Miguel Ángel Domínguez Preciado
Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Ángel Domínguez Preciado
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 546/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveídos de seis y ocho de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, así como a los Regidores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo primero, Décimo Segundo, y Décimo Tercero, de dicho Ayuntamiento, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 592/2013-IV del índice de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en Xalapa, Veracruz, para los efectos siguientes: "(.) la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el acuerdo combatido y con plenitud de jurisdicción dicte el acuerdo que conforme a derecho corresponda, a fin de requerir nuevamente el cumplimiento del laudo que dicto en el juicio laboral de origen. (.)" En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por falta de impugnación de las partes causó ejecutoria la sentencia y, en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante proveídos de seis y ocho de octubre de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por la autoridad responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable citada dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues con oficio 965/2021 la secretaria general de acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, remitió copia certificada del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte (acto reclamado), únicamente en la parte relativa al acto jurídico de decisión, en donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve y ordenó la presentación ante el Tribunal con el auxilio de la fuerza pública a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. Seguidamente, con el objeto de dar cabal cumplimiento al laudo que puso fin al juicio laboral, hizo efectivo a la parte actora el apercibimiento decretado en auto de once de agosto de dos mil veintiuno, esto es, lo tuvo por reinstalado a partir del uno de marzo del citado año, surtiendo efectos de manera retroactiva a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, ordenó requerir a la entidad pública demandada Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, por conducto de cada uno de los integrantes del cabildo, a efecto de que expidieran a favor del actor Héctor Leodegario Núñez Fentanez el nombramiento de base, con la categoría de Supervisor Urbano adscrito a la Dirección de Planeación y Licencias, bajo las condiciones detalladas en el laudo de dos de septiembre de dos mil quince; así como a inscribirlo desde el dos de enero de dos mil cinco, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, SAR e Instituto de pensiones del Estado y el pago de las aportaciones correspondientes. De igual forma, apercibió a los integrantes del cabildo de la entidad demandada, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, se le aplicaría a cada uno el medio de apremio contemplado en la fracción I, del artículo 198, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, esto es, se una multa de hasta quince veces la unidad de medida y actualización vigente al momento del requerimiento, atendiendo a la Recomendación General 41 sobre el caso de violaciones a los derechos de legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente, por el incumplimiento de laudos firmes por parte de instancias gubernamentales federales y locales, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente el acuerdo combatido y, con plenitud de jurisdicción dictó el acuerdo que conforme a derecho correspondió, requiriendo nuevamente el cumplimiento del laudo que dicto en el juicio laboral de origen. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Boca del Río, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveídos de seis y ocho de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, así como a los Regidores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo primero, Décimo Segundo, y Décimo Tercero, de dicho Ayuntamiento, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral 592/2013-IV del índice de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en Xalapa, Veracruz, para los efectos siguientes: "(.) la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el acuerdo combatido y con plenitud de jurisdicción dicte el acuerdo que conforme a derecho corresponda, a fin de requerir nuevamente el cumplimiento del laudo que dicto en el juicio laboral de origen. (.)" En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por falta de impugnación de las partes causó ejecutoria la sentencia y, en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante proveídos de seis y ocho de octubre de dos mil veintiuno, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas al cumplimiento dado por la autoridad responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable citada dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues con oficio 965/2021 la secretaria general de acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, remitió