Miguel Ángel Díaz Montaño

Expediente 898/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
898/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Díaz Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el artículo en cita del acuerdo normativo; esto es, posterior al VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. Notifíquese como corresponda

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, seis de septiembre de 9 dos mil veintidós. 10 Visto el oficio con anexo de cuenta 11 signado por el Secretario del Juzgado 12 Segundo de Distrito de Procesos Penales 13 Federales y de Amparo en Materia Penal 14 en el Estado de Veracruz, con sede en 15 Villa Aldama, Veracruz, se advierte que en 16 auto de treinta de agosto del año en curso, 17 dictado en el juicio de amparo 209/2022-R-2 18 del índice de ese órgano jurisdiccional, se 19 ordenó la separación del juicio por diversos 20 quejosos. 21 Por tanto, este asunto se seguirá 22 únicamente por los actos que el quejoso * reclama del Personal de Seguridad y Custodia del Centro Federal de 2 Readaptación Social Número Cinco 3 Oriente, con sede en Villa, Veracruz; por 4 ende, háganse las anotaciones respectivas 5 en el libro de gobierno y regístrese con el 6 número 898/2022, que le corresponde. 7 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA 8 DEMANDA DE AMPARO 9 En principio, del análisis integral de la 10 constancia de notificación, por medio de la 11 cual el quejoso desahogo la prevención 12 formulada, se advierte que el promovente 13 señala como acto reclamado: 14 ? "Solicito atencion Médica, paraq. 15 Se Me Realice el Estudio de Mi Codo q. 16 tiene 5 años q. lo indico el especialista y 17 asta el momento no me han sacado para 18 realizarme el estudio" (sic) Ahora bien, la demanda de amparo 20 es notoriamente improcedente, lo que 21 conduce a desecharla de plano, de 22 conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra 2 dispone: 3 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional 4 que conozca del juicio de amparo indirecto 5 examinará el escrito de demanda y si 6 existiera causa manifiesta e indudable de 7 improcedencia la desechará de plano". 8 El dispositivo transcrito establece que 9 el juez de amparo tiene la obligación de 10 estudiar la demanda de garantías y de 11 encontrar un motivo manifiesto e 12 indudable de improcedencia, debe 13 desecharla de plano. 14 Ello, tomando como base que lo 15 manifiesto se da cuando el motivo de 16 improcedencia se advierte en forma patente 17 y absolutamente clara de la lectura del 18 ocurso. 19 Por su parte, lo indudable resulta de 20 la certidumbre y plena convicción que se 21 tenga de que la causa de improcedencia en 22 estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la 2 demanda y se substanciara el 3 procedimiento, no resultara factible formarse 4 una convicción diversa, independientemente 5 de los elementos que eventualmente 6 pudieran allegar las partes. 7 Tal consideración se encuentra 8 sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida 9 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 10 Administrativa del Primer Circuito, 11 consultable a página ochocientos noventa, prevista por el artículo 61, fracción XX, de 2 la Ley de Amparo, que establece: 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es 4 improcedente: 5 (.) 6 XX. Contra actos de autoridades 7 distintas de los tribunales judiciales, 8 administrativos o del trabajo, que deban ser 9 revisados de oficio, conforme a las leyes 10 que los rijan, o proceda contra ellos algún 11 juicio, recurso o medio de defensa legal por 12 virtud del cual puedan ser modificados, 13 revocados o nulificados, siempre que 14 conforme a las mismas leyes se suspendan 15 los efectos de dichos actos de oficio o 16 mediante la interposición del juicio, recurso 17 o medio de defensa legal que haga valer el 18 quejoso, con los mismos alcances que los 19 que prevé esta Ley y sin exigir mayores 20 requisitos que los que la misma consigna 21 para conceder la suspensión definitiva, ni 22 plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, 2 independientemente de que el acto en sí 3 mismo considerado sea o no susceptible de 4 ser suspendido de acuerdo con esta Ley. 5 No existe obligación de agotar tales 6 recursos o medios de defensa, si el acto 7 reclamado carece de fundamentación, 8 cuando sólo se aleguen violaciones directas 9 a la Constitución o cuando el recurso o 10 medio de defensa se encuentre previsto en 11 un reglamento sin que la ley aplicable 12 contemple su existencia. 13 Si en el informe justificado la 14 autoridad responsable señala la 15 fundamentación y motivación del acto 16 reclamado, operará la excepción al principio 17 de definitividad contenida en el párrafo 18 anterior; 19 (.)". 20 De acuerdo con la disposición 21 transcrita, el promovente antes de acudir al 22 juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales 2 judiciales, administrativos o del trabajo, 3 debe agotar previamente algún recurso o 4 medio de defensa legal por virtud del 5 cual pueda ser modificado, revocado o 6 nulificado el acto reclamado. 