Miguel Ángel Gallardo Ramírez

Expediente 508/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
508/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Gallardo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 508/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de dos de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".se concede la protección constitucional solicitada, para los efectos de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada. b). En su lugar, de oficio, dicte un auto donde declare extinguida la acción penal ejercida contra el quejoso por el delito aludido, al haber prescrito ésta por el transcurso del tiempo. Concesión que se extiende al acto de las autoridades ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la orden analizada. Posteriormente, por acuerdo de dos de marzo de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia y se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Esto es así, toda vez que mediante oficio 399, la autoridad responsable 1. Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintidós en autos de la causa penal número 3058/2017 de su estadística, anteriormente causa 195/2008 del índice del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, del cual se advierte, dejó insubsistente y sin ningún efecto legal la orden de reaprehensión decretada en el auto de once de agosto de dos mil diez, dictando Auto de Sobreseimiento por Prescripción de la Acción Penal a favor del aquí quejoso MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, como probable responsable del delito de Abigeato cometido en agravio de Andrés Ramírez Hernández, la cual fue pronunciada al tenor de las consideraciones que se describen a continuación: En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que el Juez responsable está sometido para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda y, procedió al análisis de la figura de la prescripción de la acción penal del delito por el cual se libró la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. Acto seguido, señaló que el Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente a la fecha de la comisión de los hechos presuntamente delictivos, establece la figura de la prescripción en el Libro Primero, Título V, Capítulo X, artículos 109, 110, 119 y 120, de los cuales se advierte lo siguiente: a) La prescripción es una figura jurídica con la cual se extingue tanto la acción penal, como las sanciones. b) Dicha figura es personal y basta el transcurso del tiempo señalado por la ley, para que opere. c) Puede ser declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento. d) Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos. Principiarán a correr desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si fueren restrictivas o privativas de libertad. e) La sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años. Asimismo, invocó lo dispuesto por los artículos 117 y 118 de la Legislación Sustantiva para el Estado de Veracruz. Hecho lo anterior, estableció que el delito imputado a MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, es el de ABIGEATO, previsto y sancionado por los artículos 210 y 211, de Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente en la época de la comisión de los hechos, ilícito por el cual el dieciséis de agosto de dos mil ocho, se dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, cometido en agravio de Andrés Ramírez Fernández, y previa la secuela procesal, el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, imponiéndose la pena privativa de la libertad de cinco años de prisión y multa de $49.50 (cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) absolviéndose de la reparación del daño; misma resolución que al haber sido impugnada fue confirmada mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en los autos del Toca Penal número 498/2009 del índice de la extinta Séptima Sala Superior de Justicia del Estado, por lo que se interpuso juicio de amparo directo siendo radicada bajo el número 876/2009 del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado, en donde se le negó el amparo y protección de la justicia federal. Del análisis de lo anteriormente expuesto, el juez dedujo que la acción penal del delito por el cual se libró la orden de reaprehensión en contra del sentenciado, se encontraba prescrita, de acuerdo al artículo 120 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que establece que la sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años. Entonces, si por el delito de abigeato por el cual se dictó sentencia condenatoria se le impuso como pena privativa de la libertad de cinco años, es claro que ha operado la prescripción de la acción penal, toda vez que por auto del once de agosto de dos mil diez (acto reclamado), se decretó sustraído de la acción de la justicia a Miguel Ángel Gallardo Ramírez, y se suspendió el procedimiento en términos del numeral 410 del Código Procesal Penal, y se giró en su contra orden de reaprehensión, en razón de que no dio cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el artículo 353 del Código Procesal Penal y al no dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, ordenándose su detención para ser recluido en el centro penitenciario respectivo, comunicada para su ejecución a la Fiscal con oficio 1423 de la misma data. Y al absorberse la jurisdicción por este juzgado, se radicó la causa penal 3058/2017; y por auto del diecinueve de febrero de dos mil veinte, se reiteró la orden de reaprehensión, y se comunicó para su ejecución con oficio 1208 de esa misma fecha. De ahí que para que opere la prescripción de ese delito es necesario el transcurso de cinco años, término que se materializó del once de agosto de dos mil diez, en que se notificó personalmente la orden de reaprehensión de que se trata al fiscal adscrito, hasta el último minuto del once de agosto de dos mil quince, puesto que no se aprecia de las constancias de origen que durante ese lapso se haya practicado actuación alguna de averiguación del delito y del delincuente, que interrumpiera el plazo de la prescripción del aludido ilícito, de ahí que la sanción correspondiente se extinguió, al no haberse reactivado oportunamente, conforme lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Aunado a lo anterior, el juez advirtió que al realizar el cómputo respectivo entre la orden de reaprehensión reclamada (once de agosto de dos mil diez) y la fecha en que se promovió amparo (catorce de octubre