copia certificada del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte (acto reclamado), únicamente en la parte relativa al acto jurídico de decisión, en donde hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve y ordenó la presentación ante el Tribunal con el auxilio de la fuerza pública a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. Seguidamente, con el objeto de dar cabal cumplimiento al laudo que puso fin al juicio laboral, hizo efectivo a la parte actora el apercibimiento decretado en auto de once de agosto de dos mil veintiuno, esto es, lo tuvo por reinstalado a partir del uno de marzo del citado año, surtiendo efectos de manera retroactiva a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, ordenó requerir a la entidad pública demandada Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, Veracruz, por conducto de cada uno de los integrantes del cabildo, a efecto de que expidieran a favor del actor Héctor Leodegario Núñez Fentanez el nombramiento de base, con la categoría de Supervisor Urbano adscrito a la Dirección de Planeación y Licencias, bajo las condiciones detalladas en el laudo de dos de septiembre de dos mil quince; así como a inscribirlo desde el dos de enero de dos mil cinco, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, SAR e Instituto de pensiones del Estado y el pago de las aportaciones correspondientes. De igual forma, apercibió a los integrantes del cabildo de la entidad demandada, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, se le aplicaría a cada uno el medio de apremio contemplado en la fracción I, del artículo 198, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, esto es, se una multa de hasta quince veces la unidad de medida y actualización vigente al momento del requerimiento, atendiendo a la Recomendación General 41 sobre el caso de violaciones a los derechos de legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo decente, por el incumplimiento de laudos firmes por parte de instancias gubernamentales federales y locales, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente el acuerdo combatido y, con plenitud de jurisdicción dictó el acuerdo que conforme a derecho correspondió, requiriendo nuevamente el cumplimiento del laudo que dicto en el juicio laboral de origen. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
"2021, Año de la Independencia" OFICIOS NÚMEROS: Autoridad responsable Acuse 27000 1. Juez Primero de Primera Instancia. 27001 Fiscal Adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia. Tercero Interesado. 27002 2. Director del Centro de Reinserción Social Zamora. En San Andrés Tuxtla, Veracruz Representación social 27003 Agente Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado en materia de amparo Veracruz, Ver. En los autos del JUICIO DE AMPARO II-127/2020, promovido por LUCERO LARA CRUZ, se dictó la siguiente sentencia: "SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 127/2020, promovido por Lucero Lara Cruz. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado el mismo día al Juzgado Sexto de Distrito, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 11-51). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de julio siguiente, el titular del referido órgano jurisdicción acordó: admitir la demanda de amparo; radicar el expediente 646/2019; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación de su adscripción y, reservar proveer respecto al emplazamiento de los terceros interesados (fojas 53-54). Se agregaron a los autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 64 y 73) asimismo, se ordenó emplazar al juicio de amparo a la víctima tercera interesada (foja 75). El diecisiete de febrero de dos mil veinte, el aludido Juzgado Federal acordó: declarar su incompetencia legal para seguir conociendo del asunto y, remitirlo a este Juzgado Cuarto de Distrito por haber tenido conocimiento previo del mismo (fojas 288-295). Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el suscrito acordó: aceptar la competencia planteada; avocarse al conocimiento del asunto; formar el expediente con el número de juicio 127/2020; solicitar al juez declinante las constancias del emplazamiento de la tercera interesada; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; tener por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y, notificar a las partes la radicación del asunto (fojas 304-307). El quince de julio de dos mil veintiuno, por medio de lista de acuerdos se emplazó al presente juicio de amparo a la tercera interesada (cuaderno de sigilo) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora la audiencia constitucional (foja 395) la cual se llevó a cabo en la hora y fecha señaladas (foja 397). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama un auto de formal prisión emitido por autoridad judicial, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de la libertad personal de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: El auto de formal prisión de once de julio de dos mil diecinueve, dictado contra la quejosa en la causa penal 1481/2017, por el Juez Primero de Primera Instancia, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado (notificado el mismo día a la quejosa y a su defensor particular -foja 1737 del tomo III de pruebas-). La ejecución de dicha determinación. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades 1. Juez Primero de Primera Instancia y 2. Director del Centro de Reinserción Social Zamora, ambos en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconocieron la existencia del auto de formal prisión y su ejecución reclamados (fojas 75 y 79). Lo que se constata, en la medida que el juez responsable remitió copia certificada de la determinación reclamada (fojas 1712-1736 del tomo III de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En la especie, no se advierte motivo de improcedencia ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucionalidad del acto reclamado. En el caso, son esencialmente fundados los conceptos de violación formulados por la quejosa en su demanda de amparo. En la especie, la quejosa reclama la resolución de once de julio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 1481/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde se trabó formal prisión en su contra respecto del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de la persona de identidad reservada identificada con las iniciales DMV. No obstante, el suscrito juzgador federal advierte que la resolución reclamada presenta una violación formal en su emisión y que se traduce en que el juez del proceso expuso una insuficiente motivación al momento en que estableció que se encontraba justificada la probable responsabilidad penal de la inculpada en la comisión del delito atribuido. Ello es así, porque para concluir que la inculpada tuvo participación en los hechos delictivos, se observa que el juzgador tomó en consideración primordialmente las declaraciones ministeriales de los coinculpados Ángel Pavón Hernández y Carlos Felipe Molina alias el "Negro" o "Tucán", quienes precisaron que ella era quien llevaba los víveres a la víctima. Lo que es insuficiente para justificar su participación en los hechos, ya que de las declaraciones de los aludidos coinculpados no se aprecia que estos hayan proporcionado los apellidos de la inculpada quejosa o incluso alguna característica fisonómica que permitiera conocer la identidad de la persona que señalan como "Lucero" y que dicen participó en los hechos, para así concluir que se trata de la misma persona. Tampoco se advierte que, ante la falta de precisión en las declaraciones de los aludidos coinculpados, el juez responsable haya expresado en su resolución los argumentos necesarios para llegar a esa conclusión, es decir, que la persona que señalan los coinculpados como quien se encargó de llevar los víveres a la persona secuestrada, corresponda efectivamente a la identidad de la quejosa, pues se insiste, no se advierte que se haya llevado a cabo ese ejercicio de cercioramiento. De ahí, que se sostenga que la autoridad responsable no acató la obligación que tenía de motivar ese aspecto, con lo que lesiona el derecho de defensa adecuada de la parte quejosa, al verse frente a una insuficiente valoración de pruebas en un proceso penal que impactó en su esfera jurídica al grado de dictarse un auto de formal prisión en su contra. Lo anterior impone conceder la protección constitucional solicitada. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán al suscrito para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. I. (Sobre fundamentación y motivación) El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Dicho numeral contempla el derecho fundamental de legalidad, que se traduce en que las autoridades deben emitir sus actos conforme a la ley. Es ilustrativa del particular la tesis que se lee: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Por su parte, el artículo 16 de la Constitucional Federal, en lo conducente dispone: "(.) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial aquí responsable, está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, los siguientes criterios: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." II. (Respecto del auto de formal prisión) Para dilucidar con claridad el tema jurídico planteado es imperativo interpretar el primer párrafo del artículo 19 constitucional, en relación con los numerales 171, 173 y 178 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Veracruz, de los que se desprende que los requisitos para la emisión de un AUTO DE FORMAL PRISIÓN son: a) Ser dictado sin exceder el plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro (caso de duplicidad) contado a partir de que el indiciado es puesto a disposición del juez. b) Expresar el delito que se imputa al acusado. c) Exponer el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito de que se trate. d) Así como que los datos que arroje la averiguación previa, sean suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Sin embargo, el hecho de que