7 Lo anterior, siempre que conforme 8 con las mismas leyes se suspenda el efecto 9 de dicho acto de oficio o mediante la 10 interposición del juicio, recurso o medio de 11 defensa legal que haga valer el promovente, 12 con los mismos alcances que los que prevé 13 la Ley de Amparo y sin exigir mayores 14 requisitos que los que la misma 15 consigna para conceder la suspensión 16 definitiva, ni plazo mayor que el que 17 establece para el otorgamiento de la 18 suspensión provisional, independientemente 19 de que el acto en sí mismo sea 20 considerado, o no, susceptible de ser 21 suspendido de acuerdo con esa ley. Por otra parte, debe decirse que los 2 artículos 1, 2, 9, 30, 74 a 78, 107 a 116 y 3 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución 4 Penal, cuyo ámbito de aplicación es para 5 todas las personas privadas de la 6 libertad, sin importar el estado en que se 7 encuentre su proceso penal, prevén un 8 mecanismo de control que incide 9 respecto de las condiciones de 10 internamiento de las personas en 11 reclusión. 12 El cual, otorga la posibilidad de 13 formular peticiones administrativas y que 14 cumple con todas las características de un 15 medio de defensa sencillo, rápido y eficaz; 16 por lo que, los internos se encuentran 17 facultados para reclamar sin mayores 18 formalismos, ante la autoridad penitenciaria 19 o el juez respectivo, las omisiones 20 inherentes a sus condiciones de 21 internamiento. Condiciones relacionadas con su 2 salud, lugar de reclusión, cambio de 3 módulos, estancias, dormitorios, 4 alimentación, entrega de vestimenta y 5 artículos personales y, en general, con 6 todos los actos que afecten sus 7 condiciones de vida digna y segura en 8 reclusión. 9 Además, el citado instrumento ofrece 10 una asistencia continua y personalizada al 11 recluso, pues en ciertos supuestos, podrá 12 acudir de manera directa a la autoridad 13 penitenciaria a explicarle su petición, la 14 razón de ésta y a ofrecer las pruebas que 15 estime conducentes para apoyarla. 16 De igual manera, la autoridad 17 penitenciaria, con la finalidad de proteger 18 los derechos del interno, deberá allegarse 19 oficiosamente de las pruebas necesarias 20 para responder de manera óptima la 21 petición. También, ofrece la posibilidad que la 2 violación reclamada sea reparada por la 3 autoridad penitenciaria y que la persona 4 privada de su libertad impugne ante el juez 5 de ejecución o control, según 6 corresponda, la respuesta de la citada 7 autoridad si estima que es contraria a sus 8 intereses; o bien, la omisión de dar 9 contestación a la petición relativa. 10 Pues dispone que si la petición no 11 fuera resuelta dentro del plazo legal, el 12 peticionario del amparo estaría en 13 posibilidad de agotar el procedimiento 14 y los medios de impugnación 15 específicamente determinados por la Ley 16 Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez 17 de Ejecución. 18 Quien tiene la facultad de conocer 19 de controversias relacionadas, entre otras 20 cosas, con las condiciones de 21 internamiento y cuestiones relacionadas 22 con las mismas. Asimismo, establece la posibilidad de 2 apelar la determinación del juez en caso 3 de considerar que ésta es contraria a sus 4 derechos. 5 Del mismo modo, el mecanismo de 6 control establece que cuando el acto 7 omisivo constituya un caso urgente, el 8 interno tendrá la posibilidad de acudir 9 directamente ante el juez correspondiente, 10 quien previamente a resolver en definitiva, 11 suspenderá de oficio y de inmediato el 12 acto de ser positivo, o bien, si es un acto 13 omisivo, ordenará a la autoridad 14 penitenciaria, también de oficio y de 15 inmediato, que realice las acciones 16 positivas correspondientes. 17 Igualmente, dicho mecanismo de 18 control otorga la facultad a la parte 19 legitimada para que sea ella quien decida 20 optar por la petición administrativa no 21 urgente, o bien, la petición administrativa 22 por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo, de 2 ser procedente, sea suspendido e incluso 3 que las autoridades administrativas realicen 4 las acciones positivas necesarias a fin de 5 que la omisión reclamada cese de inmediato 6 o deje de existir. 7 Atento a lo expuesto, quien se duele 8 de la afectación de un derecho, primero 9 debe ejercer su acción en la instancia 10 jurisdiccional, ante quien solo basta la 11 simple petición de la suspensión del acto 12 reclamado y, solo en el caso que agotado 13 el trámite la decisión final no le satisfaga, 14 puede acudir a la instancia 15 constitucional. 16 Además, en relación con lo anterior, el 17 Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, 18 en la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), 19 determinó que entre los actos que 20 conforman las condiciones de 21 internamiento, se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, 2 sea o no urgente. 