Miguel Ángel Cornelio Ancona y Otros.

Expediente 99/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
99/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Cornelio Ancona y Otros.
  • Miguel Ángel Cornelio Ancona

Actuaciones

  1. Principal

    Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, declaro infundado recurso de queja ; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, admitió a trámite recurso de queja interpuesto por los quejosos.

  3. Principal

    Promovente interpone recurso de queja; dese trámite; ríndase informe respectivo: ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO; envíese copia certificada a la Oficina de Correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito; con original de escrito de expresión de agravios y copia para Fiscal Federal.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PARA PARTE PROMOVENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 99/2018 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: Xalapa, Veracruz, siete de febrero de dos mil dieciocho. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Pues bien, como se anunció, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, puesto que los promoventes carecen de interés jurídico y legítimo para impugnar el acto reclamado. El artículo en comento es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra las normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.). Conforme a la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se amplió el concepto de interés de parte agraviada bajo el que se definía el interés jurídico para promover el juicio de amparo. Incorporando -en lo que interesa- el concepto de interés legítimo, cuando se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Ley Suprema y con ello se afecte la esfera jurídica del ciudadano, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Aunado a lo anterior, los promoventes señalan que tienen el temor "fundado" de no tener claro los conceptos de los términos de Seguridad Interior; por riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional; acciones para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior; situación que potencialmente; actos de resistencia; uso racional y proporcional, expresadas en la ley que tilda de inconstitucional. Además, que se contraviene con dicha ley las labores de seguridad que son competencia entre municipios, estados y federación, pues el artículo 129 de la Constitución General de la República, prevé cuales son las funciones del ejército, marina y fuerzas aéreas. No obstante, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que la actividad legislativa se realice acorde a las leyes y reglamentos aplicables. Sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de los quejosos; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio de los accionantes. Por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de los promoventes de amparo. Lo anterior, se pone de relieve cuando los propios impetrantes de garantías manifiestan en su demanda que para acreditar el interés legítimo y reclamar la ley impugnada se debe atender que su acción nace de la dignidad humana y al principio rector del derecho, el cual es el bien común, lo que constituye el fin último del derecho. En tal caso, a pesar de que a todos los habitantes de esta república les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de garantías. Porque al ser global se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente en el territorio nacional, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, necesario para acudir al juicio de amparo. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. En conclusión, los quejosos no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. Así las cosas, y en estricto acatamiento de los criterios emitidos, debe establecerse de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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