Miguel Ángel del Río Mendoza

Expediente 1094/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1094/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
02/02/2017

Partes del expediente

  • Miguel Ángel del Río Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    El dos de febrero de dos mil diecisiete, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diecinueve de enero al uno de febrero del año en curso, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 1094/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa se concedió la medida cautelar definitiva solicitada por el amparista. Que la parte quejosa no exhibió billete de depósito, a fin de garantizar las medidas provisional y definitiva solicitadas. No existen tomos de pruebas por devolver a las autoridades responsables. Doy fe. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia de dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 109 a 172) dictada por este Juzgado, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Miguel Ángel del Río Mendoza; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que tanto el expediente en que se actúa como el original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; en lo relativo al incidente solo se conservarán las constancias relativas a la resolución interlocutoria, tomando en consideración en el primero se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados y en el segundo concedió la suspensión de los actos reclamados. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, capital del estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con diez minutos del dieciséis de enero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 1094/2016-4, promovido por Miguel Ángel del Río Mendoza. Presente en la sala de audiencias la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria que da fe del acto, licenciada Alva Miranda Ramírez, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria procede a dar lectura al escrito inicial de demanda, informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 16, 18 y 20), constancia de emplazamiento del tercero interesado Albertico Handal López (foja 98) y agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal 71/2016, instruida al hoy quejoso Miguel Ángel del Río Mendoza (foja 49). A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas. La secretaria tiene a la vista un disco digital y la copia certificada de la resolución de la orden de aprehensión girada en contra del quejoso de mérito, que en su oportunidad remitió la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, como justificación de sus actos (fojas 24-29). A lo que la Juez acuerda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes señaladas, luego, al no haber más pruebas pendientes de desahogar, se concluye la presente etapa. En la etapa de alegatos. La Secretaria da cuenta con los formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante pedimento registrado con el folio 18693 (foja 39). A lo que la Juez acuerda. Con fundamento en el diverso artículo 124 del ordenamiento legal en consulta, se tienen por formulados los alegatos del fiscal federal de la adscripción, luego, al no haber más alegatos que tener por reproducidos, se por terminada la presente etapa; y encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. Doy fe. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1094/2016 promovido por Miguel Ángel del Río Mendoza, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, recibido el mismo día, por razón de turno, en la oficialía de partes de este juzgado, Miguel Ángel del Río Mendoza, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describen a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Calera, Zacatecas. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al juzgado referido. En cuanto ejecutoras Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado. Encargado de la Policía Ministerial del distrito judicial de Calera, Zacatecas. Actos reclamados. "A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra.tratada de ejecutarse por la autoridad ejecutora. B) De la autoridad señalada Agente del Ministerio Público Investigado adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas; además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante. El auto de fecha 20 de octubre de 2016 dictado por la autoridad señalada como responsable en los autos del proceso penal número 167/2014 que se siguió en mi contra en el cual se desecha de plano el incidente de remisión parcial de la pena y libertad preparatoria, promovido por el suscrito ante ese órgano jurisdiccional. " Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14, 16, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El once de octubre de dos mil dieciséis (fojas 5 y 6), se ordenó el registro de la demanda bajo el número 1094/201 y se previno al quejoso a efecto de que aclarara el acto reclamado que hizo consistir en la omisión del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Por auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 9 a 11), se tuvo al quejoso retractándose de dicho señalamiento, por lo que la demanda en comento se admitió a trámite únicamente respecto de los diversos actos (órdenes de detención y/o aprehensión y su ejecución); se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercer perjudicado; por auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 37), se tuvo por inexistente al Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas; finalmente, por auto de dieciséis de diciembre del año anterior (foja 74), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el doce de diciembre de la presente anualidad al tenor del acta respectiva (foja 109). