Miguel Ángel Echeverria Padilla
Expediente 1134/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Ángel Echeverria Padilla
Actuaciones
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada al día siguiente a este órgano judicial, ********** , solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, que hicieron consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad responsable (Director Local Guanajuato) de la Comisión Nacional del Agua, de emitir y notificar la resolución correspondiente que sería respuesta a mis solicitudes de trasmisión de derechos y Prórroga, ingresadas el 01 de Abril de 2016 y a la cual se le asignó el número de expediente ***. En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, esta potestad admitió la demanda propuesta, formó el expediente y lo registró con el número ***; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado es una omisión de respuesta, respecto a una solicitud de trámite presentada ante una autoridad con sede en esta ciudad, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO": De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: La omisión de dar respuesta a la solicitud de tramite ingresada el uno de abril de dos mil dieciséis, la cual quedó registrada bajo el número de expediente ***, solicitud que se refiere a la trasmisión de derechos y prórroga. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó expresamente que es cierta la omisión que se le reclama (foja 14 y 15). CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio de los conceptos de violación, conviene primeramente relatar el antecedente del acto reclamado, que se obtiene tanto de lo expresado por la parte quejosa en su escrito de demanda, como de las constancias que obran en autos, siendo los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil dieciséis, ante la autoridad responsable, director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la parte quejosa formuló la solicitud que se refiere a la trasmisión de derechos y prórroga, la cual quedó registrada bajo el número de expediente ***. 2. Sin que a la fecha la autoridad local del agua haya emitido la respuesta a tal solicitud. Omisión que constituye el acto reclamado en la presente instancia. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa en su único concepto de violación sostiene que, la autoridad responsable director local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, viola los derechos humanos contenidos en los numerales 8°, 16 y 17 constitucionales, al omitir dar respuesta a la solicitud que se refiere a la trasmisión de derechos y prórroga, la cual quedó registrada bajo el número de expediente ***. Se estima que el concepto de violación hecho valer es esencialmente fundado y suficiente para el fin pretendido, según se explica: El artículo 8º constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental previsto por el numeral 8º de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que dé cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición consagrado en el precepto que cita conformado no por uno sino varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: ? De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado. ? De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado. ? De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. Cobrando aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Por su parte, los diversos numerales 16 y 17, segundo párrafo, de la constitución federal, consagran el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, y el acceso efectivo a la administración de justicia, que obliga a las autoridades del estado a resolver cualquier procedimiento sujetándose a los plazos y términos que fijen las leyes; prerrogativa que tiene el alcance de obligar a las autoridades a resolver los procedimientos administrativos que ante ellas se tramiten dentro de los plazos que establecen las normas aplicables. Bajo ese contexto, se considera que en el particular es fundado el concepto de violación hecho valer, pues ya transcurrieron más de tres año ocho meses, desde que se formuló la solicitud hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tiempo por demás suficiente para que la autoridad responsable emitiera la respuesta que en derecho procediera y la notificara a la parte interesada, lo que constituiría la respuesta definitiva a la solicitud formulada. Lo anterior es así, puesto que el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, estatuye que "la Autoridad del Agua" debe contestar las solicitudes dentro de un plazo que no exceda de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente; mientras el diverso 35 del reglamento de dicha ley, prevé que presentada la solicitud si dentro de los veinte días hábiles siguientes no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que pudieran existir, se considerara integrado el expediente. En consecuencia, se concluye que el actuar de la responsable conculca los derechos fundamentales previstos en los artículos 8º, 16 y 17, segundo párrafo, constitucionales, en perjuicio de Miguel Ángel Echeverría Padilla, lo que obliga a otorgarle el amparo y protección de la justicia federal solicitado, a efecto de que: Dentro del término de cinco días hábiles resuelva sobre la solicitud que se refiere a la trasmisión de derechos y prórroga, la cual quedó registrada bajo el número de expediente ***, y la notifique a la parte interesada, lo que deberá informar y acreditar con las constancias relativas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal ampara y protege a ********** , en contra de la omisión que reclamó del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
Agréguese a los autos el pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, con ellas dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se autoriza desde este momento la expedición de copia de la sentencia que, en su caso, se dicte en el presente juicio.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el subdirector de ********** , en suplencia del director local Guanajuato, de ********** , con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ofrece como pruebas la presuncional legal y humana, y la instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Así también, se tiene como domicilio procesal el que indica y como delegados en términos del artículo 9 de la ley de Amparo, a las personas que menciona.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ********************; contra de actos del director local Guanajuato de la Comisión Nación del Agua de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número *** . Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite. Intervención de fiscal adscrito Dese la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, debe tomar en consideración el artículo 17 constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia constitucional en este juicio. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Pruebas. Con relación a las pruebas documentales, presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Pronunciamiento de incidente de suspensión. Sin que se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Domicilio y autorizados. Ahora, la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal por medio de lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizadas únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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