3 Bajo estas premisas, en el caso, de la 4 prevención desahogada, se observa que la 5 parte quejosa hace consistir el acto 6 reclamado en la solicitud de atención 7 médica y uniforme. 8 Actos que inciden directamente en las 9 condiciones de internamiento de la parte 10 quejosa; por lo tanto, se deduce que contra 11 aquél puede interponer a su favor, sin 12 mayores formalidades y auxiliado por la 13 propia autoridad carcelaria, petición 14 administrativa. 15 Y, en caso de que ésta resultara en 16 sentido contrario a sus intereses, se 17 emitiera fuera del término legal, o bien, no 18 se diera contestación a la misma; el 19 peticionario del amparo estaría en 20 posibilidad de agotar el procedimiento y 21 los medios de impugnación 22 específicamente determinados por la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez 2 de Ejecución. 3 Es aplicable al caso, la jurisprudencia 4 PC.III.P. J/18 P (10a.), emitida por el Pleno 5 en Materia Penal del Tercer Circuito, visible 6 en la página 1701, Libro 58, Septiembre de 7 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario 8 Judicial de la Federación, identificada con 9 número de registro 2017822 y rubro: 10 "PERSONAS PRIVADAS DE SU 11 LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS 12 RELACIONADOS CON LAS 13 CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, 14 COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE 15 ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA 16 URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL 17 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 18 PETICIONES Y LOS MEDIOS DE 19 IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY 20 NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, 21 PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO 22 DE AMPARO." Ahora bien, toda vez que del estudio 2 integral de la demanda de amparo y de la 3 prevención desahogada por el quejoso, se 4 advierte que la parte quejosa no agotó el 5 procedimiento previamente referido, esto 6 es, no formuló la petición administrativa 7 correspondiente ni acudió ante el Juez de 8 Ejecución a hacer valer los medios de 9 defensa que la Ley de Ejecución le 10 concede, se deduce que se actualiza la 11 causa de improcedencia invocada. 12 Lo anterior es así, ya que por virtud de 13 la condición de los internos en un centro de 14 reclusión, le son aplicables los 15 procedimientos y mecanismos de protección 16 previstos en la Ley Nacional de Ejecución 17 Penal, de ahí que resultaría innecesario 18 esperar al resultado de la tramitación del 19 juicio, si de cualquier forma la evaluación 20 posterior del acto, en ese mismo escenario, 21 no conduciría a una conclusión distinta Sirve de apoyo a lo anterior la 2 jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), 3 sustentada por la Primera Sala de la 4 Suprema Cortes de Justicia de la Nación, 5 consultable en la página 230, Libro 61, 6 Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta 7 del Semanario Judicial de la Federación, de 8 rubro: 9 "OMISIONES INHERENTES A LAS 10 CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. 11 PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA 12 PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE 13 AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL 14 PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE 15 EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR 16 AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." 17 Pues opinar lo contrario, daría lugar a 18 una situación permanente de inseguridad 19 jurídica en relación con todos los actos de 20 autoridad, al dejarse al arbitrio de los 21 gobernados interponer o no los recursos 22 previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que 2 resulta ajeno y contrario a los fines que 3 persigue el juicio de amparo y la propia 4 Constitución Federal. 5 Luego, si bien la causa de 6 improcedencia prevista en el artículo 61, 7 fracción XX de la Ley de Amparo, prevé una 8 hipótesis de excepción, lo cierto es que este 9 juzgado estima que la misma no se 10 actualiza, por las consideraciones 11 siguientes. 12 En principio, cabe destacar que la Ley 13 Nacional de Ejecución Penal, entró en 14 vigor desde el diecisiete de junio de dos 15 mil dieciséis, esto es, con posterioridad a 16 la entrada en vigor de la Ley de Amparo 17 vigente, publicada en el Diario Oficial de la 18 Federación el dos de abril de dos mil 19 trece. 20 Ahora bien, de la lectura integral de 21 dicha Ley Nacional, se advierte que la 22 intención del legislador, fue la de crear un órgano (Juez de Ejecución) encargado de 2 garantizar que las personas privadas de la 3 libertad, gocen durante el tiempo que deba 4 durar la medida de internamiento decretada, 5 de los derechos y garantías fundamentales 6 que le reconoce la Constitución, los 7 Tratados Internacionales, demás 8 disposiciones legales y esa ley, ello de 9 conformidad con lo dispuesto en los 10 artículos 25, fracción I del citado cuerpo de 11 leyes. 