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: La orden de aprehensión de cinco de octubre de dos mil dieciséis, emitida contra el hoy quejoso, en la causa penal 71/2016, seguida por el delito de fraude específico en agravio de Alberico Handal López. La ejecución de dicha orden. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, consistente en la orden de aprehensión reclamada (foja 16). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable y un disco en formato DVD, de los que se desprende que en audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciséis, en la causa 71/2016, la Jueza de Control responsable decretó orden de aprehensión contra Miguel Ángel del Río Mendoza, por su probable intervención en el hecho delictuoso de fraude específico, en agravio de Alberico Handal López; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por su parte, el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y el Comandante de la Policía Ministerial, con residencia de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas (fojas 16 y 18), al rendir su informe con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados, no obstante, dado que dichas autoridades tienen el carácter de ejecutoras y la ordenadora aceptó la emisión de la orden de captura reclamada, es inconcuso que en cualquier momento pueden ejecutar dicho mandamiento, de ahí que se tenga por desvirtuada su negativa. CUARTO. Estudio de fondo. Al no advertirse una causa de improcedencia que hagan valer las partes, o que la suscrita advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En éstos, el quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad, sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, como son habérselo hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa; sin que se funde y motive el acto; y, sin acreditarse la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad en la comisión del delito. No asiste razón en lo así considerado conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El artículo 16 de la carta magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De lo anterior se advierte la distinción constitucional entre: (i) actos de molestia y (ii) actos privativos. Los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. En cambio, los actos de molestia son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho. Los primeros tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Así lo considero la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la tesis 1a. CC/2012 (10a.), publicada en la página 1206, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2001985, de rubro y texto: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales." Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se decida sobre la situación jurídica del reo en relación con los hechos imputados. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo que se corrobora con el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." Luego, lo reclamado en ese sentido resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que fuera llamado al procedimiento con anterioridad a la emisión de la orden reclamada. Ahora bien, aun en suplencia de la deficiencia de la queja, no se advierte que el acto reclamado sea violatorio de los derechos fundamentales del amparista, conforme a lo siguiente: El tercer párrafo del artículo 16 constitucional, se reitera, establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." El precepto anterior establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad. b) Deben existir datos que evidencien: (i) la existencia del hecho ilícito y (ii) la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos legales para la emisión de una orden de aprehensión: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Del precepto anterior se deduce que para que se dicte una orden de aprehensión es necesario que: 1. Exista una denuncia o querella sobre un hecho que la ley señale como delito. 2 De la carpeta de investigación se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido ese hecho y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." El precepto dispone que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas; es decir, debe razonar de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Por tanto, para emitir una orden de aprehensión, previa denuncia o querella, la autoridad judicial correspondiente debe fundar y motivar las razones por las que considera que existen datos de prueba que acreditan el hecho ilícito respectivo (sancionado con pena privativa de libertad) y la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal, en términos del artículo 130 código nacional penal en referencia. Para tal efecto, la fracción X del artículo 132 de la legislación adjetiva penal en comento, establece que la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos y que cuentan, entre otras, con la facultad de entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. Los artículos 260 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba". "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos". Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación". De los preceptos anteriores se deduce que la carpeta de investigación es el medio a través del cual el Ministerio Público registra la indagatoria, por lo que constituye los antecedentes sustento de sus pretensiones. Así, debe distinguirse entre prueba, medio de prueba y dato. El medio de prueba se refiere a los elementos cuyo contenido directamente permite reconstruir los hechos. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional. Y la prueba es la consideración de que un hecho ha acontecido, lo que puede ser determinado en grado de probabilidad o con certeza. Por tanto, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De manera que los datos de prueba no son formalmente los medios de convicción, ya que aún no han sido desahogados, sino el informe que de su contenido realizan las partes, es decir, que forman parte de argumentación de hechos que se realice en las audiencias en que se haga referencia a aquéllos. En consecuencia, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social son los elementos que la autoridad judicial debe analizar al emitirse una orden de aprehensión. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al Resolver la contradicción de tesis 160/2010: "En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio.." Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, página 993: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda". En consecuencia, el juzgador penal solo puede basarse en el grado de razonabilidad de los datos que el Ministerio Público refiera demuestran que se ha cometido un hecho ilícito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. En otro orden de ideas, el Código Penal para el Estado de Zacatecas en su artículo 339, fracción IV, en relación con la cuantía y el artículo 340, fracción XVII, en cuanto a la descripción típica, establecen lo siguiente: "339 Comete el delito de fraude el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. El delito de fraude se sancionará: IV Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de cuatro a doce años y multa de trescientas a trescientas cincuenta cuotas." "340 Se considerarán casos especiales de defraudación, a los que se aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior, los siguientes: XVII Al que, con el propósito de no cubrir el precio convenido adquiera cualquier producto agrícola o pecuario para destinarlo para sí, para otro o para su comercialización, independientemente de que la adquisición se pacte verbalmente o por escrito." De los preceptos anteriores se advierte que los elementos que integran el tipo penal de fraude específico son: La adquisición de un producto agrícola o pecuario; El propósito de no cubrir el precio convenido; Que la adquisición sea para sí, para otro o para su comercialización; y, Que dicha adquisición haya sido pactada verbalmente o por escrito. De lo expuesto se sigue que el tipo penal en análisis tutela el patrimonio de las personas y tiene como presupuesto que la conducta realizada menoscabe dicho patrimonio. En la orden de aprehensión reclamada (fojas 22 a 28), la juez responsable emitió la orden de aprehensión reclamada, pues consideró que existían datos de prueba del hecho ilícito de fraude específico previsto en términos del artículo 340, fracción XVII del Código Penal para el Estado de Zacatecas, en agravio de Alberico Handal López; y datos de prueba que hacían probable que Miguel Ángel del Río Mendoza era responsable de dicho hecho. Lo expuesto, en concreto, porque como lo afirmaba la fiscalía, los datos de prueba que fueron referidos permitieron establecer que el hecho ilícito tenía las circunstancias de modo, tiempo, y lugar siguientes: El cuatro de junio de dos mil dieciséis, Alberico Handal López celebró un contrato verbal de compraventa con el activo, respecto de catorce semovientes por la cantidad de doscientos sesenta mil quinientos treinta pesos 00/100, moneda nacional, del que no obtuvo su pago, dado que al presentarse al Banco Banamex para cobrar el cheque con el que fueron pagados, la cuenta no tenía fondos. El seis de junio del mismo año, el activo le indicó que una persona le pagaría en una bodega del mercado de abastos y que al llegar al lugar, éste se encontraba cerrado, sin que hubiera podido localizar al comprador a pesar de haberlo buscado por diferentes medios (foja 26). Como datos de prueba sustento de lo anterior, consideró que la fiscalía adujo contar con: Hecho ilícito a) Denuncia que presentó Alberico Handal López el nueve de junio de dos mil dieciséis, quien afirmó: 1. A finales del mes de mayo se presentó en su negocio un señor preguntando si tenía en venta ganado, a lo que su hijo José Said Handal Hernández comentó que podía conseguirle los animales deseados y acordaron el precio. 