Miguel Ángel del Río Mendoza

Expediente 462/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
462/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel del Río Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del cuatro al diecinueve de octubre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este Juzgado, el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 462/2017; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no se tramitó incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa y, por tanto, la parte quejosa no exhibió billete de depósito. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno, en sesión celebrada por el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete. Que el término de tres días concedido al tercero interesado Arturo Chávez Rosales, por auto de doce de mayo de dos mil diecisiete (fojas 33-76), para que señalara domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió del veintidós al veinticuatro del mismo mes y año, sin que lo haya hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta al Juez con la certificación y la razón actuarial que anteceden. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la razón asentada el dos de octubre del año actual, por el actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no le fue posible notificar al tercero interesado Arturo Chávez Rosales, la resolución del veintinueve de septiembre del mismo año, dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante de haber sido emplazado al presente juicio de amparo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete y se ordena notificarle la citada sentencia, así como las subsecuentes de carácter de personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 462/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Ángel del Río Mendoza, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión emitida contra el quejoso, en la causa penal 43/2017. Acto que consideró violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, la demanda de derechos se remitió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; quedando registrada con el consecutivo 67/2017; y en auto de veinticuatro de enero del presente año la admitió a trámite; se solicitó informe con justificación a las responsables; se ordenó emplazar a los terceros interesados, entre ellos a los agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de esta ciudad de Zacatecas, de Jerez de García Salinas, de Fresnillo y de Tlaltenango, todos del Estado de Zacatecas; se dio la intervención que legalmente compete a la Representación Social Federal adscrita al citado Tribunal de Amparo. TERCERO. Por auto de siete de abril del año en curso, ante la existencia de diversas órdenes de aprehensión dictadas contra el aquí quejoso en distintas causa penales, el Juez Segundo de Distrito en el Estado determinó la separación de juicios; por lo que, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, remitió copias certificadas de las constancias necesarias, a este órgano de control constitucional; y en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado el expediente con el número 462/2017; sin que se requiriera informe justificado a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de esta ciudad de Zacatecas, por ya haberlo rendido con anterioridad; ni emplazar al tercero interesado Arturo Chávez Rosales, por haberse ordenado en el expediente de amparo 67/2017. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: La orden de aprehensión dictada el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 43/2017 del índice del Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Zacatecas, instruida contra Miguel Ángel del Río Mendoza, por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de fraude específico. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento aceptó la emisión de la orden de aprehensión reclamada (foja 14). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicho juzgador remitió audio y video de la audiencia celebrada en la fecha antes indicada, en la que emitió la orden de aprehensión reclamada; así como la transcripción de dicha determinación; documentales que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Ausencia de transcripción de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio a las partes ni existir disposición legal que obligue a ello, según establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Los conceptos de violación resultan infundados; sin que se advierta vulneración de derechos en perjuicio del quejoso que amerite suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. Como antecedente del acto reclamado se destaca que en audiencia celebrada el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, a solicitud del agente del Ministerio Público investigador, el Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, emitió orden de aprehensión contra el quejoso en la causa penal 43/2017, por estimar que existían datos prueba suficientes para considerarlo como probable responsable del hecho ilícito tipificado como fraude específico, previsto en la fracción XVII del artículo 340 y sancionado por la fracción IV del numeral 339 del Código Penal del Estado (fojas 16 a 23). El referido mandato de captura constituye la materia de la presente instancia constitucional. En sus motivos de disenso el promovente del amparo en esencia aduce que se vulnera en su perjuicio el texto del artículo 16 