Miguel Angel Delgadillo Tejeda
Expediente 744/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Angel Delgadillo Tejeda
- Fiscalia del Estado de San Luis Potosi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Con fundamento en el artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es conservable, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Se hace del conocimiento de las autoridades. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que ratificara ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito presentado ante este Juzgado con fecha dos de junio del año en curso, mediante el cual Francisco Javier Hernández Rocha, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Miguel Ángel Delgadillo Tejeda, aduce que su representado solicitó desistirse del presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya realizado lo propio; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído de seis de junio de dos mil veintitrés y se continúa con el trámite en el presente asunto. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que Miguel Ángel Delgadillo Tejada, promovió demanda de amparo contra actos del Fiscalía del Estado de San Luis Potosí, y otras autoridades; los cuales se hicieron consistir en la detención de treinta y uno de mayo del presente año; la omisión de permitir a la parte quejosa el uso de medicamentos y terapias en contra de la Cardiopatía Hipertensiva Crónica, diabetes mellitus tipo 2, e hipertensión esencial crónica; y la omisión de trasladarlo a un centro de salud. En acuerdo de uno de junio del año en curso se decretó la suspensión de oficio y de plano, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de permitir a la parte quejosa el uso de medicamentos y terapias en contra de la Cardiopatía Hipertensiva Crónica, diabetes mellitus tipo 2, e hipertensión esencial crónica, y se comisionó a uno de los actuarios de la adscripción, para que notificara al directamente quejoso a fin de que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días ratificara la demanda de amparo, por lo que el acta correspondiente, el actuario de la adscripción hizo constar que el directamente quejoso ratificó la demanda. En proveído de uno de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda y se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, los cuales se agregaron en auto de seis, siete y ocho siguientes. Finalmente, el tres de junio del año en curso se tuvo por recibido el informe relativo a la suspensión de plano signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos de la Fiscalía General del Estado, en el que informó que se notificó al quejoso su libertad el dos de junio del presente año, cuya constancia remitió en copia certificada, la cual constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se desprende que a las once horas de la fecha referida, se hizo el conocimiento del aquí quejoso del acuerdo de libertad, en presencia de su defensora particular. Por tanto, se advierte que en este juicio ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". La norma transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento, ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, en que se verifique un cambio de situación jurídica que tenga por efecto considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la situación prevaleciente. En ese orden de ideas, si el quejoso se encontraba detenido a disposición del Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Trámite Común con Detenidos, y posteriormente puesto en libertad el dos de junio del año en curso, se arriba a la conclusión de que ha operado un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, esto es, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos combatidos sin afectar la situación jurídica del quejoso, al haber sido puesto en libertad; determinación esta última que cuenta con autonomía e independencia respecto de los actos reclamados, y de ahí que resulte jurídicamente imposible el análisis de la situación anterior en la cual se encontraba el quejoso. Es aplicable la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Consecuentemente, al haber sobrevenido la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. A fin de reforzar lo anterior, es de citarse la Tesis 2a./J.10/2003, publicada en el Tomo XVII, del mes de Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE: De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo expuesto en la presente determinación, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, se precisa que algunos de los criterios que fueron invocados en esta sentencia se citaron en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo1, en razón de que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común con Detenidos; con su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, particualertmente el proveído dictado el dos de junio de dos mil veintidós en el presente juicio de amparo, por el cual este órgano jurisdiccional, reservó a proveer lo conducente en cuanto a las pruebas periciales en materia de topografía, minería y agronomía, así como la testimonial y la inspección judicial, propuestas por la parte quejosa, hasta en tanto obraran la totalidad de las constancias necesarias para su desahogo, lo cual ya aconteció. Se admiten periciales En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas periciales en materia de topografía, minería y agronomía, ofrecidas por la quejosa. Vista cuestionario Por tanto, con fundamento en el citado artículo 119 de la Ley de Amparo, se concede a las partes el plazo de tres días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, para que, si lo estiman necesario, adicionen a los cuestionarios respectivos -con los cuales se les corre traslado-, lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, se desahogarán las aludidas pruebas únicamente sobre los puntos indicados en los cuestionarios exhibidos ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante los escritos registrados con los progresivos de correspondencia interna 17384 y 237, previa su calificación. Requerimiento de perito. Por otra parte, en atención a que de los escritos presentados por la parte quejosa, por los cuales ofrece como pruebas de su parte las periciales en comento, no se advierte la designación de peritos de su parte, para el desahogo de las mismas. En consecuencia, de conformidad con el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, señale el nombre y domicilio de los peritos que habrán de desahogar las pruebas periciales que ofertó. Asimismo, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, gírese oficio al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, para que en auxilio de las labores de la Justicia Federal, proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan fungir como peritos oficiales en materias de topografía, minería y agronomía, por parte de este Juzgado. Lo anterior hágase saber a las partes para que de considerarlo necesario, designen peritos a su cargo en términos del numeral anteriormente señalado; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna se entenderá que son conformes con el dictamen que emita el perito designado por este Juzgado. Se reservan pruebas testimonial e inspección judicial Resérvese acordar lo conducente respecto de las diversas pruebas testimonial e inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto se desahoguen las periciales en comento. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente
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