2. El sábado cuatro de junio del mismo año, la referida persona acudió nuevamente, por lo que junto con su hijo se trasladaron a rancho "Los Sotoles", propiedad del denunciante, en donde se realizó la compraventa de los siguientes semovientes: 6 becerros raza charoláis, de entre uno y dos años de edad. 4 toros charloáis, de entre tres y cinco años de edad. 1 toro de la raza charol 1 toro raza Bif master 1 toro raza suizo 1 vaca raza cruza charol 3. El precio de la venta, según lo convenido, fue por un total de doscientos sesenta mil quinientos treinta pesos, el que fue pagado por el comprador con un cheque de la cuenta número 70082255611, a cargo de la institución bancaria denominada Banamex. 4. El seis de junio de dos mil dieciséis, al tratar de realizar el cobro del cheque, fue informado que la cuenta no tenía fondos; razón por la cual, se trasladó al negocio del activo, quien le indicó a un empleado que lo acompañara a una bodega ubicada en el mercado de abastos, a cobrar un dinero y ahí le pagaría; lugar que se encontraba cerrado. 5. A partir de ese momento, trató de localizar al comprador por distintos medios, sin obtener resultados favorables. b) Informe de investigación de once de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte que el diez de junio el denunciante informó haber localizado las cabezas de ganado en la Asociación Ganadera de Jerez de García Salinas, por lo que elementos poliaciales se trasladaron a dicho lugar, en donde recabaron la entrevista de Gonzalo Ureño Medina, quien refirió lo siguiente: Se dedica al transporte de animales. El cuatro de junio de dos mil dieciséis, fue contratado por una persona del sexo masculino, a efecto de transportar animales. Mandó a su empleado de nombre José Abel Acuña Valenzuela, quien le comentó posteriormente que los animales respecto de los cuales había realizado el flete estaban en venta. Se interesó en comprarlos por lo que se trasladó a las instalaciones de la Asociación Ganadera en Jerez, Zacatecas, donde se encontraba una persona de tez morena, de estatura baja, con bigote poblado, a quien le pagó en efectivo por la venta de los animales la cantidad de doscientos siete mil trescientos treinta pesos. c) Entrevista a José Manuel Soriano Barrios, quien dijo ser inspector sanitario y corroboró lo manifestado por Gonzalo Ureño en el sentido de que éste último tiene catorce cabezas de ganado en su corral, quien se los ofreció a la venta. d) Entrevista con José Abel Acuña, quien manifestó ser empleado de Gonzalo Ureño y que el día cuatro de junio se trasladó al rancho ubicado en Villa de Cos a cargar varios semovientes y los trasladó a la Asociación Ganadera de Jerez; que la persona que se ostentó propietario y vendió el referido ganado a su patrón es moreno, de estatura baja y pelo negro. e) Acta de aseguramiento de objetos e inicio de cadena de custodia de diez de junio de dos mil dieciséis emitido por un agente ministerial, quien aseguró los semovientes descritos y manifestó que se encontraban en poder de Gonzalo Ureño Medina, el cual hizo su entrega de manera voluntaria al saber que provenían de una conducta delictiva por parte de su vendedor. f) Comparecencia de Gonzalo Ureño ante el agente del Ministerio Público en la que informó que el nombre de la persona con quien pactó la compraventa del ganado lo es el de Miguel Ángel del Río Mendoza; que los semovientes ya habían sido asegurados y el lugar en donde ello ocurrió. g) Ampliación de investigación realizada por los agentes ministeriales, en la que se entrevistó a José Said Handal Hernández, quien informó lo siguiente: Corroboró lo manifestado por su padre, en el sentido de que una persona acudió a su negocio interesado en comprar animales, por lo que pactaron el precio de venta. El cuatro de junio de dos mil dieciséis, el comprador regresó con un tracto camión para llevarse el ganado, lo que pagó a su padre con un cheque. Al acudir a cobrarlo, se percató que la cuenta carecía de fondos, sin que hayan podido localizar al comprador en ningún establecimiento ni por medio telefónico. De los referidos antecedentes de investigación, como bien lo adujo la juez responsable, se acreditan los elementos del hecho delictuoso. Respecto del primero de ellos consistente en la adquisición de un producto agrícola o pecuario; se desprende que el activo realizó la adquisición de catorce semovientes, que se detallan a continuación: 6 becerros raza charoláis, de entre uno y dos años de edad. 4 toros charloáis, de entre tres y cinco años de edad. 1 toro de la raza charol 1 toro raza Bif master 1 toro raza suizo 1 vaca raza cruza charol Lo anterior se obtiene de la denuncia que presentó Alberico Handal López, quien refirió ser el propietario de dicho ganado, y haberlo entregado al activo del delito con motivo de una compraventa que realizaron, por la cantidad de doscientos sesenta mil quinientos treinta pesos. Dichas manifestaciones se corroboran con el testimonio de su hijo José Said Handal Hernández, quien manifestó que el activo adquirió ganado propiedad de su padre, los cuales se llevó en un tracto camión. De dichos antecedentes también se advierte el segundo de los elementos del hecho delictuoso consistente en el propósito de no cubrir el precio convenido; pues ambos refirieron que el precio del ganado fue cubierto por el comprador con un cheque sin fondos. Aspecto que como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, se trata de un elemento subjetivo, pues entraña un propósito o intención de no cubrir el monto