de dos mil veintiuno) ha transcurrido una temporalidad de diez años, dos meses y tres días, sin que se ejecutara la orden de reaprehensión, de lo que se puede concluir que se ha superado en exceso el término establecido en el artículo 120 del Código Penal vigente, el cual era la temporalidad mínima para la figura de la prescripción. En ese contexto, el juez determinó que resulta procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción penal decretada en beneficio de MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, por el delito de ABIGEATO cometido en agravio del patrimonio de Andrés Ramírez Fernández, dentro de los autos de la causa penal 3058/2017 de su estadística, por el simple transcurso del tiempo, conforme lo dispuesto por los artículos 1, 14,16 constitucionales, 109, 110, 11, 112, 119, 120 del Código Penal vigente, que es la que más favorece al reo. Expuesto lo anterior, el juez responsable, con apoyo en el artículo 104 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, declaró extinguida la acción persecutoria en el presente caso, y con fundamento en los diversos 305, fracción III, 307 y demás aplicables de la Ley Procesal Penal en vigor, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal del delito por el cual se libró la orden de reaprehensión, en favor de MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, por el delito de abigeato cometido en agravio del patrimonio de Andrés Ramírez Fernández. Asimismo, ordenó girar oficio al Fiscal adscrito para que cancele la orden de reaprehensión ordenada en el autos de once de agosto de dos mil diez, que se le comunicó con oficio número 1423 de esa misma fecha para su ejecución; así como también cancele la orden de reaprehensión reiterada con oficio 1208 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, esto al decretarse la prescripción de la acción penal en favor de MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ. En relatadas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo especificado en la ejecutoria de amparo, esto es, el Juez responsable dejó insubsistente y sin ningún efecto legal la orden de reaprehensión decretada en el auto de once de agosto de dos mil diez y, en su lugar de oficio, dictó auto por el cual declaró extinguida la acción penal ejercida contra el aquí quejoso por el delito de abigeato, al haber prescrito ésta por el transcurso del tiempo, haciéndolo del conocimiento del Fiscal adscrito, para que procediera a la cancelación de la orden de reaprehensión referida. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este conducto a la parte quejosa y a la parte tercero interesada por así estar ordenado en autos.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de dos de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".se concede la protección constitucional solicitada, para los efectos de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada. b). En su lugar, de oficio, dicte un auto donde declare extinguida la acción penal ejercida contra el quejoso por el delito aludido, al haber prescrito ésta por el transcurso del tiempo. Concesión que se extiende al acto de las autoridades ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad depende de la orden analizada. Posteriormente, por acuerdo de dos de marzo de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia y se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Esto es así, toda vez que mediante oficio 399, la autoridad responsable 1. Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintidós en autos de la causa penal número 3058/2017 de su estadística, anteriormente causa 195/2008 del índice del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, del cual se advierte, dejó insubsistente y sin ningún efecto legal la orden de reaprehensión decretada en el auto de once de agosto de dos mil diez, dictando Auto de Sobreseimiento por Prescripción de la Acción Penal a favor del aquí quejoso MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, como probable responsable del delito de Abigeato cometido en agravio de Andrés Ramírez Hernández, la cual fue pronunciada al tenor de las consideraciones que se describen a continuación: En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que el Juez responsable está sometido para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda y, procedió al análisis de la figura de la prescripción de la acción penal del delito por el cual se libró la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. Acto seguido, señaló que el Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente a la fecha de la comisión de los hechos presuntamente delictivos, establece la figura de la prescripción en el Libro Primero, Título V, Capítulo X, artículos 109, 110, 119 y 120, de los cuales se advierte lo siguiente: a) La prescripción es una figura jurídica con la cual se extingue tanto la acción penal, como las sanciones. b) Dicha figura es personal y basta el transcurso del tiempo señalado por la ley, para que opere. c) Puede ser declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento. d) Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos. Principiarán a correr desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si fueren restrictivas o privativas de libertad. e) La sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años. Asimismo, invocó lo dispuesto por los artículos 117 y 118 de la Legislación Sustantiva para el Estado de Veracruz. Hecho lo anterior, estableció que el delito imputado a MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, es el de ABIGEATO, previsto y sancionado por los artículos 210 y 211, de Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente en la época de la comisión de los hechos, ilícito por el cual el dieciséis de agosto de dos mil ocho, se dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso, cometido en agravio de Andrés Ramírez Fernández, y previa la secuela procesal, el veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, imponiéndose la pena privativa de la libertad de cinco años de prisión y multa de $49.50 (cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) absolviéndose de la reparación del daño; misma resolución que al haber sido impugnada fue confirmada mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en los autos del Toca Penal número 498/2009 del índice de la extinta Séptima Sala Superior de Justicia del Estado, por lo que se interpuso juicio de amparo directo siendo radicada bajo el número 876/2009 