dichos dispositivos establezcan los requisitos de forma y fondo que todo auto de formal prisión debe contener, no implica que para su dictado sólo deban cumplirse los mismos, ya que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses pueda considerarse como válida, el auto de plazo constitucional también debe reunir -además de los requisitos citados- todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los derechos humanos de seguridad jurídica consagrados en la Constitución Federal, entre ellos los previstos por los artículos 14 y 16, primer párrafo (en su redacción anterior a las reformas de ocho de junio de dos mil ocho). De tales preceptos constitucionales se desprende que el acto de autoridad a estudio, para cumplir con los derechos humanos de seguridad jurídica que consagran, también debe reunir las exigencias siguientes: a) Evitar efectos retroactivos de la ley penal, en perjuicio del quejoso. b) Seguir el procedimiento ante un tribunal establecido previamente a la actualización de los hechos imputados. c) Cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. d) Impedir que no se siga el procedimiento con base en una ley aplicada analógicamente o por mayoría de razón. e) Tomar la declaración preparatoria al quejoso con todas las formalidades legales. f) Constar por escrito. g) Proceda de una autoridad judicial. h) Este fundado y motivado. i) Ser dictado en relación con un delito castigado con pena corporal. j) No esté plenamente comprobada, a favor del inculpado, alguna causa que excluya su responsabilidad o extinga la acción penal. Resulta aplicable la jurisprudencia 20/2000 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL." Hasta aquí las anteriores premisas. SUBSUNCIÓN Explicado lo anterior, se destaca que el juez responsable dictó el auto de formal prisión contra la aquí quejosa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, incisos a) en relación con el 10, fracción I y b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal. "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; (.)" "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: (.) b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; (.)" De la aludida transcripción se obtiene que los ELEMENTOS del cuerpo de ese delito son: a) Que el sujeto activo prive de la libertad a otro (elemento objetivo); b) Que se haga con la finalidad de obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio (elemento subjetivo); Con la agravante de: quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. Ahora bien, del análisis que se realiza al acto reclamado, se comulga con el juzgador de origen en tanto que de las probanzas allegadas a la investigación ministerial se desprenden datos suficientes para acreditar el cuerpo del delito de que se trata. En efecto, el PRIMER ELEMENTO consistente en que a) alguien prive de la libertad a otro (elemento objetivo) se tiene por acreditado en autos con las declaraciones de EVM, YHH, SECR, RMR, RMP, VME, DMV y JLRM, todos de identidad resguarda, rendidas ante el agente del Ministerio Público de Acayucan, Veracruz. Declaraciones de las que se obtiene que el diecisiete de agosto de dos mil catorce, la víctima DMV fue privada de su libertad personal por dos personas de sexo masculino, luego de que asistió a un baile en el Domo del Campo Aguilera, de donde se la llevaron a bordo de una camioneta, junto con los testigos YHH y SECR, a quienes dichas personas bajaron durante el camino; asimismo, que posteriormente la testigo EVM recibió una llamada telefónica de las personas que se habían llevado a la víctima y le pidieron cuatro millones de pesos para liberarla. Esas probanzas fueron debidamente adminiculadas por el juez de origen con: la inspección ministerial que realizó el fiscal investigador en compañía de la víctima, en donde se fueron describiendo tanto el lugar donde conoció a sus secuestradores, como los lugares por los cuales se la llevaron a bordo de una camioneta; con la diversa inspección ministerial que se realizó en el rancho "El Mirador" ubicado entre las comunidades Aguilera y El Julio, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, mismo que fue reconocido por la víctima como el lugar donde la mantuvieron privada de su libertad y, con la inspección ministerial realizada a los registros de video de la cámara instalada en una tienda Oxxo, de la que se aprecia que la víctima y otra persona de sexo masculino se bajaron en dicha negociación comercial el día de los hechos, para luego salir de la misma. Asimismo, con la inspección pericial de criminalística de campo, del lugar donde fue privada de su libertad la víctima hasta el lugar donde la mantuvieron en cautiverio y, con la diversa inspección pericial de criminalística de campo, sobre la secuencia fotográfica y levantamiento de indicios practicada en el rancho "El Mirador". Con estas probanzas se logró conocer la existencia del lugar de donde la víctima fue privada de su libertad, los lugares por los cuales la llevaron a bordo de una camioneta durante el trayecto y, el