convenido, sin embargo, al ser el otorgante el propietario de la cuenta, es inconcuso que conoce la situación de su cuenta bancaria. Además, de lo anterior, se advierte que el denunciante fue a buscar al comprador a su negocio para informarle la situación del cheque, quien le refirió que se trasladara a una bodega en la central de abastos a buscar a una persona que le debía dinero, y que al acudir a dicho lugar con un empleado del imputado, éste se encontraba cerrado. Asimismo, manifestó que ha tratado de localizarlo en su negocio y que las personas presentes en ese lugar lo niegan y tampoco lo ha logrado localizar por la vía telefónica. Por lo que respecta al tercer elemento consistente en que la adquisición sea para sí, para otro o para su comercialización; en el caso se advierte se actualiza la última hipótesis. En efecto, como bien lo consideró la juez de control responsable, de la entrevista con Gonzalo Ureño Medina, realizada por agentes investigadores, así como la posterior comparecencia de éste ante el agente del Ministerio Público Investigador, se advierte que manifestó haber sido contratado para transportar catorce cabezas de ganado, las cuales con posterioridad compró al activo del delito por la cantidad de doscientos siete mil trescientos treinta pesos, la cual pagó en efectivo con billetes de denominación de quinientos pesos. Lo anterior se corrobora con la entrevista a José Abel Acuña, quien manifestó ser empleado de Gonzalo Ureño y que el día cuatro de junio de dos mil dieciséis se trasladó a un rancho ubicado en Villa de Cos a cargar varios semovientes que llevó a la Asociación Ganadera de Jerez; que dicho ganado fue adquirido por su patrón. Aunado a lo anterior existe la declaración de José Manuel Soriano Barrios, quien dijo ser inspector sanitario y constató la existencia de las catorce cabezas de ganado adquiridas por Gonzalo Ureño Medina. Además, del acta de aseguramiento de diez de junio de dos mil dieciséis, se obtiene que el agente ministerial José Octavio Zamarripa Ramírez realizó el aseguramiento de catorce semovientes con las características de las descritas por el denunciante, los cuales se entraban en posesión de Gonzalo Ureño Medina, quien los entregó de manera voluntaria al tener conocimiento de la procedencia ilícita por parte de su vendedor. Respecto del último de los elementos consistente en que dicha adquisición haya sido pactada verbalmente o por escrito, en el caso se acredita que la adquisición se pactó verbalmente. En efecto, tanto de la denuncia presentada por Alberico Handal López, como de la entrevista realizada a su hijo José Said Handal Hernández, se advierte que el cuatro de junio de dos mil dieciséis el primero de los mencionados celebró contrato verbal de compraventa con el activo del delito por la cantidad de doscientos sesenta mil quinientos treinta pesos, respecto de catorce cabezas de ganado. En consecuencia, la autoridad responsable determinó que existían datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes, analizados bajo un sistema de valoración libre y lógica que permitían establecer que se encuentra acreditado el delito de fraude específico descrito en el artículo 340, fracción XVII del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Lo anterior, al encontrarse acreditado que el cuatro de junio de dos mil dieciséis, Alberico Handal López celebró un contrato verbal de compraventa con el activo del delito, respecto de catorce semovientes, por la cantidad de doscientos sesenta mil quinientos treinta pesos, del que no obtuvo su pago, dado que al presentarse a la institución bancaria Banamex para cobrar el cheque que se entregó con motivo de la venta, fue informado que la cuenta carecía de fondos. Que dicha situación la hizo del conocimiento del activo, quien le indicó que una persona en el mercado de abastos le pagaría, dado que le debía dinero, pero al acudir al lugar, éste se encontraba cerrado, sin que hubiere logrado la localización del comprador a pesar de haberlo buscado por distintos medios, con lo cual se advierte que no tenía intención de pagar el precio de la adquisición. Además, se advierte que el ganado que adquirió, lo destinó a su comercialización, pues se advierte que con posterioridad lo vendió a diversa persona. Probable responsabilidad En la orden de aprehensión reclamada se advierte que la autoridad responsable acertadamente consideró que con los antecedentes de investigación se acredita que probablemente Miguel Ángel del Río Mendoza cometió la figura delictiva de fraude específico en contra de Alberico Handal López, en particular con los siguientes antecedentes de investigación: Denuncia de Alberico Handal López, quien refiere que fue Miguel Ángel del Río Mendoza, la persona con la que realizó la compraventa del ganado de su propiedad, quien le entregó un cheque por dicha venta, el cual no tenía fondos. Entrevista con José Said Handal Hernández, quien señala a Miguel Ángel del Río Mendoza, como la persona con quien su padre realizó la compraventa de toros y becerros, lo que le fue pagado con un cheque del cual no pudo realizar su cobro por no contar con fondos. Informe de investigación realizado por agentes ministeriales, del que se advierte que entrevistaron a Gonzalo Ureño Medina, quien les manifestó que una