constitucional, segundo párrafo, ya que no se ha visto involucrado en hecho alguno que pudiendo tipificarse como delito, merezca pena privativa de libertad, por lo que la autoridad señalada como responsable no dispone de ninguna base legal para ordenar su detención, por lo que su actuar resulta ilegal. Tales argumentos son infundados. En efecto, el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, se reitera, establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El precepto anterior establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad. b) Deben existir datos que evidencien: (i) la existencia del hecho ilícito y (ii) la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regula las formas en que el imputado puede ser conducido al proceso, al establecer: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Del precepto trascrito se deduce, en principio, que la obligación del inculpado de comparecer al procedimiento tiene como presupuesto que se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Colmados esos requisitos, el juez puede incorporarlo al proceso a través de: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Así, se advierte que el citatorio constituye la regla general para incorporar al inculpado al proceso penal, ya que la orden de comparecencia y la de aprehensión proceden de manera supletoria o en supuestos específicos; por tanto, las dos últimas constituyen supuestos de excepción para conducir al inculpado al proceso, por lo que deben justificarse plenamente los requisitos para su emisión. En ese tenor, los requisitos para que la autoridad judicial emita una orden de aprehensión son: I. La existencia una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito que se sancione con pena privativa de libertad. II. Obren datos suficientes que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. III. Se demuestre que existe necesidad de cautela. Además, la codificación procesal en consulta también prevé diversas hipótesis para librar el mandamiento de captura en comento, como son: que el imputado se resista o evada la orden de comparecencia judicial; cuando se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia; o, cuando se incumpla con una medida cautelar y el juez lo estime estrictamente necesario. En ese contexto, el estándar de prueba para que se emita una orden de aprehensión consiste en que los datos de prueba invocados por el agente del Ministerio Público, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, por lo cual no debe realizarse un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad). Lo anterior, atendiendo a que en la apertura del proceso penal, el inicio de la investigación judicializada tiene como finalidad esclarecer los hechos, por lo que debe privilegiarse su inició, partiendo de que sea razonable considerar que éstos son relevantes penalmente. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la tesis XV.3o.3 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, página 2320: ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Acorde con el citado criterio, los datos de prueba deben ser suficientes para establecer que aconteció un hecho presumiblemente ilícito y que probablemente el imputado fue el responsable, con independencia de los elementos específicos del tipo penal de que se trate y de su clasificación legal. Bajo ese panorama, el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. El precepto citado dispone que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas; es decir, debe razonar de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Por su parte, los artículos 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. De los preceptos anteriores se obtiene que la carpeta de investigación es el instrumento legal a través del cual el Ministerio Público registra la indagatoria, por lo que constituye los antecedentes sustento de sus pretensiones. El medio de prueba se refiere a los elementos cuyo contenido directamente permite reconstruir los hechos. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional. Y la prueba es la consideración de que un hecho ha acontecido, lo que puede ser determinado en grado de probabilidad o con certeza. Por tanto, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De manera que los datos de prueba no son formalmente los medios de convicción, ya que aún no han sido desahogados, sino el informe que de su contenido realizan las partes, es decir, que forman parte de argumentación de hechos que se realice en las audiencias en que se haga referencia a aquéllos. En consecuencia, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social son los elementos que la autoridad judicial debe analizar al emitirse una orden de aprehensión. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver la contradicción de tesis 160/2010: En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio.." Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 993: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. En ese tenor, para ordenar la conducción del inculpado al proceso, el juzgador penal solo puede basarse en el grado de razonabilidad de los datos que el Ministerio Público refiera demuestran que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. En el caso materia de análisis en esta instancia constitucional, se comulga con el juez responsable en cuanto consideró que existen datos de prueba suficientes para acreditar, en grado de probabilidad, que el quejoso había cometido un hecho ilícito que podía constituir el delito de fraude específico. La teoría del caso que se estimó razonable, se sustentó en los datos de prueba aportados por la fiscalía, los cuales ponderó el juzgador, destacando los siguientes: Denuncia formulada por Arturo Chávez González, ante el Ministerio Público el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la que expuso que el uno de marzo del año citado, el imputado se presentó en su domicilio ubicado en calle Rodríguez Elías 244, de la comunidad de Benito Juárez, Zacatecas, haciéndole saber que se dedicaba a la compraventa de chile y que le habían informado que el denunciante tenía ese producto para vender, entregándole el inculpado una tarjeta en la que aparecía su nombre y un número telefónico al que posteriormente le llamaron, por lo que éste acudió al domicilio de la víctima y pactaron la venta de una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos de chile guajillo; acordando la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos, que se pagó mediante un cheque de la institución bancaria Banamex, aunque se expidió sesenta y tres mil setecientos pesos, es decir, por una cantidad inferior a la pactada. Agregó el denunciante que intentó cobrar dicho documento ante la referida institución crediticia y que en un primer momento le dijeron que no estaba llenado de forma correcta y posteriormente se le indicó que no se le podía pagar el cheque por falta de fondos. Declaración de Pascuala López Chávez, quien dijo ser esposa de Arturo Chávez Rosales (víctima); y que en marzo de dos mil dieciséis acudió a la comunidad donde viven Miguel Ángel del Río, habiendo llegado a su domicilio les dejó un número telefónico para cuando quisieran vender su cosecha de chile guajillo; que una vez que la declarante le habló por teléfono el inculpado se presentó en su domicilio acompañado de uno de sus trabajadores y pactaron la venta de una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos de ese producto, acordando la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos, misma que pagó con un cheque expedido a nombre del esposo de la deponente por sesenta y tres mil setecientos pesos, sin darse cuenta que dicha cantidad era incorrecta; que al día siguiente fueron al banco les dijeron que el cheque no estaba bien redactado; además de que no podía ser cobrado por no tener fondos. Declaración de Jaquelina Chávez López, quien refirió que sus padres se dedican a la siembra y venta de chile y que en marzo de dos mil dieciséis su madre le informó que vendieron el chile y les pagaron con un cheque que expidieron por una cantidad menor a la pactada; que después de acudir al banco Banamex, su madre le comentó que no había pasado el cheque; que vendieron el chile guajillo a sesenta y cinco pesos por kilo; que fue una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos y el precio a pagar sería de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos. Conforme a lo anterior, se conviene con el juez responsable en el sentido de que los datos de prueba antes relacionados resultan suficientes y razonables para tener como probable la participación del quejoso en el hecho ilícito que le es imputado, dado que: La acusación se sustentó en la imputación directa que realizó la víctima Arturo Chávez Rosales, respecto de la identidad del inculpado Miguel Ángel del Río Mendoza, al señalarlo como la persona que se presentó en su domicilio y le compró una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos de chile guajillo; habiendo pactado la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos, la cual pagó con un cheque expedido a cargo del banco Banamex, de la cuenta 70082255611, por la cantidad de sesenta y tres mil setecientos pesos, es decir, por una suma inferior a la que habían acordado; sin que se lograra cobrar dicho documento por carecer de fondos; documento del cual el denunciante allegó una copia fotostática a la carpeta de investigación, con fecha de expedición de ocho de marzo de dos mil dieciséis. Esa versión se encuentra corroborada con lo depuesto por Pascuala López Chávez (esposa del ofendido), pues como acertadamente lo consideró el resolutor natural, su versión es acorde y congruente con los hechos que expuso el pasivo, en cuanto a las circunstancias en que se realizó la venta de ese producto agrícola, sin que se lograra obtener el pago de la cantidad acordada, por los motivos antes indicados. Además, como bien lo señala el juzgador de origen, lo depuesto por Jaquelina Chávez López, aunque sólo constituye un testimonio referencial de lo declarado por Pascuala López Chávez, merece crédito en la medida de que da noticia de lo que ésta le platicó; por lo que al existir congruencia e identidad en sus respectivos dichos, el referido testimonio indirecto revela veracidad en cuanto a que los hechos presumiblemente ilícitos que motivaron la indagatoria, ocurrieron como lo expusieron tanto el ofendido Arturo Chávez Rosales como la mencionada testigo presencial. En el contexto anotado, como acertadamente lo consideró el juez de la causa, los datos de prueba relacionados en párrafos que anteceden, resultan jurídicamente eficaces para acreditar que el implicado Miguel Ángel del Río Mendoza adquirió del ofendido Arturo Chávez Rosales mil doscientos sesenta y dos kilogramos de chile guajillo; habiendo pactado como pago la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos; no