del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en el Estado, en donde se le negó el amparo y protección de la justicia federal. Del análisis de lo anteriormente expuesto, el juez dedujo que la acción penal del delito por el cual se libró la orden de reaprehensión en contra del sentenciado, se encontraba prescrita, de acuerdo al artículo 120 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que establece que la sanción privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años. Entonces, si por el delito de abigeato por el cual se dictó sentencia condenatoria se le impuso como pena privativa de la libertad de cinco años, es claro que ha operado la prescripción de la acción penal, toda vez que por auto del once de agosto de dos mil diez (acto reclamado), se decretó sustraído de la acción de la justicia a Miguel Ángel Gallardo Ramírez, y se suspendió el procedimiento en términos del numeral 410 del Código Procesal Penal, y se giró en su contra orden de reaprehensión, en razón de que no dio cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el artículo 353 del Código Procesal Penal y al no dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, ordenándose su detención para ser recluido en el centro penitenciario respectivo, comunicada para su ejecución a la Fiscal con oficio 1423 de la misma data. Y al absorberse la jurisdicción por este juzgado, se radicó la causa penal 3058/2017; y por auto del diecinueve de febrero de dos mil veinte, se reiteró la orden de reaprehensión, y se comunicó para su ejecución con oficio 1208 de esa misma fecha. De ahí que para que opere la prescripción de ese delito es necesario el transcurso de cinco años, término que se materializó del once de agosto de dos mil diez, en que se notificó personalmente la orden de reaprehensión de que se trata al fiscal adscrito, hasta el último minuto del once de agosto de dos mil quince, puesto que no se aprecia de las constancias de origen que durante ese lapso se haya practicado actuación alguna de averiguación del delito y del delincuente, que interrumpiera el plazo de la prescripción del aludido ilícito, de ahí que la sanción correspondiente se extinguió, al no haberse reactivado oportunamente, conforme lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal para el Estado de Veracruz. Aunado a lo anterior, el juez advirtió que al realizar el cómputo respectivo entre la orden de reaprehensión reclamada (once de agosto de dos mil diez) y la fecha en que se promovió amparo (catorce de octubre de dos mil veintiuno) ha transcurrido una temporalidad de diez años, dos meses y tres días, sin que se ejecutara la orden de reaprehensión, de lo que se puede concluir que se ha superado en exceso el término establecido en el artículo 120 del Código Penal vigente, el cual era la temporalidad mínima para la figura de la prescripción. En ese contexto, el juez determinó que resulta procedente la figura jurídica de la prescripción de la acción penal decretada en beneficio de MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, por el delito de ABIGEATO cometido en agravio del patrimonio de Andrés Ramírez Fernández, dentro de los autos de la causa penal 3058/2017 de su estadística, por el simple transcurso del tiempo, conforme lo dispuesto por los artículos 1, 14,16 constitucionales, 109, 110, 11, 112, 119, 120 del Código Penal vigente, que es la que más favorece al reo. Expuesto lo anterior, el juez responsable, con apoyo en el artículo 104 del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, declaró extinguida la acción persecutoria en el presente caso, y con fundamento en los diversos 305, fracción III, 307 y demás aplicables de la Ley Procesal Penal en vigor, decretó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal del delito por el cual se libró la orden de reaprehensión, en favor de MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ, por el delito de abigeato cometido en agravio del patrimonio de Andrés Ramírez Fernández. Asimismo, ordenó girar oficio al Fiscal adscrito para que cancele la orden de reaprehensión ordenada en el autos de once de agosto de dos mil diez, que se le comunicó con oficio número 1423 de esa misma fecha para su ejecución; así como también cancele la orden de reaprehensión reiterada con oficio 1208 del diecinueve de febrero de dos mil veinte, esto al decretarse la prescripción de la acción penal en favor de MIGUEL ÁNGEL GALLARDO RAMÍREZ. En relatadas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo especificado en la ejecutoria de amparo, esto es, el Juez responsable dejó insubsistente y sin ningún efecto legal la orden de reaprehensión decretada en el auto de once de agosto de dos mil diez y, en su lugar de oficio, dictó auto por el cual declaró extinguida la acción penal ejercida contra el aquí quejoso por el delito de abigeato, al haber prescrito ésta por el transcurso del tiempo, haciéndolo del conocimiento del Fiscal adscrito, para que procediera a la cancelación de la orden de reaprehensión referida. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este conducto a la parte quejosa y a la parte tercero interesada por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de tercero interesada y remitido vía correo electrónico oficial, al cual se le concede pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2º de esta ley, apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase acusando recibo del oficio 7271 de dos de marzo de dos mil veintidós, por el cual se le dio vista con las constancias por las cuales la autoridad responsable considera haber dado cumplimiento en el presente asunto. Cúmplase.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Ángel Gallardo Martínez, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveídos de quince y dieciséis de febrero del año en curso, se tuvo al 1. Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; remitiendo las constancias con las cuales considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, y tercero interesada, así como a la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante oficio que se libre para tal efecto, con el telegrama, así como el oficio y anexo con registro 2382 y 2488, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas las partes que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Asimismo, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a las partes quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.

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