, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5 fracción III de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada en el presente juicio. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el *******. Asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Así también, proporciona número telefónico y correo electrónico para efectos de establecer una comunicación directa en el presente asunto. Alegatos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por hechas las manifestaciones que hace en vía de alegatos; con ellas dese nueva cuenta en la audiencia constitucional.
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