obstante ello el comprador expidió un cheque por sesenta y tres mil setecientos pesos, esto es, por un monto inferior a lo acordado; empero, al pretender cobrar dicho documento en la institución bancaria Banamex, ello no fue posible por no contar con fondos. Así, los elementos destacados hacen probable la participación del quejoso en los términos de la teoría del caso planteada por la fiscalía, en contraposición a la hipótesis relativa a su inocencia, pues es la explicación más plausible hasta este momento procesal. En esa línea argumentativa, es palmario que la conducta que se atribuye al inculpado constituye un hecho ilícito, con independencia de su clasificación jurídica particular (la que puede modificarse en las etapas posteriores del proceso), pues es patente que se integra por la realización de heridas dolosas. Por tanto, existen datos que hacen probable que el ahora quejoso participó en el hecho ilícito que le es imputado, lo que permite que sea llamado al proceso a efecto de que se dilucide la verdad de tal evento. Lo anterior, tomando en cuenta que para la conducción de los inculpados al proceso en el sistema penal acusatorio, no es necesaria la existencia de prueba plena, sino, se insiste, únicamente que existan datos suficientes que justifiquen su llamamiento, en grado de probabilidad; lo que acontece en la especie. En consecuencia, al existir la denuncia de un hecho ilícito sancionado con pena privativa de libertad; y obrar datos de prueba suficientes para considerar probable la existencia de éstos y la participación del quejoso en su comisión, se concluye que se encuentran acreditados los requisitos materiales para que sea conducido al proceso. En relación con la necesidad de que dicha conducción sea a través de una orden de aprehensión, en el caso resulta innecesario analizar si se encuentra justificada la necesidad de esa medida cautelar, dado que no es posible lograr tal fin a través de la citación o la comparecencia, pues como bien lo destacó el juzgador natural en la resolución reclamada, aun cuando el indiciado quisiera comparecer ante su instancia para que se le formule imputación, ello no es posible materialmente por estar bajo prisión preventiva decretada en una diversa causa penal, por lo que se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Varonil de esta ciudad. En esa tesitura, al haberse cumplido con la totalidad de los requisitos que justifican la emisión de la orden de aprehensión reclamada; y no advertida queja deficiente que deba suplirse de manera oficiosa, procede negar a Miguel Ángel del Río Mendoza, el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel del Río Mendoza, respecto del acto atribuido al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, consistente en la orden de aprehensión girada contra el quejoso en la causa penal 43/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, hoy veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistida del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. L´JJMT/Vicky

  4. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ARTURO CHÁVEZ ROSALES, LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 462/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Ángel del Río Mendoza, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: a) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: La orden de aprehensión emitida contra el quejoso, en la causa penal 43/2017. Acto que consideró violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, la demanda de derechos se remitió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; quedando registrada con el consecutivo 67/2017; y en auto de veinticuatro de enero del presente año la admitió a trámite; se solicitó informe con justificación a las responsables; se ordenó emplazar a los terceros interesados, entre ellos a los agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de esta ciudad de Zacatecas, de Jerez de García Salinas, de Fresnillo y de Tlaltenango, todos del Estado de Zacatecas; se dio la intervención que legalmente compete a la Representación Social Federal adscrita al citado Tribunal de Amparo. TERCERO. Por auto de siete de abril del año en curso, ante la existencia de diversas órdenes de aprehensión dictadas contra el aquí quejoso en distintas causa penales, el Juez Segundo de Distrito en el Estado determinó la separación de juicios; por lo que, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, remitió copias certificadas de las constancias necesarias, a este órgano de control constitucional; y en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado el expediente con el número 462/2017; sin que se requiriera informe justificado a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de esta ciudad de Zacatecas, por ya haberlo rendido con anterioridad; ni emplazar al tercero interesado Arturo Chávez Rosales, por haberse ordenado en el expediente de amparo 67/2017. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: La orden de aprehensión dictada el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 43/2017 del índice del Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Zacatecas, instruida contra Miguel Ángel del Río Mendoza, por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de fraude específico. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento aceptó la emisión de la orden de aprehensión reclamada (foja 14). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicho juzgador remitió audio y video de la audiencia celebrada en la fecha antes indicada, en la que emitió la orden de aprehensión reclamada; así como la transcripción de dicha determinación; documentales que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Ausencia de transcripción de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio a las partes ni existir disposición legal que obligue a ello, según establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Los conceptos de violación resultan infundados; sin que se advierta vulneración de derechos en perjuicio del quejoso que amerite suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. Como antecedente del acto reclamado se destaca que en audiencia celebrada el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, a solicitud del agente del Ministerio Público investigador, el Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la capital, emitió orden de aprehensión contra el quejoso en la causa penal 43/2017, por estimar que existían datos prueba suficientes para considerarlo como probable responsable del hecho ilícito tipificado como fraude específico, previsto en la fracción XVII del artículo 340 y sancionado por la fracción IV del numeral 339 del Código Penal del Estado (fojas 16 a 23). El referido mandato de captura constituye la materia de la presente instancia constitucional. En sus motivos de disenso el promovente del amparo en esencia aduce que se vulnera en su perjuicio el texto del artículo 16 constitucional, segundo párrafo, ya que no se ha visto involucrado en hecho alguno que pudiendo tipificarse como delito, merezca pena privativa de libertad, por lo que la autoridad señalada como responsable no dispone de ninguna base legal para ordenar su detención, por lo que su actuar resulta ilegal. Tales argumentos son infundados. (...) En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio.." Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 993: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. En ese tenor, para ordenar la conducción del inculpado al proceso, el juzgador penal solo puede basarse en el grado de razonabilidad de los datos que el Ministerio Público refiera demuestran que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. En el caso materia de análisis en esta instancia constitucional, se comulga con el juez responsable en cuanto consideró que existen datos de prueba suficientes para acreditar, en grado de probabilidad, que el quejoso había cometido un hecho ilícito que podía constituir el delito de fraude específico. La teoría del caso que se estimó razonable, se sustentó en los datos de prueba aportados por la fiscalía, los cuales ponderó el juzgador, destacando los siguientes: Denuncia formulada por Arturo Chávez González, ante el Ministerio Público el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, en la que expuso que el uno de marzo del año citado, el imputado se presentó en su domicilio ubicado en calle Rodríguez Elías 244, de la comunidad de Benito Juárez, Zacatecas, haciéndole saber que se dedicaba a la compraventa de chile y que le habían informado que el denunciante tenía ese producto para vender, entregándole el inculpado una tarjeta en la que aparecía su nombre y un número telefónico al que posteriormente le llamaron, por lo que éste acudió al domicilio de la víctima y pactaron la venta de una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos de chile guajillo; acordando la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos, que se pagó mediante un cheque de la institución bancaria Banamex, aunque se expidió sesenta y tres mil setecientos pesos, es decir, por una cantidad inferior a la pactada. Agregó el denunciante que intentó cobrar dicho documento ante la referida institución crediticia y que en un primer momento le dijeron que no estaba llenado de forma correcta y posteriormente se le indicó que no se le podía pagar el cheque por falta de fondos. Declaración de Pascuala López Chávez, quien dijo ser esposa de Arturo Chávez Rosales (víctima); y que en marzo de dos mil dieciséis acudió a la comunidad donde viven Miguel Ángel del Río, habiendo llegado a su domicilio les dejó un número telefónico para cuando quisieran vender su cosecha de chile guajillo; que una vez que la declarante le habló por teléfono el inculpado se presentó en su domicilio acompañado de uno de sus trabajadores y pactaron la venta de una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos de ese producto, acordando la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos, misma que pagó con un cheque expedido a nombre del esposo de la deponente por sesenta y tres mil setecientos pesos, sin darse cuenta que dicha cantidad era incorrecta; que al día siguiente fueron al banco les dijeron que el cheque no estaba bien redactado; además de que no podía ser cobrado por no tener fondos. Declaración de Jaquelina Chávez López, quien refirió que sus padres se dedican a la siembra y venta de chile y que en marzo de dos mil dieciséis su madre le informó que vendieron el chile y les pagaron con un cheque que expidieron por una cantidad menor a la pactada; que después de acudir al banco Banamex, su madre le comentó que no había pasado el cheque; que vendieron el chile guajillo a sesenta y cinco pesos por kilo; que fue una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos y el precio a pagar sería de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos. Conforme