lugar donde finalmente la mantuvieron cautiva. El SEGUNDO ELEMENTO consistente en b) que la privación de la libertad se haga con la finalidad de obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio (elemento subjetivo) se acreditó en autos desde el momento en que vía telefónica los plagiarios pidieron a la madre de la víctima un rescate en dinero por la cantidad de cuatro millones de pesos, a cambio de dejarla en libertad. Lo que se acredita precisamente con la declaración de la madre de la víctima EVM y del testigo JLRM, quienes se manifestaron en ese sentido. Finalmente, en lo que respecta a la agravante del delito en estudio, consistente en que: quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. Se tiene por acreditada principalmente con las declaraciones ministeriales de la víctima DMV y de los testigos YHH y SECR; pues la primera de ellas narró que fue privada de su libertad por dos personas de sexo masculino, luego de que asistió a un baile en el Domo del Campo Aguilera, de donde se la llevaron a bordo de una camioneta; lo que fue confirmado precisamente por los testigos YHH y SECR, quienes expusieron que ellos iban a bordo de la camioneta en la que dichos sujetos los llevaban junto con la víctima, pero que durante el trayecto los bajaron. Como corolario, se concluye que, con los medios de prueba relatados en párrafos precedentes, la responsable acertadamente justificó que acreditaban que la víctima fue privada de su libertad por dos personas el día diecisiete de agosto de dos mil catorce (circunstancia de tiempo) luego de que asistió a un baile en el Domo del Campo Aguilera, de donde se la llevaron a bordo de una camioneta junto con los testigos YHH y SECR, a quienes dichos sujetos bajaron durante el trayecto, para luego comunicarse vía telefónica con su madre y exigirle la cantidad de cuatro millones de pesos a cambio de su liberación (circunstancia de modo) mientras la mantenían privada de su libertad en el rancho denominado "El Mirador" ubicado entre las comunidades Aguilera y El Julio, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz (circunstancia de lugar). Por lo que, a criterio de este Juzgador Federal, no se violaron derechos humanos de la quejosa al determinar que los medios de convicción aludidos, examinados y valorados de conformidad con los artículos 276 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, son aptos y suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito en estudio. Sin embargo, como ya se anticipó, se advierte que la resolución reclamada presenta una violación formal en su emisión y que se traduce en que el juez del proceso expuso una insuficiente motivación al momento en que estableció que se encontraba justificada la probable responsabilidad penal de la inculpada en la comisión del delito atribuido. En principio, a título de premisa, es pertinente destacar que la doctrina jurídica y la jurisprudencia han reconocido a la prueba indiciaria, no sólo como una prueba en sí misma, sino como el procedimiento y conclusión (acción y efecto) de un ejercicio aprobatorio, realizado a partir de los indicios debida y fehacientemente probados en la causa, que permite transitar de una verdad conocida (precisamente a través de los indicios aludidos acreditados, se insiste, en forma fehaciente) a una verdad que se busca, es decir hacia la verdad histórica que constituye el eje rector y justifica la instauración del proceso penal. Ese tránsito, lejos de ser arbitrario, supone el despliegue de una actividad intelectual rigurosa, apegada a la técnica jurídica y plausible, desde un punto de vista lógico y natural, pues el juzgador debe cerciorarse acuciosamente que los indicios a utilizar guardan una conexión o relación estrecha, que unos se siguen de otros apegado al raciocinio lógico y, que la secuencia que atraviesa por todos ellos conduce en forma natural, sin forzamiento alguno, a una conclusión sobre la realidad histórica de los hechos materia del proceso penal. Premisas argumentativas que se contienen en los siguientes criterios sobre la naturaleza y forma de operar de la prueba indiciaria, emitidos por el máximo tribunal del país, a través de su Primera Sala, con números de tesis 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.) 1a. CCLXXXIV/2013 (10a.) 1a. CCLXXXV/2013 (10a.) y 1a. CCLXXXVI/2013 (10a.) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época y rubros: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES.", "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.", "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR.", "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. EL JUZGADOR DEBE EXPLICAR, EN LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, EL PROCESO RACIONAL A TRAVÉS DEL CUAL LA ESTIMÓ ACTUALIZADA." En ese aspecto, es menester señalar que el numeral 178 del código adjetivo penal del Estado aplicable al caso, establece: "Artículo 178. El Ministerio Público acreditará la existencia del cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la acción penal; la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad del hecho previsto como delito por la ley, salvo aquellos que para su comprobación corpórea se aplique regla especial. La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito que se le imputa y no exista acreditada a su favor alguna causa de licitud o alguna excluyente de delito." Por su parte, el artículo 171, del mismo ordenamiento dispone: "Artículo 171. El auto de formal prisión se dictará de oficio por el juez dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el indiciado sea puesto a su disposición, cuando de lo actuado aparezca que: I. Esté comprobada la existencia del cuerpo de un delito que merezca sanción privativa de libertad; II. Se haya tomado declaración preparatoria al inculpado, en la forma y con los requisitos que establece el capítulo anterior, o bien que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar; III. Contra el mismo inculpado existan datos suficientes, a juicio del tribunal, para suponerlo responsable del delito; y (.) Ahora bien, la interpretación sistemática de las disposiciones en consulta permite establecer que para emitir un auto de formal prisión se debe acreditar la probable responsabilidad del indiciado y que para tal cometido se debe verificar, en lo que en este apartado interesa, que de los medios probatorios se deduzca la participación del imputado en el delito que se le atribuye y que no esté acreditada a su favor alguna causa de licitud o excluyente del delito. En ese sentido, en la resolución sujeta a estudio constitucional se advierte que se tuvo por demostrada la probable responsabilidad de la quejosa, primordialmente con las declaraciones ministeriales de los coinculpados Ángel Pavón Hernández (fojas 106 frente y vuelta y 107 frente y vuelta) y Carlos Felipe Molina alias el "Negro" o "Tucán" (fojas 109 frente y vuelta y 110 vuelta) quienes precisaron que ella era la persona que llevaba los víveres o alimentos a la víctima. Lo que es insuficiente para justificar su participación en los hechos, ya que de las declaraciones de los aludidos coinculpados no se aprecia que estos hayan proporcionado los apellidos de la inculpada quejosa o incluso alguna característica fisonómica que permitiera conocer la identidad de la persona que señalan como "Lucero" y que dicen participó en los hechos, para así concluir que se trata de la misma persona. Tampoco se advierte que, ante la falta de precisión en las declaraciones de los aludidos coinculpados, el juez responsable haya expresado en su resolución los argumentos lógico-jurídicos necesarios para llegar a esa conclusión, es decir, que la persona que señalan los coinculpados como quien se encargó de llevar los víveres a la persona secuestrada, corresponda efectivamente con la identidad de la aquí quejosa. Y si bien esos deposados constituyen un indicio, deben complementarse en forma lógica y racional con algún otro dato probatorio que apunte a que la indiciada participó de alguna manera en la privación ilegal de su libertad, en grado probable, ejercicio que le correspondía realizar a la autoridad responsable para poder estar en aptitud de dictar un auto de formal prisión en su contra. CONCLUSIÓN Consideraciones que en su conjunto demuestran la violación señalada a los derechos fundamentales de la hoy quejosa, pues ante la deficiencia marcada en la resolución de plazo constitucional combatida, este tribunal de amparo no puede sustituirse al Juzgador natural para valorar hechos y medios de prueba que no hayan sido objeto de ponderación por parte de éste, a efecto de tener por comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de persona alguna. De tal suerte que resulta indudable que el auto de formal prisión reclamado no satisface los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica exigidos por la Constitución Federal, lo cual crea en el gobernado, aquí quejosa, un estado de incertidumbre e indefensión al no conocer con claridad los argumentos con los cuales la autoridad responsable justificó su probable participación en la comisión de los hechos de secuestro que se le atribuyen y, por ende, tampoco le permitiría en su momento, enderezar una adecuada y completa defensa y así combatir eficazmente la decisión de la autoridad. EFECTOS En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable: a). Deje insubsistente el auto de formal prisión de once de julio de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 1481/2017 de su índice. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución donde subsane el vicio formal destacado, conforme a las consideraciones apuntadas en esta sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución combatidos, al ser una consecuencia del auto de formal prisión cuya inconstitucionalidad ha sido determinada en esta sentencia. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Lucero Lara Cruz, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica por lista a la parte quejosa, por así estar ordenado en autos.
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