persona del sexo masculino, de estatura baja, tez morena, fue la persona que le vendió el semoviente que se encontraba bajo su posesión. Comparecencia ante el agente del Ministerio Público realizada por Gonzalo Ureño Mendoza, quien manifestó que el nombre de la persona que le vendió el ganado es Miguel Ángel del Río Mendoza. En consecuencia, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, resulta razonable considerar que existen datos suficientes que acreditan que el cuatro de junio de dos mil dieciséis, Alberico Handal López celebró contrato verbal de compraventa con el sujeto activo, respecto de catorce semovientes por la cantidad de doscientos sesenta mil quinientos treinta pesos, quien realizó el pago de la venta con un cheque que no contaba con fondos, de donde se advierte la intención de no cubrir el precio de la venta, pues a pesar de haber sido informado de dicha situación por el vendedor, no cubrió su pago. Que el ganado adquirido lo destinó a su comercialización, pues se advierte que con posterioridad lo vendió a Gonzalo Ureño Medina, quien lo tenía en su poder cuando fue asegurado por el agente ministerial. También es acertado lo considerado por la responsable en el sentido de que existen datos de prueba suficientes para considerar que dicha acción constitutiva del delito de fraude específico, probablemente fue realizada por Miguel Ángel del Río Mendoza. Lo anterior, tomando en cuenta que el estándar de prueba de una orden de aprehensión se integra por el dato de prueba, lo que implica que no es necesario que exista prueba plena de los hechos que se estimen acreditados. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En consecuencia, resulta correcto que en el acto reclamado se hubiera determinado la existencia del hecho ilícito de fraude específico y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, ya que hasta el momento procesal en que fue emitido es la hipótesis con mayor sustento. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se emita el mandamiento de captura reclamado por el quejoso. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. En conclusión, desestimados los conceptos de violación y sin que exista deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que, hasta ese momento, se acreditaron los elementos que integran el hecho delictuoso imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director General de la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad y Comandante de la Policía Ministerial, con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, dado que éstos no se reclaman por vicios propios sino que se hacen depender del reclamado a la ordenadora. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 146, tomo I, segunda pare, enero a junio de 1988, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si se niega el amparo contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, esa negativa deberá hacerse extensiva a las diversas autoridades señaladas como ejecutoras del acto reclamado por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Miguel Ángel del Río Mendoza, contra la orden de aprehensión de cinco de octubre de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 71/2016, y su ejecución, reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, Director General de la Policía Ministerial, con residencia en esta ciudad y Comandante de dicha corporación, con sede en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con el oficio registrado con el folio 21264 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria Auxiliar encargada del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, por el que devuelve debidamente diligenciado el Despacho con número de orden 936/2016 y origen 442/2016, por el que se le encomendó el emplazamiento del tercero interesado Alberico Handal López; lo anterior, en términos del acta asentada por la autoridad oficiante el veintitrés de diciembre del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Rosy

  4. Principal

    En dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las once horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo (foja 60); y con la circunstancia de que no obra la constancia de emplazamiento del tercero interesado Alberico Handal López, que le fue encomendado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, mediante despacho con número de orden 936/2016 y de origen 424/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, ni obra el acuse de recibo de dicho comunicado. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Alva Miranda Ramírez. En la misma fecha, la Secretaria licenciada Alva Miranda Ramírez da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las once horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; y con la circunstancia de que no obra la constancia de emplazamiento del tercero interesado Alberico Handal López, que le fue encomendado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, mediante despacho con número de orden 936/2016 y de origen 424/2016, del índice de este órgano jurisdiccional, ni obra el acuse de recibo de dicho comunicado; luego, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABALES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

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