a lo anterior, se conviene con el juez responsable en el sentido de que los datos de prueba antes relacionados resultan suficientes y razonables para tener como probable la participación del quejoso en el hecho ilícito que le es imputado, dado que: La acusación se sustentó en la imputación directa que realizó la víctima Arturo Chávez Rosales, respecto de la identidad del inculpado Miguel Ángel del Río Mendoza, al señalarlo como la persona que se presentó en su domicilio y le compró una tonelada doscientos sesenta y dos kilogramos de chile guajillo; habiendo pactado la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos, la cual pagó con un cheque expedido a cargo del banco Banamex, de la cuenta 70082255611, por la cantidad de sesenta y tres mil setecientos pesos, es decir, por una suma inferior a la que habían acordado; sin que se lograra cobrar dicho documento por carecer de fondos; documento del cual el denunciante allegó una copia fotostática a la carpeta de investigación, con fecha de expedición de ocho de marzo de dos mil dieciséis. Esa versión se encuentra corroborada con lo depuesto por Pascuala López Chávez (esposa del ofendido), pues como acertadamente lo consideró el resolutor natural, su versión es acorde y congruente con los hechos que expuso el pasivo, en cuanto a las circunstancias en que se realizó la venta de ese producto agrícola, sin que se lograra obtener el pago de la cantidad acordada, por los motivos antes indicados. Además, como bien lo señala el juzgador de origen, lo depuesto por Jaquelina Chávez López, aunque sólo constituye un testimonio referencial de lo declarado por Pascuala López Chávez, merece crédito en la medida de que da noticia de lo que ésta le platicó; por lo que al existir congruencia e identidad en sus respectivos dichos, el referido testimonio indirecto revela veracidad en cuanto a que los hechos presumiblemente ilícitos que motivaron la indagatoria, ocurrieron como lo expusieron tanto el ofendido Arturo Chávez Rosales como la mencionada testigo presencial. En el contexto anotado, como acertadamente lo consideró el juez de la causa, los datos de prueba relacionados en párrafos que anteceden, resultan jurídicamente eficaces para acreditar que el implicado Miguel Ángel del Río Mendoza adquirió del ofendido Arturo Chávez Rosales mil doscientos sesenta y dos kilogramos de chile guajillo; habiendo pactado como pago la cantidad de ochenta y dos mil pesos con treinta centavos; no obstante ello el comprador expidió un cheque por sesenta y tres mil setecientos pesos, esto es, por un monto inferior a lo acordado; empero, al pretender cobrar dicho documento en la institución bancaria Banamex, ello no fue posible por no contar con fondos. Así, los elementos destacados hacen probable la participación del quejoso en los términos de la teoría del caso planteada por la fiscalía, en contraposición a la hipótesis relativa a su inocencia, pues es la explicación más plausible hasta este momento procesal. En esa línea argumentativa, es palmario que la conducta que se atribuye al inculpado constituye un hecho ilícito, con independencia de su clasificación jurídica particular (la que puede modificarse en las etapas posteriores del proceso), pues es patente que se integra por la realización de heridas dolosas. Por tanto, existen datos que hacen probable que el ahora quejoso participó en el hecho ilícito que le es imputado, lo que permite que sea llamado al proceso a efecto de que se dilucide la verdad de tal evento. Lo anterior, tomando en cuenta que para la conducción de los inculpados al proceso en el sistema penal acusatorio, no es necesaria la existencia de prueba plena, sino, se insiste, únicamente que existan datos suficientes que justifiquen su llamamiento, en grado de probabilidad; lo que acontece en la especie. En consecuencia, al existir la denuncia de un hecho ilícito sancionado con pena privativa de libertad; y obrar datos de prueba suficientes para considerar probable la existencia de éstos y la participación del quejoso en su comisión, se concluye que se encuentran acreditados los requisitos materiales para que sea conducido al proceso. En relación con la necesidad de que dicha conducción sea a través de una orden de aprehensión, en el caso resulta innecesario analizar si se encuentra justificada la necesidad de esa medida cautelar, dado que no es posible lograr tal fin a través de la citación o la comparecencia, pues como bien lo destacó el juzgador natural en la resolución reclamada, aun cuando el indiciado quisiera comparecer ante su instancia para que se le formule imputación, ello no es posible materialmente por estar bajo prisión preventiva decretada en una diversa causa penal, por lo que se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Varonil de esta ciudad. En esa tesitura, al haberse cumplido con la totalidad de los requisitos que justifican la emisión de la orden de aprehensión reclamada; y no advertida queja deficiente que deba suplirse de manera oficiosa, procede negar a Miguel Ángel del Río Mendoza, el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Ángel del Río Mendoza, respecto del acto atribuido al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, consistente en la orden de aprehensión girada contra el quejoso en la causa penal 43/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia."

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