Miguel Angel Delgadillo Cruz

Expediente 1010/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1010/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/10/2019

Partes del expediente

  • Miguel Angel Delgadillo Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, con copias que acompaña, mediante el cual desahoga el requerimiento con el que se le conminó en proveído de tres de octubre pasado; en atención a su contenido, se provee: En concepto de esta juzgadora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, ante la actualización del aludido motivo de inejercitabilidad, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, con copias que acompaña, mediante el cual desahoga el requerimiento con el que se le conminó en proveído de tres de octubre pasado; en atención a su contenido, se provee: Examinada la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama del Juez Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, en Matehuala, San Luis Potosí: ? El auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el diverso desechamiento de la apelación hecha valer contra la resolución de adjudicación de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio hipotecario 440/2011. En concepto de esta juzgadora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De lo transcrito se desprende, que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva pronunciada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y por ello estipuló que la última resolución tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido éste, debe ser entendida como aquélla que: a) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o b) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o c) ordena el archivo definitivo del expediente. Ahora, en el caso de instar el juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan a su resultado. Se observa que, tratándose de actos de remate, el legislador en aras de claridad y certeza fue incluso más específico precisando que la última resolución del procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez que el bien inmueble sujeto a remate fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, el primero, consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución emitida fuera del juicio -remate- por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto consistente en asegurar que la promoción del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se promuevan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente mediante la instauración sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Ahora bien, no obstante que el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, precise que el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que como característica principal corresponda a la definitiva del remate, refiriéndose a aquélla en la cual ya esté firme la determinación de adjudicación y, por ende, la responsable pueda: I) ordenar la escrituración del bien inmueble sujeto a remate y II) ordenar la entrega material del bien inmueble al adjudicado, al quedar firme la adjudicación ya existe la presunción que la responsable puede girar las órdenes relativas a la desocupación del inmueble de ser requerida, en tanto que la adjudicación ya es definitiva y ya no tiene posibilidad de ser impugnada al considerarse firme, por lo que basta emitir la orden de escrituración para corroborar que la entrega material del bien inmueble puede efectuarse, sin que sea necesario emitir una orden a este respecto. Pues, debido a la lógica de los objetivos que pretende satisfacer el requisito de procedencia del amparo indirecto, se puede inferir que la "última resolución" a la que alude el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se refiere a la característica de firmeza en la adjudicación del bien rematado, en la lógica de que una vez que está firme la adjudicación es posible ordenar la escrituración, o bien, la formalización de la transmisión de propiedad y la entrega material del bien inmueble, actos que dictados de forma conjunta o separada, constituyen de forma indistinta la culminación del procedimiento de remate. En tanto, se insiste que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de los actos intermedios del procedimiento de remate, dado que las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues de permitirse el ejercicio de la acción de amparo se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución de sentencias y con ello se trastoca la efectividad del derecho humano a la tutela judicial lo que resulta en un contrasentido al objeto del juicio constitucional. De suerte que es posible afirmar que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, al prever como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, que tratándose de actos de remate, éste debe promoverse en contra de la resolución definitiva del remate, la cual consiste en la orden de escrituración y la orden de entrega del bien rematado, lo que conlleva a que debe entenderse que dada la definitividad en la determinación de adjudicación, es indistinto que la responsable dicte la orden de escrituración únicamente o en conjunto con la entrega material del bien, en tanto que la adjudicación adquirió firmeza, ya sea porque no se interpuso algún medio de defensa en contra de la determinación de adjudicación del inmueble sujeto a remate, o bien porque habiéndose interpuesto un medio de defensa o recurso, éste ya se resolvió en el sentido de confirmar la adjudicación, lo que posibilita que la responsable ordene la formalización de la transmisión de propiedad mediante la escritura pública, bastando este acto para considerar culminado el remate, sin ser óbice que a su vez la responsable ordene la entrega material del bien, pues lo relevante para efectos de la procedencia del juicio de amparo es que tanto la orden de escrituración y la entrega del bien puedan realizarse dada la firmeza que ha adquirido la adjudicación del bien sujeto a remate. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Estado, publicada en la página 1066 del libro 29, abril de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Asimismo, resulta aplicable la diversa 1a./J. 57/2019 (10a.) del mismo órgano colegiado, publicada el viernes veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En el caso concreto, el quejoso reclama el acuerdo por el que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el diverso desechamiento que hizo valer contra la resolución por la que se le adjudicó -en su carácter de postor- el bien inmueble afecto a la controversia -a razón de lo expresado en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad- por la cantidad de $195,000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto del cual queda un remanente por liquidar de $175,800.00 (ciento setenta y cinco mil ochocientos pesos 00/10 moneda nacional), ya que compareció a la almoneda con $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional). Además, en esta resolución se precisó que una vez que causara ejecutoria se requeriría a la parte demandada para que otorgara la escritura de venta respectiva a favor del aquí actor constitucional. Con lo anterior se evidencia, que la resolución de adjudicación que dio origen al acto reclamado, carece de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en el procedimiento de remate, ya que si bien, en ésta se adjudicó el bien de que se trata al quejoso, no menos lo es que no se ha ordenado la escrituración voluntaria del inmueble, que constituye el acto contra el cual efectivamente procede la acción constitucional. Además, debe tomarse en consideración que aquella adjudicación está condicionada a que el adjudicatario haga el pago del remanente de la cantidad por la que se subastó el bien raíz de que se trata, pues de no hacerlo se podría sacar nuevamente a remate de conformidad con el artículo 1085 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado . Ante tal circunstancia, es palmario que el acuerdo por el que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el desechamiento de la apelación hecha valer contra la resolución de adjudicación del bien inmueble afecto al controvertido de origen, no constituye la "última resolución" en el procedimiento de remate de que se trata, en tanto que carece de firmeza legal y, por ende, en su contra es improcedente el juicio constitucional en términos del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, ante la actualización del aludido motivo de inejercitabilidad, lo que procede es desechar de plano la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Téngase recibido el escrito de demanda presentado por Miguel Ángel Delgadillo Cruz, contra actos del Juez Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matehuala y de otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1010/2019-V. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, y a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la demanda de que se trata, requiérase al quejoso por el término de cinco días. N.P.

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