12 Dicha autoridad que además, tiene la 13 obligación de promover, respetar, proteger y 14 garantizar dichos derechos humanos, 15 conforme a lo previsto por el numeral 73 de 16 la citada ley. 17 Por otra parte, no debe perderse de 18 vista que, aun cuando el juicio de amparo es 19 un medio extraordinario de defensa que 20 garantiza la protección de los derechos 21 humanos, lo cierto es que, solamente está 22 para cuando no existe alguna autoridad con facultades constitucionales para 2 remediar dichas violaciones a esos 3 derechos humanos, como en el caso, que 4 el legislador mexicano decidió otorgar la 5 facultad de garante como Juez Natural de 6 esos derechos fundamentales previstos en 7 la Constitución y los Tratados 8 Internacionales de Derechos Humanos, al 9 Juez de Ejecución. 10 Además, la herramienta prevista en la 11 citada Ley Nacional, favorece en gran 12 medida a los internos y partes legitimadas 13 para promoverla, debido a que su 14 tramitación es mucho más breve que la de 15 un juicio de amparo indirecto. 16 Máxime que, el legislador en la Ley 17 Nacional de Ejecución Penal, previó una 18 mayor protección de derechos humanos que 19 la propia Ley de Amparo, en virtud de que, 20 en el amparo únicamente la protección 21 es relativa, esto es, solo para quien 22 promueve el juicio de amparo. Sin embargo, el legislador en el 2 artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó 3 al Juez de Ejecución, la herramienta de 4 protección erga homnnes a través de 5 realizar una declaratoria de un estado de 6 cosas inconstitucional, es decir, con 7 efectos no solo para el quejoso o quien 8 promueve la petición administrativa o el 9 recurso, sino también para otros que no 10 promovieron el medio de defensa. 11 En tal sentido, como ya se precisó, el 12 impetrante de amparo debe de acudir ante 13 el Juez de Ejecución, quien tiene la 14 obligación de promover, respetar, proteger y 15 garantizar los derechos humanos 16 consagrados en la Constitución y los 17 Tratados Internacionales de los que el 18 Estado mexicano sea parte, por lo que por 19 reserva de ley, no se actualiza el caso de 20 excepción previsto por el segundo 21 párrafo de la fracción XX del numeral 22 citado. Aunado a que, conforme a lo 2 ordenado en el artículo 1° Constitucional, 3 de privilegiarse el mayor beneficio de la 4 persona, que se consigue aplicando, en 5 este caso específico, la Ley Nacional de 6 Ejecución Penal. 7 En consecuencia al actualizarse la 8 causa de improcedencia anunciada, con 9 fundamento en el artículo 61, fracción XX, 10 en relación con el diverso 113, ambos de 11 la Ley de Amparo, SE DESECHA DE 12 PLANO LA DEMANDA, origen de este 13 juicio. 14 Lo anterior guarda congruencia al 15 considerar que admitir y dar trámite al juicio 16 a nada jurídicamente práctico llevaría, razón 17 por la cual es mejor que la parte quejosa 18 tenga conocimiento desde el inicio del 19 resultado del análisis preliminar de la 20 demanda de garantías y, a su vez, se evite 21 la práctica de un trámite innecesario en 22 atención a lo establecido por la garantíaprontitud en la impartición de justicia 2 prevista en el artículo 17 Constitucional, lo 3 que incluso permite que el promovente 4 interponga oportunamente los medios 5 ordinarios para defender sus derechos. 6 Sirve de apoyo a lo anterior la 7 Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena 8 Época, con número de registro 174737, 9 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 10 en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible 11 en el Semanario Judicial de la Federación y 12 su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, 13 Materia Común, página 921 de rubro y texto 14 siguiente: 15 "DESECHAMIENTO O 16 SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE 17 AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE 18 JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD 19 JURÍDICA." 20 Sin que haya lugar a realizar 21 pronunciamiento alguno respecto del acto 22 reclamado precisado en el escrito inicial de demanda. 2 Lo anterior, en virtud de que en auto 3 de * el 4 Juzgado Segundo de Distrito de 5 Procesos Penales Federales y de 6 Amparo en Materia Penal en el Estado de 7 Veracruz, con sede en Villa Aldama, 8 Veracruz, realizó una prevención, para 9 efectos de que precisara cuales son los 10 actos en específicos que refiere reclamar. 11 Y toda vez que, del contenido de la 12 constancia de notificación de * en curso, se advierte que al 14 momento de ser notificado el aquí quejoso * manifestó 16 que el acto que reclama lo hizo consistir en: 17 ? (.) "atencion Médica, paraq. Se 18 Me Realice el Estudio de Mi Codo q. tiene 19 5 años q. lo indico el especialista y asta 20 el momento no me han sacado para 21 realizarme el estudio" (sic) (...)

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